Todo intelectual tiene la absoluta libertad de pensar como quiera, pero sin pretender usar los medios de comunicación para incidir en los demás para que piensen como él.

Varios asuntos previstos en la iniciativa y otros más que se encuentran en el proyecto de reforma laboral aumentarán de manera exponencial la litigiosidad en las relaciones laborales.

La falta de atención de las cuestiones de género y de acción concreta para abordar estas discriminaciones perpetúan la desigualdad en el mundo laboral.

Lo que hasta ahora era un trámite desafortunado y burocrático, ahora será utilizado como una nueva forma de confrontación.

Esta tecnología puede ser útil para ayudar a optimizar las tareas administrativas que son de naturaleza mecánica o repetitiva, pero críticas para la administración de justicia.

Existe en el país la necesidad de profundizar en la historia de los derechos humanos, desde el movimiento de defensa de estos.

Se supone que la ley obliga a los jueces a tener compostura y a actuar con decoro, tanto en ejercicio de sus funciones como en su vida diaria.

El mercado digital evolucionó y continúa en constante cambio, a la par que Colombia pierde oportunidades para analizar la cuestión de fondo y ordenarla con la importancia que merece.

La ley y su reglamentación constituyen un avance importante para desarrollar sanciones que promuevan una resocialización apropiada.

Este análisis muestra cómo la IA puede ser un valioso aliado en la prevención y abordaje de casos que involucran temáticas asociadas a la discriminación.

Para mitigar los riesgos asociados a los ciberataques no basta con contar con un área de tecnología.

¿A partir de qué momento puede considerarse un accionista debidamente convocado?

El correcto diligenciamiento de la información dentro de la historia clínica es vital para que el profesional médico cuente con los elementos probatorios necesarios en caso de alguna investigación, queja o proceso.

Es oportuno explorar si, de acuerdo con la normativa actual, es posible estructurar nuevos esquemas de prestación del servicio de educación virtual.

La inclusión financiera es una dimensión de pobreza tan relevante como las propuestas en el índice multidimensional inicial.

No basta con reformar la Constitución y sacar leyes para resolver los problemas sociales, se debe indagar a fondo las causas y es determinante la voluntad política

La forma de abordar todos los problemas asociados a la gestación subrogada no puede despacharse sin considerar su complejidad, proponiendo su legalización sin más.

Estos elementos fortalecerían la descentralización y la autonomía territorial en tanto garantizarían la inclusión de sectores sociales, políticos y económicos tradicionalmente excluidos de los debates democráticos.

A veces para entender la violencia no solo hay que mirar hacia afuera, sino hacia adentro de nuestras casas, de nosotros mismos y de los deseos que construimos.

Un aspecto llamativo del libro es que su público objetivo trasciende la comunidad epistémica de los juristas para abarcar también la ciudadanía en general.

La confianza en la justicia en Colombia debería ser como el hierro, pero en realidad es endeble, se resquebraja fácilmente y cuesta mucho repararla.

La desinformación en Twitter, propiciada por los líderes de diferentes Estados, ha terminado en una polarización creciente y una disminución de la calidad del debate político.

Sería bastante deseable que se produjera una unificación en este aspecto, para dejar atrás la incertidumbre.

Un régimen de exclusión de accionistas en el contexto legal colombiano contribuye a preservar el interés social, mantener el equilibrio y la armonía entre los accionistas.

Sin duda, para la ciencia jurídica, esa ‘identidad virtual’ genera desafíos a la hora de comprenderlos, subsumirlos, incorporarlos o reglarlos.

Una cuestión que hasta ahora se empieza a debatir es el valor de la hora de trabajo, que es un efecto no previsto, al menos no de forma expresa, en la Ley 2101 del 2021.

Darle nombre, y sobre todo desde lo jurídico, a lo que no lo tiene, es un paso hacia el reconocimiento: la violencia contra las mujeres existe y así lo reconoce el propio Derecho.

