Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.
Al estar el bien gravado con el impuesto predial, procede el cumplimiento de la obligación sustancial: Consejo de Estado.
No con la notificación del auto admisorio de la demanda, así se evita que la entidad contratante pueda abusar de su derecho y liquidar unilateralmente el contrato durante el lapso comprendido entre el momento de presentación de la demanda y la fecha de notificación del auto admisorio.
Se debe obtener la autorización por parte del titular de los datos personales a más tardar al momento de su recolección.
Corte Constitucional se pronunció sobre el derecho a la vivienda digna de las personas en condición de discapacidad en su componente de accesibilidad.
Precisan legitimación en la agencia oficiosa de las personas privadas de la libertad para proteger sus derechos con ocasión de solicitudes de traslado de centro de reclusión.
En el caso concreto, como el causante murió el 18 de julio de 1996, era aplicable el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en su versión original.
En principio, el inspector debe tener en cuenta que un trabajador no sindicalizado no está en la misma situación de uno que sí lo está.
Demandado en proceso de entrega de la cosa del tradente al adquirente tiene derecho a proponer excepciones de mérito.
Consejo de Estado explicó sobre obligaciones, las variaciones sociales y ambientales que rodean una actividad económica sometida a licenciamiento ambiental.
La educación no se reduce a que los estudiantes reciban contenidos académicos, porque hay elementos como lo son la socialización, el juego y la interacción.
Dentro de la lista se encuentran las tarifas administrativas en despachos comisorios.
El monto aprobado del presupuesto fue de $ 31,3 billones, el 2,1 % del PIB.
La Comisión de Disciplina Judicial archivó una actuación disciplinaria al no encontrar una tardanza injustificada en el trámite de unos procesos.
Los sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos de la carrera judicial en provisionalidad son titulares de estabilidad laboral relativa, no reforzada: Corte Constitucional.
‘Pico y placa’ rotará cada cuatro meses y desde el 16 de enero comenzarán a aplicarse medidas sancionatorias.
Corte Suprema señaló que se puede dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa a quien reúne las exigencias de la norma inmediatamente anterior.
No obstante, en desarrollo de su autonomía, pueden establecer días de receso en las fechas que consideren convenientes.
Consejo de Estado estudió el término de prescripción de cinco años fijado en el artículo 2536 del Código Civil.
La Corte explica la importancia de la identificación del presunto autor o partícipe del delito.
Corte Constitucional precisó que se debe acreditar una imposibilidad real de pagar por parte del deudor, pero una voluntad para hacerlo.
Se desestiman las pretensiones de la demanda porque la norma procesal previó su aplicación a los trámites en curso.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.
Improcedencia de la acción para ordenarle a la Fiscalía General de la Nación abstenerse de prestar apoyo a las autoridades indígenas.
La Comisión enfatizó que el abogado una vez asume la gestión debe analizar el caso y previo a radicar la demanda debe tanto elaborar el escrito como verificar los documentos exigidos.
En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.
Se prohíbe el acuerdo, exigencia u obtención de emolumentos que superen el beneficio que recibirá el poderdante, para evitar un aprovechamiento antiético en el ejercicio de la abogacía.
De acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas.
Para la Procuradora General, la definición de compañero permanente que contiene la norma desconoce el principio de igualdad.
Consejo de Estado aclaró que la legítima defensa como causal exonerativa de responsabilidad no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
Renunciar al cargo de diputado para concretar la aspiración a la Cámara de Representantes no implicó el desconocimiento automático del artículo 40 de la Constitución.
Consejo de Estado se pronunció sobre la suspensión unilateral del pago de la sustitución de asignación mensual de retiro por el dictamen que sirve de base para el reconocimiento.
Consejo de Estado explica la procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
Empleado judicial debe entenderse incluido en las excepciones de la Sentencia C-530 de 1993.
La preclusión guarda lógica cuando la parte llamada a actuar dentro del término está en condiciones para hacerlo.
Corte Constitucional precisa el alcance de los derechos a la libertad de expresión y libertad de escoger profesión u oficio y sus limitaciones en miembros de las fuerzas militares.
La CNDJ comprobó que en el proceso disciplinario no se acreditó que el reconocimiento de las costas del proceso estaba pactado en favor del profesional del derecho.
