Se configuró una omisión legislativa relativa al no incluir las reglas de adjudicación de las licencias de paternidad en relación con las parejas adoptantes del mismo sexo: Corte Constitucional.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
La CNDJ confirmó la sanción a un abogado que descuidó y dejó de hacer las actuaciones propias de la gestión profesional.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
Una excepción prevista no faculta a la superintendencia para que incluya cualquier costo o gasto en la base de liquidación de la contribución especial.
Pese a existir registro de nacimiento que acreditaba a la demandada como hija del fallecido, no se probaron los elementos de la posesión notoria del estado civil de hija.
La caja de compensación familiar debe dar una oportunidad previa al moroso para que se ponga al día o corrija las inconsistencias.
No obstante, la modalidad de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo permite su terminación especial.
En este sentido, no les resulta viable el proceso de responsabilidad fiscal, pues es competencia exclusiva de la Dian recuperar dineros.
La idoneidad probatoria de esos certificados depende de su grado de detalle y de la calidad de los comprobantes que los acompañen: Consejo de Estado.
Consejo de Estado precisó los aportes al sistema de seguridad social por incapacidad, licencia de maternidad, vacaciones y permiso remunerado.
La sanción por la no entrega puede ser impuesta tanto al importador como al declarante y propietario.
Se configura un defecto sustantivo por indebida aplicación normativa al ordenar el comiso del vehículo utilizado en el delito cuando el propietario no es el declarado penalmente responsable.
No solo de la imputación fáctica y jurídica, también de los requisitos o presupuestos de validez previstos en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la remoción del cargo de un juez de paz.
Analizó la constitucionalidad de la Ley 2106 del 2021, aprobatoria de tratado internacional.
Incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento da lugar a multas, suspensión o cancelación de la habilitación.
Ello para evitar que los trabajadores resulten afectados en su derecho pensional por insuficiencia de semanas.
En este evento, el acreedor no podrá quedarse con el dominio pleno de la propiedad, pues el bien posee una limitación.
La Corte Constitucional declaró exequible el inciso 2° del artículo 147 del Estatuto Tributario.
La presunción de buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.
No hay certeza de que el acceso a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privados por prevención contribuya a disminuir conductas delictivas: Corte Constitucional.
Corte Suprema explica si puede calificarse como herramienta tecnológica esta aplicación para tramitar actos.
Para el momento de su expedición, la contralora municipal había sido suspendida temporalmente de su cargo.
Se declaró la nulidad del acto administrativo que negó la compensación económica en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.
No se presentaron situaciones que justificaran el retardo en el asunto, quedando demostrada la responsabilidad por no asumir con diligencia el asunto.
Son instituciones financieras que solo están habilitadas para desarrollar ciertas transacciones.
En los casos de responsabilidad objetiva el demandado solo puede exonerarse acreditando una circunstancia que rompa el nexo de causalidad.
La Comisión de Disciplina en aplicación del principio in dubio pro disciplinario fallo a favor de un abogado al no poder estructurar la comisión de la conducta atribuida.
Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.
Es importante mencionar todos los elementos que son objeto de la transacción, así como su fácil identificación.
Cuando quien destina el bien a actividades ilícitas no es su propietario no procede la extinción de dominio solo con constatar la realización de la actividad: Sala Penal.
Dicho porcentaje se determina por la cantidad de socios en la sociedad y no por el valor de su aporte social.
La magistratura no agotó la etapa de calificación provisional de la conducta, por cuanto no formuló cargos a los disciplinados.
Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de una docente sobre el reconocimiento de la indemnización de pérdida de la capacidad laboral.
Para establecer responsabilidad en condiciones de calidad e idoneidad se debe demostrar el defecto del producto.
Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.
Se vulnera el derecho al debido proceso por motivación insuficiente al excluir del haber social un contrato de ‘leasing’ habitacional familiar sin analizar si se podía incorporar las rentas.
Según la DIAN, no es claro si estos festivos tributarios se justifican en mayores beneficios frente a sus posibles costos.
La Ley 344 de 1996 consagró una excepción en la edad de retiro forzoso respecto a la generalidad de los servidores públicos.