Si bien el valor de salario ordinario mensual se mantendrá, el valor de la hora ordinaria y los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo se incrementarán.

La transición energética que se traduce al día de hoy en soluciones energéticas bajas en emisiones de Co2 se puede desplegar con nuevas técnicas de regulación.

En la discusión se omiten, deliberadamente, los matices, excepciones y detalles jurisprudenciales que no convienen para el discurso imperante.

Es necesario analizar de qué forma estas propuestas pueden alinearse para un sistema más inclusivo y sostenible.

Este proceso no solamente debe aplicarse a transacciones complejas entre compañías, sino también en el día a día para conocer qué personas están comprando un bien o adquiriendo un servicio.

El Derecho ya no es un solo conjunto de reglas aplicables a todos los casos y a todas las personas.

Existen diferentes opciones que permiten anticiparse a una futura situación de divorcio, liquidación de sociedad conyugal o separación de bienes.

Tres audiencias judiciales recientes ofrecieron elementos que reavivan el debate sobre las conexiones entre verdad histórica y judicial.

La visita del fiscal de la CPI suscita interrogantes jurídicos y políticos, además de expectativas frente a la permanente demanda de justicia por los graves crímenes cometidos en nuestro país.

Un contexto de mercado deprimido es un gran igualador para las firmas en estos rankings, puesto que no habrá una gran cantidad de asesorías de alta sofisticación.

Estamos sujetos a muchas normas jurídicas que no pasan por procedimientos democráticos y son producidas por distintas burocracias del Estado.

Con la expedición de la Ley 2292 de 2023, se morigera un poco más la deficiencia familiar que produce la condena penal en el progenitor cabeza de familia y en sus hijos menores o discapacitados.

El impacto de este autor en nuestra cultura jurídica no solo se debe al idioma común, sino también a su sensibilidad hacia problemas sociales y políticos contextuales, muchos de ellos afines.

En el mundo del trabajo, la gran receta consiste en hacer armónicas las reglas jurídicas, la progresividad en las garantías de los trabajadores y las realidades de la economía.

El Índice de Pobreza Multidimensional bajó en Colombia en el año 2022, según el Dane. Cerca de 1,5 millones salieron de ese trágico renglón.

Indudablemente, de los diferentes modelos, debemos aplicar el que favorezca a la población y deje de lado la oportunidad de negocio para el sistema financiero.

En algunos casos, los representantes legales y, en general, quienes ostentan la calidad de administradores de personas jurídicas, pueden ser declarados responsables fiscales.

Es la hora, hace tiempo, de que la colegiación de abogados se transforme de manera definitiva.

Los cognados pueden ser útiles para los estudiantes de idiomas, porque facilitan la comprensión y el aprendizaje de nuevo vocabulario.

No sé si Alberto fue un sociólogo, un antropólogo o un economista en potencia, pero sus análisis siempre trascendieron la órbita del inciso y del parágrafo.

Cuando a una mujer se le mata por no ser la mujer “que debería ser”, se está en sede de un feminicidio.

La desinformación promovida por un Jefe de Estado nunca estará en el campo de la libertad de expresión ni podrá ser entendida como una opinión o interpretación personal.

El poder doméstico, ni antes, ni hoy en día, es un estándar rígido e igual para cada familia, ni está determinado por la voluntad expresa o presunta de cualquiera de los cónyuges.

Los clientes se mueven por dos pautas generales: la fama del abogado o las referencias personales.

Es necesario entender con claridad el alcance de los aspectos negativos que se pretenden introducir, en aras de cuestionarlos y rechazarlos contundentemente.

Si, como en el caso de España, algunas plataformas tienen que dejar de funcionar porque dejamos de subsidiarlas permitiéndoles incumplir la ley, no eran negocios viables para comenzar.

Esta sentencia es muy relevante, pues permite advertir un interés por sancionar penalmente unas conductas violatorias de los derechos de la infancia.

