21 de Julio de 2024 /
Actualizado hace 16 horas | ISSN: 2805-6396

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Senado y Cámara aprueban conciliación de ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural

20 de Junio de 2024

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Senado y Cámara aprueban conciliación de ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural

Esta mañana, en la plenaria del Senado de la República, se aprobó el texto que estructura la jurisdicción agraria y rural, para garantizar un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para campesinos y comunidades rurales.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se mostró complacido por esta decisión: “esta iniciativa tiene como finalidad proteger la propiedad rural. No contiene ninguna disposición, ni explícita ni implícita, relacionada con expropiación. Precisamente, lo que hace el proyecto de ley es crear jueces especializados que resolverán pleitos y aplicarán el derecho vigente, el cual establece y protege la propiedad. La norma no modifica en absoluto la legislación sustantiva sobre la propiedad, simplemente crea un mecanismo adicional para garantizar su protección”, explicó. (Lea: Minagricultura adaptó estrategia para prevención de la corrupción en implementación de la reforma agraria)

El proyecto, que ahora será revisado por la Corte Constitucional y se espera sea sancionado por el presidente Gustavo Petro, define la estructura judicial con jueces de circuito y tribunales agrarios, así como los criterios para definir dónde serán instalados estos despachos (zonas con programas de desarrollo con enfoque territorial - PDET, núcleos de reforma agraria y zonas con cultivos de uso ilícito, entre otros).

También crea centros de apoyo técnico especializado, integrados por profesionales en distintas disciplinas que apoyarán la labor de los jueces agrarios. Finalmente, crea la figura del facilitador agrario, el cual orientará gratuitamente a los potenciales usuarios y usuarias de la justicia agraria.

En cuanto a la provisión de cargos, se realizarán concursos de méritos para seleccionar jueces y magistrados especializados en derecho agrario, administrativo y ambiental.

Aún queda por discutir la ley ordinaria, que definirá el proceso operativo de la nueva jurisdicción. Dicha ley deberá establecer, entre otros aspectos, los requisitos para presentar las demandas y el procedimiento para la práctica de pruebas.

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