Política antidrogas será financiada con dineros del narcotráfico

El Consejo Nacional de Estupefacientes expidió la Resolución 0003 del 2023, que redefine la asignación de recursos procedentes del narcotráfico. La meta es robustecer la política nacional antidrogas del gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene como propósito impulsar el desarrollo rural en áreas dedicadas a la producción de coca. 

La resolución detalla una asignación presupuestal de $215.335 millones para el próximo año, distribuidos en fondos específicos para diversas entidades. Entre ellas, se destinan: $85.640 millones al Ministerio de Agricultura, $44.350 millones al Ministerio de Defensa, $30.393 millones al Ministerio de Justicia, $24.391 millones al Ministerio de Salud, $22.847 millones a la Policía Nacional y 7.734 millones al Ministerio del Interior. (Lea: Minjusticia publicó la nueva política de drogas). 

El 69 % de esos $215.335 millones provenientes de bienes incautados al narcotráfico se destinarán al componente “oxígeno” de la política nacional antidrogas. El 31 % restante irá al componente “asfixia”. 

Cabe aclarar que esta política se basa en dos pilares: "oxígeno", dirigido a comunidades rurales afectadas por el conflicto, y "asfixia", orientado a atacar los eslabones altos del narcotráfico a través de acciones militares y policiales 

En este sentido, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recibirá la mayor parte de los recursos, siendo esta la primera vez que se le asignan dineros del Fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado (Frisco), que son provenientes de ventas, alquileres y administración de bienes en extinción de dominio. 

El Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó la reasignación presupuestaria con el respaldo de ocho de sus nueve miembros.  Emitieron votos a favor: la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La Procuraduría optó por la abstención. 

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