Si no se exige el pago de las sanciones durante el término de tres años, la acción prescribe y se extingue el derecho de cobro.
En orden a determinar si sus providencias se comunicaron de manera legal, ajustadas a la forma ordenada o al régimen que se escoja para esa finalidad.
El contador público fijará sus honorarios según capacidad científica y/o técnica y circunstancias de cada caso a cumplir.
Se trata del régimen de apoyos que garantiza los derechos al derecho al debido proceso y a la igualdad de las personas con discapacidad en el marco de procesos judiciales.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.
Siempre que, dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación por parte del público consumidor.
Corte Suprema precisó el proceso expropiación, sus elementos y a quiénes se dirige.
Se calculó con la variación acumulada del IPC para ingresos medios, entre el 1 de octubre del 2021 y el 1 de octubre del 2022.
Corte Suprema precisó sobre el proceso expropiación sus elementos y a quiénes se dirige.
Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.
La liquidación de las vacaciones se realiza teniendo en cuenta el salario devengado al momento de iniciar el disfrute.
El consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado al momento de adquirir y/o contratar el servicio.
El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.
La eliminación de la información no tiene como presupuesto el pago de la obligación en mora o que esta se haya extinguido.
El principio de favorabilidad legal está contemplado a nivel constitucional y legal: Corte Suprema.
La Ley de Seguridad Ciudadana modificó el Código Nacional de Tránsito y estableció una alternativa para vincular agentes de tránsito.
Se obtiene de la fórmula general sobre equivalencia de semanas de cotización a los puntos adicionales a los límites mínimos de la pensión.
La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.
En el primer caso se vulneran las normas de tránsito, mientras en el segundo, el debido proceso del presunto contraventor.
En el caso objeto de estudio se determinó que en el 2021 el gabinete de departamentos administrativos estaba conformado por cinco hombres y una mujer, lo que incumplió la cuota mínima exigida.
La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.
La carga de la prueba del ingrediente subjetivo, como presupuesto de la tipicidad y de la responsabilidad penal en general, corresponde a la Fiscalía General de la Nación: Corte Suprema.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Además de tratarse de una persona jurídica sin ánimo de lucro, no está expresamente excluida por la Resolución 164 del 2021.
La carta de porte y el conocimiento de embarque tienen como negocio fundamental el contrato de transporte.
La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia.
La medida se mantendrá hasta que quede en firme el acto que decida sobre la responsabilidad contravencional.
Entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen.
Funciones del empleo de almacenista no implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.
Luego de intensas sesiones, la Cámara y el Senado aprobaron el texto conciliado, que ahora pasará a ser sancionado por el presidente para convertirse en ley.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
Los documentos que se presenten para tratar de ocultar su verdadero origen no hacen parte del tipo penal objetivo: Corte Suprema.
Consejo de Estado se pronunció frente a la petición de un apoderado de una entidad territorial que no le canceló los honorarios originados en un contrato de mandato.
Se trata de una consignación o depósito que no corresponde estrictamente a un pago, sino la disposición de recursos.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
No se puede llegar al extremo de entender que se ha superado el concurso en su integridad, por cuanto cada etapa es de obligatorio agotamiento, según la estructura del proceso de selección.
El Tribunal Superior de Bogotá revocó las medidas que prohibían a Apple vender Iphone y Ipad con tecnología 5G en el país.
Solamente pueden disminuir el monto de las sanciones y simplificar los procedimientos de acuerdo con la naturaleza de sus tributos.
La captura de Ardila atendió lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 600 de 2000 y se le respetaron sus garantías y derechos fundamentales.
El aparte acusado compromete el derecho fundamental al debido proceso porque nadie puede ser sancionado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se imputa.
Se pueden definir áreas optativas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional.
Supeditar la prescripción de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaración judicial previa de esa unión podría afectar la seguridad jurídica y derechos de terceros.
Será responsabilidad de cada contribuyente o responsable determinar la naturaleza de la operación efectuada.
Las instrucciones deben ser acogidas por los emisores de valores, entre los que están las entidades financieras.