En las sociedades contemporáneas la información y los datos personales son bienes intangibles altamente valorados, al tiempo que también son expuestos, manipulados y almacenados en grandes bases de datos con fines comerciales.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054 del 2023, determinó la inexequibilidad de los artículos 6° y 151 de la Ley 2200 del 2022.

Sea el 27 de abril del 2023 la oportunidad para agradecer y exaltar a las mujeres del Derecho Tributario de Colombia.

¿Cómo subir costos laborales podría ayudar a nuestros campesinos a tener empleos formales? ¿A quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría?

La cabeza genera el drama y, con frecuencia, también su resolución para restablecer el propio sentido de estabilidad personal con el entorno.

Las herramientas institucionales y una democracia guiada por una ciudadanía activa y crítica, e instituciones fuertes, pueden hacer funcionales el diseño constitucional de control sobre el poder público.

El aumento de precios en las matrículas de las instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia ha generado debates y polémicas que se acentuaron a finales del año pasado y a comienzos del 2023.

Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.

La práctica jurídica en materia de asesoramiento de los casos de concurrencia de parejas se ha vuelto cada vez más compleja.

Prohibir la minería significa prohibir la minería legal, dejar las minas a merced de ilegales, una decisión por la cual el presidente no debería dejar de asumir responsabilidad política.

Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.

Lo que más impresiona es que en las encuestas sobre privacidad, los humanos parecen muy conscientes de que el acceso a ese tipo de plataformas y servicios afecta severamente su privacidad.

Venezuela perdió la capacidad de proveer de salud y educación a sus ciudadanos, dos temas que en materia de cobertura y servicio básicos reportaban buenos resultados a finales del siglo XX.

No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.

El ejercicio del derecho a la resistencia va acompañado de una simbología que funciona como herramientas de la memoria y sensibilización del otro, pues, a veces, la realidad parece no ser suficiente.

Aún quedan obstáculos y desafíos en la ruta para que esta decisión se implemente con la integridad que merece, y con las guías que se determinan en la resolución del Ministerio.

La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.

A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.

El proyecto gubernamental pretende hacer borrón y cuenta nueva para que el sistema de salud sea netamente público, sin prever una transición que evite la improvisación y vele por la salud de los pacientes.

Necesitamos pistas para pensar el Derecho en una situación constante de crisis, propia de una condición humana incierta en la que habitamos con los fantasmas del cine negro.

Poco importa si para alguien fue un caso de cogobierno de los jueces: nadie hizo caso. Dos vidas se habrían podido salvar.

El problema es que varias de estas conductas no tienen otro modo de represión, de modo que despenalizarlas implica legalizarlas.

A punta de gritos, estos nuevos líderes cabalgan con su blindaje mediático devorando la institucionalidad y lanzando sus trizas a las masas de indignados. Ellos sí, en la más absoluta impunidad.

¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?

En un Estado social de derecho, el presidente debe abstenerse de esas maniobras intimidatorias contra las otras ramas del Poder Público. Él no puede creer que la voluntad del Estado es su voluntad individual.

Los jueces se ven abrumados por una superestructura de noticias falsas y acusaciones cruzadas que les afecta su habilidad para establecer los verdaderos responsables.

La obra de Gargarella ha dinamizado la discusión constitucional y teórico-política en Iberoamérica quizá como ninguna otra en décadas recientes.

Mi manera de ser formalista está relacionada con reglas y principios jurídicos mínimos que inspiran el proceso de regulación y decisión.

La discusión actual sobre la libertad académica en EE UU puede ser útil para delimitar y precisar el contenido de este derecho en nuestro país y, sobre todo, para estar atentos a las formas y las estrategias en las que se interfiere en su ejercicio adecuado.

La norma genera muchas inquietudes que surgen de una redacción que pretendió ser minuciosa y resultó muy desafortunada, por decir lo menos.

El aspecto motivacional muestra que la violencia del extremismo de derecha tiene un hondo calado sicosocial y hasta puede tener una motivación política.

Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes.

Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.

Los maltratos, vejámenes, tratos ofensivos, ultrajes a la dignidad, violaciones a la integridad personal, agresiones y discriminación siguen presentes en ambientes laborales.

Hay gestores de paz que pertenecen a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.

La idea del Ejecutivo es barrer con los actuales jueces para nombrar o elegir otros que sean anejos a su revolución.

Las autoridades de competencia normalmente son reacias a emitir opiniones de antemano sobre proyectos de cooperación empresarial.

Es el modelo de universidad lo que está en juego, su rol en la sociedad y su supervivencia para abordar los grandes desafíos morales que como sociedad global debemos afrontar.

El propio sector sindical tradicional considera que ha habido una afectación de la cultura sindical, a raíz de algunas prácticas indebidas generadas por diferentes fallos.

Al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales.

La nueva edición de ‘Democracy’s Discontent’ probablemente estará en las listas de diciembre como uno de los recomendados.

Este gesto de la Corte Constitucional colombiana no ha sido solitario. Se trata de un esfuerzo más general por lograr una ‘justicia inclusiva’.

No se reconoce la realidad indígena de las áreas no municipalizadas, evidenciándose con esto el trato colonial existente en la sociedad y la institucionalidad colombiana.

Las palabras confieren poder, pueden estructurarlo y perpetuarlo. Empero, también pueden subvertir el poder que invisibiliza vivencias, experiencias y saberes.

El trabajo es el motor de una sociedad próspera y uno de los mecanismos más fuertes para disminuir las brechas sociales que tanto daño nos hacen.

Este tipo de violencia de género se encuentra naturalizada y normalizada, razón por la cual se torna invisible y termina siendo frecuente.

El tiempo para contabilizar la duración de la sociedad patrimonial de hecho se cuenta a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior.

No soy pesimista, pero no veo nada fácil dejar de lado el Estado de opinión y retomar las sendas, pausadas y tranquilas, del Estado de derecho.

Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica.

Habrá delitos que sobren, otros que falten. Es nuestro deber elaborar racionalmente un derecho penal humano.

La sana crítica no desaparecerá, simplemente tendrá que amoldarse, logrando ajustar una realidad científica al contexto familiar, laboral, económico, social y político.

Los nuevos contextos sociales han hecho que el legislador y las altas cortes se empiecen a pronunciar sobre esta materia.

En la inmensa mayoría de los casos, esta práctica facilita la cosificación de los cuerpos de las gestantes.

El problema es que la transición energética planteada e impulsada por Naciones Unidas está en crisis.

Actualmente, no hay manera de sancionar penalmente esta práctica, tristemente reiterada.

Mientras nuestra razón y conciencia nos deben llevar al altruismo, la noción de derechos nos precipita de cierta forma hacia lo contrario.

Hay que direccionar las estrategias para reconfigurar el Estado social de derecho.

Al nombrar la violencia por prejuicio como violencia de género, la Corte IDH avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, que se encuentran marginalizadas socialmente y han sido sujetas de esta violencia.

Actualmente, hay preocupaciones globales que, para muchos autores, trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas solamente por algunos países.

Un formato de lectura fácil debe estar encaminado a honrar y no desacreditar el tecnicismo y a hacerlo digerible para la ciudadanía.

Ayudemos a las mayorías, no ahoguemos a las empresas y empecemos a diferenciar sectores y empresas.

En el 2021, la estadística de duración calculada sobre los procesos con sentencia fue de 8,1 meses.

En 1985, llegó al poder Mijaíl Gorbachov, quien lideró un esfuerzo gigantesco por reformar un sistema que desde su concepción tenía problemas estructurales graves y que se había descuidado por décadas.

Con una participación de casi el 86 % del padrón electoral, es decir, más de 13 millones de participantes, mal se haría en catalogar como una elección polarizada o un reflejo de la izquierda y la derecha.

