La pretensión procesal disciplinaria se manifiesta a través de la calificación jurídica provisional efectuada por el juez: CNDJ.
El fuero contractual atañe al lugar de cumplimiento de las obligaciones incorporadas a los documentos adjuntados como títulos valores a la demanda ejecutiva.
Concepto de contrato de mutuo o préstamo de consumo definido en el artículo 2221 del Código Civil aplica en el ámbito mercantil.
Una de las opciones es solicitar la reliquidación de pensión, que usualmente se utiliza para lograr un aumento en la mesada.
La jurisprudencia constitucional ha definido la responsabilidad de las administradoras de pensiones y ha rechazado que al afiliado se le trasladen cargas desproporcionadas: Corte Constitucional.
Dado que no existe cambio de empleo, las funciones siguen iguales y el empleado no debe posesionarse nuevamente.
La CREG estudiará si es factible flexibilizar los requisitos de medida del consumo de los usuarios.
Generalmente se aplica la exclusión de la figura de la solidaridad patronal para el ICBF en el marco de contratos de aportes.
La meta del programa es superar los obstáculos de acceso a financiación formal y remplazar la informalidad de mecanismos como el “gota a gota”.
Las cláusulas contenidas en una póliza de seguro deben ser conocidas por el asegurado para que manifieste libremente su aceptación.
No, siempre y cuando la investigación penal esté justificada y la definición de la situación jurídica se lleve a cabo en los términos previstos en la legislación penal.
La inexigibilidad de otra conducta supone que el agente no estaba en condiciones de ser motivado por la norma penal: Corte Suprema.
La primera incluye los perjuicios concernientes a la devaluación de la moneda que derivan del no pago oportuno de las acreencias laborales que da lugar a ella.
Si decide voluntariamente seguir hasta la edad de retiro forzoso, debe seguir contribuyendo al régimen de seguridad social integral.
Los deudores podrán acogerse al descuento del 50 % en la tasa de interés de mora, contemplado en la reforma tributaria.
Los jueces deben incorporar criterios de género y analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad: Corte Constitucional.
Se suscribe entre una empresa de servicio público de transporte y la entidad de salud o la persona natural o jurídica que lo demande.
En abril del 2022 se había fijado en $ 10.581 diarios, ahora será de $ 16.691.
Las ritualidades propias de las notificaciones a las partes no obedecen al capricho y conveniencia de los ciudadanos, sino que se trata de una actuación debidamente regulada y estatuida por la ley.
Corte declara inconstitucionales artículos que regulan la imposición de multas y los beneficios por colaboración en procesos de investigación y sanción de conductas contrarias al régimen de protección de la libre competencia.
El Gobierno creará mesas para dialogar sobre regulación justa, transformación territorial, incidencia internacional, entre otros temas.
Cuando el consumidor acude a ejercer la efectividad de la garantía, a la empresa no le queda otro camino que entregar o reintegrar el precio.
La subordinación como elemento esencial del contrato de trabajo se debe comprobar para que se presuma que la relación de trabajo personal está regida por un contrato laboral.
La medida busca impulsar la reactivación gradual del intercambio comercial entre Colombia y Venezuela.
Al apreciar las falencias de la prueba de cargo se debió estimar que existía una duda razonable sobre la participación del presunto responsable: Corte Suprema.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregó un balance sobre el consumo del líquido a nivel nacional.
La renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición: Consejo de Estado.
La cartera asegura que de no aprobarse la reforma el déficit del régimen de prima media (Colpensiones) alcanzaría un 67,5 % del PIB.
Es desproporcionado obligar a la accionante a acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral para una controversia que no recae sobre el reconocimiento de su pensión de vejez, sino sobre la simple activación como afiliada.
Antes de presentar su declaración y realizar el pago, los agentes retenedores deben haber recuperado su contraseña.
De acuerdo con la demanda, la configuración de la base gravable solo resulta inconstitucional mientras se construya partiendo de un patrimonio bruto que incluya propiedades inmuebles.
Así lo anunció el coordinador ponente de la iniciativa, el representante Alfredo Mondragón.
La Corte Constitucional explicó los requisitos que debe cumplir la respuesta a este mecanismo.
