No se desconoce que el asunto comporta derechos pensionales de personas de la tercera edad, pero no es dable obviar las normas procesales, puesto que son de orden público y de obligatorio cumplimiento.
Señalan los parámetros para que las EPS autoricen el servicio de transporte al paciente y su acompañante dentro del municipio de residencia.
La doble tributación vulnera el principio de reserva de legalidad tributaria y configura incumplimiento contractual, dada la indebida interpretación del clausulado del negocio jurídico celebrado.
Normas en materia sucesoral son de orden público y, en ese sentido, los accionistas de las SAS deben respetar límites.
Corte señaló que el derecho a la vivienda digna requiere de políticas públicas sólidas que permitan la ampliación de su cobertura.
Los permisos de vertimiento otorgados dentro del santuario deben ser evaluados por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.
La estabilidad laboral reforzada por motivos de salud no implica permanecer indefinidamente en un cargo al que tiene derecho quien superó un concurso de méritos.
Los usuarios fueron sometidos a largos tiempos de espera en líneas telefónicas y no lograban respuestas.
Cualquier modificación a los convenios colectivos que implique una disminución en los derechos debe ser fruto de la negociación libre y voluntaria entre las partes.
Aunque la información sobre procesos judiciales es pública, no puede negarse el suministro de la misma bajo el argumento de que es de libre consulta por parte de los usuarios.
El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.
No se ejercieron funciones propias del CNSSS o que le hubiesen sido delegadas.
Es preciso que se acredite la falta de diligencia del servidor y que con la mora se produzca un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela: Corte Suprema.
No se encontró que las normas demandadas violaran el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo y al debido proceso de cara al sistema de medición adoptado.
En virtud del principio de la non reformatio in pejus, el Consejo de Estado no podía agravar la situación de la parte actora en su condición de apelante único en el caso.
El proveedor no puede negarse, guardar silencio, condicionar la devolución o presionar para aceptar un bien diferente.
Fondos de pensiones no pueden pedir requisitos adicionales para una sustitución pensional.
Se conminó a una funcionaria judicial para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones que vulneren los derechos de acceso a la carrera administrativa.
Las personas a quienes se les causó la pensión a partir del 25 de julio del 2005 ya no tendrían derecho al reconocimiento de la mesada catorce, salvo dos excepciones.
Explican el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el secuestre permitió la sustracción, destrucción o menoscabo de los bienes objeto de medida cautelar.
Pensionados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos reducirían su aporte del 12 % a 4 %.
Que a las víctimas no se les tenga en cuenta dentro del proceso disciplinario genera una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia.
El Ministerio Público apoyó una demanda contra el requisito para las mujeres para acceder a la pensión de vejez con la misma cantidad de semanas que se exigen para los hombres.
La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.
En el cohecho propio solo se requiere que el servidor público acceda a la propuesta ilegal que se le formula aceptando contravenir sus funciones oficiales.
El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas y pagarle más de $ 1.000 millones a sus familias.
Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.
La voluntad de separarse del servicio debe ser libre, espontánea, inequívoca y constar por escrito.
La apuesta del Gobierno para reducir el hacinamiento carcelario indicaría la descriminalización de algunas conductas.
Entre los temas de análisis se destacan la equidad salarial entre hombres y mujeres y la estabilidad laboral.
Los funcionarios tendrían que elaborar, junto con el formato tradicional de sentencia, uno con lenguaje no técnico, directo, cercano, sencillo y claro que tendrá igual valor y efectos.
Siendo la legitimación en la causa un elemento material de la pretensión cuya presencia es indispensable para proferir sentencia favorable, es deber del fallador constatar su acreditación en el proceso.
Explican la inexigibilidad del cumplimiento de formalidades que no sean estrictamente necesarias en procesos judiciales a partir del estado de emergencia social, económica y ecológica.
Los horarios de atención de las defensorías y comisarías de familia son permanentes y continuos.
Son considerados como servidores públicos, por hacer parte de las juntas administradoras locales.
