Debemos resolver el silencio estadístico, pues impide una adecuada implementación y medición de la eficacia de las normas y las políticas públicas en materia de derechos humanos.
Tutelan a ciudadano porque juez penal en la sentencia cuestionada modificó la decisión de libertad, reconocida en el anuncio del sentido del fallo.
La obligación de la compañía de seguros está condicionada a la existencia de la obligación de la contratista, no a la inversa: Consejo de Estado.
La discreción recaerá sobre los elementos materiales probatorios y evidencias físicas.
El tiempo máximo varía según los requerimientos de cada paciente para realizar el diagnóstico correspondiente.
Diferentes técnicas y procedimientos para llevar la contabilidad no implican una separación de activos, pasivos y patrimonio.
El hecho de que los conceptos que hacen parte de la operación económica se facturen de manera separada no modifica la obligación que tiene el vendedor frente al IVA.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la suspensión por trasgredir el deber consagrado en el numeral 1° del artículo 153 de la Ley 270.
Se condena al pago de 100 salarios mínimos mensuales por perjuicios morales al hijo de la paciente.
Que una narración sea coherente y detallada no significa necesariamente que obedezca a la verdad: Corte Suprema.
El costo del medidor deberá ser asumido por el usuario bien en la factura del respectivo servicio o en el contrato de compraventa.
Procede la acción de tutela por desconocimiento del precedente constitucional con relación al principio de favorabilidad en la acumulación de tiempo de servicios: Corte Constitucional.
Si el funcionario adquirió su estatus de pensionado antes del 1º de julio del 2009, la UGPP es la encargada de otorgar la pensión.
A diferencia de la caducidad, la prescripción es renunciable, se puede interrumpir y no puede ser declarada de oficio.
La Corporación se solidariza con la JEP, los magistrados víctimas de amenazas y sus familias.
La Corte Suprema ratificó la sentencia emitida por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, en donde fue hallado responsable del delito de concusión.
En el entendido de que se trata de un recurso extraordinario y la sentencia está debidamente ejecutoriada.
Se podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia de pruebas, diligencia en la que podrá ser interrogado sobre su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen rendido.
Archivan investigación contra magistrado por presunta mora al decidir un recurso.
La entidad encontró una evidente contradicción en varios oficios en cuanto a la clasificación de las rentas y su calificación en los CDI.
Autorización exclusiva a los ingenieros civiles para las tareas de diseño y revisión de diseños de construcciones estructurales sismorresistentes es ausente de discriminación.
Se determinó que la mora no obedeció a situaciones externas que se hubieran salido de control por parte del funcionario, ni por imposibilidad física para resolver.
La norma acusada no vulnera el principio de autonomía de la voluntad privada y libertad contractual, toda vez que es una medida razonable y proporcionada.
Los prestadores están facultados por el artículo 352 de la Ley 1819 del 2016, lo cual debe estar debidamente discriminado en la factura.
No se prohíbe que pueda indexarse el monto de la indemnización a efectos de traer a valor presente una suma pasada aplicando los índices de precios certificados por el DANE.
Antes de dar inicio a la comisión de servicios, se debe expedir el acto administrativo que ordena su reconocimiento y pago de viáticos.
Estructuración de la pérdida de la capacidad laboral se debe generar antes del fallecimiento del causante.
Corte Suprema precisó la competencia para audiencias preliminares de integrantes de grupos delictivos organizados (GDO) y grupos delictivos organizados (GAO).
Cuando el contradictorio no se encuentra debidamente integrado se configura la excepción prevista en el numeral 10 del artículo 100 del Código General del Proceso.
El prestador puede establecer plazos inferiores en el contrato de servicios públicos y proceder con la suspensión del servicio.
En el cuarto mes del año, el IPC cerró con una variación de 12,82 % anual.
La expulsión no implica la pérdida de investidura, pero las curules no pertenecen a los elegidos, sino a las colectividades que los avalaron.
Si la inhabilidad no es taxativa para el encargado, no es dable aplicar lo previsto para el desempeño del empleo en titularidad.
La notificación es un trámite netamente secretarial y los magistrados desconocen cómo se surte.
