El proceso no requiere abogado y puede ser gratuito si se hace ante entidades públicas.

Remplazan códigos legítimos por QR falsos que imitan plataformas de pago para estafar usuarios.

El puntaje del Sisbén define si la persona puede ingresar al régimen subsidiado o deberá cotizar en el régimen contributivo.

La interrupción del embarazo para personas con discapacidad puede solicitarse verbal o por escrito en EPS, IPS o Profamilia.

Para reclamar perjuicios primero debe presentarse una solicitud al fondo y si es negada, llevar el caso ante un juez con representación legal.

El trámite para modificar medidas de protección es gratuito y se puede realizar en comisarías, juzgados o con apoyo de la Defensoría del Pueblo.

Los exentos por discapacidad reciben una libreta militar de segunda clase tras cumplir con todos los requisitos y procedimientos del sistema oficial.

La doble asesoría informa sobre condiciones, semanas cotizadas y proyecciones de pensión en cada régimen.

Habría cambios en la justicia penal, civil, de familia, comercial y arbitral.

Gregorio Eljach requiere establecer los eventuales responsables de hechos que estarían por fuera del ordenamiento jurídico.

Si pagó alimentos sin obligación puede reclamar el dinero ante un juez de familia sin costo ni abogado.

La declaración surge tras una investigación del diario El País de España, que señala la existencia de un posible complot gestado desde EE UU.

El proceso de conciliación no requiere abogado y puede realizarse en comisarías de familia, ICBF o centros privados, con posible costo.

La instancia está conformada por expertos en derecho penal, criminología, derecho constitucional, economía, sociología y educación.

Cualquier persona puede solicitar la corrección del componente “sexo” en su cédula y registro civil, sin necesidad de abogado ni costo alguno.

Los nuevos miembros ejercerán funciones 'ad honorem' por dos años, con posibilidad de prórroga.

Este beneficio aplica para quienes hayan convivido al menos cinco años y cumplan condiciones del régimen pensional al que estén afiliados.

Si le negaron la inscripción al RUV puede apelar ante la Unidad para las Víctimas y luego ante su director en un plazo de cinco días.

La inscripción garantiza el estatus legal del menor durante su permanencia en el territorio.

Se trata de un proyecto impulsado por Minjusticia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.

La ley sanciona con penas de hasta 18 años a los funcionarios que favorezcan contratistas por afinidades subjetivas.

Montealegre manifestó que tiene una agenda política y que no está actuando jurídicamente.

Los usuarios deben registrarse, ingresar sus datos, describir la marca y pagar en línea para completar el trámite ante esta superintendencia.

Si no se logra un acuerdo el demandante podrá acudir a un juez civil o de pequeñas causas.

Si no hay acuerdo directo con el empleador el afectado puede acudir a inspección laboral o presentar demanda ante un juez.

La eutanasia no requerirá enfermedad terminal y podrá solicitarse por sufrimiento extremo.

La solicitud no tiene costo y puede presentarse en diferentes entidades autorizadas.

El fuero sindical impide que empleadores despidan libremente a representantes sindicales sin autorización judicial previa.

El trámite requiere solicitud, documentos de asociación y condiciones de uso.

Además, la Procuraduría indaga por la retención de funcionarios en la Imprenta Nacional durante la publicación de la norma en Diario Oficial.

En las incapacidades de origen común los dos primeros días deben ser pagados directamente por la empresa.

El procedimiento aplica hasta que el menor cumpla los 16 años de edad.

El proceso requiere abogado y se realiza en juzgados de familia mediante demanda formal.

Las “nuevas circunstancias políticas” obligaron a los asesores a no continuar participando en esta instancia.

Si no hay respuesta del fondo, el Ministerio de Trabajo puede ordenar el pago.

Si hay desacuerdos entre herederos, el proceso debe tramitarse ante un juez de familia.

Apoyos terapéuticos y pedagógicos son claves para garantizar la participación social del menor.

La formalización puede realizarse mediante escritura pública, acta de conciliación o mediante sentencia judicial.

Para acceder al programa BEPS, los ciudadanos deben cumplir requisitos y registrarse ante Colpensiones

El trámite evita multas por no pagar a tiempo la liquidación del contrato laboral.

No se requiere abogado para iniciar el trámite ante la administradora de pensiones ni ante el juez laboral.