Con este proyecto el comité ejecutivo de estas zonas pasaría de 19 a cinco integrantes.
El prestador beneficiario, a cambio de una remuneración, la transporta y/o distribuye y comercializa entre sus usuarios.
Si no se cumple con este requisito, la entidad deberá continuar con la segunda en orden de elegibilidad y así sucesivamente.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que precisar el monto de la condena impuesta al Estado y a Corficolombiana.
Corte Suprema explica que debe acreditarse la identidad de persona, causa y objeto o identidad fáctica para aplicación del ‘non bis in ídem’.
La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2088 del 2021, a través de la cual se habilita el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.
Así lo determinó el Consejo de Estado al negar las pretensiones de la demanda que buscaba la declaración de responsabilidad estatal por el atentando en el Club El Nogal en 2003.
La próxima semana la Cámara y el Senado votarán la conciliación del texto, antes de ser sancionado por el Gobierno.
La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
La regularidad de la posesión se examina de acuerdo con las condiciones particulares presentes al momento en que inició, ignorando los eventos subsiguientes porque carecen de potencialidad para convertir en irregular una posesión que objetivamente arrancó siendo regular.
No obstante, para poder tomar deducciones por estos gastos, los mismos deben estar debidamente soportados.
No se demostraron los presupuestos necesarios para configurar la modalidad de doble militancia.
La realización de un negocio sin la debida autorización generaría la ineficacia y la nulidad absoluta del mismo.
La prescripción de la acción responsabilidad fiscal debe contabilizarse a partir de la fecha del auto de apertura del proceso hasta la ejecutoria del acto administrativo que la declara.
El beneficio aplica siempre y cuando los bienes sean exportados dentro de los seis meses siguientes al certificado al proveedor.
Así está establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la denominación del objeto social de la compañía.
Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la norma de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
Debe decidir en su sano criterio si debe convocar a asamblea, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 del 2001.
Se recuerda que el Ejecutivo solo puede dictar normas que guarden relación con el marco normativo que pretendía desarrollar.
Según se comprobó con el material probatorio analizado a la luz de la normativa legal vigente para la época de expedición de los actos acusados.
Se trata de beneficios que no le dan al titular la calidad de pensionado, ni al dinero la de mesada pensional.
La necesidad de que haya unidad de pliego tiene como propósito facilitar el proceso de negociación colectiva.
El convocante del llamamiento en garantía tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar las actuaciones que estén a su disposición para lograr la notificación por parte del juez.
Con este mecanismo no se podrán modificar asuntos como el objeto del contrato, el mecanismo de selección o el presupuesto.
No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.
El efecto de la oposición consiste en que la estimación jurada de los perjuicios no hará prueba del monto de la reclamación y no que la sanción resulte improcedente.
Por regla general, estará gravada con la tarifa general, es decir, 19 %, de conformidad con el Estatuto Tributario.
La finalidad del requisito de afiliación es que haya cobertura y se eviten riesgos en la ejecución del contrato.
Precisan el principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio.
La práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las que se le presentan dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables.
Conozca la agenda del Ejecutivo en el Congreso para lo que queda del año.
Se cuentan a partir de la celebración del contrato de prestación de servicios o adquisición del producto.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción al disciplinado de dos meses de salarios devengados para la época de los hechos.
Si bien existe solidaridad respecto al cumplimiento de la garantía, cuando la víctima decide que los arreglos sean realizados por alguien que no ha sido autorizado asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga del productor y comercializador.
Si bien la norma otorga la facultad de elegir cómo efectuar el rembolso, ello no suprime el derecho de elección del consumidor.
Simple manifestación o señalamiento del correo electrónico no permite suponer el cumplimiento de este requisito.
El documento aprobado tiene siete artículos más de los presentados en la ponencia para último debate. Continúa la conciliación.
De lo contrario se estaría aplicando de manera estricta y restringida, sin más miramientos, el artículo 66A del Estatuto Procesal del Trabajo.
Tiene cabida la mutabilidad de la medida cautelar a petición del demandado que garantice el mismo valor o naturaleza del bien objeto de la futura repartición.