Al tener como hermana a una funcionaria que ejerció autoridad administrativa en el municipio en el periodo inhabilitante obtuvo una ventaja sobre los demás candidatos al concejo municipal.
Explican el trámite de otorgamiento de cupos con el registro, la matrícula y la expedición de las tarjetas de operación de vehículos tipo taxi.
La EPS del régimen contributivo o subsidiado a la cual esté afiliado el interesado deberá emitir la respectiva certificación.
Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.
Las personas interesadas podrán enviar sus hojas de vida personales y/o institucionales a partir del próximo 11 de enero de 2023 y hasta el 24 de enero (10 días hábiles).
La exposición a CPF incide en el desarrollo de enfermedades como cáncer, diabetes o párkinson. También puede producir accidentes cerebrovasculares, parálisis respiratoria, incluso la muerte.
De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.
En procesos de impugnación de la paternidad promovidos por el progenitor en vida el plazo comienza a correr a partir del día en que se tiene convencimiento de que no es el padre biológico.
El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.
Exigir la singularidad del hogar es incurrir de manera flagrante en una interpretación heteronormativa, conllevando de forma implícita una discriminación de facto a una relación de tipo poliamoroso.
Basada en el Decreto 2497/22, la Superintendencia Financiera publicó la tabla de tarifas a través de la Circular Externa 028.
De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.
Se analiza el proceso de selección para efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales.
La persona de este caso estaba calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64,85 %
Cuando ya se ha liquidado la sociedad no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad extinta para obtener su anulación: Consejo de Estado.
Corte Suprema explicó la convocatoria a sesiones de audiencia pública y oral para las medidas de reparación a las víctimas.
La decisión de la oposición de retirarse de la sesión de instalación hace parte de la libertad en la que está de ejercer o no su derecho a la réplica y no supone una alteración al orden del día.
Derechos a la seguridad social y al debido proceso son vulnerados cuando una entidad se abstiene de estudiar un documento distinto al dictamen de pérdida de capacidad laboral.
Ello no atenta contra la independencia de los jueces, quienes pueden apartarse de una interpretación jurisprudencial cuando expongan las razones por las cuales consideran que es equivocada.
Aplica si en ese momento del proceso no se tenía conocimiento de los implicados en los hechos irregulares.
Corte Constitucional ordenó investigar a una entidad bancaria por no notificar a central de riesgo la suplantación de ciudadano reportado como moroso.
Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.
La columnista de ÁMBITO JURÍDICO analiza un fallo de la Corte Suprema que declaró inimputable a una mujer que mató a sus tres hijos.
El título de imputación en este caso es el daño especial. Por esta razón, la demostración de ausencia de falla en el servicio no exonera al Estado.
Exigibilidad de la solicitud de rectificación previa, como presupuesto de la acción de tutela, cuando a quien se acusa del presunto agravio es una autoridad estatal.
Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.
Se evidenciaron múltiples reprogramaciones y esperas de hasta más de un año para obtener bienes o devoluciones de dinero.
El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.
La nueva cartera busca eliminar las desigualdades políticas, económicas y sociales, estará liderada por la vicepresidenta Francia Márquez.
El ideal que persigue la UE es que la agricultura sea orgánica y que se reduzca lo más posible el uso de pesticidas y plaguicidas.
La falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial constituye un aspecto sustancial necesario para dictar sentencia de mérito.
Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.
El cobro se hace con base en el promedio de residuos recogidos y dispuestos a nivel general (multiusuario).
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.
Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Las simples declaraciones de las partes que favorezcan sus intereses deben ser corroboradas con otras pruebas.
Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.
La conducta es contraria a derecho y afecta el deber de colaboración leal y legal en la recta y cumplida administración de justicia.
Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.
Se busca garantizar el derecho fundamental a la salud, a una alimentación sana y a un consumo sano, responsable y bien informado: Minsalud.
Contraloría General de la República o las contralorías del nivel territorial deben realizar un estudio de las diferentes situaciones que se hayan presentado durante la ejecución del contrato para demostrar la responsabilidad fiscal.
No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.
Así mismo, cuando el usuario de sus servicios reciba la atención de otros profesionales que excluya la suya.
