Ratifican condena contra exmagistrado Jorge Ignacio Pretelt y lo capturan

Al ordenar su captura como responsable del delito de concusión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de seis años y medio de prisión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Para la Sala, en el expediente quedó probado que el 18 de octubre del 2013 el entonces magistrado solicitó al apoderado de Fidupetrol la suma de $ 500’000.000, con el fin de adelantar gestiones en la Corte Constitucional para sacar “airosa” una acción de tutela promovida por la petrolera contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la Gobernación del Casanare $ 22.500’000.000 más intereses del 10,5 % anual.

A juicio de la Corte, Pretelt incurrió en el delito de concusión, puesto que, con abuso del cargo de magistrado de la Corte Constitucional, realizó solicitud indebida para viabilizar un resultado positivo en el trámite de revisión de la acción de tutela promovida, comportamiento que se identifica con la modalidad de concusión «implícita», según la cual la petición se supone obligatoria para la víctima, por la posibilidad fundada de recibir un perjuicio en el evento de no acceder a lo pretendido, en razón al poder que el agente detenta.

La Sala de Casación Penal precisó que el punible de concusión se consuma cuando se realiza la exigencia dineraria o de cualquier otra utilidad indebida, bien sea que se efectúe de manera directa o sutil, o mediante amenazas, instante en el que “se menoscaban la dignidad, moralidad, integridad, pulcritud, confiabilidad y transparencia de la administración pública, cuyos valores deben imperar en los funcionarios y sus actos”.

El cartel de la toga

Esta decisión es de gran importancia debido a la dignidad del cargo que representó como magistrado de la Corte Constitucional, recordando que no es la primera vez que esto sucede en las altas cortes. La administración de justicia ha visto afectada su imagen y su confianza debido a las actuaciones de algunos jueces de las altas corporaciones, en lo que se ha denominado el cartel de la toga.

Uno de los casos recientes ha sido el del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, quien terminó excluido de la profesión por decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Lo anterior por participar como intermediario en el cobro de dinero para afectar procesos judiciales que adelantaba la Corte Suprema de Justicia.

También es preciso recordar la condena impuesta por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia al exmagistrado Gustavo Malo Fernández, a una pena de prisión de nueve años, así como al pago de una multa.  Malo también fue inhabilitado para ejercer funciones públicas por 10 años y 7 meses. Esta pena le fue impuesta por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión.

En ÁMBITO JURÍDICO queremos saber su opinión frente a la imagen de la administración de justicia, ¿afecta la dignidad de los cargos en las altas cortes estas condenas? Los leemos en nuestra sección de comentarios y nuestras redes sociales.