Comisarios de familia que acrediten derechos de carrera los conservarán mientras permanezca en el cargo.

No respecto de la corrección o aclaración de la certificación de origen que acompaña dicha decisión.

El Consejo de Estado discutió la desvinculación de una empleada nombrada en provisionalidad que tienen la condición de madre cabeza de familia.

Se vulnera el contenido del artículo 48 de la Constitución porque los miembros de la fuerza pública no se encuentran excluidos de la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005.

Una acción popular amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del patrimonio público.

El proyecto, además de aliviar la carga laboral de los funcionarios, fortalecería el CTI para obtener en menor tiempo material probatorio.

No debe haber sido incluido en nómina de pensionados, pues sería más de una asignación del tesoro público.

Explican cómo se presenta defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al improbar un acta de conciliación.

Se ordenó a la DIAN a devolver los saldos a favor junto con sus intereses corrientes y moratorios.

Revisan varias acciones de tutela que invocan protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de derechos de comunidad indígena.

Establecimiento público dotado de personería jurídica debe ser notificado de la demanda para garantizar efectivamente sus derechos fundamentales del debido proceso y de defensa.

La normativa permite que la autoridad nominadora modifique, aclare o corrija nombramientos.

Ante las circunstancias que rodean al accionante es plausible efectuar un análisis diferenciado del término de caducidad, a fin de garantizarle el acceso a la administración de justicia.

Se podrá decretar el desistimiento y archivo cuando el requerimiento no sea atendido en el término concedido.

Se anunciaron los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos del concurso de la Rama Judicial.

La figura del encargo procede mediante acto administrativo emitido por el nominador.

Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.

La protección de las madres gestantes que ocupen cargos en provisionalidad se concreta en el pago de la licencia de maternidad y los aportes al sistema de salud.

Empleado comisionado en sede diferente a la habitual tiene derecho al pago de viáticos y gastos de transporte.

La iniciativa contempla tanto el proceso de registro como los derechos, obligaciones y límites de los cabilderos.

Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.

De no ser posible, se debe motivar el acto de retiro del servicio por haberse realizado el concurso de méritos.

La legitimación en la causa ha sido concebida como la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la demanda o para contradecir las pretensiones de ella.

El Decreto 491 del 2020 amplió los términos de las peticiones para contrarrestar efectos del covid-19.

La Corte Constitucional indicó que existe carencia actual de objeto porque se comprobó que en los casos se generaron los recursos necesarios para garantizar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas.

Para determinar si una entidad pública ocasionó un daño patrimonial al Estado se debe analizar cada caso en particular.

Precisan el proceso especial de revisión de decisiones administrativas que versen sobre el reconocimiento de propiedad privada de hidrocarburos.

De acuerdo con los demandantes, se viola el principio de seguridad jurídica de los proponentes.

La liquidación laboral busca cubrir necesidades básicas mientras el trabajador se vincula nuevamente en un trabajo.

Docentes que acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 pueden acceder a la pensión gracia, siempre que cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

No se desconoce que el asunto comporta derechos pensionales de personas de la tercera edad, pero no es dable obviar las normas procesales, puesto que son de orden público y de obligatorio cumplimiento.

La doble tributación vulnera el principio de reserva de legalidad tributaria y configura incumplimiento contractual, dada la indebida interpretación del clausulado del negocio jurídico celebrado.

Los permisos de vertimiento otorgados dentro del santuario deben ser evaluados por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.

No se ejercieron funciones propias del CNSSS o que le hubiesen sido delegadas.

En virtud del principio de la non reformatio in pejus, el Consejo de Estado no podía agravar la situación de la parte actora en su condición de apelante único en el caso.

Se conminó a una funcionaria judicial para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones que vulneren los derechos de acceso a la carrera administrativa.

Explican el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el secuestre permitió la sustracción, destrucción o menoscabo de los bienes objeto de medida cautelar.

La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.

El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas y pagarle más de $ 1.000 millones a sus familias.

Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.

La voluntad de separarse del servicio debe ser libre, espontánea, inequívoca y constar por escrito.

Entre los temas de análisis se destacan la equidad salarial entre hombres y mujeres y la estabilidad laboral.

Los horarios de atención de las defensorías y comisarías de familia son permanentes y continuos.