El incumplimiento de este deber es conducta sancionable que da lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.
Revocaron la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones por error en el término de traslado para contestar la demanda.
Cuando se puso de presente por los convocados lo irregular de ser citados, por no tener voluntad de acudir a su jurisdicción, y pese a ese conocimiento, continuó con los procesos.
A diferencia de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, que restringe la participación de los accionistas que sean administradores.
El empleador está facultado para implementar las herramientas que estime convenientes para ejercer controles de cumplimiento.
La Sentencia SU-075 del 2018 modificó las reglas de la Sentencia SU-070 del 2013 y garantiza el derecho a la defensa del empleador.
La oposición al Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría han presentado reparos al Decreto 2422.
Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.
La figura opera cuando el prestador no resuelva las peticiones, quejas y recursos presentados dentro del término de 15 días hábiles.
Se debe invalidar la actuación y remitir al juez competente.
Corte Suprema precisa la contradicción los dictámenes periciales del trámite de imposición de servidumbre de energía eléctrica.
La adquisición de derechos económicos habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o el inicio de su ejecución.
La institución educativa no podrá impedir a sus estudiantes que adelanten manifestaciones pacíficas que pretendan cuestionar sus políticas.
Se crea una comisión intersectorial integrada, entre otros, por los ministros del Interior, Defensa y Justicia.
La Corte Constitucional concluyó que un hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una paciente al no prestar en forma oportuna el servicio de hemodiálisis.
Garantía de imparcialidad no resulta afectada por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento: Corte Constitucional.
Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.
El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.
Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.
El propietario del predio donde se constituyan servidumbres sobre redes o infraestructuras tiene derecho a que se le indemnice.
Los derechos y garantías mínimos que disponen la Constitución y la normativa laboral son irrenunciables.
Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.
Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.
Ahora será el Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el que asistirá como miembro del Comité Territorial de la Zona Estratégica de Intervención Integral Chiribiquete y Parques Naturales aledaños.
Corresponde al empleador adelantar todos los trámites ante las EPS, sustrayendo al trabajador de tal obligación.
El mecanismo procesal idóneo cuando el sujeto procesal advierte que el funcionario está incurso en una causal que lo inhabilita para conocer del asunto es la recusación: Corte Suprema.
En el derecho privado lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del Estatuto Mercantil.
Así mismo, recordó Mintrabajo, el contrato fijo es renovable indefinidamente, sin convertirse en un contrato a término indefinido.
Exigir paz y salvo antes de aceptar la gestión profesional es un deber profesional impuesto por el legislador: CNDJ.
Buena parte de nuestra labor pedagógica ha consistido en derrumbar falsos mitos. Uno de ellos tiene que ver con los efectos de las decisiones adoptadas a través de mecanismos de resolución de conflictos.
La norma desconoció el principio de unidad de materia, al prever en el plan nacional de desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial.
La idea de un modelo social de discapacidad requiere aplicar mecanismos especiales que faciliten el ejercicio de los derechos en condición de igualdad para personas en esta condición.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
Debe garantizar a la población privada de la libertad un entorno acorde a las condiciones que su salud mental requiera.
Llegó a la conclusión de que era imperceptible la necesidad de intervención del juez de tutela.
El Congreso de la República aprobó en primera vuelta del proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno.
Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.
Se demostró que el abogado desconoció su deber a la debida diligencia establecido en la Ley 1123 del 2007.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 (parcial) de la Ley 941 del 2005.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
Consejo de Estado define competencias y el alcance del FOMAG, sobre sus funciones al trámite y gestión del pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados.
El contratista pretende la nulidad de los actos administrativos para que se efectúe el cruce de cuentas que corresponda.
Consejo de Estado precisa el término que las partes tienen para instaurar una acción judicial en contra de la decisión de la amigable composición.
De acuerdo con el artículo 195 del Código General del Proceso, no vale la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
Esto solo es aplicable a los afiliados en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de que solo respecto de ellos se muestra una afectación intensa a derechos fundamentales.
No aplica la posibilidad de aumento de sueldo por solicitud del servidor, aunque tenga mayor experiencia y estudios profesionales.
El Ministro de Justicia indicó que se expedirá un decreto reglamentario que le permita al Ejecutivo proceder con la selección de los gestores.