Cuando el porcentaje correspondiente a uno de los partícipes de un ACC no es proporcional a la cuota de beneficios que espera obtener en el acuerdo.
Se trata de políticas, principios de buen gobierno o códigos de buenas prácticas empresariales.
La CNDJ confirmó la suspensión de un fiscal que por pasividad en un proceso generó la prescripción de la acción penal.
Consejo de Estado declara falta de competencia, por tratarse de un conflicto intraorgánico.
Sube la gasolina $ 600. ¿En cuáles ciudades quedó más cara y más económica?
Finalidad de la inscripción del acto administrativo en la oficina de registro de instrumentos públicos es para publicitar.
Admiten demanda contra expresión del Código General del Proceso porque impide que los demandados en procesos de expropiación judicial presenten excepciones.
Los efectos del incumplimiento solo podrán ser determinados por el legislador y no lo ha hecho hasta la fecha.
Suspensión provisional puede ser solicitada y resuelta en cualquier etapa procesal, lo que no constituye prejuzgamiento.
La legislación comercial solo previó este tipo de operaciones entre sociedades comerciales.
El alto tribunal reafirmó la línea jurisprudencial que durante más de 30 años ha orientado la forma de contabilizar la prescripción del delito.
El inciso segundo del artículo 145 de la Ley 1437 de 2011 permite interponer el medio de control de perjuicios causados a un grupo contra actos administrativos.
ANT había dejado sin efectos el acto de adjudicación argumentando que, debido a su formación académica, la mujer “ya no se identifica como campesina’’.
No podrán ser elegidos, entre otros, los servidores públicos o miembros de la juntas y consejos directivos de las entidades públicas.
Consejo de Estado analizó si es viable reconocer a un docente indemnización por enfermedad profesional que ha sido valorada con una pérdida de la capacidad laboral del 96 %.
En cualquiera de esos escenarios los artífices disfrazan, total o parcialmente, la realidad exterior al vincularse contractualmente.
Al decretarse la inexequibilidad de la norma creadora del impuesto solidario se presenta carencia de fundamento jurídico del concepto: Consejo de Estado
Los informes financieros deben colocarse a su disposición antes de la asamblea, para que con base en ello se revisen los libros y registros.
El tribunal sentó un precedente sobre el delito de acoso sexual y la responsabilidad civil que podrían tener los victimarios.
En este caso, procedió la tutela ante la vía de hecho que realizó el juzgado al dejar a un lado el análisis de lo acontecido, las pruebas, normativa y jurisprudencia aplicable.
Cámara de comercio puede abstenerse de proceder con la inscripción del acta si la misma no cuenta con la firma del representante legal.
La magistrada no registra una tasa aceptable de salidas efectivas de sentencias en sede de segunda instancia.
Corresponde a los prestadores incluir en su programa de trabajo aspectos sobre la separación en la fuente, horarios y frecuencias.
De acuerdo con la Constitución, el requisito de residencia para ser diputado consiste en haber residido en la respectiva circunscripción electoral durante el año anterior a la fecha de elección.
La función que desarrolla el servidor público es personal e intransferible, lo que complica que los herederos puedan estructurar una defensa real y efectiva.
Se mantiene la restricción del consumo de sustancias sicoactivas en parques y en espacios públicos para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Condiciones para conceder los permisos deben ser determinadas en el reglamento de trabajo, así como los requisitos para ser concedidos.
Si el fiscal no asiste a las audiencias programadas debe presentar excusa que justifique su inasistencia, para no entorpecer el normal desarrollo del proceso penal .
A través de la red oficial de correos o de cualquier empresa de servicio de mensajería debidamente autorizada, diligencia que se perfecciona siempre que se entregue una copia del acto correspondiente.
El plazo o tiempo que dura el proceso de sucesión o partición de herencia depende de si se realiza ante notario público o ante un juez.
El Consejo de Estado explicó que el daño alegado es imputable a la entidad demandada por omitir sus deberes de vigilancia y custodia respecto de los estudiantes.
La liquidación de salarios y prestaciones deberá realizarse hasta la fecha de aceptación de la renuncia.
Debe preferirse el mecanismo judicial ordinario idóneo para resolver una controversia pensional que requiera de un debate probatorio exhaustivo y amplio: Corte Constitucional.
