La estratificación socioeconómica, otra gran reforma en el tintero

Jorge Armando Rodríguez Alarcón

Profesor de la Escuela de Economía

Universidad Nacional de Colombia

Aunque no suele incluirse entre las reformas económicas de gran calado que promoverá la administración del presidente Petro –al lado de la laboral, la pensional y la de salud–, la anunciada reforma a la estratificación socioeconómica merecería figurar en esa lista. Sus repercusiones inmediatas se harían sentir en el otorgamiento de subsidios a los usuarios de los servicios públicos domiciliarios, pero los objetivos declarados de la reforma van más allá de los puramente fiscales. “Se acaban los estratos sociales”, ha dicho el presidente, haciendo alusión a un efecto perverso que se le atribuye a la estratificación: el ahondamiento de las diferencias de clase con base en criterios espaciales, en particular el lugar de residencia y las características de los predios y las viviendas.

En aras de asegurar el acceso de todos los habitantes al acueducto, al alcantarillado, a la energía eléctrica y a otros servicios públicos domiciliarios, la Constitución autoriza a los niveles de Gobierno Nacional, departamental y local a “conceder subsidios (…) para que las personas de menos ingresos puedan pagar las tarifas”. Hasta ahí, todo luce bien, pero el nivel de ingresos, que aquí hace las veces de indicador de la capacidad de pago, necesita ser identificado, una tarea nada fácil. Ante la carencia en ese entonces de información sobre los ingresos de los hogares, la Ley 142 de 1994 optó por ordenar la clasificación de los inmuebles residenciales en los seis estratos que se utilizan hoy en día como sustituto, adjudicando esta responsabilidad a los municipios y distritos. Hubo que hacer de la necesidad virtud.

En la actualidad, se dispone de un buen número de estudios que evidencian las deficiencias de la estratificación socioeconómica como herramienta para determinar los contribuyentes y beneficiarios de los subsidios, al tiempo que proponen medidas para corregirlas. Entre otras cosas, en ellos se muestra que, si bien ha contribuido a la ampliación de la cobertura de los servicios, la estratificación lleva a que personas ricas –o por lo menos no pobres– que viven en los estratos “bajos” reciban subsidios, obviamente sin necesitarlos; en alguna medida, lleva también a que personas pobres que viven en los estratos “altos” no los reciban, necesitándolos. Estos son los llamados errores de inclusión y de exclusión en la focalización del gasto público –un pedazo de mundo al revés en los subsidios cruzados–, cuyo origen se encuentra en el hecho de que el lugar de residencia y las características de los predios y las viviendas no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de los hogares, medida por sus ingresos. 

Para complicar las cosas, “los estratos generan estereotipos” y las personas de menores recursos son las principales víctimas de estos, de acuerdo con un estudio de Francesco Bogliacino y sus coautores sobre el caso de Bogotá. Al menos por esta vía, la clasificación espacial establecida por la legislación alimentaría cierta segregación entre la “gente de bien” de los estratos 5 y 6 –como a veces se le describe– y los demás. Para otros autores, la estratificación en cuestión contribuiría a legitimar y fomentar una interacción social más bien escasa entre los estratos de arriba y de abajo, limitada en las grandes ciudades, sobre todo, a los servicios de vigilancia y de trabajo doméstico que prestan los segundos a los primeros, con mayor razón dado el bajo desarrollo del transporte público masivo.

Según un reportaje de la BBC, “Colombia es el único país del mundo en clasificar a la sociedad a través de un criterio espacial”. La solidaridad fiscal en la provisión de servicios públicos domiciliarios era y sigue siendo una buena idea, pero, paradójicamente, la forma como se ha implementado –en particular, la estratificación ordenada por la Ley 142 de 1994– puede haber contribuido a profundizar el clasismo, como se observa en el reportaje.

¿Qué hacer? Lo ideal sería “identificar los ingresos de todos los hogares”, tanto de los subsidiables como de los no subsidiables, como señala el informe del 2021 de la Mesa de Expertos sobre el tema convocada por el Dane. Sin embargo, a pesar de los avances en la tecnología y, en general, en la capacidad de producción estadística del país, todavía no parece factible llegar a aquel punto. Por eso, el informe propone una solución de compromiso: mantener la metodología de estratificación de las viviendas fijada por la Ley 142, pero introduciéndole elementos que reflejen “las condiciones socioeconómicas de los hogares”. Así, el acercamiento al ideal sería gradual.

Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes –si es que no se malogra– por la carencia de buena información para implementarla. Eso sí, conviene examinar con atención los detalles de las propuestas de reforma.