21 de Julio de 2024 /
Actualizado hace 17 horas | ISSN: 2805-6396

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Especiales / Personaje


“Es importante avanzar en una regulación sobre el uso de la IA en la producción de textos normativos”

18 de Junio de 2024

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La calidad de las normas y su constante actualización es una responsabilidad del Ejecutivo, en este escenario es clave el papel de los abogados funcionarios del Estado, ÁMBITO JURÍDICO dialogó con Óscar Mauricio Ceballos Martínez, director de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia, sobre producción, depuración y divulgación normativa, el uso de la inteligencia artificial y el papel de los abogados en la sociedad.

Como novedad para el Día del Abogado, Ceballos nos revela que se publicó recientemente la Cartilla de la Abogacía y viene un curso gratuito sobre los procesos de constitucionalidad y nulidad simple.

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿En materia de depuración normativa se ha avanzado y la ciudadanía ha participado en el proceso?  

Óscar Mauricio Ceballos (O. M. C.): Sí, hemos avanzado en tres niveles diferentes:

  1. Depuración de normas de rango legal.
  2. Depuración de normas reglamentarias del orden nacional.
  3. Depuración de normas expedidas por entidades territoriales.

El primer proyecto de depuración culminó con la expedición de la Ley 2085 del 2021, que depuró cerca de 7.000 artículos contenidos en 608 normas de rango legal. Esta fue la primera ley de depuración en el país. Posteriormente, adaptamos la metodología utilizada en la depuración de normas de rango legal para aplicarla a normas reglamentarias, así se diseñaron la metodología de depuración normativa de los decretos únicos reglamentarios (DUR) y la de depuración de las normas expedidas por entidades territoriales.

En el orden nacional se han depurado los DUR de cuatro sectores: Justicia y Derecho; Comercio, Industria y Turismo; Inclusión Social y Reconciliación y Planeación. Actualmente, los sectores de Relaciones Exteriores, Cultura y Estadística se encuentran depurando sus DUR. La meta es depurar la normativa de todos los sectores de la administración pública. Adicionalmente, algunas entidades de regulación han realizado ejercicios de depuración, por ejemplo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

A nivel territorial, Minjusticia ha invitado a todas las gobernaciones y ciudades capitales del país para que se unan a este proyecto de depuración. A la fecha, la Alcaldía de Medellín; la Gobernación del Valle del Cauca, en coordinación con la asamblea departamental; el Concejo de Pasto, en coordinación con la alcaldía; la Secretaría de Integración Social de Bogotá y la Gobernación de Boyacá han emitido normas de depuración. 

Ahora bien, en la metodología de depuración existe una etapa de participación ciudadana, en donde cualquier ciudadano puede sugerir las normas que en su criterio se deberían depurar. Esta participación ha sido muy importante, pues los ciudadanos lograron identificar normas depurables que la Administración no había advertido. Un caso significativo fue el de la Gobernación del Valle del Cauca, en donde se depuró aproximadamente el 75 % de las ordenanzas expedidas desde 1991 al 2022, con apoyo de la ciudadanía.

Á. J.: ¿Los decretos únicos de cada sector de la Administración están actualizados y accesibles? 

O. M. C.: La actualización de los decretos únicos reglamentarios se realiza teniendo como base la normativa de carácter general y abstracto publicada en el Diario Oficial, fuente primaria, así como en las afectaciones jurisprudenciales que puedan emitir las altas cortes y que modifiquen la vigencia de las disposiciones que se encuentran en los decretos compilatorios. En cuanto a la accesibilidad, los decretos pueden ser consultados permanentemente en el Sistema Único de Información Normativa (SUIN-Juriscol).

Á. J.: ¿Se ha promovido ante las entidades territoriales el objetivo de mejorar la calidad normativa? 

O. M. C.: Se están desarrollado tres tipos de actividades de promoción de la calidad normativa:

  1. Elaboración y actualización de cartillas sobre redacción de disposiciones normativas y una guía de publicación y divulgación de actos administrativos (disponibles en la página web de SUIN-Juriscol).
  2. Capacitaciones de calidad normativa y talleres teórico prácticos de redacción de normas, dirigidos a funcionarios y contratistas de entidades territoriales y nacionales que tienen entre sus funciones redactar proyectos normativos.
  3. Socializaciones de la metodología de depuración normativa.

En total, entre 2022 y 2024, Minjusticia ha llegado a 113 entidades nacionales y territoriales y a más de 3.272 personas en temas de redacción de disposiciones normativas y se han realizado socializaciones de la metodología de depuración a 141 entidades, con una asistencia de 3.586 personas, entre funcionarios, contratistas y estudiantes de Derecho. Este año continuamos con estas capacitaciones en distintos territorios del país, incluso ya hemos estado en San Andrés, Pasto, Valledupar, Armenia y Quibdó.