Los aspirantes para integrar la terna que será elegida por el Consejo de Estado se podrán inscribir desde el 2 hasta el 15 de mayo.
Avendaño no cumplía con los requisitos exigidos legalmente para acceder a este cargo.
La información técnica no irá solo en el empaque, sino que será brindada a través del medio físico o virtual en el que se ofrezca el producto.
Ante la falta del segundo, el primero debe responder por las cargas laborales.
Debe existir prueba de la autorización verbal que de forma expresa permitiera al jurista destinar el dinero de las costas procesales al abono de sus honorarios: CNDJ.
Se establece la totalización de los periodos de cotización acreditados en los distintos Estados.
Temas como la ‘paz total’, la transición energética, el turismo sostenible, el desarrollo en infraestructura y educación hacen parte de la agenda de trabajo.
Siempre que al contribuyente se le brinden oportunidades para su defensa, lo que incluye la posibilidad de contraponer a las pruebas recaudadas aquellas que le servirían para desvirtuar las incorporadas por la autoridad.
La no inclusión de Ángel Rodrigo Pérez Lemus en las tarjetas electorales no afectó la validez de la elección.
La reserva legal otorga la facultad de oposición a un comerciante de exhibir a terceros sus libros de comercio.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el artículo 3° de la Ley 2066 del 2020, en la que se establecen condiciones especiales para la normalización de cartera.
El empleado provisional debe conocer las razones por las cuales se le desvincula, para que ejerza su derecho de contradicción.
No procede reparación de daño moral en caso de muerte en favor de la víctima directa.
Si se hace amparado en alguna de las excepciones desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional se estaría atendiendo un precedente judicial vinculante.
Una jueza fue suspendida por ignorar el carácter preferente de las acciones de tutela al retardar la decisión sobre el amparo sin justificación.
La Superfinanciera también informó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario.
El pronóstico de crecimiento del PIB para 2023 aumentó al 1 %.
La nueva magistrada de la Sala de Casación Laboral se venía desempeñando como magistrada de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Pasto.
Para marzo del 2023, la tasa nacional de desempleo fue de 10 %.
“Los condicionamientos propuestos por la Aerocivil imposibilitan la recuperación de Viva”, se lee en el comunicado.
El abogado manifestó que renunciaba al poder por diferencias de criterio con su cliente.
La Corte Constitucional ha establecido que para determinar si una persona es titular de la garantía de estabilidad laboral reforzada no se requiere una calificación de pérdida de capacidad laboral.
Cuando la medida tiene un carácter eminentemente disciplinario.
Si la Fiscalía no efectúa una investigación integral y no allega prueba que sustente la acusación no la puede trasladar al sujeto pasivo de la acción penal: Corte Suprema.
Se puede inferir el estado de salud del empleado siempre que sea notorio, evidente y perceptible, precedido de los elementos que constaten la necesidad de protección.
Si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional no prosperan las pretensiones de la acción de cumplimiento.
Solo cuando termine el trámite del proceso administrativo nace el interés jurídico patrimonial para solicitar una declaración de responsabilidad extracontractual del Estado.
La CNDJ enfatizó que el deber de obrar con celosa diligencia genera para el abogado un compromiso frente a los trámites del proceso, como lo son las audiencias.
Ante el cumplimiento tardío en la presentación y pago de las declaraciones tributarias, el contribuyente pierde el beneficio de progresividad consagrado en el artículo 4 de la Ley 1429 del 2010.
De manera excepcional, la tutela es procedente para resolver conflictos derivados de la actividad contractual que conllevan a la habilitación del pacto de composición y al trámite de la amigable composición.
Para cumplir su función, la distintividad debe indicar el origen empresarial, calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación al público consumidor: Consejo de Estado.
El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral: Consejo de Estado.
Al fijarse honorarios se deben cumplir con criterios de justicia, equidad y honradez.
El Consejo de Estado se pronunció sobre la responsabilidad del Estado por falla del servicio y si hay ausencia de imputación por las circunstancias de modo que rodearon la muerte de la víctima.
El presidente de la República nombró siete ministros en carteras clave para su gestión.
