La importancia del conocimiento de contrapartes: las problemáticas de la región andina

Lina Delgado

Directora del Área de Inteligencia de Negocios y Debida Diligencia para la Región Andina de Control Risks

Colombia y, en general, los países andinos han enfocado sus más recientes cambios regulatorios en materia de cumplimiento y de la prevención de delitos graves como el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en el fortalecimiento de los procesos de conocimiento de contrapartes. Estos cambios regulatorios han incluido un enfoque más fuerte sobre la necesidad de identificar beneficiarios finales y de indagar por temas, no solo financieros, sino también reputacionales, sociales, medioambientales y de gobierno corporativo.

Estos nuevos marcos regulatorios buscan mayor transparencia en los negocios, así como reducir el riesgo de delitos graves, tanto a nivel nacional como transnacional. Es importante tener en cuenta que estas medidas permiten que las empresas se protejan a sí mismas, pues los efectos negativos que se le pueden generar a una persona, ya sea natural o jurídica, por asociarse con sujetos controversiales son importantes y van desde el impacto operacional por sanciones hasta la pérdida de licencias y, en general, la imposibilidad para continuar con el curso normal de sus negocios, así como un impacto negativo para la reputación de la empresa, que también se puede traducir en riesgos operacionales y legales.

Retos

La región, y en especial Colombia, enfrenta retos importantes para poder implementar y cumplir con estas nuevas normativas, pues el acceso a información pública es limitado en ciertas regiones, existen brechas en la información legal y la información financiera no puede consultarse públicamente. Además, los equipos legales y de cumplimiento suelen no tener un conocimiento extenso de las particularidades de otros países en donde operan –o tienen interés– y esto aumenta el riesgo de pasar por alto una alerta sobre un proveedor o un cliente.

Estas limitantes dificultan la tarea de conocer exactamente quién está detrás de una empresa, de identificar si quienes están siendo señalados como beneficiarios finales tienen realmente un rol o funcionan como testaferros; de interpretación de hallazgos tales como la gravedad que tiene una investigación en la Fiscalía colombiana en comparación con la Fiscalía del Perú, o qué tanto sustento tienen reportes independientes en medios de comunicación en Venezuela.

Un elemento indispensable en el proceso de identificación de contrapartes es que los equipos encargados de hacer la debida diligencia logren identificar, verificar y analizar la información que obtienen en fuentes abiertas y registros públicos. Estos retos se explican mejor con dos ejemplos que nos ayudan a contextualizar la importancia del análisis concienzudo y profundo.

Un ejemplo

Venezuela es una jurisdicción con una imagen negativa, debido a los altos índices de corrupción y a la presencia de oficiales de gobierno en prácticamente todos los sectores económicos, pues en aquellos en donde no tiene participación directa, juega un rol esencial en el otorgamiento de licencias y permisos de operación. La información en este país está fragmentada, no existen bases de datos en línea y los reportes de medios de comunicación oficiales suelen mantener una visión sesgada hacia el Gobierno, mientras la mayoría de independientes tienen una inclinación hacia la oposición.

Por lo anterior, una contraparte en este país debe revisarse teniendo en cuenta todos los elementos que se pueden encontrar públicamente y procurar hacer consultas con personas de las industrias relevantes y que conozcan a los proveedores y clientes, con el fin de obtener un análisis más profundo y neutral sobre dicha contraparte. Desde Control Risks, hemos podido evidenciar que medios de comunicación independientes suelen publicar noticias uniendo una serie de hechos de diferentes años, los cuales son presentados como si correspondieran a un mismo evento y logran así concretar una relación con empresarios y políticos controversiales que, en definitiva, terminan acabando con un posible negocio.

La verificación de fechas, sujetos y lugares que medios de comunicación, portales y blogs en Venezuela reportan es esencial para poder presentar un análisis completo de un hecho o para poder confirmar una relación entre actores.

En el sonado caso de Álex Saab, hemos encontrado que varios negocios se han atado a él, aun cuando la fecha de estos podría ser, incluso, posterior a su detención. Por esta razón, resulta importante entender el contexto de la información pública y ubicarla dentro de una línea de tiempo que permita hacer conexiones más acertadas y llegar a conclusiones que faciliten, o no, aprobar un negocio, proveedor o cliente.

La situación local

El caso de Colombia no deja de ser preocupante, en la medida en que el acceso a la información pública está siendo limitado cada vez más, con fallas y restricciones en el proceso de consulta de bienes ante la Superintendencia de Notariado y Registro (Supernotariado), así como el de contratación pública en el Secop I y II. El acceso a estas plataformas se ha ido modificando para imposibilitar una búsqueda que antes solía ser sencilla y permitía identificar transparencia en licitaciones y, en general, en contratos públicos.

En el caso de las propiedades, el acceso a información en la Supernotariado es clave en el proceso de identificación de la situación de un inmueble que, para Colombia, es un tema relevante en la adquisición de terrenos y la prevención de procesos de restitución de tierras y extinción de dominio.

Otro reto en Colombia está en el proceso de identificación de un beneficiario final, pues las cámaras de comercio tienen requisitos específicos para sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas, y estas no están obligadas a reportar cambios en su propiedad. Igualmente, el país sigue manteniendo estructuras ocultas que manejan los negocios tras bambalinas, como es el caso de los testaferros.

En sectores como el de la minería, la energía, la construcción, las telecomunicaciones e, incluso, la agricultura, encontramos que estas figuras siguen vigentes y, por eso, el proceso de debida diligencia debe ser riguroso para identificar si realmente los ejecutivos y dueños de una empresa determinada tienen la trayectoria necesaria para tener un rol ejecutivo en un sector específico, así como para firmar contratos complejos, tanto en materia operativa como financiera.

Proceso esencial

El proceso de conocimiento de contrapartes resulta esencial para todo negocio y persona natural. No solamente debe aplicarse a transacciones complejas entre compañías, sino también en nuestro día a día para conocer qué personas están comprándonos un bien o alquilando una vivienda. Estos procesos ayudan a prevenir y reducir el riesgo de lavado de dinero y hacen que las operaciones comerciales, en general, tengan el mejor resultado posible. Aunque pueden ser procesos dispendiosos y largos, ayudan a mantener los negocios en pie y a darle prelación a una cultura de prevención y no de reacción, la cual puede tener implicaciones nefastas, no solo de pérdida de dinero, sino de posibles efectos legales que pueden terminar afectando profundamente a un negocio.

Finalmente, es importante que las compañías comprendan la importancia del conocimiento de contrapartes, que tengan políticas claras sobre este tema y que puedan socializarlo a nivel interno. Un pleno conocimiento de la importancia de los procesos de debida diligencia permite que áreas como la comercial, cuyo principal objetivo está en la obtención de negocios, pueda entender el impacto que tiene el cerrar un “mal negocio” o, incluso, no desestimar una oportunidad, porque “ese país tiene muchos problemas”.

Nuestra experiencia nos ha permitido identificar los dos errores más comunes que cometen las empresas. El primero es desestimar el impacto reputacional y, el segundo, es no entender el contexto de cada jurisdicción, pues, como mencionamos, los procesos legales, las formas corporativas y las relaciones políticas, entre otros, no deben interpretarse de la misma manera en todos los países, ya que un hallazgo que en Colombia puede considerarse como un factor decisivo para rechazar una oportunidad, cliente o proveedor, puede ser una oportunidad en otro país de la región.