Ya no están en campaña. ¡Ayuden a las mayorías!

Luis Felipe Gómez Ávila

Especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales

Magíster en Derecho Empresarial Universitat Autónoma de Barcelona

@Luisfegoa; felipe@gomez-asociados.co

El pasado 21 de octubre, tuve la fortuna de asistir al foro Perspectivas y desafíos de la reforma al sistema laboral: ¿más de lo mismo o un cambio estructural?, organizado por la Universidad de los Andes, el cual contó con unos panelistas excepcionales, a saber: el presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis; el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional Hernán Correa Cardozo; el viceministro del Trabajo, Edwin Palma; la directora del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes, Natalia Ramírez; el profesor de la Universidad de los Andes Nicolas Rico, y el profesor de derecho laboral de la Universidad Externado de Colombia Jorge Manrique Villanueva, entre otros expositores. Además, también participó el representante a la cámara Agmeth Escaf.

Si bien fue un encuentro lleno de conocimiento y grandes reflexiones, donde confluyeron la academia, el Estado y el poder judicial, quiero llamar la atención en algo que considero de vital importancia para nuestro país: La desconexión del Gobierno con la realidad colombiana.

El congresista Escaf, uno de los primeros en tomar la palabra, en su intervención nos mencionó la importancia de ampliar a 10 años la prescripción contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), reducir el termino de las demandas laborales al de una acción de tutela (10 días) y acabar con el contrato de prestación de servicios. Desafortunadamente, después de su intervención, abandonó el recinto, eso sí, antes los dos fotógrafos que lo acompañaban le hicieron una gran sesión de fotos y videos. Lamento profundamente que se haya retirado, pues liderando una comisión tan importante como la Séptima, debió escuchar a estos panelistas, quienes sí dominan estos aspectos tan vitales para el trabajo y el trabajador. Por ejemplo, una de las principales o, dígase de una vez, la principal conclusión a la que se llegó fue la de que el Gobierno debe buscar disminuir la gigantesca informalidad que se vive hoy en nuestro país, y no hay duda de que no es acabando el contrato de prestación de servicios, el cual ni siquiera es del derecho laboral ni tampoco encareciendo o robusteciendo el empleo actual formal, es decir, no es haciendo lo que la Ministra del Trabajo y los políticos de la coalición como el representante Escaf proponen. 

En Colombia, según cifras de Confecámaras, el 99,5 % de las empresas son Mipymes, de las cuales el 91,9 % son micro, el 6 % pequeñas y el 1,6 % medianas, esto nos permite ver que únicamente el 0,5 % son grandes empresas. Además, tenemos una tasa de desempleo del 11 % y una informalidad del 60 %, es decir, el personal que tiene un empleo formal es apenas del 29 % y, en algunos sectores, como el agro, la informalidad llega al 90 %. Con estas cifras, ¿a quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría? Ahora, no se trata entonces de desatender a los colombianos con un trabajo formal, pero, sin duda, ellos no pueden ser la prioridad. La ministra debe darse cuenta de que ya no es la líder sindical que solía ser, ya no está peleando por los trabajadores formales de un sindicato, ahora es la voz de millones que no tienen un empleo formal, cientos de miles de personas excluidas de la actividad sindical que ella tanto defendió, compatriotas abandonados y olvidados que no tienen voz en un mundo donde, a pesar de ser la mayoría, resultan invisibles.

Como lo manifesté en mi columna del mes de septiembre, esto solo se logra entendiendo que en nuestro país las empresas son de 1 a 10 personas, el mercado formal lo brindan estos pequeños empresarios, no podemos venderle a la gente que estamos dominados por millonarios de grandes multinacionales que nos explotan, no, esa no es la realidad colombiana. Hoy, a una microempresa le resultan terriblemente fuertes los costos laborales y estos le impactan directamente en su utilidad, no puede pretender el Estado exigirle a este microempleador que arriesgue su capital solo para pagar nómina, debemos ser consecuentes con la verdad de nuestro país y buscar cómo flexibilizar el mercado, para que, como lo señala el artículo 1º del CST, logremos “la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”.

En este foro tuve la oportunidad de conversar con el viceministro, a quien le manifesté mi preocupación con las declaraciones del Gobierno y cómo las ideas planteadas serían un muro de hierro contra la generación de empleo, además, y como siempre, me puse al servicio de ellos si así lo requieren. Este país es de todos y todos deberíamos remar para el mismo lado, ya no están en campaña, si bien las decisiones que realmente le ayudan Colombia no son para nada populares, sí resultan necesarias. Yo plantee tres, pero que sean los expertos y los que quieren participar constructivamente quienes nos digan si hay más y, seguramente, mejores ideas, una que se expuso en el foro fue la de darle mayor poder, alcance y funcionarios a las inspecciones del trabajo, para que, ahora sí redunden en garantías laborales, posición a la cual me adhiero por completo, ya que hoy las inspecciones del trabajo son un saludo a la bandera en cuanto la mitigación de las indebidas prácticas laborales y un esfuerzo pírrico en su prevención.

El trabajo es el motor de una sociedad próspera y uno de los mecanismos más fuertes para disminuir las brechas sociales que tanto daño nos hacen, reforcémoslo, cuidémoslo y propiciémoslo.