Desde este 23 de agosto, se traslada este trámite a los medios digitales.
Términos y condiciones de una oferta que permitía compartir datos generaron falsas expectativas en los usuarios.
Por cuanto el servicio del Estado fue trasgredido de manera consciente y voluntaria, y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica.
El régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación
Falencias en la ejecución del censo dieron lugar a una disminución en la identificación de la población negra en el país y constituyen un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado.
Solo lo son las decisiones definitivas de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o los actos de trámite que hacen imposible su continuación.
El cargo fijo garantiza la disponibilidad permanente del servicio, por lo que incluye todos los gastos administrativos.
Aún no se posesiona la ministra de las TIC y falta por nombrar varios directores de departamentos administrativos y superintendentes, entre otros.
El juez, las partes o los intervinientes deben disponer de las tecnologías idóneas cuando el juicio se realice de forma virtual.
Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta decisión se toma ya que en Colombia existe un marco jurídico que permite la práctica del aborto de manera legal y segura.
Precisan sobre el fuero de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera.
Con la disposición se modifican los artículos 13 y 14 de la Resolución 1545/19.
Si el empleado se vincula cuando se realiza el incremento, el pago se realiza con este y no hay lugar a retroactivo.
Se levantó la reserva de un concepto sobre la excepción a la prohibición temporal para la contratación pública.
Llega a la Corte una demanda contra la interpretación de requisitos que limiten el objeto, contenido y finalidad de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.
La posibilidad de ordenarle al Presidente de la República que contemple declarar el estado de conmoción interior es un asunto que escapa a la acción de tutela.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no puede intervenir en la forma de ejecutar dichas acciones.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo alertó insuficiencia en los recursos destinados para la atención a víctimas del conflicto armado.
Corte protegió derechos fundamentales de ciudadano de 74 años que fue suspendido del programa Colombia Mayor.
Se declaró probada la excepción de falta de jurisdicción por inmunidad del IICA frente a la justicia nacional.
El Consejo de Estado precisa los requisitos que exige la ley para que las entidades territoriales puedan hacer uso de dichas vigencias.
Entes territoriales no pueden establecer requisitos adicionales para la conexión de los servicios públicos domiciliarios.
Ya son siete las oficinas de registro de instrumentos públicos en donde los usuarios podrán programar virtualmente sus citas para ser atendidos de forma presencial.
La administración puede otorgar permiso académico compensado de hasta dos horas diarias o 40 horas mensuales.
Sin duda alguna, una de las propuestas más importantes de la semana fue la solicitud del Ministerio de Hacienda para que den trámite de urgencia a su iniciativa de reforma tributaria.
Corte Constitucional se pronuncia sobre el proceso administrativo y reglas jurisprudenciales para la revocatoria unilateral de pensiones reconocidas irregularmente.
Se deberá realizar consulta previa en los casos en que la creación del municipio afecte directamente a comunidades indígenas asentadas en el territorio del nuevo municipio.
Se ordenó al juez examinar nuevamente el expediente y valorar si la orden dictada es posible de cumplir o no.
Tan solo en la última semana fueron radicados 24 iniciativas.
La sustitución pensional no es un derecho nuevo, sino derivado de aquel que ya se encontraba causado, es un elemento arraigado al derecho principal.
El artículo 476 del Estatuto Tributario al excluir de IVA la actividad de transporte portuario y aeroportuario también incluye la actividad de depósito o almacenaje de mercancías.
Por lo tanto, la demostración de la vulneración del interés colectivo a la moralidad administrativa implica desvirtuar tales presunciones.
Se debe realizar un ejercicio de ponderación y así determinar la trascendencia de la afectación, que se vea representada en la posibilidad real de haberse tomado una decisión diferente si la publicación incumplida hubiese sido observada.
Para que procedieran las pretensiones se debía interponer recurso de reposición contra el auto en el que autorizó un plan de pagos en un proceso liquidatorio.
La Corte Constitucional constata grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos.