Á. J.: ¿En defensa del ordenamiento jurídico qué papel desempeña el ministerio? 

O. M. C.: La Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de Minjusticia está encargada de ejercer la defensa efectiva de las normas de competencia del sector Justicia y de coordinar y participar en la defensa de normas de otros sectores administrativos. Esto se materializa con la presentación de escritos de intervención o realización de actuaciones judiciales en los procesos de control abstracto de constitucionalidad ante la Corte Constitucional y de nulidad simple ante el Consejo de Estado.

En lo corrido del 2024, esta Dirección ha hecho más de 70 intervenciones en procesos de constitucionalidad y nulidad. Vale la pena destacar las referentes a normas sobre la constitución del patrimonio de familia; retiro de los notarios del cargo; registro personal en materia penal; Ley de Paz Total; visitas de medios de comunicación a centros de reclusión; reglamentación del programa Jóvenes en Paz y bonificación judicial.

Á. J.: ¿Cómo es el trabajo de defensa en temas aprobados en gobiernos anteriores? 

O. M. C.: De forma permanente, la defensa busca salvaguardar la Constitución Política, lograr la mejora, coherencia y racionalización del sistema jurídico colombiano y fortalecer el principio de seguridad jurídica. Por eso, los criterios jurídicos que este ministerio proporciona en tales procesos judiciales tienen en cuenta la jurisprudencia constitucional, el precedente aplicable de otras altas cortes o normativa legal, según corresponda en cada caso, y desde luego el principio de conservación del Derecho.

En diversas ocasiones Minjusticia considera que las demandas no cumplen los requisitos exigidos para que el alto tribunal constitucional se pronuncie de fondo sobre los asuntos debatidos o los cargos alegados no demuestran la afectación a la validez del acto administrativo acusado. En otros eventos se advierte la posible infracción del marco constitucional por el contenido de las disposiciones analizadas.

De hecho, para garantizar el principio de precaución en materia ambiental se solicitó al Consejo de Estado declarar, como medida cautelar, la suspensión provisional de los efectos y posteriormente la nulidad del Decreto 380 del 2021, relativo a la erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión con glifosato.

Á. J.: ¿El uso de la inteligencia artificial en la producción de textos normativos debe regularse? 

O. M. C.: En primer lugar, es importante precisar que los competentes para expedir las normas son los funcionarios y las entidades a quienes la Constitución o la ley les asigna dichas funciones. La inteligencia artificial (IA) bien utilizada puede ser una herramienta valiosa en el proceso de producción normativa que realizan dichos funcionarios o entidades; sin embargo, debe tenerse en cuenta que las normas no se deberían producir de forma autónoma por parte de la IA y sin supervisión humana, dados los peligros que esto puede significar.

La IA puede, por ejemplo, ser de mucha utilidad en la etapa de diseño de las regulaciones, en donde se requiere la construcción del inventario normativo y jurisprudencial sobre el tema que se pretende regular, lo cual supone el procesamiento de grandes cantidades de datos. La IA también puede ayudar en la redacción de los textos, al identificar errores, inconsistencias o lagunas en la redacción, lo que podría mejorar la calidad y claridad de las leyes.

No obstante, también existen algunas preocupaciones sobre el uso de IA en la producción de textos normativos. Por ejemplo, los problemas éticos y de responsabilidad, si la IA comete errores en la redacción de textos normativos que tienen consecuencias legales significativas (fiscales, contractuales o penales, entre otras). Además, el sesgo inherente en los datos utilizados para entrenar los modelos de IA podría conducir a la generación de leyes discriminatorias o incluso muy eficientes desde el punto de vista económico, pero contrarias a ciertos principios constitucionales. Así, el desconocimiento del ordenamiento jurídico por parte de estos modelos de IA llevaría a cometer diferentes errores y a congestionar las entidades con diferentes PQRS y reprocesos donde se requiere de la supervisión humana.

Por lo tanto, es importante avanzar en una regulación sobre el uso de la IA en la producción de textos normativos, la cual podría abordar cuestiones como la transparencia en su uso; la supervisión humana en el proceso de redacción; la evaluación de la calidad y equidad de los textos generados por ella y la responsabilidad en caso de errores presentados.