Tanto el deber de reparación o remplazo como la sanción debe estipularse en el respectivo contrato de condiciones uniformes.
No es viable expedir un decreto que modifique el régimen de zonas francas para prorrogar la declaratoria de existencia de las zonas francas y los contratos de arrendamiento suscritos con los usuarios operadores.
Según el ministro de Justicia, dicha norma ya cumplió su ciclo, por lo que se debe renovar a través de la política de ‘paz total’.
Corresponde a las autoridades adoptar medios tecnológicos y alternativos para el trámite y resolución de PQR.
El prestador de servicios públicos puede desvirtuar la configuración solicitando o aportando las pruebas que lo demuestren.
El Invima puede emitir alertas tempranas de desabastecimiento con opciones temporales de orden clínico y recomendaciones para los usuarios.
Se logró establecer que el procedimiento de su elección se rigió por lo establecido en la Ley 5 de 1992, norma que resultaba aplicable.
Los trabajadores de la construcción tendrán derecho a que el auxilio de cesantía y las vacaciones les sean reconocidos proporcionalmente por el tiempo laborado: Corte Constitucional.
Con el fin de evitar una amenaza contra el ejercicio de la profesión y la garantía del derecho a la libertad de expresión.
Exigencias particulares no previstas en la regulación se estipulan contractualmente bajo el principio de la autonomía privada.
Colegios públicos y sistemas de transporte masivo serán los encargados de recibir estos vehículos y darles un uso adecuado.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra del inciso 3° (parcial) del artículo 52 de la Ley 599 del 2000.
De acuerdo con los demandantes, las sanciones de prisión dispuestas en los apartes acusados violan la prohibición de censura del artículo 20 de la Constitución Política.
El proyecto normativo regularía nuevas modalidades de crédito para financiar proyectos productivos en zonas rurales aisladas.
Por medio del comunicado 315, la FGN dio a conocer esta decisión, reiterando su compromiso desde sus competencias y apoyando las decisiones que beneficien la obtención de la paz.
A menos que el acreedor prescinda de cobrar su crédito dentro de la ejecución correspondiente, precisó la Superintendencia de Sociedades.
La entidad plantea extender la vigencia de algunos documentos y evitar al máximo la presencia de ciudadanos en sus ventanillas.
El consentimiento de una persona en situación de discapacidad, incluso la declarada interdicta, debe ser valorado igual que el de todos los ciudadanos: Corte Constitucional.
El actuar de los disciplinables no se tradujo en una lesión a la integridad moral, intimidad o buen nombre de la empleada de la Fiscalía.
Corte Constitucional resolvió si se vulneran los derechos de un PPL que padece de un trastorno de ansiedad al trasladarlo a sus citas médicas con restricciones de manos y pies.
Se comprobó que el actor tuvo plenas garantías de derecho a la defensa y al debido proceso, en la medida en que fue citado a descargos y, en general, pudo ejercer adecuadamente su defensa.
El abogado intervino en actos fraudulentos al iniciar un proceso de sucesión notarial con uno solo de los herederos del causante, pese a que conocía la existencia de nueve hermanos más.
Las pruebas clasificatorias no buscan evaluar los conocimientos impartidos en el marco de un proceso educativo, sino definir un punto de partida para dar inicio al proceso: Corte Constitucional.
Las entidades vigiladas tendrán un plazo máximo de dos años para adoptar los nuevos estándares.
Deberán incorporar los más altos estándares y las mejores prácticas empresariales en bienestar de los consumidores.
La agente interventora designada reconoció a 193.302 personas afectadas por la actividad de recaudo no autorizado.
Ese gasto es deducible en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario cuando se genera en procura de la defensa adecuada de los intereses económicos de la compañía.
Los vehículos deben ser de propiedad del prestador de servicios turísticos o estar bajo la figura de arrendamiento financiero o ‘leasing’.
La entidad no descarta una suspensión de operaciones de la aerolínea, ante su baja liquidez y problemas contractuales con los propietarios de los aviones.
Se encuentra sujeta al término previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Advierte que podría haber desviación de recursos con fines políticos o electorales.