Son considerados como servidores públicos, por hacer parte de las juntas administradoras locales.

Por cuanto el servicio del Estado fue trasgredido de manera consciente y voluntaria, y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica.

El régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación

Solo lo son las decisiones definitivas de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o los actos de trámite que hacen imposible su continuación.

El cargo fijo garantiza la disponibilidad permanente del servicio, por lo que incluye todos los gastos administrativos.

Aún no se posesiona la ministra de las TIC y falta por nombrar varios directores de departamentos administrativos y superintendentes, entre otros.

Si el empleado se vincula cuando se realiza el incremento, el pago se realiza con este y no hay lugar a retroactivo.

Se levantó la reserva de un concepto sobre la excepción a la prohibición temporal para la contratación pública.

Llega a la Corte una demanda contra la interpretación de requisitos que limiten el objeto, contenido y finalidad de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no puede intervenir en la forma de ejecutar dichas acciones.

Corte protegió derechos fundamentales de ciudadano de 74 años que fue suspendido del programa Colombia Mayor.

Se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción por inmunidad del IICA frente a la justicia nacional.

El Consejo de Estado precisa los requisitos que exige la ley para que las entidades territoriales puedan hacer uso de dichas vigencias.

La administración puede otorgar permiso académico compensado de hasta dos horas diarias o 40 horas mensuales.

Corte Constitucional se pronuncia sobre el proceso administrativo y reglas jurisprudenciales para la revocatoria unilateral de pensiones reconocidas irregularmente.

Por lo tanto, la demostración de la vulneración del interés colectivo a la moralidad administrativa implica desvirtuar tales presunciones.

Se debe realizar un ejercicio de ponderación y así determinar la trascendencia de la afectación, que se vea representada en la posibilidad real de haberse tomado una decisión diferente si la publicación incumplida hubiese sido observada.

Para que procedieran las pretensiones se debía interponer recurso de reposición contra el auto en el que autorizó un plan de pagos en un proceso liquidatorio.

Consiste en una forma de proveer un empleo con funciones afines al que se desempeña y de la misma categoría.

La norma no dispone requisitos adicionales tales como un nivel especifico o un grado salarial determinado.

No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.

Gobierno Nacional no excedió su competencia reglamentaria al establecer requisitos para la inscripción de candidatos por la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras a la Comisión Consultiva de Alto Nivel.

La situación está prevista como una de las excepciones para poder percibir dos asignaciones del erario.

Consejo de Estado analiza el caso de un accionante que consideró que vulneraron sus derechos fundamentales al no iniciar un concurso de méritos.

Códigos, contraseñas o datos biométricos permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos.

No se puede otorgar un privilegio sobre un elemento de uso general alegando la existencia de derechos de exclusividad.

No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.

El deber de expedir el acto administrativo que ordene, rechace o niegue tales solicitudes está condicionado al hecho de que el administrado agote los procedimientos establecidos para el efecto.

Esto teniendo en cuenta la Resolución 312/20, que autoriza a los procuradores judiciales adelantar las audiencias de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo bajo la modalidad no presencial.

Versan sobre gastos de funcionamiento y, en este caso, la autoridad competente estaría incurriendo en una prohibición legal.

El debido proceso sancionatorio es vulnerado cuando el fallador no expresa con claridad y precisión los factores que tuvo en cuenta para fijar la pena.

La expropiación por vía administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio.

Corte advierte que las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas del magisterio deberán ser tramitadas por la entidad territorial de educación a que corresponda.

Sobre la pensión que se reconoce y paga a través de la UGPP se debe efectuar el descuento del 12,5 % con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Dichas funciones, que deben ser realizadas por fuera de la jornada laboral, no deben implicar doble asignación del erario.

Requisitos de procedencia de la acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho.

Corresponde a quien pretende favorecerse de ellas probar que con su conducta no influyó en la ocurrencia del hecho que da lugar a la responsabilidad.

Si el pago se produjo en vigencia de la Ley 678 del 2001, no puede sobrepasar el término de caducidad de dos años.

Pérdida de utilidad implica un detrimento patrimonial susceptible de generar responsabilidad fiscal.

La consecuencia para la Administración es el no pago de salarios y prestaciones sociales durante el término de la licencia.