El trámite puede adelantarse sin necesidad de abogado y no genera costo si se hace por vía judicial o en entidades públicas.

Los procedimientos son gratuitos en las EPS y no requieren abogado, solo consentimiento informado.

Si hay problemas con la EPS o el empleador se pueden presentar quejas o acudir al Ministerio del Trabajo.

El plazo para impugnar es de dos meses desde la fecha del acta cuestionada.

Si la persona que comete el delito es funcionario público la sanción es más severa.

La ARL debe brindar rehabilitación integral y gestionar la calificación si persiste discapacidad.

Si la decisión judicial que suspende la patria potestad fue emitida en el extranjero, el trámite requiere que la Corte Suprema valide dicha resolución.

Si se aprueba la solicitud, el trabajador conservará todos los derechos laborales vigentes.

Si se reconoce al hijo de crianza se generan derechos y obligaciones legales.

Este beneficio solo se concede si el hijo con discapacidad depende económicamente del padre o madre que solicita la pensión anticipada.

El trámite puede hacerse en centros de conciliación, notarías o ante el juez.

Según el artículo 30 del Código Penal, el determinador influye decisivamente en la comisión del delito.

Si no se logra un acuerdo conciliatorio se puede acudir a la vía judicial presentando una demanda ante el juzgado de familia.

Si un empleador incumple con pagos o afiliación a seguridad social, el trabajador puede iniciar conciliación o presentar demanda laboral.

Los empleados deben acordar previamente las fechas de ausencia con su jefe y presentar soporte médico oficial del estado de salud del menor.

El trámite puede iniciarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En ausencia de acuerdo, el juez de familia fija la obligación alimentaria con pruebas.

Para corregir el historial laboral Colpensiones permite el trámite digital o presencial.

La legislación castiga a quienes alteren o destruyan recursos naturales sin autorización legal.

Los documentos deben estar apostillados, legalizados y traducidos si no están en español.

La reglamentación aplica a militares, policías, personal civil del Ministerio de Defensa y alumnos de escuelas de formación.

No todas las decisiones judiciales pueden ser objeto de extensión.

La constitución de entidades sin ánimo de lucro puede realizarse mediante documento notariado.

El Ministerio de Justicia aclara que no es obligatorio recurrir a un abogado ni pagar costos por otorgar un poder en asambleas residenciales.

El permiso laboral infantil solo es válido si las actividades son artísticas, culturales o deportivas.

Las reclamaciones por muerte o incapacidad deben hacerse máximo dos años después del siniestro.

La ley prohíbe divulgar información que perjudique al extrabajador en futuras oportunidades laborales.

El trámite se inicia ante el juez penal y puede involucrar conciliación o fallo final.

El procedimiento comienza con una solicitud escrita ante la autoridad competente, incluyendo pruebas.

La injuria en medios o espacios públicos agrava la pena establecida por la ley.

Existen tres categorías de formalización rural: gratuita, parcialmente gratuita y onerosa.

Si el trámite fracasa o se incumple, se inicia proceso judicial de liquidación patrimonial.

Las sanciones varían según la gravedad del delito y la edad del adolescente implicado.

El proyecto incluiría el marcador "no binario" y busca reconocer la diversidad de género.

La intervención del abogado es necesaria solo si la deuda supera 40 salarios mínimos.

La solicitud debe ser presentada por la mujer o su defensor ante el juez correspondiente, ya sea el de conocimiento o el de ejecución de penas.

Solo se pueden tomar decisiones sobre los asuntos previamente indicados en el orden del día.

El proceso ante el fondo puede durar hasta seis meses desde la solicitud inicial.

Se regularía el artículo 246 de la Constitución y se busca justicia intercultural incluyente.

No se necesita abogado para realizar contratos; los costos son regulados por el Gobierno y detallados por notarías y centros de conciliación.

La representación judicial requiere documento privado, firma de las partes y autenticación notarial.

El proceso divisorio es aplicable a bienes inmuebles y requiere la intervención de un juez civil y peritos.

El trámite es gratuito, no requiere abogado y está diseñado para facilitar la participación ciudadana en la lucha anticorrupción.

El proceso penal inicia solo si no se logra un acuerdo en audiencia preliminar.

La transversalización del enfoque de género tendrá tres ejes clave: el desarrollo de capacidades institucionales para la igualdad será uno de ellos.

