La expresión “si es del caso” significa que la norma no impone a todas estas entidades la obligación de contar con revisor fiscal.
Hasta el momento, en la reforma laboral se mantienen propuestas como la de priorizar los contratos a término indefinido y la de recuperar los recargos nocturnos y festivos.
Esta figura opera por mandato legal y no es concomitante con el recurso de apelación: CNDJ.
Las tasas de peaje serán diferenciales, es decir, se fijarán en proporción a distancias, características vehiculares y costos de operación.
Se espera que en las próximas horas el presidente tome una decisión junto a la cúpula militar y el alto comisionado para la paz.
Para el Consejo de Estado, el signo solicitado no es distintivo para amparar servicios en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, al estar conformado por expresiones descriptivas.
En julio del 2021, la Corte Constitucional le ordenó al ministerio garantizar los derechos laborales de los maestros que prestan sus servicios a la población indígena.
Corte Suprema se pronunció sobre la interpretación de los ingredientes normativos alusivos a las fases de contratación por inobservancia de requisitos legales.
Son los agentes de tránsito de la jurisdicción donde se comete la infracción quienes deben diligenciar la orden de comparendo.
Este jueves, la Cámara y el Senado tendrán sesión plenaria.
El arrendatario de un ‘leasing’ operativo no debe registrar en su activo o su pasivo suma alguna por concepto del bien objeto del contrato, pues solo será el dueño de aquel quien tenga que declarar.
Los conductores y propietarios de estos automotores denunciaron trabas para acceder a las copias de sus expedientes ante los organismos de tránsito.
Hasta el 16 de marzo se podrán hacer comentarios a la norma que busca regular su circulación.
Nulidad no puede invocarse solo en interés de la ley, sino que es necesario que la irregularidad sustancial afecte las garantías de los sujetos procesales: CNDJ.
CNDJ absuelve a juez penal para adolescentes penal para adolescentes con función de control de garantías de Bogotá al no encontrar tipificada la acción por la que le investigaban.
El Gobierno le apuesta a reactivar la red férrea nacional con proyectos como el tren del pacifico y el corredor Bogotá-Belencito.
La inmediatez se acredita demostrando con prueba sumaria o con indicios que la afectación de los derechos es continua y que el accionante ha desplegado actuaciones tendientes a buscar el amparo de sus garantías.
En los contratos especiales en donde exista innovación tecnológica no hace por sí mismo que el convenio sea de ciencia y tecnología: Corte Suprema.
Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al tránsito sin la debida autorización afecta la actividad económica.
Basta con demostrar el defecto del producto, sin perjuicio de las causales de exoneración de responsabilidad.
Acoso laboral, violencia sexual, violencia económica y feminicidio son algunos de los delitos tipificados en esta medida.
Solo se contabiliza al momento de crearlo, aumentarlo, disminuirlo o eliminarlo, por lo que se considera un fondo fijo.
Autorización de las asambleas a delegar temporalmente sus competencias a los gobernadores está sujeta a límites materiales: Corte Constitucional.
El procedimiento de combinación debe corresponder al marco normativo contable de la subsidiaria responsable del proceso.
Entre los siete opcionados para quedarse con el cargo solo hay una mujer, la ex contralora general Sandra Morelli.
Demandan por inconstitucionalidad la Ley 2281 del 2023 por impacto fiscal.
En el organismo asesor participan el fiscal general y la procuradora de la nación.
Se trata de una respuesta a la providencia del Consejo de Estado que pidió cerrar el vacío legal que existe frente al tema.
Corte Constitucional estudió la demanda que se presentó contra numeral 5º del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999.
Ecopetrol y Bancolombia continúan liderando la categoría de alta bursatilidad.
Las evidencias de trabajo son documentos privados que solo pueden ser conocidas por terceros previa autorización.
El proyecto del Gobierno de Gustavo Petro será radicado ante el Congreso el próximo 16 de marzo.
Consejo Superior de la Judicatura abre convocatoria para las secciones Primera, Segunda, Tercera y Quinta del Consejo de Estado.