Si al cabo de dos días la notificación personal no ha podido ser realizada se notificará por edicto, que durará fijado por tres días.

El punto de partida para estudiar la presentación oportuna de la demanda lo constituye el momento de conocimiento del valor negativo de las acciones que tenían los accionistas en la EPS intervenida.

Salvamento de voto indica que debió condenarse al Estado, pues la ley privilegia la protección de la vida e integridad personal de los peatones u ocupantes de las vías.

Dentro de las iniciativas se destacan temas para beneficio del sector rural, protección a la mujer y garantías a los animales. Descárguelos.

La consecuencia para la Administración es el no pago de salarios y prestaciones sociales durante el término de la licencia.

Si un usuario está inconforme con las sumas registradas en su factura, debe interponer la reclamación correspondiente.

Se desconocieron los derechos a la participación democrática y al debido proceso de los jóvenes accionantes al proporcionarles un solo puesto de votación.

No es posible afirmar que la información consignada en relación con el domicilio de quien tiene la obligación de declarar necesariamente obedezca al lugar en que habita, pues el RUT tiene fines exclusivamente fiscales.

La CNDJ analizó si el régimen de abogados compagina en similitud fáctica y procesal con el precedente que dejó la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia.

Se tutela el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante al afirmarse el carácter facultativo del llamamiento en garantía y la posibilidad que tienen las partes de presentar una demanda ordinaria con la misma finalidad.

Con fundamento en el principio de autonomía universitaria se pueden contabilizar votos no presenciales siempre y cuando no se vea afectado el proceso electoral y su resultado final.

La Contraloría General de la República fija su posición respecto a la figura de AIU en contratación estatal.

Mininterior, en coordinación con el DNP y el DAFP, deberá anualmente presentar un plan de acción para la política.

De la lista total de aspirantes solo se entrevistaron 13 candidatos, pues no asistieron 2, renunciaron 3 y uno no cumplía con los requisitos.

Por medio de un concepto, el Ministerio Público precisó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables.

El empleo de gerente de ESE constituye un cargo de confianza, lo que significa que se puede catalogar como de libre nombramiento y remoción.

Se genera responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados por ataques a elementos representativos del Estado, como riesgo excepcional.

El objetivo es la actualización/ampliación de las plantas de empleo y garantizar el trabajo digno y decente.

Uso del hidrógeno destinado a la prestación del servicio de energía eléctrica y descarbonización de sectores como transporte, gas, hidrocarburos, minería e industria.

El juez nacional tiene el deber de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda en una decisión anulatoria de un registro.

Quien pretenda apoyar al cabildo con el desarrollo e implementación del concurso debe tener una cualificación de especializado técnico.

No es jurídicamente viable extender el supuesto de una inhabilidad en materia contractual a un evento no contemplado por el legislador, teniendo en cuenta el carácter restrictivo de las mismas.

En todo caso, no practicar una de las pruebas decretadas no equivale a la exclusión de responsabilidad del presunto infractor.

El área del proyecto hidroeléctrico en el río Sinú abarcaba zonas del Sistema de Parques Naturales Nacionales, protegidas constitucionalmente.

Consejo de Estado explica las condiciones de estos títulos y su valoración probatoria.

El cumplimiento del objetivo principal de un convenio interadministrativo no permite a las partes desatender sus demás obligaciones contractuales.

Prescripción de los derechos laborales es por regla general de tres años, desde que se hizo exigible la obligación.

En primer lugar, debe realizar la licitación pública o, en segundo término, observar el deber de escogencia del contratista de manera objetiva.

Un municipio deberá garantizar el servicio de albergue para animales domésticos perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la Policía.

Cuando el POT sea expedido por decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recibo.

Se analiza contrato atípico en donde se tuvieron en cuenta las reglas que rigen el contrato de comodato y el contrato de mandato.

Cuando el Fomag reconoce las cesantías a través de un acto administrativo por fuera del término legal previsto para esos efectos.

Los investigados deben reconocer el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social integral.

La naturaleza del cargo implica funciones de confianza, por lo que su nombramiento es discrecional.

Se precisa que la liquidación privada no tiene el carácter de acto administrativo y, por tanto, resulta ajena a la figura de la revocatoria directa.