El trámite se realiza ante la Cancillería, consulados o gobernaciones y exige documentos y declaraciones específicas.

Cuando no hay acuerdo entre las partes, el trámite debe llevarse ante un juez de familia.

Delitos como terrorismo, secuestro o extorsión se excluyen automáticamente de la posibilidad de redención de pena.

Si no hay acuerdo sobre el orden de los apellidos se resolverá por sorteo.

El propietario que descuida su predio arrendado debe iniciar un proceso de reivindicación para evitar perderlo ante un eventual reclamante.

Los condenados deben cumplir tres quintas partes de la pena, buen comportamiento y arraigo familiar para solicitar libertad condicional.

Las personas pueden acudir a juzgados civiles o centros de conciliación para resolver el conflicto.

El delito de hurto de celulares tiene penas que van de uno a seis años de prisión.

Las denuncias por mala praxis médica deben estar respaldadas por pruebas y asesoría legal.

La citación debe hacerse con antelación y cumplir requisitos del reglamento interno.

Hay agravantes si el bien tiene valor artístico, científico, histórico o de primera necesidad para la sociedad.

Las indemnizaciones pueden cubrir tanto pérdidas materiales como ganancias no percibidas.

La solicitud puede hacerse verbalmente durante una audiencia o a través del abogado defensor.

Se pueden reclamar judicialmente los daños si no se logra un acuerdo entre las partes.

La trabajadora puede acudir al juez si considera que el despido fue injusto o sin sustento.

Es obligatorio demostrar cómo se adquirió el arma mediante factura o documento de importación.

El juez decide mediante providencia si concede o niega el beneficio procesal.

La solicitud del principio de oportunidad debe hacerse ante la Fiscalía con asesoría legal.

La solicitud se presenta ante el fondo de pensiones con cédula, cuenta bancaria y beneficiarios.

Si no se logra un acuerdo conciliatorio la demanda puede presentarse ante la Superindustria o juzgados civiles.

La solicitud debe presentarse ante Fiscalía, Policía, Defensoría, Procuraduría o Secretaría Técnica del Grupo de Evaluación de Riesgo

Las EPS no pueden exigir exámenes ni declaraciones del estado de salud como condición para aceptar la afiliación.

Esta iniciativa busca garantizar el acompañamiento integral de quienes han cumplido su condena.

El trámite ante la Registraduría Nacional es gratuito y puede hacerse sin abogado.

Las comunidades en riesgo deben diligenciar un formulario y radicarlo ante las autoridades locales.

Esto incluye, por ejemplo, pintar una pared sucia o reparar elementos que fueron entregados en buen estado y sufrieron desgaste por uso cotidiano.

Para acceder a este derecho la persona debe estar afiliada al sistema de salud como cotizante activo.

Pasados cinco años de cumplida la condena se puede pedir la supresión de antecedentes penales si aún figuran en las bases de datos judiciales.

El solicitante debe entregar una serie de documentos mínimos exigidos por el ICBF.

Cónyuge, hijos o padres del fallecido pueden solicitar la pensión si cumplen con los requisitos legales.

Si las especies están en peligro o son migratorias las penas se agravan sustancialmente.

Es importante tener en cuenta que no podrá viajar solo con la denuncia o una fotocopia del pasaporte extraviado.

Se propone un enfoque de justicia terapéutica en casos de consumo de sustancias sicoactivas.

El trámite del PPT exige prerregistro virtual, cita para registro biométrico y validación por Migración Colombia.

La iniciativa promueve sanciones proporcionales y medidas alternativas.

Si el fallo es desfavorable se puede impugnar en los tres días siguientes.

Los países buscan optimizar mecanismos de cooperación para enfrentar el crimen transnacional organizado.

La pena de prisión por estafa oscila entre 32 y 144 meses de cárcel.

El proyecto propone la creación de una nueva causal de falta disciplinaria gravísima en el Código General Disciplinario.

La atención es personalizada y gratuita, permitiendo a los usuarios acceder a diversos servicios sin requisitos previos.

Las modificaciones incluyen la corrección de una referencia errónea a la Ley 2242/22, que carecía de contenido normativo autónomo.

Dos ciudadanos demandaron el artículo 7 de la Ley 2197 de 2022 ante la Corte Constitucional, argumentando que vulnera derechos fundamentales.