Se debe considerar el valor de la unidad de valor tributario (UVT) correspondiente al 2022, que fue de $ 38.004.
Se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, sin importar si lo hace en servicio de transporte público, informal o privado.
No se acreditó la doble militancia política en la modalidad de apoyo por respaldar a Gustavo Petro Urrego en la campaña presidencial.
Corte Suprema aclaró expresiones relacionadas con la eficacia y vigencia de los beneficios pensionales estipulados en convenciones.
Duque Gutiérrez será el remplazo de William Hernández Gómez.
La Comisión Primera del Senado votó la proposición de retiro del articulado.
Evidenciarían que los tomadores de unos seguros, sus abogados y dos jueces usaron el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos en detrimento de la aseguradora.
Un concepto no es un acto administrativo que sea susceptible de control jurisdiccional, en tanto se limita a comunicar su opinión sobre el tema de consulta y no crea, modifica o extingue una situación jurídica.
A través de otrosí o con conductas que demuestren la intención de revocar la prohibición.
La acción de tutela procede en contra de providencias judiciales proferidas en los procesos concursales en eventos en los que se hubiesen agotado los recursos judiciales disponibles.
Por encontrarse inhabilitado para ejercer el cargo por haber sido condenado en el año 2012 a 36 meses de prisión.
Se debe analizar cada caso concreto y, de acuerdo con las pruebas existentes, determinar quién ha omitido el deber de cuidado.
La reforma política ha generado polémica por puntos como el que permitiría a los congresistas ser ministros y regresar al Legislativo, si lo consideran.
Corte declara constitucional la ineficacia de las estipulaciones contractuales que prevean formas de explotación o modalidades de utilización de derechos patrimoniales de autor.
Corte exhortó al Gobierno y al Congreso para que impulsen, tramiten y expidan una ley orgánica para la conformación de entidades territoriales indígenas, la cual debe ser previamente consultada.
Las autoridades desconocieron la situación socioeconómica específica de los niños, niñas y adolescentes para garantizar su participación en las clases virtuales.
La prestación del servicio militar voluntario para las mujeres no vulnera el derecho a la igualdad ni consagra un estereotipo de género: Corte Constitucional.
El escrito de excepciones debía presentarse en una etapa procesal y dentro de un lapso específicamente fijado por el legislador.
La entidad busca fortalecer su plataforma tecnológica y mejorar servicios como inspección y control, gestión de deudas, entre otros.
Este derecho se otorga a los empleados de carrera con evaluación del desempeño sobresaliente o satisfactoria.
Todo contador público debe considerar en su ejercicio profesional los requerimientos normativos de ética.
Los beneficiarios también recibirán capital para crear un proyecto productivo viable.
La CNDJ resolvió modificar una sanción impuesta contra un abogado al evidenciar que no se justificó la trascendencia social de la conducta.
Cualquier información puede ser remitida mediante comunicación escrita utilizando los canales presenciales o digitales.
De acuerdo con los demandantes, el aparte es inconstitucionales porque regula una exclusión tributaria y no una exención.
La reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas de Ecopetrol se realizará el jueves 30 de marzo.
Los congresistas de la coalición de Gobierno aseguran que la decisión no pone en riesgo la paz total.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 2145 del 2021, por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre importación temporal, hecho en Estambul, Turquía.
Otras actividades en desarrollo de objeto múltiple no pueden poner en riesgo la prestación eficiente y continua de los servicios públicos.
La propuesta del Gobierno plantea la creación de un sistema de pilares y mantiene los requisitos de edad y semanas de cotización.
El Consejo de Estado admitió la acción, que indica que el Gobierno violó los derechos fundamentales de petición y a la consulta previa.
Serán ineficaces de pleno derecho todas las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.
La violación a la prohibición legal de adicionar los contratos estatales en más del 50 % de su precio inicial debe verificarse en el momento en el que surgen las obligaciones.
Las aerolíneas tendrán que garantizar los derechos de los pasajeros, devolver ‘slots’ y compartir código con Satena, entre otras medidas.
Señalan los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación de los topes máximos de financiación.
El presidente habló de reformar la Policía Nacional e indemnizar familiares o víctimas sobrevivientes.