Estoy seguro de que ninguno de los que hacen minería bien hecha quiere dañar el medioambiente, sino todo lo contrario.

Durante los últimos seis años, la Corte IDH ha emitido varias sentencias en las que reconoce carácter justiciable directo a disposiciones interamericanas de índole laboral.

El punto y coma cumple la misma función que la coma enumerativa en enumeraciones complejas, razón por la cual el punto y coma no va donde va la ‘y’.

La justicia del Estado es buena para reprochar y castigar, pero no para restablecer la convivencia.

La sentencia es un gran paso para alcanzar una aplicación del derecho penal más justa e igualitaria.

Reducir la superación del conflicto armado a simples salidas judiciales de sus actores solo sirve para reproducir las lógicas selectivas y discriminatorias del cuestionado derecho penal.

Es curioso cómo lo virtual hace normales conductas que, en la realidad física, serían claramente inaceptables.

El derecho internacional, en general, y el DIH, en particular, son, como toda construcción jurídica, una apuesta, una utopía que va ganando espacio y terreno para su aplicación.

Un buen proceso de acogimiento, masivo, temporal, con condiciones claras y verificables, ojalá sincronizado con una nueva política regulatoria, podría reconducir la forma en que se ha enfrentado el problema.

Si bien la trata de personas y la explotación sexual son dos fenómenos diferentes, no se pueden estudiar y combatir por separado, como tampoco puede desligarse la prostitución.

El derecho superior, por contar con existencia natural, supera la teoría y pide que se manifieste en la praxis cotidiana.

Aún falta por explorar con más profundidad la pertinencia de mantener este marcador de identidad en un documento destinado a ser utilizado en lo trascendental y lo nimio de la vida.

Estos instrumentos son de gran interés para las entidades gubernamentales por permitir la realización de sus objetivos o la ejecución de acciones acordes con sus planes de desarrollo.

Durante su camino a la Presidencia, la dupla Petro-Márquez exacerbó las expectativas de gran parte de la población que se siente ajena a los beneficios económicos de la sociedad y la cobertura del Estado.

No hemos vuelto a la época de la penitencia pública, por cuanto, en verdad, nunca la hemos abandonado. Sin embargo, los ambientes virtuales demandan nuevas aproximaciones jurídicas.

Confiamos en que el salto al futuro sea integral y no aparente, que no demore 50 años para armonizarlo.

Siempre habrá quien, desde la administración de justicia o el litigio, ponga en tela de juicio la narrativa de quien interviene en el proceso sobre la base exclusiva del prejuicio.

Los ministros de Hacienda y Economía deben consultar a las asociaciones de capital, a las de trabajo y a los decanos de Economía.

Un derecho laboral que no se compagina con la realidad de su pueblo es un salto al vacío, es un saludo a la bandera y, peor aún, no es un derecho.

Cuánto desearía para mi país que un día pudiéramos llevar juntos las cenizas de estos dos hombres a un cementerio común –quizás imaginario–, y que allí sus hijos y familias pudieran acompañarse mutuamente.

Con buena suerte, este tipo de movimientos pueden constituir un impulso para desarrollos territoriales menos espectaculares, pero más elaborados.

Hay que volver a otorgar el incentivo económico en las acciones populares, pero focalizado en cuanto al beneficiario y su finalidad.

La pandemia demostró que las rigideces y los altos costos del teletrabajo lo han condenado mayoritariamente al desuso.

Siendo una acción pública, todas las personas pueden ejercerla, la persona privada de la libertad o terceros en su nombre sin necesidad de postulación o mandato alguno.

La ley es el activo más valioso de la sociedad democrática y su devaluación implica la pérdida relativa de la legitimidad de las instituciones y de la capacidad de los gobiernos para poder gobernar.

Actualmente, encontramos específicamente varias calidades de hijos desde el derecho pensional, sean consanguíneos, hijos de crianza e hijos aportados.