Se requiere que los bienes fiscales que se quieran transferir estén bajo el dominio de la entidad pública que va a realizar el traspaso.

De acuerdo con la queja, el magistrado desconoció el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, que impide al juez popular pronunciarse sobre un acto de contenido electoral.

En el proceso electoral no hay lugar a admitir la demanda de reconvención: Consejo de Estado.

A diferencia de las cláusulas penales, cuya función es resarcitoria o indemnizatoria.

La decisión surge por la posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia, en el marco del comercio extranjero.

Tienen la naturaleza de ser definitivos y, en consecuencia, son susceptibles de control judicial a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.

De acuerdo con el demandante, se estaría privando a la Rama Judicial de las competencias para el cobro de las multas que se declaran a su favor.

La Contraloría detectó un hallazgo fiscal por $ 38.849 millones.

Estos son los elementos de la garantía de cumplimiento a favor de entidades públicas.

Se configura el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando se vulneran los principios de la contratación.

No existe inhabilidad para que quien suscribió y finalizó un contrato estatal se vincule como empleado público.

Una de las pretensiones de la demanda es que se exhorte al Congreso y al Gobierno Nacional a adelantar la consulta previa respectiva para expedir la regulación orgánica.

Consejo de Estado recuerda las generalidades de la acción de cumplimiento.

Acto administrativo mediante el cual se acepta la renuncia no podrá superar los 30 días, contados a partir de la presentación.

El mandatario electo nombró a su nuevo Comisionado para la paz.

Quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido.

Se aplican factores salariales diferentes a los establecidos en la sentencia de unificación del 11 de junio del 2020 a un servidor de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición.

Cuando se trate del desconocimiento del precedente judicial la legislación prevé el denominado recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.

Antes de proceder con la provisión de la vacante, sí se deberá informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

De acuerdo con el actor, la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia.

Se refieren a los pasajes o, en su defecto, el valor para desplazarse al lugar en que se deba cumplir la labor.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en determinados eventos en los que existe el conocimiento público de un riesgo que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos, marca un deber afianzado de protección por parte del Estado.

La vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa se debe analizar de manera independiente.

DIAN no estaba habilitada para restringir el derecho de disposición de los bienes inmuebles que se encuentran en una zona franca.

Con el cumplimiento de los acuerdos políticos, el Pacto Histórico tiene el mando del Congreso de la República.

La periodista recibirá $ 2.200 millones al probarse que el DAS le realizó seguimientos ilegales y tortura sicológica.

De acuerdo con los demandantes, no hay unidad de materia y la norma trasgrede las competencias del concejo y la administración distrital.

Lo contrario significaría una afectación a su asignación salarial y, en consecuencia, una disminución en sus ingresos.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca otorgó dos días a la comisión accidental del Congreso de la República para que se pronuncie sobre el desacato.

La jornada laboral de los empleados públicos es de 44 horas semanales, la cual en ningún caso puede excederse.

Con esta normativa se podrán garantizar los derechos de la población cuidadora y la población sujeta de cuidado.

La Ley 1757 del 2015 prevé cinco etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de revocatoria del mandato.

Con la normativa no solo se clarifica el proceso de contratación y vinculación, también se establecen algunas estrategias y auxilios para impulsar esta modalidad de trabajo.

El contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos.

Se presenta una falla del servicio por comportamiento negligente cuando hay conocimiento de los eventos naturales que alertan la presencia de un posible desastre.

Existen varias iniciativas privadas que han buscado acortar estos tiempos mediante la compra de los derechos económicos de las sentencias de reparación directa a las víctimas.

El tribunal accedió a una medida cautelar para rehacer la lista de elegibles que respete el criterio de género.

Se incumplieron los deberes de custodia sobre el bien incautado, porque no se efectuó el trámite establecido para el manejo, registro y control del vehículo, lo que demuestra una falla del servicio.

Privar a un oferente del derecho de ser adjudicatario del contrato a pesar de haber presentado la mejor propuesta configura daño antijurídico.

El hallazgo se determinó luego de solicitar a la Registraduría Distrital verificar las bases de datos de defunciones.

Debe existir reclamación previa en sede administrativa del reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 para la nulidad y restablecimiento del derecho.