La medida busca garantizar que los presos con condiciones de salud incompatibles con la reclusión reciban atención digna.

La medida, tomada el 20 de mayo del 2024, responde a un fallo del Consejo de Estado que determinó que solo el Congreso de la República puede regular este mecanismo.

Las diferencias en los rangos de ingresos y el porcentaje de incremento obstaculizan el consenso.

El proyecto propone medidas como apoyo sicológico, casas de protección y reformas procesales para reducir la revictimización.

Las empresas que participen en los programas de cárceles productivas recibirán incentivos tributarios y administrativos.

Conozca cómo se definirán las calidades para ser abogado defensor del Estado.

Entre los requisitos que propone el proyecto destaca la obligatoriedad de presentar un certificado fitosanitario expedido por el país de origen.

La propuesta busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de manera eficiente y puntual.

Se reiteró exhorto al Congreso para que se garanticen los derechos fundamentales de las personas con dicha identidad de género.

El Sistema Nacional de Justicia Familiar tiene un enfoque diferencial que reconoce la diversidad de las familias colombianas.

La norma reformaría parcialmente el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia.

Mininterior insistirá en la reforma política, iniciativa hundida en los últimos días de sesiones ordinarias.

Uno de los objetivos centrales de la Presidencia Pro Tempore de Colombia es fortalecer la participación de las mipymes de Chile, Colombia, México y Perú en la economía regional.

La ceremonia será transmitida hoy a partir de las 10:00 a. m. a través de las redes sociales del Consejo Superior de la Judicatura.

Es un sistema de respuesta rápida y efectiva ante casos de desapariciones.

La UNAB se convierte en la primera institución privada del oriente colombiano en ofrecer la carrera de Derecho en modalidad virtual. Te contamos todos los detalles.

Se puede interactuar con un chatbot impulsado por inteligencia artificial que responde preguntas a los usuarios sobre la jurisdicción.

La iniciativa cuenta con 12 artículos para introducir la indemnización integral como un mecanismo para extinguir la acción penal en determinados delitos.

Este proyecto propone un cambio en el enfoque del sistema juvenil al priorizar la restauración y la corresponsabilidad por encima de las sanciones punitivas.

Estos proyectos incluyen la construcción, adecuación, mantenimiento y dotación de casas de justicia y centros de convivencia ciudadana.

Este sistema buscaría mejorar la gestión de los procesos judiciales, reducir la carga fiscal derivada de condenas contra entidades públicas.

El proyecto plantea que solo las entidades públicas podrán ser autorizadas para llevar a cabo actividades relacionadas con el cultivo y uso de estas plantas.

Diversos hallazgos respaldan la urgencia de implementar medidas para mejorar atención a la población privada de la libertad.

Este convenio promueve un enfoque ecológico dentro de la política de drogas, articulando esfuerzos con comunidades locales.

El proyecto se enmarca dentro de un contexto de reconocimiento de derechos para las personas trans y no binarias en el país.

El compromiso de Colombia con la justicia ambiental se refuerza con el Acuerdo de Escazú y la protección de las comunidades vulnerables.

El programa de Derecho de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) se destaca por su innovación pedagógica y la apuesta por sus responsabilidades sustantivas.

El borrador del código será construido con la participación de Mindeporte, Mininterior, Minjusticia y la Fiscalía, para reforzar la convivencia en el deporte.

El proyecto de reforma tiene como objetivo reducir la impunidad, agilizar los procesos judiciales y garantizar los derechos de las víctimas.

La infraestructura penitenciaria para promover una efectiva rehabilitación y reinserción será tema del encuentro.

El proceso incluye encuentros presenciales y virtuales para garantizar que las voces de las familias y organizaciones sean escuchadas en la formulación de la política.

Pertenecía a la oficina jurídica y se le sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años.

Confirmación de fallo que declaró responsabilidad frente a mujeres privadas de la libertad no desarrolla régimen de responsabilidad objetiva.

El ministro TIC, Mauricio Lizcano, participó en la instalación de la comisión accidental sobre proyectos de ley de inteligencia artificial en el Congreso.

Proyecto de reforma al Código de la Infancia y la Adolescencia se enfoca en la justicia restaurativa y terapéutica.