El acuerdo o facilidad de pago por sí solo no constituye un título ejecutivo, pues solo facilita el pago de deudas insolutas al fisco.
Con la iniciativa se quiere modificar los artículos 2 y 5 de la Ley 700 del 2021 y fortalecer el sector solidario.
Las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron en primer debate el presupuesto bianual.
De acuerdo con el demandante, se vulnera el debido proceso.
Es justamente el pago del impuesto el que da lugar a la solicitud de devolución y solo se materializa una vez causado.
El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicional de la norma.
En la liquidación oficial de revisión la DIAN tiene vedado determinar el impuesto sobre la renta utilizando simultáneamente el sistema ordinario y de comparación patrimonial.
La garantía mínima de calidad e idoneidad también se refiere al cumplimiento de los términos y condiciones pactados.
Así mismo, el tipo de vinculación con la persona que suministra los servicios y la naturaleza del servicio prestado.
La convalidación alude a que se debe examinar la conducta del interesado en el momento a la ocurrencia de la irregularidad, para verificar si la ratificó expresamente o guardó silencio frente a ella.
El documento tiene siete artículos más de los presentados en la ponencia.
La medida aplicará para hoteles, hostales, posadas turísticas y ‘glamping’.
Deber de reparar el bien y dejarlo en perfectas condiciones de uso es un derecho del consumidor y del productor.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 118/22C-131/22S, con algunas diferencia respecto del articulado votado en el Senado. La próxima semana se acordaría el texto definitivo.
La pena aplicará para quienes oculten bienes por más de $ 1.000 millones o no paguen impuestos desde $ 100 millones.
La demandante pide la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el plazo de entrada en vigencia sea de ocho años y no de dos.
Ejército debe atender oportunamente las solicitudes para resolver la situación militar.
La medida analizada tiene una finalidad legítima, relacionada con la eficiencia del sistema tributario, al incentivar el pago oportuno de obligaciones, así como la ampliación y mejora del recaudo.
Sería desproporcionado exigirle a un profesional del Derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo cuando en materia laboral se garantiza al trabajador un permiso remunerado.
Para los demandantes existe una omisión legislativa relativa por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
Si una persona natural con una profesión liberal desarrolla actividades mercantiles estaría obligada a llevar contabilidad.
Consejo Técnico de la Contaduría Pública no es competente para resolver inquietudes sobre certificación de un contador público.
Se debe realizar el reintegro de los bienes objeto del negocio simulado y el reconocimiento y pago de frutos, si hubiera lugar.
El concepto de salario establecido en la legislación laboral es diferente al concepto de ingreso laboral en materia fiscal.
La cerveza a la que hace referencia la Ley 223 de 1995 se refiere a una bebida alcohólica y no a una bebida de naturaleza diferente, como lo es la cerveza sin alcohol.
El superintendente podrá ordenar la convocatoria o hacerla directamente por solicitud de un número plural de accionistas.
El cambio del medidor se podrá efectuar cuando se determine que está por fuera del rango de error admisible.
Obligaciones formales sirven para hacer efectivas las obligaciones tributarias sustanciales en un tiempo y lugar determinados.
La autonomía territorial no puede llegar al extremo del autogobierno absoluto, debe procurarse la debida distribución y delimitación de las competencias.
Siempre y cuando reúna seis requisitos específicos del CGP.
Si bien la cartera probó que ha estado adelantando las gestiones que le permitan emitir la reglamentación con base en evidencia científica, lo cierto es que ya se cumplieron los plazos para emitir el mandato.
Los mensajes compartidos en los aplicativos de mensajería cuentan con la condición de mensaje de datos.
Las asambleas departamentales no pueden, mediante el ejercicio de control político, impedir o poner en riesgo la objetividad con que las contralorías departamentales ejercen sus funciones constitucionales.
La responsabilidad de la organización empresarial no es un rubro que deba asumir el consumidor.
Las notificaciones no se hacen de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPLSS).
Se expedirá con cargo al rubro dispuesto en el presupuesto de gastos para sentencias y conciliaciones, laudos, etc.
La medida cuestionada no desconoce la Constitución porque busca una finalidad importante, el interés general, y es idónea para alcanzar la finalidad perseguida.
