El AIU (administración, imprevistos y utilidades) es un elemento que puede integrar el valor de los contratos estatales, que no ha sido definido en la ley, de manera que las entidades estatales cuentan con autonomía para determinar si acuden a esta figura en un caso concreto.

Sin embargo, precisó la Contraloría General de la República, dicha autonomía se limita por la información que se obtenga durante la fase de planeación de los contratos, particularmente en el análisis del sector y del mercado, el cual deberá reflejar si resulta más adecuado y conveniente pactarlo como un porcentaje de los costos directos o integrarlo en el precio unitario de cada uno de los ítems.

Teniendo en cuenta la complejidad propia de la ejecución de los contratos de obra pública es usual que ocurran riesgos imprevisibles, de manera que estos pueden estimarse en una partida como parte del valor de los contratos. La decisión de incluirlos es un asunto propio de la autonomía de cada entidad, para lo cual podrá acudir a la figura del AIU.

Ahora bien, cuando se decide incluir en el valor de los contratos los costos de AIU, las entidades tienen autonomía para pactar las condiciones para su reconocimiento y pago y, en ese sentido, pueden decidir que no se exija al contratista que rinda cuentas sobre la partida de imprevistos o que lo haga en casos particulares. En este evento, deberá quedar pactado explícitamente en el contrato suscrito por las partes.

Así las cosas, la obligación del contratista de demostrar si ocurrieron hechos que impactan la partida de imprevistos dependerá de las condiciones que fueron fijadas en cada caso en el respectivo pliego de condiciones y en el contrato. No obstante, aclaró la entidad, con base en lo que ha dicho Colombia Compra Eficiente, esto no es usual.