Es importante que la comunidad académica, las asociaciones científicas médicas y demás interesados en el avance legislativo moderno estemos a tono para coadyuvar en este proceso.

Hasta la fecha, 73 mujeres han recibido el beneficio de realizar trabajos comunitarios en lugar de cumplir condena en prisión.

La ministra Ángela Buitrago subrayó tanto las oportunidades como las preocupaciones que conlleva el uso de nuevas tecnologías en la justicia.

La copia simple tendrá un valor de $ 700, IVA incluido.

Más del 50 % de las propuestas busca garantizar los derechos de las mujeres indígenas.

El borrador de proyecto de ley aborda problemas críticos sobre el sistema penal y pretende incentivar el uso de métodos alternativos para la resolución de conflictos.

Se permite incautar dispositivos móviles desde los que se realicen comunicaciones no autorizadas.

Exhortan nuevamente al Congreso a legislar sobre gestación por sustitución, incluyendo registro civil y riesgo de apatridia.

El presidente Gustavo Petro planteó una Asamblea Nacional Constituyente, algunos académicos, juristas y políticos de la oposición dicen que no es momento de cambiar la Carta Política del 91, conozca cómo va el proceso.

La Ministra de Justicia aseguró que tiene la misión de mover iniciativas en torno a la justicia.

Entre los objetivos se incluiría la promoción de la conciliación extrajudicial en asuntos de familia.

El anuncio fue hecho durante la sexta sesión de la comisión de expertos para la reforma a la justicia.

La iniciativa define la estructura que entrará en vigor tras su promulgación.

ÁMBITO JURÍDICO dialogó con Óscar Mauricio Ceballos Martínez, director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, sobre producción y divulgación normativa.

Minjusticia deberá socializar Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la tierra y capacitar sobre el mismo.

La norma incluye a las denominadas sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo que atentan contra defensores de derechos humanos.

Estas propuestas son el resultado de un trabajo que permitió recoger aportes de 40 miembros de cinco subcomisiones.

El acuerdo facilitará el intercambio de experiencias para proporcionar información objetiva y fiable sobre drogas y factores relacionados.

Debe hacer énfasis en los efectos en el registro civil y que no se registre como madre biológica a la mujer que presta su vientre.

Uno de los propósitos de esta iniciativa será fijar los lineamientos y criterios necesarios para que este mecanismo de búsqueda inmediato sea efectivo.

El decreto plantea la composición del sistema, su estructura, funciones, procedimientos, alcances y otras disposiciones relativas a su funcionamiento.

Permitirían incautar dispositivos móviles desde los que se realicen comunicaciones no autorizadas.

La polémica surgió luego de que el exvicepresidente, Germán Vargas Lleras, afirmó que el Gobierno expediría un decreto de emergencia para convocar a una constituyente.

Las elegidas representarán a Colombia para el periodo 2024-2030 ante este centro internacional.

La iniciativa legislativa reconoce y define competencias con la jurisdicción ordinaria, establece financiación estatal y promueve una justicia más restaurativa.

Discursos discriminatorios, de odio y que incitan a la violencia son prohibidos y no están amparados por la libertad de expresión.

En este segundo encuentro se definió la creación de cinco subcomisiones para abordar los primeros temas relacionados con la reforma a la justicia.

La medida se toma debido al incremento de homicidios de guardianes del Inpec.

Según anunció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se espera que las iniciativas sean radicadas en febrero.

El Ministerio de Justicia abrió un canal directo para que cada colombiano haga sus aportes a la reforma.

Según el documento, el consumo de sustancias sicoactivas debe abordarse con enfoques de salud pública, derechos humanos y respeto a la diferencia.

La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuidos en fondos específicos para diversas entidades del Estado.

La funcionaria se ha desempeñado como magistrada auxiliar del Consejo de Estado y docente investigadora senior de Colciencias.

El Consejo Superior de la Judicatura entregó la condecoración a funcionarios y empleados de la Rama que se destacaron por su trabajo de cara al ciudadano.

“El decreto lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal”: Minjusticia.

La presente reglamentación rige a nivel nacional y aplica para todos los consultorios jurídicos, que se encuentran en funcionamiento y los que establezcan las instituciones de educación superior en sus programas de Derecho.

Además, el decreto establecería la creación del Comité Escal para evaluar, dar seguimiento y controlar las autorizaciones y licencias relacionadas con estupefacientes.