Con esta decisión el país adopta los últimos estándares de Naciones Unidas en cuanto a la protección de los usuarios de estos vehículos.
La garantía mínima de calidad e idoneidad de un bien o servicio comprende también su entrega o la realización oportuna.
La actividad de otorgar créditos o de financiar electrodomésticos para sus usuarios escapa del objeto social de la empresa.
Los accionantes pretenden que se declare la inexequibilidad del artículo 11 de la Ley 2277 del 2022 y sugieren unas modulaciones en caso de no encontrar la inconstitucionalidad.
El enajenante deberá acudir a los mecanismos judiciales pertinentes con el fin de hacer valer sus derechos.
La entidad les recuerda a los afectados que pueden interponer sus recursos ante la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio.
La potestad reglamentaria, que es inalienable, intransferible e inagotable, no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo.
La entidad les recuerda a los afectados que pueden interponer sus recursos ante la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Será competente la autoridad del lugar donde se encuentre el niño, la niña o el adolescente: Corte Suprema.
En el segundo caso el vehículo será inmovilizado hasta que sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción.
La iniciativa beneficia a cerca de 5.000 mujeres que tienen condenas que no superan los ocho años.
Si a la fecha de vigencia de la Ley 789 el trabajador tenía más de 10 años de servicio a la empresa, la indemnización por despido injusto debe calcularse siguiendo lo contemplado en la Ley 50 de 1990.
La Corporación hizo el llamado al presidente Gustavo Petro tras sus cuestionamientos sobre decisiones de los tribunales.
Si bien es viable jurídicamente que un trabajador pueda ser parte de varios sindicatos, el asalariado debe escoger entre los distintos convenios aquel que mejor le convenga a sus intereses económicos, ello con el fin de evitar que reciba duplicidad o más beneficios convencionales.
Corte resolvió un conflicto de competencia que se presentó en una demanda de imposición de servidumbre de energía eléctrica.
Las iniciativas lideradas por jóvenes y mujeres tendrán mayores calificaciones en el proceso de evaluación.
Consejo de Estado estudió si el acto administrativo que aceptó la renuncia de una funcionaria de libre nombramiento y remoción se encontraba ajustado a derecho.
Para acceder a ella es necesario acreditar la afiliación al SGSSS en calidad de cotizante y en estado activo.
Los datos corresponden a un estudio que la Supersociedades realizó en 5.499 empresas.
Si bien son los deudores los llamados a liquidar sus acreencias, estos, como administrados, tienen todo el derecho a exigir un recto ejercicio de la administración pública.
La propuesta se sustenta en las facultades extraordinarias que la reforma tributaria le otorgó al presidente para emitir un decreto sobre el tema. Los gremios están en contra.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1º de la Ley 1232 del 2008.
La defensa demostró que no existió el convencimiento ni el conocimiento más allá de toda duda sobre la responsabilidad de los acusados sobre el delito de concusión.
No constituye un eximente de responsabilidad subjetiva el hecho de que antes de inscribirse haya consultado o pedido una asesoría idónea sobre la configuración de la inhabilidad prevista por el numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Si se mantiene la incertidumbre por la crisis de Viva Air, la compañía chilena podría atender algunas de las 34 rutas que maneja la primera.
La Ley 2195 del 2022 no cambió la forma en que se perfeccionan los contratos suscritos por las entidades exceptuadas.
Son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de inducir a error al público o a los medios comerciales sobre la procedencia, naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios.
La entidad señala que los cambios podrían implicar riesgos operativos en el trabajo conjunto de la institución con las fuerzas militares.
El ejercicio de potestades administrativas contractuales facultaba la terminación unilateral mediante acto administrativo motivado: Consejo de Estado.
Potestad del acreedor procede siempre que los demás bienes del deudor aseguren el pago de obligaciones alimentarias y las laborales.
Le asiste un mejor derecho al reintegro al servicio por orden judicial cuando se confronta con el derecho de nombramiento en propiedad del primero en la lista de elegibles en concurso de méritos de la Rama Judicial.