Estado Contigo trabajará para prevenir la desnutrición, las distintas formas de violencia, las adicciones, la deserción escolar y el abandono de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.

El escenario de la urgencia no puede traducirse o confundirse con el ejercicio de medidas improvisadas e irreflexivas.

$ 45.083 millones corresponden al seguimiento que se adelantó a los exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons, Edwin Besaile y Sandra Devia.

La solicitud se deberá presentar dentro de los dos bimestres siguientes a la fecha de la escritura pública de compraventa.

Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.

Las autoridades públicas no pueden consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante ningún tipo de acto.

La CCB manifestó que no participó en la designación de árbitros de este tribunal de arbitraje.

Las nulidades deben obedecer a un carácter de interpretación restrictivo y solo se puede declarar por las causales expresamente señaladas en la ley.

La parte que formula la reclamación dentro de un contrato bilateral tiene el deber de expresar reservas o salvedades pues la ley, el contrato y el principio de buena fe se lo imponen.

La carga de la prueba de la grave alteración de la economía del contrato le corresponde a la parte demandante.

Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.

Al no corresponder a una prestación en salud, serán financiados con recursos diferentes a los destinados al SGSSS.

Las normas satisfacen las exigencias jurídicas del principio de precaución.

Explican cómo opera la financiación de medicamentos ordenados a pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas.

No se incurre en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando la entidad realiza actividades en desarrollo de la obligación legal y constitucional para la que fue creada.

La empresa debe realizar todas las gestiones que tiene a su alcance para proteger los derechos de la comunidad, como evaluar los impactos del proyecto y consultarles sobre las obras

Al estudiar una solicitud de revisión, el Consejo de Estado explicó la sentencia de unificación del 2018 sobre IBL para pensiones reconocidas en el régimen de transición.

Normas generales sobre depuración de cartera de imposible recaudo no se hacen extensivas a las entidades territoriales.

El padre victimario no será titular del derecho de visita a niños o adolescentes.

Desde la fase precontractual se deberá aplicar por ambas partes el principio de planeación.

Al adelantar trámite de cobro coactivo sin mediar debida notificación del mandamiento de pago se impide el ejercicio del derecho de defensa.

En su defecto, podrá firmar acuerdos de pago, según el reglamento que tenga previsto la caja de compensación.

La notificación que resuelve los recursos debe darse dentro de dicho plazo porque lo contrario conllevará a la configuración del silencio administrativo positivo.

Si se demuestra que con la perturbación se incumple el contrato, puede suspender o eventualmente cortar el servicio.

De acuerdo con el tribunal, cuando el Ministro del Interior fue nombrado se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, incumpliendo la Ley de Cuotas.

Durante el primer día, los sectores Transporte; Comercio, Industria y Turismo; Función Pública; Interior; Justicia; Trabajo y Hacienda entregaron su primer balance general.

El objetivo es agilizar el trámite y descongestionar el único punto que estaba habilitado para ello.

La educación media constituye, precisamente, la culminación o consolidación de la educación formal.

No todos los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado requieren la prueba de todos los elementos: daño, imputación, falla, riesgo, etc.

Explican cómo la falta de diligencia del municipio como explotador del aeródromo generó la suspensión de operaciones, afectando derechos colectivos de la comunidad.

¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.

Las entidades no pueden repetir lo pagado en cumplimiento de un contrato de transacción invocando la ilegalidad de la actuación del funcionario que lo suscribió.

Recuerdan la diligencia requerida de verificar la incompatibilidad de los concejales derivada de la prohibición de ser miembros de juntas o consejos directivos del respectivo municipio.

La realización de corralejas es una de las practicas exceptuadas de la especial protección contra el sufrimiento y el dolor que contempla el Estatuto Nacional de Protección Animal.

Las entidades públicas deberán adecuar manuales de funciones y competencias laborales para permitir nombramientos o determinar equivalencias.

Precisan que debe acreditarse el acompañamiento a través de actos positivos y concretos de las aspiraciones políticas de un candidato avalado por una organización distinta de la suya.

Vencido el término, seguirá figurando en el registro mercantil, pero solo para efectos procesales, judiciales o administrativos.

Explican cuándo se está frente a un vicio oculto en la calidad del producto y cuándo en un incumplimiento contractual.