Todo Presidente que dependa de un Congreso formado por fragmentos de diferente calaña ideológica y ética carece de poder real y está condenado al fracaso.

¿Quién debe ser y qué cualidades académicas, jurídicas y políticas son necesarias para ocupar la primera magistratura del Estado?

No lo olvidemos: siempre es el momento oportuno para construir bondad y tejer historias de humana dignidad.

Noventa años parecen ser bastantes para la vida de una mujer, pero no lo son para cambiar totalmente la mirada que tiene una sociedad sobre su lugar y rol.

Las agencias de viajes en la prestación de sus servicios deben suministrar en forma completa la información sobre los servicios solicitados por los usuarios.

No es conducta apenas imprudente la de quien conoce perfectamente lo que hace y confía en que la dimensión moral de su conducta será negada a conveniencia.

Un nuevo contrato social, que incorpore los fundamentos de la convivencia, dignidad y solidaridad, es, por definición, una construcción colectiva.

No es el tiempo de hacer más complejos los procesos de empalme, ni de enredar con más normas lo que el sentido común debe regir.

Penalizar el aborto y dificultar su acceso no salva ninguna vida, sino que, por el contrario, dilata el procedimiento y pone vidas en riesgo.

Análisis de las propuestas en estas materias de los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez y Gustavo Petro.

Una de las conclusiones de la Misión es concluyente: el mercado laboral “obstaculiza el camino hacia una sociedad más prospera e incluyente”, lo que se refleja en una precarización de los trabajadores.

Mantener la audiencia de imputación es estar cada día más lejos del Iluminismo del siglo XVIII.

Hay que reformular la operatividad del Derecho, de tal manera que se adapte a esta nueva realidad virtual.

En general, una palabra compuesta conserva el acento del último componente y pierde el del primero. Por ejemplo, ‘decimosexto’ y ‘vigesimoséptimo’ pierden el acento, y de paso la tilde, de ‘décimo’ y ‘vigésimo’.

Las misiones de empleo en Colombia han sido programas que los gobiernos han puesto en marcha con el propósito de diseñar políticas y estrategias que permitan hacerle frente al deterioro del mercado laboral.

Dentro de los muchos retos de la violencia intrafamiliar, dos de los más apremiantes tienen que ver con la falta de datos y con las dificultades para caracterizarla.

Un libro canónico o una idea ‘paradigmática’ no siempre es la respuesta a un contexto que necesita una nueva arquitectura para que podamos volver a creer en un mundo específico.

Tratos humillantes mediante sobrenombres y/o apodos lesionan la dignidad del trabajador y el trabajo decente.

Este es un mecanismo cuyo propósito es la obtención por parte de la compañía de los perjuicios que le generó ese administrador que infringió el régimen general de administradores.

El enemigo no es el populismo, sino que la democracia y sus mitos son inherentemente populistas.

En los últimos tres años, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido, poco a poco, en un modelo de prestigio en el constitucionalismo regional y global.

“Cualquier’ tiene como opción ‘cualquiera’, pero no es que una sea masculina y otra femenina, sino que ‘cualquier’ se usa cuando va antes de sustantivo y ‘cualquiera’, cuando va después”.

Para quienes habitan contextos urbanos en grandes ciudades el acceder al agua potable no parece tener mayor dificultad, pero en las áreas rurales es todavía una cuestión pendiente.

No se trata de suprimir lo sustancialmente bondadoso, sino de reconstruir integralmente una estructura legal incluyente.

Los hitos legales y jurisprudenciales mencionados nos muestran un cambio en el panorama jurídico actual, que reconoce la desigualdad que ha sufrido la mujer.

Tal petición se hace sin competencia y desconoce que las autoridades electorales son los jurados de votación, las comisiones escrutadoras y el CNE, a quienes corresponde por ley identificar dicha verdad.

La Superintendencia de Industria y Comercial, y en especial la nueva Delegatura de Protección al Consumidor, tiene un importante reto jurídico en defensa del usuario electrónico.