La propuesta busca que el sistema reconozca el tiempo que las mujeres usan en las labores de cuidado.
Se espera que los partidos presenten hoy el articulado al Gobierno nacional.
El fondo debe suministrar la información necesaria a fin de que la persona cuenta con los elementos suficientes para discernir los alcances de su traslado al RAIS.
Aunque la decisión ya estaba tomada, el mandatario la aceleró por supuestos malos manejos de Urrutia en temas de contratación.
Consejo de Estado precisó que la obligación contenida en el acuerdo conciliatorio debe ser expresa, clara y exigible para ser cumplida por la accionada.
Se negaron las pretensiones de la acción popular luego de concluir que la realización del proyecto no está afectando los derechos colectivos invocados.
Quienes se acojan solo pagarían el 20 % de la sanción por mora en los aportes al sistema de protección social.
La Ley 2195 del 2022 no cambió la forma en que se perfeccionan los contratos suscritos por las entidades exceptuadas.
Para que pueda hablarse de inclusión de cotizaciones es necesario que haya pruebas razonables o inferencias plausibles sobre la existencia de un vínculo laboral.
Corte Suprema resolvió si se incurrió en presunta vía de hecho por decretar como cautelas el embargo y secuestro de dos animales.
Para la protocolización de la operación con compañías beneficiarias que aún no existen, deben aportarse estados financieros de la sociedad escindente.
El Gobierno justifica su medida en los precios internacionales del petróleo y otros minerales, que han permitido liquidez y utilidades extraordinarias para las empresas del sector.
La atención en salud de la población adulta mayor no se puede limitar por ningún tipo de restricción administrativa o económica.
Los partidos políticos son entidades no contribuyentes, pero están obligados a llevar libros de contabilidad y presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
Consejo de Estado se pronunció sobre la expresión “y su reglamento”, incluida en los artículos 2 y 3 del Decreto 935 del 2013.
Los conductores que estacionen sus vehículos con este objeto deberán hacerlo en zonas y horarios determinados.
Los prestadores tendrán que anexar en su solicitud el certificado de reconocimiento de servicios de salud aprobado por la aseguradora.
Le entregaron poder a un abogado para que iniciara un proceso ejecutivo en su nombre, pero quien figuraba como demandante era el apoderado en razón de un supuesto endoso en “propiedad”.
El agente de tránsito procederá con el retiro y traslado y, adicionalmente, la imposición del respectivo comparendo
Para solicitar la encuesta debe acercarse a las oficinas locales del municipio de residencia.
Los procesos de registro e inscripción se podrán realizar en el aplicativo web SIDCA2, a partir del 27 de marzo y hasta el 18 de abril.
Este será el trabajo del Congreso para la segunda semana de marzo.
La cifra representa un incremento del 27,5 % en comparación con el mismo mes del año anterior.
La suspensión solo opera por el término inicialmente establecido por los Decretos 560 y 772 del 2020, sin atarla al término de vigencia.
La EPS tiene 15 días hábiles para revisar los soportes y entrar a liquidar o autorizar dichas prestaciones económicas.
Los jueces tienen el deber de observar los lineamientos sentados por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, cuyo precedente es vinculante: Consejo de Estado.
En un concepto enviado a la Corte, la Procuradora General solicitó declarar la exequibilidad de las normas demandadas.
Según el ministro Néstor Osuna, es necesario dar un mejor manejo a los $ 3,2 billones de presupuesto asignados a estas entidades.
Toda actuación en causa propia supone una incompleta imputación jurídica que resulta inexorablemente en la absolución del disciplinable: CNDJ.
Se requiere que la Administración haya exigido la presentación de libros, comprobantes y demás documentos de contabilidad en relación con costos, deducciones, descuentos o pasivos que se estén investigando y que el contribuyente no los hubiera presentado.
El propietario o tenedor del vehículo de placas nacionales o extranjeras debe mantenerlo en óptimas condiciones.
