Corte pide investigar irregularidades de abogados y jueces en procesos de tutela que ordenaron pagar pólizas de seguro

La Corte Constitucional compulsó copias a la Fiscalía especializada contra la corrupción y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que se investiguen las presuntas irregularidades que se presentaron en el trámite de varias tutelas que reconocieron prestaciones económicas a ciudadanos sin que cumplieran con los requisitos legales. Se encontró que, entre 2002 y 2018, 15 ciudadanos contrataron pólizas con Seguros Bolívar, aseguradora que estaba obligada a indemnizarlos si sufrían lesiones o enfermedades que les ocasionaran incapacidad total y permanente.

Después de la suscripción de las pólizas, los asegurados fueron diagnosticados con diversas patologías, por lo que reclamaron el pago correspondiente. La aseguradora se negó a reconocer el pago de la indemnización por considerar que no acreditaron el cumplimiento de los requisitos para acceder al pago. Un juez concedió múltiples acciones de tutela presentadas por los tomadores con el objeto de acceder al reconocimiento del pago de la indemnización. En segunda instancia, las decisiones fueron confirmadas. En contra de estos fallos la aseguradora también presentó tutela.

La Sala Quinta de Revisión evidenció que existían indicios graves que permitían inferir que entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y los jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar el proceso de tutela con fines ilegales y dolosos de enriquecimiento económico en perjuicio de la aseguradora.

También encontró que en este caso se presentó el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta en nueve de los once expedientes de tutela revisados. El acuerdo fraudulento se habría materializado a través de la presentación de información falsa en las solicitudes de amparo, irregularidades procesales en el trámite de tutela e interpretaciones contrarias a la buena fe judicial consignadas en las sentencias de tutela cuestionadas. Resolvió entonces la Corte proteger los derechos fundamentales de la aseguradora y confirmó los fallos de instancia que encontraron acreditada la situación de fraude (M. P. Paola Andrea Meneses Mosquera).