La EPS deberá asumir la obligación de pago de las incapacidades superiores a 540 días debidamente otorgadas por el médico tratante.
Certificación sobre la destinación de los bienes excluidos de IVA en el artículo 424-5 del Estatuto Tributario puede expedirse después de la venta.
Consiste en una forma de proveer un empleo con funciones afines al que se desempeña y de la misma categoría.
La norma no dispone requisitos adicionales tales como un nivel especifico o un grado salarial determinado.
El empleador terminó el contrato de trabajo conociendo el estado de salud de la ciudadana.
La función de control de garantías comporta naturaleza permanente, lo que hace que se privilegien las necesidades del servicio y por ello todos los días y horas son hábiles para quienes la ejercen.
La iniciativa busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos de la población campesina.
Acueducto y alcaldía deben garantizar condiciones mínimas de habitabilidad y observar sus deberes en materia de prestación correcta y eficiente del servicio público de alcantarillado.
No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.
Gobierno Nacional no excedió su competencia reglamentaria al establecer requisitos para la inscripción de candidatos por la Circunscripción Especial de las Comunidades Negras a la Comisión Consultiva de Alto Nivel.
Explican la importancia de la motivación de las sentencias para la protección de los derechos en procesos de restitución de tierras.
La tasación de la sanción por no informar partía de la base de los ingresos netos solo cuando la información no tenía cuantía, o no era posible establecerla.
El recaudo lo hace la Administración y no corresponde a un ingreso ni a un gasto en la contabilidad del conjunto.
Así mismo, es deseable que las partes elaboren un acta de entrega en la cual se consignen los asuntos pendientes.
Una nueva política carcelaria, las relaciones con las altas cortes y avanzar con una reforma a la Rama Judicial fueron las principales tareas encomendadas.
La situación está prevista como una de las excepciones para poder percibir dos asignaciones del erario.
Consejo de Estado analiza el caso de un accionante que consideró que vulneraron sus derechos fundamentales al no iniciar un concurso de méritos.
Entender el reto que imponía el mercado fue lo que permitió que, en enero del 2015, surgiera JR&A con criterios de servicio definidos.
Códigos, contraseñas o datos biométricos permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos.
No se puede otorgar un privilegio sobre un elemento de uso general alegando la existencia de derechos de exclusividad.
Con esta herramienta las entidades públicas y sus oficinas asesoras podrán identificar los riesgos jurídicos de los proyectos de acto reglamentario que les corresponda expedir.
No es procedente que un empleado público se beneficie de la nómina pensional recibiendo dos asignaciones.
El trabajador no puede por su voluntad desprenderse o abandonar, en detrimento suyo, un beneficio consagrado en las normas laborales.
Acusan norma sobre pérdida del auxilio cuando termina el contrato del trabajo por delito cometidos contra el empleador o parientes dentro de ciertos grados de parentesco.
El deber de expedir el acto administrativo que ordene, rechace o niegue tales solicitudes está condicionado al hecho de que el administrado agote los procedimientos establecidos para el efecto.
La Corte Constitucional estableció lineamientos operativos para la protección de datos personales en las providencias publicadas en su página web.
Si se pretende por medio de la tutela la protección de un derecho fundamental, esta debe ser invocada por quienes allí participaron como partes.
La nueva funcionaria fue mano derecha del presidente Petro durante su paso por la alcaldía de Bogotá y ayudó en el proceso de empalme.
Esto teniendo en cuenta la Resolución 312/20, que autoriza a los procuradores judiciales adelantar las audiencias de conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo bajo la modalidad no presencial.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió un informe en el que pone de manifiesto amplias diferencias a escala regional.
Precisan los fines y elementos del derecho fundamental a la seguridad social, reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes en favor de los niños, las niñas y los adolescentes.
Versan sobre gastos de funcionamiento y, en este caso, la autoridad competente estaría incurriendo en una prohibición legal.
La ley no ha establecido el pacto arbitral en los contratos de adhesión y el Gobierno nacional no podía adoptar esta regulación.