El término de caducidad es un presupuesto procesal que debe cumplirse y no constituye una simple formalidad.
La CNDJ confirmó responsabilidad de un abogado por falta de diligencia en sus deberes, sancionándolo con suspensión de tres meses en el ejercicio profesional y multa.
La condena se generó por el beneficio convencional de reajuste de la mesada pensional contenido en la convención suscrita entre Universidad de Antioquia y el sindicato de trabajadores de la universidad entre 1976 y 1977.
La autoridad de impuestos informó que existe una cartera cercana a los $ 485.000 millones.
Con dicho proceder no se vulnera el derecho al debido proceso, todo lo contrario, la actuación administrativa consulta los principios de economía, celeridad y eficiencia.
La parte interesada en que se incorpore la declaración anterior a título de testimonio adjunto debe hacer la solicitud expresa, para que la contraparte tenga la oportunidad de oponerse.
Ricardo Bonilla será el ministro de Hacienda, mientras que Jhenifer Mojica y William Camargo llegan a Agricultura y Transporte.
La reunión será en la Casa de Nariño y se espera que, además de tomar decisiones trascendentales sobre el gabinete, se aborde el fin de la coalición de Gobierno.
El nuevo magistrado es abogado con especializaciones en derecho constitucional y seguridad social de la Universidad de Antioquia.
En el caso bajo estudio, durante el tiempo en que el abogado actuó como apoderado no le informó al cliente ni siquiera el número de radicado del proceso.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de una niña a la que el Consejo de Estado le negó la reparación por la muerte de su padre, quien en vida no reconoció su paternidad.
De acuerdo con la demanda, la expresión acusada vulnera los artículos 340 y 324 dela Constitución.
Con una votación de 10 contra 8, la Comisión Séptima aprobó la ponencia mayoritaria del proyecto.
La Corte Constitucional encontró una afectación directa sobre las comunidades indígenas al convertir en municipios las áreas no municipalizadas, sin prever presencia de territorios indígenas.
La Dirección de Transporte Aéreo de la Aeronáutica Civil confirmó su decisión de aprobar la integración de Avianca y Viva Air, aún está pendiente que se decida el recurso de apelación sobre esta decisión.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 15 (parcial) de la Ley 2251 del 2022, Ley Julián Esteban.
La Corte Constitucional declaró inexequible la causal de cancelación de la cédula de ciudadanía por adquirir carta de naturaleza en otro país.
El documento incluye estrategias para mejorar las condiciones de seguridad en el campo y la ciudad, la recuperación del control territorial y el aumento de la confianza institucional.
Explican el procedimiento de liquidación oficial de revisión de valor
Cuando muere el afiliado su compañero permanente no está obligado a acreditar una convivencia mínima de cinco años para ser beneficiario de la pensión de sobrevivencia.
Si la voluntad del legislador hubiera sido limitar el número máximo de semanas de cotización lo señalaría de manera expresa: Corte Suprema.
Actividades extracurriculares, culturales, deportivas y recreativas, junto con los conocimientos impartidos, son parte indispensable de la garantía del servicio de educación.
La CNDJ confirmó la decisión que declaró responsable disciplinariamente a un abogado y lo sancionó con censura.
El juez debe intervenir cuando la demanda para pedir la división material de la cosa común o su venta no contiene un peritaje por causa ajena al demandante.
La reunión se centró en la situación de seguridad del Sumapaz y las advertencias sobre posible presencia de grupos armados ilegales.
El mecanismo ordinario para controvertir el proceso de revocatoria del mandato es la nulidad electoral, que se dirige en contra del acto administrativo que declara los resultados de las votaciones públicas.
Las normas no evitan el cobro de valores tributarios causados con posterioridad a la fecha de iniciación de la negociación, por el contrario, ordenan que se priorice su pago en un futuro.
Las partículas son de uso común y, por lo tanto, débiles para productos comprendidos en las clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
Al declarar la inexequibilidad de un inciso del artículo 53 de la Ley 1922 del 2018, la Corte Constitucional ratifica la competencia privativa de las secciones de revisión y de apelación.