El empleador que no afilie a sus trabajadores al sistema de seguridad social, incluso debido a la falta de cobertura del ISS, debe responder por las obligaciones pensionales.
El proceso es uno solo, por ello es posible que en un mismo pronunciamiento se resuelvan todos los recursos pendientes a cargo del superior.
La medida obliga a la aerolínea a definir, en un plazo máximo de un día hábil, el estado de las reservas emitidas y confirmadas a sus pasajeros.
La Corte Suprema precisó que el derecho penal sanciona el fraude y el abuso, no la mala administración.
La licencia temporal faculta para actuar sin haber obtenido el grado como apoderado o defensor en casos excepcionales y trámites procesales taxativamente señalados en el Decreto 196 de 1971.
La medida se decretó en el marco de una demanda de protección al consumidor instaurada por uno de los afectados con la suspensión de operaciones.
Se trata del dato más alto desde marzo de 1999; sin embargo, analistas señalan que el índice habría alcanzado su techo.
La Sala Plena señaló que en los casos que una norma abierta o manifiestamente incompatible con la Constitución pueda producir efectos irremediables o eludir el control de constitucionalidad es necesario adoptar medidas también excepcionales.
Al primer mandatario no le es posible reasumir unas funciones que no le han sido conferidas expresamente por el ordenamiento jurídico.
El legislador puede habilitar a la ANDJE para solicitar conceptos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para precaver litigios entre entidades públicas o poner fin a los existentes.
En lo que respecta al proceso de reorganización, deberán reportar desde la solicitud de admisión la totalidad de proyectos.
La Corte Constitucional expresó que se vulneraron derechos fundamentales luego de señalar el alcance del principio de igualdad.
Confirman la decisión de primera instancia de terminación y archivo de la actuación disciplinaria adelantada contra un fiscal al acreditar que la mora estuvo justificada.
Las consecuencias derivadas de la falta de afiliación al sistema de pensiones o la ausencia de pago de las cotizaciones no están sometidos a la prescripción extintiva.
Con estos cambios se verán beneficiados usuarios y empresas de los sectores de Defensa, Ambiente, Comercio, Justicia y Hacienda, entre otros.
El término para la revisión de las autoliquidaciones previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario era aplicable a los denuncios presentados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1607/12.
Una nueva conducta violatoria a las normas de tránsito denota un comportamiento contrario al debido acatamiento.
No se configura la falsedad ideológica cuando se diligencia la letra de cambio con espacios en blanco, la cual está de garantía del pago de las obligaciones del contrato de arrendamiento: Corte Suprema.
Aunque en el último trimestre del 2022 las solicitudes de crédito para vivienda bajaron, en comparación con el mismo periodo de 2021 crecieron un 8,2 %.
Los contratos de estabilidad jurídica para los inversionistas tienen como finalidad estimular la inversión esencialmente nueva en el país.
Autoridades locales de tránsito y transporte pueden inmovilizar vehículos e imponer multas de hasta 30 salarios mínimos legales.
Generalmente se deben excluir y/o suprimir palabras o expresiones de uso común a efectos de realizar el cotejo de la manera, de manera excepcional se debe preservar cuando con la exclusión altera su unidad fonética y gramatical.
Conceden tutela a familiares de ciudadano que murió después de cirugía sin haber otorgado el consentimiento informado.
Ningún organismo podrá exigir requisitos adicionales o diferentes a los establecidos previamente en las normas.
Ley de Borrón y Cuenta Nueva dispone que a la solicitud de corrección se aporten soportes que permitan establecer identidad.
El mandatario asegura que los bancos deben sacrificar sus utilidades y entregar créditos más baratos, especialmente en el campo.
Los integrantes de la Policía podrán acceder a los circuitos cerrados para acciones de identificación o judicialización en el marco de una investigación de carácter penal.
La norma propició la colisión de dos reglas legales especiales y concretas y desconoció de la dinámica de los contratos de concesión y APP para efectos del impuesto sobre la renta.
Deberá tener y demostrar absoluta independencia mental y de criterio con respecto a cualquier interés que pudiere ser incompatible.