A título de reparación no pecuniaria de los derechos al buen nombre la Policía debe rectificar la información relativa a las conductas delictivas que le fueron imputadas tanto al ciudadano como a los establecimientos comerciales.
El debido proceso sancionatorio es vulnerado cuando el fallador no expresa con claridad y precisión los factores que tuvo en cuenta para fijar la pena.
Las IES podrán establecer incentivos monetarios o financieros, dirigidos a docentes, investigadores y estudiantes para estimular su participación en actividades que conduzcan a la creación de empresas de base tecnológica tipo Spin Off.
El éxito de las pretensiones de simulación no puede depender de la prueba de un móvil específico para simular.
La expropiación por vía administrativa está sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso para controvertir el precio indemnizatorio.
Sin duda alguna, uno de los proyectos más importantes que ya se encuentran en curso, es el radicado por el Ministerio de Hacienda con la reforma tributaria, con el cual se espera un recaudo de $ 25,9 billones.
Corte advierte que las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas del magisterio deberán ser tramitadas por la entidad territorial de educación a que corresponda.
En los eventos de destrucción de inventarios, la base gravable del impuesto debe ser ajustada con la correspondiente aminoración, por cuanto dicha destrucción impidió que se realizara el hecho generador.
Se analiza la caducidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y un error jurisdiccional.
Para incentivos tributarios a la inversión en proyectos de FNCE bastará con certificación de la UPME, sin que se requiera aval de la ANLA.
Sobre la pensión que se reconoce y paga a través de la UGPP se debe efectuar el descuento del 12,5 % con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Dichas funciones, que deben ser realizadas por fuera de la jornada laboral, no deben implicar doble asignación del erario.
Así lo plantean dos proyectos de ley radicados ante el Senado afines con las declaraciones de Mintrabajo.
Requisitos de procedencia de la acción de reparación directa y la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Corresponde a quien pretende favorecerse de ellas probar que con su conducta no influyó en la ocurrencia del hecho que da lugar a la responsabilidad.
Si el pago se produjo en vigencia de la Ley 678 del 2001, no puede sobrepasar el término de caducidad de dos años.
Pérdida de utilidad implica un detrimento patrimonial susceptible de generar responsabilidad fiscal.
A la UGPP le corresponde pensionar a los afiliados que hayan cumplido requisitos pensionales antes del 12 de julio del 2009.
La consecuencia para la Administración es el no pago de salarios y prestaciones sociales durante el término de la licencia.
En materia de acueducto son los costos por conectar el inmueble al sistema o red de distribución existente.
Si al cabo de dos días la notificación personal no ha podido ser realizada se notificará por edicto, que durará fijado por tres días.
El punto de partida para estudiar la presentación oportuna de la demanda lo constituye el momento de conocimiento del valor negativo de las acciones que tenían los accionistas en la EPS intervenida.
Salvamento de voto indica que debió condenarse al Estado, pues la ley privilegia la protección de la vida e integridad personal de los peatones u ocupantes de las vías.
Corte Constitucional explica el alcance del Acto Legislativo 01 de 2005 en relación con regímenes exceptuados y especiales del Sistema de Seguridad Social.
Dentro de las iniciativas se destacan temas para beneficio del sector rural, protección a la mujer y garantías a los animales. Descárguelos.
La consecuencia para la Administración es el no pago de salarios y prestaciones sociales durante el término de la licencia.
Corte Constitucional admite demanda contra los artículos de la Ley 2200 de 2022, normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los departamentos.
Sancionan a abogado que presentó recurso, pero no lo sustento, ocasionando que fuera declarado desierto.
El beneficio aplicará para los propietarios que registraron un buen comportamiento vial por no reportar siniestros y renovaron la póliza de manera oportuna durante el 2020 y 2021.
La ministra Gloria Inés Ramírez considera que es una corrección necesaria, un principio de justicia laboral.
Si un usuario está inconforme con las sumas registradas en su factura, debe interponer la reclamación correspondiente.
