Gobierno prepara otro decreto para intentar reducir tarifas de energía eléctrica

El Ministerio de Minas y Energía publicó para comentarios un proyecto de decreto con políticas y lineamientos para promover la eficiencia y la competitividad del servicio público de energía eléctrica. La propuesta hace parte de la segunda fase del Pacto por la Justicia Tarifaria, que contempla, entre otras medidas, renegociar contratos, definir un nuevo indicador para el sector y vincular a los ciudadanos en la búsqueda de soluciones a corto y largo plazo.  

Luego de varias conversaciones con empresas, entidades, gremios y usuarios, el ministerio recibió 117 propuestas y comentarios, 66 de los cuales hacen referencia a necesidades de cambios normativos relacionados con el funcionamiento del sector. Así las cosas, la cartera plantea en el proyecto de decreto una serie de medidas para asegurar la prestación del servicio. 

El texto señala que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberá reglamentar el esquema de Prestador de Última Instancia, PUI, propiciando esquemas competitivos para la selección, considerando separación de riesgos de cartera entre agentes que atienden mercados competitivos y los que atienden usuarios de áreas especiales e incorporando en el reconocimiento de los costos de comercialización de prestadores en mercados competitivos los de la prestación del servicio atendidos por el PUI. 

La CREG también definirá el mecanismo de remuneración de los excedentes de autogeneración a pequeña escala y el responsable de su liquidación y medición. Así mismo, la comisión analizará si es conveniente flexibilizar los requisitos de medida de los consumos de los usuarios. Por ejemplo, quienes implementen esquemas de infraestructura de medición avanzada podrían ser eximidos del cobro de energía reactiva. (Lea: Descuento por falla en el servicio de energía procede si se prolonga de forma continua por un periodo igual o superior a 15 días) 

“Los usuarios no residenciales conectados a nivel de tensión uno que cuenten con infraestructura de medición avanzada y que registren consumos de energía reactiva no serán objeto del cobro de esta energía, siempre y cuando no superen el 50 % de la energía activa consumida en el mismo periodo”, agrega el proyecto. 

También se contempla que la CREG regule el marco aplicable a las compras de energía con destino al mercado regulado, para que todos los usuarios obtengan los beneficios de la competencia en el mercado mayorista de energía y así disminuya su exposición a los precios fluctuantes de la bolsa. 

Para cumplir con el criterio de eficiencia, el ministerio propone eliminar los costos de arranque y parada de la formación del precio de bolsa. Para fomentar el uso eficiente de los recursos hidroeléctricos, los agentes deberán valorar a costo mínimo las ofertas de generación cuando correspondan al cumplimiento de los caudales mínimos ambientales, así como cuando se trate de la generación por seguridad cubierta con recursos hídricos. 

Por último, se plantea que la CREG ajuste el esquema regulatorio de garantías, para lo cual tendrá en cuenta la reducción de los costos de garantías por las transacciones, la inclusión de mecanismos existentes en los mercados financieros para garantizar las transacciones en el mercado de energía y la flexibilización de los montos a garantizar y su periodicidad ante variaciones en las liquidaciones de las transacciones del mercado. (Lea: Gobierno publica los cinco ejes de la transición energética)