Finalmente, es importante que los funcionarios sean capacitados sobre los beneficios, riesgos y responsabilidades en el uso de la IA, así como en los estándares y directrices existentes sobre redacción normativa, por ejemplo, el Decreto 1081 del 2015 y guías de redacción expedidas por Minjusticia, normas que pueden servir de parámetros para los servidores y la misma IA durante todo el ciclo de producción normativa.

Á. J.: ¿Qué pueden encontrar los abogados en el Ministerio de Justicia para su fortalecimiento profesional?

O. M. C.: Para promover el conocimiento normativo y jurisprudencial, la Dirección de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico de Minjusticia publicó recientemente la Cartilla de la Abogacía, en versión digital, que emplea el formato de preguntas y respuestas, aborda diversos aspectos de interés para los estudiantes de Derecho y de personas ya graduadas, como la obtención del título, las características propias de esta profesión liberal, el apoderamiento judicial, el régimen disciplinario aplicable, la fijación de honorarios y la protección contra injerencias indebidas, entre otros temas. Esta cartilla está disponible para consulta y descarga en https://www.suin-juriscol.gov.co/cartilla/cartillaabogacia.html.

Por otro lado, esta Dirección está preparando un curso virtual, gratuito y asincrónico, sobre las características de los procesos de constitucionalidad y nulidad simple, cuyo lanzamiento se realizará en el segundo semestre del 2024, el cual proporcionará insumos normativos y jurisprudenciales para identificar los presupuestos, estructura, clases de decisiones adoptadas, su impacto en el sistema jurídico nacional y otras condiciones propias de cada tipo de proceso.

Á. J.: ¿Qué importancia tienen los abogados en la consolidación del Estado de derecho?

O. M. C.: En un Estado social y democrático como el nuestro, la adjudicación de derechos, sobre todos los fundamentales, responde a un conjunto de valores que persigue, en últimas, la realización de la justicia. El abogado es en nuestras sociedades un instrumento que permite la concreción de este principio fundante del Estado colombiano. Así, no es gratuito que el artículo 229 de la Constitución consagre que el acceso a administración de justicia debe hacerse por medio de un abogado. De forma excepcional, la ley puede indicar en qué casos dicho acceso puede hacerse sin representación. Esta norma constitucional permite dimensionar la importancia social del ejercicio de la profesión de abogado. De igual forma, el ejercicio se encuentra íntimamente ligado a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica.

La misión principal del abogado es asesorar y asistir a las personas en el desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas. No obstante, dicho ejercicio involucra no solo los intereses de su cliente sino de toda la sociedad y la protección de los derechos de terceros. Por ello, su práctica inadecuada pone en riesgo la vigencia de otras garantías constitucionales, como la honra, la intimidad, el buen nombre y el derecho a la defensa. De igual forma, el respeto de las normas éticas de la profesión permite el buen funcionamiento de la jurisdicción, en especial su celeridad, su real búsqueda de la verdad y la buena fe.

La independencia y la probidad del abogado es tan importante que puede asimilarse a la del juez. Es verdad que este debe defender los intereses de sus clientes, pero siempre conforme al principio de buena fe, lealtad procesal y a la consolidación de los valores superiores en los que descansa todo Estado de derecho.

No cabe duda  de que el abogado es el vínculo que une al Estado con el ciudadano. A modo ilustrativo, los consultorios jurídicos permiten que las personas de escasos recursos puedan resolver sus diferencias en un escenario pacífico y por las vías jurídicas y no de hecho. Además de la promoción del acceso de la justicia, los abogados contribuyen a la defensa de los derechos humanos, como, por ejemplo, en la representación de las víctimas de sus graves violaciones, o como mediadores en la resolución de conflictos fuera del sistema judicial formal a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias, como la conciliación o mediación.

Á. J.: ¿Qué herramientas de Minjusticia destacaría para los ciudadanos? 

O. M. C.: Entre las herramientas que ofrece Minjusticia al servicio de los ciudadanos destaco el Sistema Único de Información Normativa del Estado SUIN-Juriscol, gratuito y de gran utilidad para los operadores jurídicos y la población en general, ya que permite ubicar rápidamente las normas de carácter general y abstracto publicadas desde 1864 (primer Diario Oficial), esto es, más de 99.000 disposiciones. Además, en esta plataforma web es posible consultar jurisprudencia de control de constitucionalidad y de legalidad proferida por la anterior Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, desde 1910 hasta 1991, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Otros beneficios comprenden el acceso desde cualquier lugar o dispositivo con conexión a internet, y un menú de accesibilidad con ajustes diseñados para personas con deficiencia visual o visión parcial. La plataforma cuenta con otras facilidades de búsqueda tales como la Constitución Política traducida a siete lenguas indígenas.

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