Para la Corte Constitucional, el trámite de aprobación de la Ley 2099 del 2021 no violó los principios de publicidad y consecutividad y no incurrió en vicios de procedimiento.
La caducidad es de orden público y debe ser declarada de oficio cuando se prueba.
La naturaleza jurídica del empleo de embajador es de libre nombramiento y remoción.
La Superfinanciera presentó instrucciones respecto de los escenarios base y adverso a partir de los cuales las entidades deben realizar las pruebas de resistencia requeridas.
Para la Corte Constitucional, la expresión contenida en el artículo 42 de la Ley 361 de 1997 vulnera los derechos a la dignidad humana y a la igualdad de este colectivo.
El quejoso se encuentra facultado para impugnar decisiones que ponen fin a las actuaciones disciplinarias pero no el informante.
La Superintendencia de Industria y Comercio podría culminar el proceso de manera anticipada si las aerolíneas acogen lo solicitado.
La Procuraduría indagó por las comunicaciones que ha habido entre entidades sobre el presunto desabastecimiento.
El hecho de que los signos cotejados tengan terminaciones diferentes hace que su pronunciación y fonética sean distintas.
Aún ante la ausencia de cobertura del ISS o llamamiento a inscripción de algunos sectores productivos, el empleado no debe pagar un porcentaje del cálculo actuarial.
Confirmó la CNDJ la sentencia que declaró disciplinariamente responsable a juez de paz que vulneró flagrantemente el derecho de al debido proceso de un ciudadano.
Consejo de Estado explicó cómo se identifica el sujeto pasivo de la contribución de valorización.
Ello le compete al juez de lo contencioso administrativo en sede del medio de control que se adecúe a las pretensiones que procure la parte demandante.
Este dinero será invertido en 100 proyectos a lo largo del territorio nacional.
Los tribunales superiores de distrito judicial son los nominadores de los jueces de la República y, por tanto, sus superiores en el ámbito administrativo.
Es claro que la extensión o agravación del daño con el paso del tiempo no le otorga el carácter de continuado o de tracto sucesivo: Consejo de Estado.
El profesional debe informar cualquier particularidad que pueda afectar el resultado del proceso.
De acuerdo con la demanda, la contribución acusada es inconstitucional porque su trámite legislativo se vició por falta de debate y transparencia de lo regulado por dicha norma.
Existen actuaciones que por su naturaleza se encuentran desprovistas de la calificación de acoso laboral, como lo señala el artículo 8 de la Ley 1010 del 2006.
El trámite de reconstrucción del proceso previsto en el artículo 126 del Código General del Proceso constituye el mecanismo judicial idóneo frente a la pérdida total o parcial de un expediente.
El desempeño de esos cargos es una razón válida constitucionalmente para establecer un trato diferencial entre quienes ocupan dichas posiciones de privilegio y los demás empleados: Procuraduría.
El magistrado Octavio Augusto Tejeiro salvó el voto y manifestó que la prueba de la calidad de compañero permanente para demandar alimentos no es solemne.
La decisión se basó en la prevalencia del derecho sustancial y para garantizar el derecho fundamental a la seguridad social del cónyuge sobreviviente.
La manifestación de un error judicial también puede configurar otros perjuicios, como lo sería un daño emergente.
El arbitraje es mucho más rápido que otros procesos judiciales y también ofrece una solución efectiva.
Procede devolución del IVA pagado por universidad por concepto de servicios de salud, suministro de medicamentos, servicios de óptica, entre otros.
El mandatario estadounidense señaló que hay diferencias entre los dos gobiernos y se refirió a la política contra las drogas.
Para la Procuradora General, es una medida que impide consultar la capacidad contributiva del sujeto pasivo, ya que se incrementa la base gravable del impuesto sobre la renta.
La Corte Constitucional señaló cómo es la valoración que el juez penal debe hacer de estos indicios.
La función de investigar no solo se traduce en practicar pruebas, sino en extraer todo lo que estas aportan al proceso en ese camino hacia la verdad que exige la ley.
“Miremos el tema de Perú, ¿no hay allí un presidente preso sin sentencia judicial?”, comentó el mandatario colombiano.
Derecho al trabajo supone tanto la garantía de recibir una remuneración como la de ejercer profesión u oficio.
