Ante el conocimiento de un delito cometido por un adolescente, cualquier persona adulta puede presentar la denuncia a la Policía Nacional o la Policía de Infancia y Adolescencia. En caso de no poder acudir a estas autoridades, también es válido presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, las unidades de reacción inmediata (URI), las salas de atención al usuario, las casas de justicia o las comisarías de familia, según informó el Ministerio de Justicia. Estas instancias se encargan de remitir el caso a la autoridad competente para dar inicio al proceso legal correspondiente.

Una vez presentada la denuncia, la Fiscalía General de la Nación adelanta la investigación respectiva y, si encuentra mérito suficiente, remite el caso ante un juez penal municipal con función de control de garantías. Posteriormente, el proceso es asumido por un juez penal para adolescentes, o quien haga sus veces, quien será el encargado de proferir una sentencia absolutoria o condenatoria, según corresponda. En todas las etapas del procedimiento, el adolescente contará con el acompañamiento de un defensor de familia, quien tiene como función principal velar por la protección integral de sus derechos. (Lea: Así puede sustituir su pena por labores de utilidad pública)

Las sanciones aplicables a los adolescentes infractores dependen de la gravedad de la conducta delictiva. Para los delitos de menor entidad, pueden imponerse medidas como amonestaciones, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad o libertad asistida. En los casos de delitos graves, se contempla el internamiento en centros especializados, aplicable únicamente a adolescentes entre los 16 y 18 años de edad que hayan cometido conductas punibles cuya pena privativa de la libertad sea igual o superior a seis años.

Asimismo, la privación de la libertad puede imponerse a adolescentes mayores de 14 años que incurran en delitos como homicidio doloso, secuestro, extorsión o delitos contra la libertad e integridad sexual. Cabe resaltar que los menores de edad no pueden celebrar preacuerdos con la Fiscalía, aunque sí pueden aceptar cargos, lo cual será tenido en cuenta como un factor atenuante en la sentencia.

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