Tratándose del cuestionamiento de la legalidad de los actos administrativos de registro el mismo legislador señaló que la acción procedente es la acción de nulidad simple.
En todo caso, para efectuar la suspensión será necesario garantizar el debido proceso al suscriptor o usuario del mismo.
La satisfacción es doble al haber logrado este cambio jurisprudencial tan importante en el área del derecho tributario y, a su vez, haber obtenido un beneficio económico notable para el manejo tributario de nuestro cliente.
La CNDJ confirmó la terminación anticipada de la investigación disciplinaria contra un abogado que en calidad de endosatario inició la acción judicial.
El intermediario deberá presentar reporte mensual de los pagos dentro de los 20 días calendario siguientes al cierre del mes que se reporta.
A falta de disposición de obligatorio cumplimiento, el término de garantía será el anunciado por el productor y/o proveedor.
Siempre que se alegue la aplicación de la legislación extranjera, es deber de los jueces comparar si ésta, por lo menos, no desconoce los principios y derechos mínimos de los trabajadores.
Se deberán obtener de las autoridades competentes, según sea el caso, las concesiones, permisos y licencias correspondientes.
Si el autogenerador controla el voltaje y el operador no indica cómo hacerlo se entenderá coordinación y aplicará la exención de pago.
No se puede establecer responsabilidad fiscal sin gestión fiscal.
El proyecto será radicado ante el Congreso de la República este miércoles 22 de marzo.
El incumplimiento de uno redunda en los demás y ello habilita al consumidor a perseguir el cumplimento de uno o de otro.
La nueva apuesta del Gobierno es aumentar las operaciones de interdicción y controlar el lavado de activos.
Actos administrativos que contienen decisiones relativas a la expropiación administrativa son atacables en vía judicial a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho: Consejo de Estado.
Las comisiones económicas conjuntas revisarán la ponencia y debatirán el articulado.
La decisión llega justo en el momento que la entidad investiga a algunos de sus funcionarios por presuntos casos de acoso laboral y sexual.
En su condición de proveedor, debe cumplir deberes sobre calidad e idoneidad del servicio, así como responder por información mínima.
La Corte encontró que eran tipos penales en blanco, en los cuales se encontraba justificada la remisión normativa a la regulación ambiental.
La Sala Plena encontró que el caso concreto debe ser declarado de urgencia nacional, ya que existen razones para considerar la controversia como de especial trascendencia social.
La medida constituía una reforma funcional de la estructura de la Administración, por lo que estaba sometida a la regla de iniciativa gubernamental exclusiva.
La expresión “que cause molestia a la comunidad” fue declarada inconstitucional, por ser indeterminada y tratarse de una disposición vaga y ambigua: Corte Constitucional.
Corte Constitucional ampara derechos fundamentales de una mujer trans y afrodescendiente despedida de forma discriminatoria y por razón de su identidad de género.
También se redujo el terrorismo contra infraestructuras públicas y los casos de lesiones personales.
La responsabilidad del revisor fiscal cesa a partir de la fecha en que ha dejado de ejercer el cargo por renuncia o remoción
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-302 del 2017.
La Corte Constitucional declaró la constitucionalidad de las expresiones del artículo 61 de la ley 1480 del 2011.
Cerca de 4,6 millones de mujeres no ganan más de dos salarios mínimos legales.
El rechazo de pérdidas que aumente el saldo a pagar o el saldo a favor declarado no puede generar una sanción por inexactitud liquidada conforme a los artículos 647 y 647-1 del E. T.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial prioriza la presencialidad de magistrados, jueces y empleados, salvo casos excepcionales en donde el teletrabajo sea necesario.
Las declaraciones del mandatario revivieron las tensiones del Gobierno con la justicia, especialmente con la jurisdicción especial para la paz (JEP).
Los titulares de las acciones conservan derechos políticos y pueden participar en las reuniones, deliberar y votar en ellas.
La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial versa frente a hechos ocurridos con posterioridad al 13 de enero del 2021.
El mecanismo busca que diversas entidades intervengan ante amenazas de desnutrición, violencia sexual, reclutamiento forzado, entre otras.