La Sala Plena concluyó respecto del primero de los cargos que careció del requisito de certeza y que con el segundo no se cumplieron los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia.
La asamblea deberá determinar cuáles decisiones representan un desembolso, para aplicar el coeficiente y voto porcentual.
Quedarían gravados con una tarifa del 10 % en el 2023, del 15 % en el 2024 y del 20 % en el 2025.
La estipulación estatutaria en este sentido pretende de alguna manera conservar las relaciones de negocio de la SAS.
Las certificaciones al proveedor deben ser apreciadas a la luz del principio de la sana crítica , en forma conjunta con los demás medios probatorios.
La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.
Si bien el legislador no alude a aportes en efectivo, los mismos no escapan al espíritu de la norma, de eliminar la barrera creada por el impuesto sobre la renta a las contribuciones a las sociedades.
Los artículos 10 y 11, sobre el servicio social para la paz, se mantienen.
El principio de especificidad se traduce en que las partes del contrato establezcan los criterios que servirán para que, en un momento determinado, puedan concretarse las obligaciones cubiertas por el gravamen.
El proyecto de ley 118/22C-131/22S ahora cuenta con 90 artículos.
Entre el 15 de noviembre y el 6 de diciembre las entidades deberán hacer pruebas obligatorias.
La normativa no define expresamente la forma ni el término legal en que debe desarrollarse la investigación.
En junio del 2023 se vencerían más de 4 millones de licencias, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Anti Trámites.
Entre las iniciativas se encuentran las reformas tributaria, política y a la Ley de Orden Público. Descargue los últimos textos.
En caso de omisión en el pago no se requerirá proceso de determinación oficial (liquidación de aforo).
Superfinanciera certificó el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario para octubre del 2022.
Permitir un cuestionamiento de legalidad del acto presentado como título o base de recaudo en cuanto al derecho en él contenido desconoce la naturaleza del proceso ejecutivo.
La declaratoria se ejecutará con los recursos sobrantes del presupuesto del 2022 que los diferentes ministerios ya no ejecutarán.
Se puede presentar que el contribuyente deje de cumplir los requisitos y condiciones o que decida no seguir en el RST.
Depósitos a través de los cuales se captan recursos pueden estar asociados a uno o más instrumentos o mecanismos.
La revocatoria directa solo produce efectos ‘ex nunc’, según el Consejo de Estado.
Normas que regulan la transformación, fusión y escisión de sociedades serán aplicables a la sociedad por acciones simplificadas.
De acuerdo con la disposición, los procesos que ya se encuentren en curso seguirán siendo tramitados por la dirección que profirió el auto de apertura.
Quienes no cumplan con la entrega de la información solicitada dentro de los plazos y especificaciones estipuladas se enfrentarían a sanciones.
Tienen una cartera en mora por $ 1,7 billones en sus obligaciones tributarias.
Las normas de reenvío que sean de naturaleza administrativa deben ser expedidas por las instituciones públicas pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental con competencias regulatorias.
No desconocen el principio de legalidad contenido en el artículo 29 de la Constitución Política.
El adquiriente, a quien se le exijan requisitos adicionales, no tendrá obligación de presentarlos y deberá informar la situación a la DIAN.
Ayer miércoles, se radicó ante la Cámara la solicitud, firmada por 35 representantes del Centro Democrático y Cambio Radical.
Al verificar la aptitud de los cargos presentados en las dos demandas acumuladas, la Sala Plena encontró que tenían ineptitud sustantiva.
Se debe analizar en cada caso si los servicios puntuales implican la construcción de un bien inmueble.
Sin dejar de lado la Ley 2043 del 2020, que reconoce las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada.
Con 125 votos a favor y 13 en contra, fue aprobado por la plenaria de la Cámara de Representantes.
La expresión acusada genera un trato desigual entre los abogados que acuden a recursos extraordinarios en la especialidad laboral de la jurisdicción ordinaria.
El proyecto radicado por los senadores Humberto De La Calle, Fabián Díaz, Iván Name y Angélica Lozano busca eliminar gradualmente esta obligación.