La medida consiste en suspender temporalmente la circulación del vehículo por las vías públicas o privadas abiertas al público.
Servicios e insumos de salud que requieran las personas de la tercera edad deben garantizarse de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.
La medida cautelar de suspensión provisional del acto administrativo demandado no tiene la condición de previa para eximirse de enviar copia de la demanda y anexos al ente demandado.
Cuando intervienen entidades públicas tanto en la parte accionante como en la convocada se aplican las reglas del 7º y 10º del artículo 28 del Código General del Proceso.
Derecho de preferencia en la negociación de acciones no es un derecho político, pues no hay participación en temas de dirección.
El ‘habeas corpus’ procede cuando hay una privación ilegal de la libertad y el afectado no cuenta con un mecanismo procesal eficiente para la protección de su derecho.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
En los procesos de alimentos será competente el juez que corresponda al domicilio común anterior mientras el demandante lo conserve: Corte Suprema.
Es precisamente del ejercicio de la opción de compra que el legislador condicionó el acceso al beneficio tributario de la exención del pago del impuesto sobre las ventas.
Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.
El juez está en la obligación de adelantar un examen riguroso del comportamiento asumido por el empleador en su condición de deudor.
El precedente no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho: Consejo de Estado.
Desde el año 2018, y para efectos de la renta exenta, se permitió la modificación en los que se refiere a proyectos sobre VIS y VIP.
Abogado incumple el deber de honradez en sus relaciones profesionales, al no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, recibidos en virtud de la gestión profesional.
La aerolínea, que está pidiendo una integración con Avianca, podría ser multada hasta con 2.000 salarios mínimos legales vigentes.
Para decretar dividendos a una fecha distinta debe estar así previsto en los estatutos con corte de estados financieros.
No se puede acudir a la acción de tutela para corregir la desatención que mostró el ciudadano frente a la decisión de un proceso en su contra.
Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.
El monto será pagado a través de títulos de deuda pública del portafolio de intervención monetaria del emisor.
Es necesario evaluar si en cualquiera de los contratos suscritos existe alguna cláusula que establezca prohibición en dicho sentido.
En la descripción genérica en la factura no se debe individualizar cada uno de los bienes vendidos, sino únicamente se requiere que de dicha descripción se pueda inferir la destinación de los mismos.
Se parte de la premisa de que la absorbente inicia negocios en Colombia y la reforma estatutaria implica una integración empresarial.
En este caso en particular, los derechos deprecados por las 36 personas privadas de la libertad coinciden con el estado de cosas inconstitucional declarado en materia carcelaria.
La aerolínea, que suspendió sus operaciones argumentando crisis financiera, tenía más de un millón de tiquetes vendidos sobre los que no existe certeza.
La Administración no desconoce derechos fundamentales cuando se hacen nombramientos en estricto orden de méritos.
La calificación de la pérdida de capacidad laboral no constituye criterio que determine el conocimiento del daño, elemento que importa para el cómputo del término de la caducidad.
Se deben adoptar medidas relacionadas con la garantía de los derechos de la PPL en centros de detención transitoria en contextos de emergencia sanitara o eventos epidemiológicos: Corte Constitucional.
Esta cifra se relaciona con el aumento de la tasa de interés por parte del Banco de la República para intentar frenar la inflación.
Para Bogotá, el precio de referencia será de $11.173. Otras siete ciudades también quedaron por encima de los $11.000.
También del análisis de la Sentencia C-321 de 2022 se explica la protección del derecho al debido proceso cuando se imponen comparendos.
Explican que las modificaciones efectuadas al valor de la carga contaminante solo podían surtir efectos a partir del siguiente periodo, sino se vulnera el principio de irretroactividad tributaria.
Código de Procedimiento Penal habilita diferentes formas de citación para la concurrencia de las partes a las audiencias del proceso: CNDJ.
La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.
Se determina la competencia con base en el numeral 10 del artículo 28 Código General del Proceso y el auto de unificación AC140-2020.