Se desconocieron los derechos a la participación democrática y al debido proceso de los jóvenes accionantes al proporcionarles un solo puesto de votación.
Así lo determinó la Corte Constitucional al revocar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en donde desconocía su precedente, sin justificar las razones por las cuales se apartaba.
Salvo pacto en contrario, entrega anticipada de lo que se promete en venta concede a quien recibe la mera tenencia de la cosa.
No es posible afirmar que la información consignada en relación con el domicilio de quien tiene la obligación de declarar necesariamente obedezca al lugar en que habita, pues el RUT tiene fines exclusivamente fiscales.
A la Relatoría de la Corte Constitucional no le corresponde responder derechos de petición de consulta.
El juez define si debe contabilizarse la caducidad desde el momento de la ocurrencia del daño o desde cuando el interesado tuvo conocimiento de este.
Temas como el narcotráfico, la desigualdad y las reformas entre los aspectos más importantes del discurso de posesión.
Seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y no podemos seguir en el país de la muerte, tenemos que construir el país de la vida, afirmó el presidente en su discurso.
El usuario podrá presentar queja formal, debidamente documentada, ante la Junta Central de Contadores.
Alcance de los requisitos para la acreditación de la judicatura frente a los derechos a la educación y a la libre escogencia de profesión u oficio.
La CNDJ analizó si el régimen de abogados compagina en similitud fáctica y procesal con el precedente que dejó la sentencia del caso Petro Urrego Vs. Colombia.
El abogado externadista tiene Doctorado de Derecho de la Universidad de Salamanca.
La falta a la debida diligencia profesional no solo se configura frente a los intereses de quien se representa.
Se tutela el derecho de acceso a la administración de justicia del accionante al afirmarse el carácter facultativo del llamamiento en garantía y la posibilidad que tienen las partes de presentar una demanda ordinaria con la misma finalidad.
Con fundamento en el principio de autonomía universitaria se pueden contabilizar votos no presenciales siempre y cuando no se vea afectado el proceso electoral y su resultado final.
La Contraloría General de la República fija su posición respecto a la figura de AIU en contratación estatal.
Mininterior, en coordinación con el DNP y el DAFP, deberá anualmente presentar un plan de acción para la política.
De la lista total de aspirantes solo se entrevistaron 13 candidatos, pues no asistieron 2, renunciaron 3 y uno no cumplía con los requisitos.
Para los demandantes, la norma acusada desconoce el principio de unidad de materia.
Le corresponderá a la consejera Rocío Araujo volver a presentar la ponencia del caso.
La fase de implementación se ejecutará en octubre del 2022, mientras que la de seguimiento y evaluación en 2023.
Por medio de un concepto, el Ministerio Público precisó que los particulares que contribuyan a ocasionar un daño al patrimonio público pueden ser declarados fiscalmente responsables.
No está legitimado para presentar la demanda de casación contra una sentencia.
Mal podrían las cámaras de comercio acceder a la matrícula, pues ello iría en contra de la normativa.
El empleo de gerente de ESE constituye un cargo de confianza, lo que significa que se puede catalogar como de libre nombramiento y remoción.
Se generó una vulneración del derecho a la libertad al permanecer el accionante en detención preventiva intramural a pesar de tener boleta de encarcelamiento para la domiciliaria.
Se genera responsabilidad extracontractual del Estado por daños causados por ataques a elementos representativos del Estado, como riesgo excepcional.
El objetivo es la actualización/ampliación de las plantas de empleo y garantizar el trabajo digno y decente.
Reconoció que hubo un error en la referencia normativa dispuesta en el artículo 43 de la Ley 2195 de 2022 cuya disposición procuró ampliar el término que se tiene para presentar la demanda de repetición.
Los recursos que se recauden por concepto de estas transferencias se destinarán en un 60% en partes iguales a las comunidades étnicas beneficiarias.
Uso del hidrógeno destinado a la prestación del servicio de energía eléctrica y descarbonización de sectores como transporte, gas, hidrocarburos, minería e industria.
