La necesaria coherencia entre las reformas pensional y laboral

Oliver Pardo

Director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana

Alejandro Gómez

Miembro del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana

La reforma pensional presentada por el Gobierno Nacional, que actualmente se está debatiendo en el Congreso de la República, tiene entre sus principales objetivos establecer un sistema pensional sostenible financieramente, aumentar el número de cotizantes, ampliar la cobertura pensional y brindar garantías de ingresos mínimos básicos para aquellos que no alcanzan a acumular las semanas suficientes para obtener una pensión de vejez. Sin embargo, es fundamental que esta reforma pensional esté respaldada por un sistema coherente de políticas públicas, especialmente en el ámbito laboral, para lograr sus objetivos.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la reforma laboral radicada por el Ejecutivo en la legislatura pasada no pasó a discusión legislativa, es necesario analizar qué aspectos debería contemplar una nueva reforma laboral para contribuir al éxito de la reforma pensional.

En este sentido, es crucial plantear una serie de preguntas que nos ayuden a dirigir nuestros esfuerzos hacia la necesaria coherencia entre la reforma pensional en curso y la posible reforma laboral en la próxima legislatura y demás políticas que se lleguen a implementar. Proponemos los siguientes interrogantes: ¿quiénes no cotizan al sistema de seguridad social en pensiones en Colombia?, ¿por qué no lo hacen? y ¿qué se debe hacer al respecto?

Los no cotizantes

En respuesta a la primera pregunta, es importante destacar que los principales grupos poblacionales excluidos del sistema de pensiones son aquellos que trabajan en la ruralidad, donde la informalidad supera el 80 % o más; las mujeres, quienes, debido a la necesidad de adaptarse a sus roles de cuidado, suelen acceder a trabajos parciales, informales, mal remunerados y en condiciones precarias.

Otros grupos excluidos incluyen a los trabajadores de plataformas digitales, la población migrante, la comunidad LGTBIQ+, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales y los vendedores ambulantes, quienes mayormente se encuentran en la economía informal o en formas atípicas de trabajo no reguladas por el contrato de trabajo tradicional.

Alrededor del 60 % de los trabajadores colombianos son informales, lo que significa que no contribuyen al sistema de pensiones. Las razones de esta exclusión no han sido suficientemente estudiadas y requieren una investigación más profunda. Sin embargo, es importante señalar que cualquier reforma laboral debe tener como objetivo principal eliminar las barreras que impiden que este 60 % de trabajadores puedan cotizar. La reforma laboral actual del Gobierno, al aumentar los costos de la contratación formal, va en contra de los principios de la reforma pensional, que requiere una cotización más frecuente y un mayor volumen de empleo formal para que más personas puedan disfrutar de una pensión adecuada en el futuro.

Algunas causas

Existen evidencias significativas que demuestran que los altos costos asociados a las cotizaciones son un factor determinante que dificulta la realización de cotizaciones en zonas rurales, donde el trabajo se realiza por días, periodos o ciclos estacionales y en donde los ingresos se reciben una vez se vende la cosecha o el producto. Estos costos, combinados con los laborales y fiscales, se convierten en una carga difícilmente asumible para los microempresarios, quienes, vale la pena destacar, son los principales empleadores en Colombia.

La rigidez de no permitir la cotización por debajo de un salario mínimo lleva a la exclusión de una considerable proporción de trabajadores cuyos ingresos están por debajo de ese umbral. Aunque existe la opción de cotizar por semanas, esta normativa presenta restricciones significativas e injusticias. Por ejemplo, se excluye a personas que son beneficiarias del sistema de salud, quienes prefieren no ingresar al régimen pensional para no perder sus beneficios en salud. Incluso, se puede presentar el escenario en el que una persona trabaje una semana, pero con ingresos equivalentes a un 75 % de un salario mínimo y solo deba pagar por una semana de cotización.

Otras posibles causas identificadas incluyen la ausencia del Estado en los territorios, lo que genera dificultades al momento de realizar una afiliación o una cotización, trámites engorrosos y esquemas que no se adecúan a las realidades y dinámicas del trabajo, dispersión normativa y el desconocimiento de la regulación laboral y pensional, tanto de los trabajadores como de los empleadores.

En relación con la propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional, consideramos que su enfoque se centró en una serie de derechos que únicamente pueden beneficiar a aquellos que tienen un contrato de trabajo; aunque estos derechos son importantes, no abordaron los aspectos más urgentes y necesarios.

¿Qué hacer?

Entre los aspectos más prioritarios, creemos que es fundamental reconocer el derecho de todos los trabajadores a tener alternativas de seguridad social en pensiones, independientemente de si están vinculados a un contrato de trabajo típico. Se debe reconocer y regular las diferentes modalidades de trabajo, evitando limitarlas a las mismas condiciones que se establecen en un contrato laboral convencional y normas que permitan cotizar por valores inferiores a un salario mínimo, de acuerdo con el ingreso de cada persona.

Así mismo, es importante implementar normas que alivien las cargas administrativas de las micro y pequeñas empresas, como la posibilidad de mensualizar, mediante acuerdo, el pago de las prestaciones sociales. Esto permitiría una mayor flexibilidad y adaptabilidad a las condiciones particulares de estas empresas, facilitando su cumplimiento y evitando cargas excesivas que puedan obstaculizar su crecimiento y desarrollo.

Por otro lado, es necesario implementar políticas efectivas de emparejamiento entre los trabajos demandados por los empleadores y el trabajo ofrecido por los trabajadores. Para lograrlo, se deben fortalecer y establecer plataformas de empleo y sistemas de información en línea, brindar asesoramiento y orientación laboral, mejorar la educación y la formación alineándolas con las necesidades del mercado laboral e implementar incentivos para la contratación en sectores estratégicos. Sumado a ello, se debe realizar un seguimiento de las tendencias del empleo y recopilación de datos actualizados sobre la oferta y la demanda laboral para informar a los encargados de las políticas públicas. Estas medidas mejorarían la conexión entre los trabajos demandados y ofrecidos, aumentando el empleo y brindando más oportunidades para participar en el sistema de pensiones.

También, es indispensable mejorar los programas para los trabajadores cesantes y expandirlos para todo aquel que realice una actividad de trabajo sin limitarse a los que tienen un contrato de trabajo. Por ello, buscando una transición eficiente en esa etapa, es importante fortalecer y diseñar programas de recolocación laboral, capacitación laboral alineadas a las necesidades del mercado laboral, apoyo financiero razonable, así como la realización de evaluaciones periódicas de los mecanismos de transición existentes y recopilación de retroalimentación para identificar áreas de mejora que permitan realizar los ajustes necesarios en los programas y servicios disponibles.

Todo ello puede contribuir en oportunidades a los trabajadores cesantes para que enfrenten de manera más efectiva su situación de desempleo y lograr una reintegración exitosa al mercado laboral, disminuyendo la discontinuidad en las historias laborales que afectan la densidad de cotización e impiden alcanzar el derecho a la pensión.

Finalmente, se hacen necesarios programas para empoderar a los ciudadanos en la toma de decisiones financieras informadas, promover la participación en el sistema de seguridad social y generar una mayor conciencia sobre la importancia de garantizar un ingreso estable durante la etapa de retiro.