La cifra disminuyó 0,9 puntos en comparación al mismo mes del 2022, cuando se situó en 14,6 %.
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad contra la providencia recurrida: Consejo de Estado.
Según el fallo, no se desconoce el principio de legalidad, puesto que los tribunales de ética odontológica cuentan con criterios orientadores al momento de imponer sanciones disciplinarias.
El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.
El Consumidor puede exigir que se preste el servicio incumplido en las condiciones pactadas o la devolución del pago
Mientras el nombre del revisor fiscal no haya sido retirado de los registros públicos, deberá seguir cumpliendo sus obligaciones
Las nuevas jefes de cartera serán Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte
El examen del acto del cambio de régimen pensional por transgresión del deber de información debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto: Sala Laboral.
La competencia no se circunscribe a adelantar procesos de liquidación judicial de personas naturales comerciantes fallecidas
Consejo de Estado recordó que los servidores públicos que ocupan en provisionalidad un cargo de carrera gozan de una estabilidad laboral relativa.
Los magistrados Magda Victoria Acosta y Walteros Alfonso Cajiao se apartaron de la decisión de la mayoría e indicaron que debió declararse la nulidad de lo actuado, en cuanto la suspensión debió ser de por lo menos seis meses.
Es obligación del destinatario dejar la respectiva constancia al momento del recibo, incluso en caso de reticencia del proveedor.
Por ende, los pagos deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre la existencia del vínculo contractual laboral con el trabajador y la efectiva prestación del servicio por parte de este.
En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.
Consejo de Estado explicó la acreditación del daño causado a un grupo en un caso de destrucción de unos cultivos al parecer por aspersión de glifosato.
El título debe ser expedido por instituciones extranjeras con las cuales exista convenio sobre reciprocidad y refrendación.
De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.
También deberá procurar que dichos funcionarios tengan acceso a una red de información que incluya antecedentes, denuncias, quejas y medidas de protección solicitadas a nivel nacional respecto de los querellados.
Debe realizarse un estudio de las condiciones particulares del condenado orientado hacia las funciones de la pena: Corte Suprema.
Cuando no se tienen los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general.
Suspenden a abogado que intervino como apoderado en un proceso ejecutivo estando suspendido de la profesión por no notificarse sobre decisión disciplinaria en su contra.
Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.
La medida de “pico y placa” continúa vigente conforme al esquema actual para vehículos particulares, aclaró la mandataria.
La revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública podrán ser hechas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia.
Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
Se rechazó incidente de desacato respecto de la medida de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de Berner León Zambrano Eraso como senador de la República para el periodo 2022-2026.
La Sala Plena del alto tribunal eligió a los 18 juristas que intervendrán en casos de empate y falta de cuórum.
Si esto no sucede, se declarara prematuro el conflicto de competencia.
Dejarán de ser datos personales siempre y cuando el proceso de anonimización, desvinculación o desasociación sea irreversible.
La ley impone que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la sentencia de primera instancia, en aquello que se considere desfavorable: Consejo de Estado.
Se consideran actos administrativos definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación: Consejo de Estado.
La etapa de alegaciones fue contemplada en el CPACA para la apelación de sentencias y no para el trámite de la apelación de autos.
El comportamiento del abogado vulneró el principio de celeridad en la administración de justicia.
Serán más de 34.000 familias las que podrán recibir este beneficio de hasta 34 millones de pesos.
La Dian adicionó el Concepto General Unificado en materia cambiaria del 2022, en cuanto a ejecutoria de los actos administrativos.
Sala de Descongestión Laboral determinó que el empleador no tenía responsabilidad alguna en el siniestro, aun cuando los elementos de convicción contradicen dicha solución: Sala Penal.
Titularidad de derechos o calidad de proveedor exclusivo deben probarse por parte del solicitante a través de medios de prueba idóneos.
El demandante argumenta que la norma acusada viola las garantías internacionales de las víctimas.
Los actores del sector y demás interesados en el tema podrán comentar el proyecto hasta el próximo 8 de marzo.
Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...