Los conflictos y los problemas no van a desaparecer, pero podremos vivir más sanamente y más tranquilamente si sembramos las semillas del bien en nuestros pueblos y ciudades, logrando así sociedades más justas.

El señalamiento de un plazo dentro del cual la interrupción voluntaria del embarazo no constituye tipo penal no es una competencia de la Corte Constitucional.

Debemos seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades y en la eliminación de los prejuicios de género como vía para la construcción de una sociedad más justa.

Existen aspectos de la inequidad que aún no tienen respuesta en la legislación y que afectan gravemente la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo.

Todas estas propuestas tan controversiales nos están nublando la vista de usos más peligrosos para la dignidad humana, en los que resultan ser las mujeres las más afectadas.

Informarnos y poder saber qué es lo que comemos es un derecho fundamental y debe ser protegido.

La ‘judicialización’ de la vida social es un escenario para profundizar la vida democrática.

La dignidad no es algo abstracto: es una característica concreta de nuestros actos, especialmente de esos que queremos que sean ‘buenos’.

Estos preceptos constitucionales han posibilitado un extenso marco legal para el proceso de descentralización territorial.

En Holanda, Francia y Bélgica también se acoge la responsabilidad penal de las empresas. Sin embargo, en Latinoamérica poco se sabe del tema.

Se avecinan múltiples retos, el primero entender a profundidad este escenario de realidad “reinventada”.

Se requiere pensar en los efectos que ciertas decisiones generan frente a la confianza legítima de los ciudadanos.

La Sentencia SU-388 del 2021 de la Corte Constitucional ha generado diferentes reacciones según el ángulo desde el que se mira.

La evolución de esta pandemia y los esfuerzos denodados de la humanidad por contrarrestar sus mortales efectos implican que quien opte por no vacunarse asuma las consecuencias.

Los principios que acompañan el ejercicio del ‘ius puniendi’ fijan límites a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Una de las grandes cuestiones por resolver es si hay acción humana en el metaverso.

Por esos lazos con el pasado, en el derecho probatorio contemporáneo, la búsqueda de la verdad pervive como un valor jurídico fundamental.

Una vez más, el Derecho debe fungir como el instrumento que ha sido utilizado a lo largo de la historia para buscar soluciones a los problemas de la sociedad.

Mi cábala sobre el incremento es que nuevamente será unificado y estará por el orden del 7 %.

El regreso a clases presenciales es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de los menores y de otros derechos conexos como la salud, la alimentación, la vida digna, el desarrollo y la integridad personal.

La legislación colombiana permite acumular diferentes tiempos para alcanzar el requisito de semanas exigible, por regla general, al régimen de prima media (Colpensiones) y, de forma excepcional, para el RAIS cuando no se alcanza el capital requerido.

Las comunidades requieren soluciones prontas y que sean tomadas de manera eficiente, eficaz y con su activa participación.

Requerimos una revolución educativa. El reto es gigante, pero infinitamente motivante.

Ni las cajas de compensación integran la administración pública, ni los recursos que administran son presupuestales.

La difusión tecnológica sí ha golpeado la imagen global del régimen, el cual se esmera por presentar a la isla ante el mundo como un paraíso igualitario con un sistema de salud superior.

El ordenamiento jurídico colombiano encuentra una relación directamente proporcional entre el nacimiento de nuevos fenómenos económicos o supuestos de hecho que no habían sido contemplados con antelación y la necesidad de establecer reglas que ordenen dichas situaciones.

La invitación es a que se eliminen de las decisiones judiciales los nombres de las partes, por ser información irrelevante para el conocimiento colectivo.

Las firmas apuestan cada vez más por comunicar al mercado los casos de éxito destacando incluso el nombre de los clientes y los abogados que los asesoran. ¿Qué pros y contras tiene esta estrategia?

El contratista puede asumir la condición de funcionario público de manera ficticia mientras se comprometa a realizar funciones públicas propias del Estado.