Ante duda, en aplicación del principio pro infans a fin de indagar sobre la realidad de lo acontecido, le corresponde al Juez ejercer las facultades oficiosas en materia de pruebas.
Corte Constitucional deja en firme una decisión del Consejo de Estado que declaró la responsabilidad por daños a la dignidad e integridad que experimentaron mujeres privadas de la libertad.
La Secretaría de Hacienda informó que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios.
La Ley 2101 del 2021 fue concebida para promover la productividad empresarial en el sector privado.
Si la pérdida de capacidad laboral proviene de otras enfermedades que no sean congénitas, crónicas o degenerativas la regla en el cómputo de la densidad de cotizaciones.
El profesional del Derecho puede remitir la manifestación fundada de esa inconformidad para liberarse del mandato, y con ello dejarlo en libertad de contratar a otro profesional.
La capacidad legal y la de ejercicio deben presumirse y protegerse, sin que los jueces de la República puedan restringirla ni establecer discriminaciones de ningún tipo: Corte Suprema.
La figura está contemplada en el Decreto 2821 del 2012, que faculta al Ministro del Interior para hacer seguimiento a los procesos electorales.
El Fiscal y la Procuradora aseguran que el proyecto no repara a las víctimas y otorga beneficios excesivos a integrantes de bandas.
Esfuerzos encaminados a que los términos sean exactamente iguales puede conducir a decisiones extra o ultra petitas.
La ejecutiva debió revelar la vinculación de empresas colombianas a un conglomerado que presuntamente involucra a 30 entidades.
Discrepancia de competencia para el pago de pensión de sobrevivientes no puede comportar la vulneración de los derechos fundamentales.
Contribuyentes del impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso fungen a la par como responsables del mismo.
Se deben cumplir las circunstancias constitutivas de domicilio civil, es decir, las señaladas en los artículos 77 y siguientes del Código Civil.
Entes territoriales tendrán hasta el 30 de marzo para reportar información sobre el tema.
La entidad denunció la circulación de un formato falso y la exigencia de dinero por realizar trámites.
La Dian emitió un concepto general sobre el impuesto de timbre nacional con motivo de la última reforma tributaria.
Los actores estaban obligados a informar sobre la integración realizada y la SIC debía analizar previamente esa operación.
Se trata de una resolución que responde a los requerimientos de la Ley Julián Esteban y el Plan de Seguridad Vial 2022-2031.
De acuerdo con las estipulaciones contractuales, así las facturas hubiesen sido presentadas tardíamente, la entidad debía (a partir de su radicación) hacer el pago en el plazo estipulado contractualmente, so pena de tener que pagar los intereses de mora correspondientes.
Persona dedicada a la educación y/o actividades de atención en salud y asistencia social deberá considerar el límite de 100 mil UVT.
Tratándose de procesos laborales, se rige por las normas del trabajo y de la seguridad social y no admite la aplicación normativa de otras ramas del Derecho: CSJ.
La irregularidad en el procedimiento de notificación impide que el acto administrativo cobre efectos ejecutivos y ejecutorios para ser oponible y obligatorio.
La Dian recuerda que todos los interesados pueden descargar la copia certificada del documento en la página web de la entidad.
Venta o cesión de activos intangibles asociados con la propiedad industrial está gravada con IVA, en los términos del artículo 420 del E. T.
La ley prevé la eventualidad de que se presenten solicitudes de conciliación aun en casos no conciliables, se deberá expedir la respectiva constancia.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 96 de la Ley 2277 del 2022.
Consejo de Estado precisó los criterios para identificar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios.
El Ministerio de Hacienda confirmó que continuará la exploración y explotación de combustibles líquidos y gas.
El fideicomitente debe estar en capacidad de presentar cualquier soporte o detalle sobre los saldos certificados.
Comunicación de la sentencia debe surtirse por notificación personal, por lo que el edicto, al ser subsidiario, solo puede practicarse cuando no haya sido posible practicar la notificación principal: CNDJ.
Para definir a los potenciales beneficiarios del programa se utilizarán los datos del Sisbén IV.
