Cuando un empleador no realiza los aportes a la seguridad social o no afilia a sus trabajadores lo primero que se recomienda es intentar un acuerdo directo. En caso de no lograr una solución, el trabajador puede acudir al inspector de trabajo para recibir asesoría, presentar quejas o solicitar conciliaciones, siempre que se trate de derechos negociables como las indemnizaciones o los plazos de pago.

Si no hay inspector de trabajo en el municipio se puede acudir a la Defensoría del Pueblo, al personero municipal o a los consultorios jurídicos. No obstante, para obtener el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, es necesario presentar una demanda ante el juez laboral. Si no existe esta jurisdicción en el municipio, el proceso puede llevarse ante el juez civil del circuito o el juez de pequeñas causas si el monto es menor a 20 salarios mínimos y no se cuenta con abogado. (Lea: Empresa patrocinadora del aprendiz no está obligada a realizar aportes para pensión)

Además, las administradoras de pensiones están obligadas a iniciar acciones legales en nombre del trabajador para obtener el pago de los aportes pensionales. El trámite ante los juzgados no tiene costo, aunque en el caso de empleados públicos es obligatorio contar con abogado. En el caso de trabajadores privados, solo se requiere abogado si la reclamación supera los 20 salarios mínimos.

La ley establece que los aportes deben ser asumidos tanto por empleador como por trabajador, dependiendo del tipo: salud, pensión o riesgos laborales. El incumplimiento en los pagos puede ser motivo de renuncia justificada por parte del trabajador, con derecho a indemnización. Cabe resaltar que los aportes pensionales no prescriben, por lo que se pueden reclamar en cualquier momento.

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