El juez nacional tiene el deber de verificar la aplicabilidad de la causal de nulidad alegada en la demanda en una decisión anulatoria de un registro.
No necesariamente para que exista el mandato debe constar por escrito.
Los demandantes consideran que la norma permite una dilación hasta de 10 meses para la materialización de un derecho necesario para satisfacer las necesidades vitales.
Quien pretenda apoyar al cabildo con el desarrollo e implementación del concurso debe tener una cualificación de especializado técnico.
En concepto del Ministerio del Trabajo, es necesario que se reincorpore al ordenamiento jurídico el artículo 18 de la Ley 1122 del 2007.
Anoche se conoció que el presidente electo le ofreció al exmagistrado la cartera, pero fue rechazada por razones personales.
No es jurídicamente viable extender el supuesto de una inhabilidad en materia contractual a un evento no contemplado por el legislador, teniendo en cuenta el carácter restrictivo de las mismas.
En todo caso, no practicar una de las pruebas decretadas no equivale a la exclusión de responsabilidad del presunto infractor.
Aclaran posibilidad de aplicar ultractivamente las disposiciones del Acuerdo 049 de 1990, para conceder la pensión de sobrevivientes.
El área del proyecto hidroeléctrico en el río Sinú abarcaba zonas del Sistema de Parques Naturales Nacionales, protegidas constitucionalmente.
Las objeciones se pondrán en conocimiento del reclamante dentro del término previsto para pagar la indemnización.
Consejo de Estado explica las condiciones de estos títulos y su valoración probatoria.
La Corte ha reconocido la indexación de la primera mesada en pensiones legales y también en las pensiones convencionales.
La competencia para la elección de su representante legal, en este caso bajo la denominación de gerente, corresponde a la junta directiva de la entidad.
El artículo 12 la Ley 2195 del 2022 no altera, modifica, sustituye ni deroga el artículo 61 del Código de Comercio.
Es deber del funcionario judicial que realiza el control sobre la restricción de ponderar los derechos fundamentales que se encuentran en tensión.
Ninguna disposición vigente impide impulsar una impugnación de la maternidad o de la paternidad extramatrimonial o extramarital amparándose en la regla del artículo 219 del Código Civil.
La libertad de configuración organizacional que prevé la Ley 1258 del 2008 permite pactar un término superior.
De acuerdo con el Ejecutivo, estos espacios han permitido atender las necesidades de las mujeres en materia de: consultorio jurídico, apoyo sicológico y emocional, entre otros.
La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y la aplicación de la norma más favorable en materia pensional.
Prescripción de los derechos laborales es por regla general de tres años, desde que se hizo exigible la obligación.
El cumplimiento del objetivo principal de un convenio interadministrativo no permite a las partes desatender sus demás obligaciones contractuales.
Prescripción de los derechos laborales es por regla general de tres años, desde que se hizo exigible la obligación.
El Gobierno adopta el modelo Sistema Seguro como guía de gestión de la seguridad vial.
En primer lugar, debe realizar la licitación pública o, en segundo término, observar el deber de escogencia del contratista de manera objetiva.
Aunque el accionante indicaba que no se había emitido la póliza de seguro de vida en su favor por padecer VIH, la aseguradora logró demostrar lo contrario.
Pese a los ajustes, transición seguirá siendo considerado como el primer grado obligatorio de la educación formal.
Un municipio deberá garantizar el servicio de albergue para animales domésticos perdidos, abandonados, rescatados, vulnerables, en riesgo o aprehendidos por la Policía.
Cuando el POT sea expedido por decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recibo.
Se analiza contrato atípico en donde se tuvieron en cuenta las reglas que rigen el contrato de comodato y el contrato de mandato.
La Sala Civil precisa la relación jurídica de tres negocios jurídicos conexos de leasing, aprovisionamiento y suministro, y la subordinación que se puede presentar.
No tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo municipal es una conducta constitutiva de desinvestidura.
Cuando el Fomag reconoce las cesantías a través de un acto administrativo por fuera del término legal previsto para esos efectos.