Las únicas situaciones jurídicas que pueden ser decididas, en virtud de ese régimen pensional bajo el principio de favorabilidad, son las que se consoliden a partir de su entrada en vigor.
No es un capricho de la administración de justicia negar la libertad condicional cuando se da aplicación de la Ley 1126/06 tratándose del delito de extorsión: Corte.
Tendría lugar si se determina que con la implementación de medidas temporales se fortalece la movilidad de los usuarios del transporte público.
Consejo de Estado estudió si se configuraron los elementos de la responsabilidad fiscal para declarar responsable al gerente de una empresa de acueducto, alcantarillado y aseo.
Se podrá otorgar con la instalación de comedores o casinos, el uso de restaurantes administrados por terceros y la entrega de bonos.
El Código Nacional de Tránsito define al conductor como la persona habilitada y capacitada técnica y teóricamente para operar un vehículo.
En el último trimestre del 2022 los micronegocios crecieron un 8,3 % respecto al mismo periodo del 2021.
Los requisitos que debe cumplir la factura para que sirva como soporte del costo están en el artículo 617 del Estatuto Tributario.
Para satisfacer el requisito se requiere que, de conformidad con el estado de la técnica, el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
En 2022, las entidades públicas suscribieron más de 911.000 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas.
Si la decisión de finalizar el vínculo laboral deviene en un motivo diverso al estado fisiológico o síquico del trabajador, como una justa causa, tal protección no opera.
La aerolínea habría recaudado cerca de $ 272.000 millones antes de anunciar el cese de operaciones.
Según la propuesta, se modificaría el artículo 594 de la Ley 1564 del 2012.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 38 (parcial) de la Ley 160 de 1994.
La noticia se da en el marco de la activación de los vuelos comerciales de Satena para la ruta Bogotá – Caracas.
Los estudios de crédito, seguros, garantías o cualquier otro concepto se deben informar en la misma forma que se anuncia el precio.
Corte Suprema precisó cuándo el empleador está en el deber de incluir el auxilio de transporte en la liquidación de las prestaciones sociales de sus trabajadores.
La Procuraduría solicitó que se declare la inexequibilidad de las expresiones demandadas, al no superar el juicio integrado de igualdad en su intensidad estricta.
Modificaciones hechas por un particular de manera autónoma a una bicicleta no están inmersas en la excepción normativa.
El abogado no debe sacrificar el deber de entregar a su cliente los dineros que le correspondían para ejercer su legítimo derecho a percibir honorarios: CNDJ.
La entidad estima que en el país hay más de 956.000 facturadores electrónicos habilitados.
En el proyecto se mantienen los requisitos de edad y semanas de cotización para obtener la pensión de vejez.
Los bancos y demás establecimientos de crédito registraron utilidades cercanas a los $ 16 billones.
En la apelación no se reiteran los trámites del proceso principal sino que se fijan unos distintos que buscan determinar la exactitud o la falta de ella en el proceso que la originó.
La prescripción debe ser alegada por la parte que pretende favorecerse, es renunciable y se puede interrumpir.
La nulidad por omisión en la notificación del auto admisorio de la demanda se sanea cuando a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
Corte Suprema reiteró la necesidad de acatar las decisiones de los jueces de la República como elemento estructural de los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.
El Fondo Nacional de Garantías y Fogafín mantienen un convenio interadministrativo para el manejo de estos recursos.
La afirmación debe extenderse a la esfera de lo probado y, por ende, acreditarse a través de los diferentes medios probatorios.
Todos los nombramientos irán hasta el 31 de diciembre de este año y su objetivo fundamental es descongestionar los despachos judiciales.
Según datos del Ministerio de Justicia, en Colombia hay más de 500 personas en las cárceles condenadas por este delito.
Corte Suprema resolvió un conflicto de competencia en el que el demandado contaba con varios domicilios.
La iniciativa responde a los compromisos que el Estado adquirió con la firma del Acuerdo de Paz en materia de justicia rural.
Admiten demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º del Decreto Ley 252 del 2020, el cual adiciona el Decreto 1088 de 1993.
No resulta ilegal que en los contratos de APP los dineros de los subsidios asignados a los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos (FSRI) sean considerados como recursos públicos.