Corte Suprema precisa quiénes están legitimados para reclamar pensión de sobrevivientes o devolución del saldo por pensión de sobrevivientes.
Consejo de Estado precisó cómo se condicionan el uso, explotación y disponibilidad de los inmuebles que integran el parque nacional natural.
Al juez de tutela no le está permitido ordenar gastos que alteren las normas sobre el presupuesto.
No puede desconocerse el carácter de servicio público al transporte terrestre especial de personas, porque el precio no está regulado por el Estado o no se sujeta a horarios o rutas.
A empleados que ocupan cargos en plantas temporales no se les debe dar tratamiento de servidores de carrera administrativa ni de libre nombramiento y remoción.
La Superintendencia Financiera dio a conocer la rentabilidad del mes de marzo del 2023.
La CNDJ confirmó la sentencia que declaró disciplinariamente responsable al auxiliar de la justicia y lo sancionó con multa e inhabilidad para ejercer empleo público.
El Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla fue suspendido por tres meses, sin derecho a remuneración.
El disciplinable tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado.
Debe demostrarse un traslado del riesgo por parte del verdadero empleador de la persona que sufrió una contingencia: Corte Constitucional.
De acuerdo con la demanda, la norma vulnera los principios de progresividad tributarias, equidad y eficiencia.
La Superfinanciera dio a conocer el porcentaje para los bonos previos y posteriores al 31 de diciembre de 1998.
Al exigir el dictamen de pérdida de capacidad laboral se desconoció la línea jurisprudencial que señala que en este tipo de asuntos opera por regla general el principio de libertad probatoria.
La competencia está atribuida a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en virtud de los factores subjetivo y funcional.
Se deberán garantizar estos porcentajes para cada uno de los fondos de pensiones obligatorias y portafolios de fondos de cesantías.
Conozca las novedades de literatura jurídica que presentará Legis en la nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
La Universidad Externado de Colombia, Microsoft y Legis analizaron el potencial de la inteligencia artificial en el mundo jurídico y en diferentes sectores de la economía.
Si la Administración no lo tiene en cuenta vulnera el artículo 29 de la Constitución Política.
La publicación parcial impide la consulta íntegra para que sea oponible, se afecta el principio de publicidad y el debido proceso: Consejo de Estado.
Siguen procedimientos diversos y se justifican en hechos independientes, aun a pesar de que dichas actuaciones administrativas dependan una de las otras.
El Estado debe velar por la protección de la integridad física, mental y moral de los niños, niñas y jóvenes.
El juez constitucional no puede intervenir si el trámite ordinario previsto por la ley para proteger el derecho al ‘habeas data’ se encuentra en curso.
Las competencias del alcalde en materia presupuestal se encuentran altamente restringidas en virtud del principio de legalidad del gasto.
Juez no puede apartarse del conocimiento del proceso cuando la competencia le ha sido asignada por la resolución de conflicto de competencia.
De la cual solo podrá exonerarse el demandado demostrando la existencia de fuerza mayor, caso fortuito o una causa extraña.
El medio de control idóneo que tienen los estudiantes de una universidad pública para reclamar por los incumplimientos de las condiciones ofrecidas en el pensum académico de su carrera es la acción de controversia contractual.
Consejo de Estado explica diferencias entre la acción de simple nulidad y la de nulidad y restablecimiento del derecho.
Al docente oficial con acumulación de aportes del sector público y privado le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La CNDJ confirmó la exclusión de la profesión de un abogado por infringir el deber descrito en el numeral 8º del artículo 28 de la Ley 1123 del 2007.
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla dio a conocer las fechas de todas las actividades del curso de formación.
Ni la superintendencia ni el Presidente de la República podían incluir los gastos de inversión dentro del valor exigible a los sujetos destinatarios de la tasa.
En el caso bajo estudio no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, al contarse con la solicitud de revisión e insistencia ante la Corte Constitucional.
El disciplinable superó el término de 10 días que fija la jurisprudencia constitucional para resolver el incidente de desacato de un fallo de tutela después de su apertura.
Todo lo que no esté expresamente excluido se entiende incluido en el plan de beneficios.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 108 (parciales) de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia).