El objeto de la norma es crear programas de capacitación, deporte y ocio, con el fin de brindar alternativas de calidad de vida a los trabajadores.
Corte Constitucional admite demanda contra los artículos 7, 14, 16 y 22 (parciales) de la Ley 2199 de 2022.
Deben observar las normas previstas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos.
Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.
Municipios deben ajustarse a las normas generales y densidades máximas definidas por la CAR correspondiente.
No participación de los empleados regionales en la elección no implica una vulneración del principio democrático.
Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.
Dada la existencia de un contrato celebrado con un tercero que ocupa el área de interés, no es posible que el restablecimiento sea ordenado.
De acuerdo con la definición legal prevista en el artículo 3° de la Ley 610 del 2000.
En principio, al empleador no le correspondería asumir la carga económica de la suspensión del contrato.
La desconexión laboral es un derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto por cualquier medio para cuestiones laborales en horarios por fuera de la jornada laboral.
Se desconocieron las competencias atribuidas a las contralorías, ya que existen otros mecanismos judiciales para lograr el resarcimiento del patrimonio a favor del Estado.
Se debe acreditar que tenía conocimiento de los temas de esas conversaciones y que participó en las presuntas actividades ilícitas.
Consejo de Estado hace aclaración sobre la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
Agentes del mercado deben respetar el derecho del consumidor a recibir productos y servicios de calidad.
Considerando la importancia de la salud mental, el trabajador podría solicitar una licencia por grave calamidad doméstica.
A la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se autorreconoció como miembro de la población LGBTQIA+
La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.
Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.
Los servidores judiciales deberán volver de vacaciones el miércoles 11 de enero del 2023, hay despachos que siguen sus labores.
La extinción de la obligación se verifica con el resarcimiento del daño, es decir, cuando ingresan recursos a las arcas públicas.
Se configuró una omisión legislativa relativa al no incluir las reglas de adjudicación de las licencias de paternidad en relación con las parejas adoptantes del mismo sexo: Corte Constitucional.
La muerte del joven se produjo cuando estaba vinculado a esa entidad en calidad de conscripto, el fallecido no tenía el deber de soportar una carga superior a la que implicaba prestar el servicio militar.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
UARIV debe aplicar enfoque diferencial en trámites de reparación de personas víctimas de la violencia.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La Corte consideró injustificable el actuar de la EPS, al negar el acceso a insumos y servicios médicos solicitados que ya hacían parte del PBS.
Pueden designar a un apoderado o, en su defecto, un defensor de familia, en los términos del Código de Infancia y Adolescencia.
Protegen derecho a la igualdad de la accionante, otorgándole el mismo trato jurídico dado a los demás demandantes dentro de un proceso ordinario laboral.
Resulta adecuado valorar tanto el estado de salud como la condición económica del paciente y su núcleo familiar para determinar si se amenazan sus garantías fundamentales.
No usurpó la competencia de los árbitros al referirse a la confidencialidad, sino que ejerció la competencia que le asistía como juez de insistencia.
EPS vulneró el derecho al mínimo vital y la vida digna de una ciudadana al negarse a pagar las incapacidades causadas con posterioridad al día 540: Corte Constitucional.
En función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico, por lo que no constituyen un crédito a favor del interesado.
El tutelante será responsable de la permanencia de la canina en las instalaciones de su lugar de trabajo y de cualquier daño ocasionado a las personas, los bienes y la infraestructura.
Todo se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, independientemente de si lo hace en servicio público, privado o informal.
La Corte Constitucional precisó sobre el cumplimiento de los deberes de debida diligencia y de transparencia en los contratos de seguros.
En este sentido, no les resulta viable el proceso de responsabilidad fiscal, pues es competencia exclusiva de la Dian recuperar dineros.
Corte Suprema se pronunció sobre quien recae la competencia para autorizar la visita cuando la víctima ha sido un menor de edad.
En persona diagnosticada con enfermedades crónicas también se suma la capacidad laboral residual.
Hizo un llamado a la Registraduría para que releven de la obligación de comparecer como jurado de votación a quienes demuestren oportunamente practicar el Sabbat.
El juez de tutela no puede inmiscuirse en las competencias propias de la Administración, indica el salvamento de voto.
Para que proceda la sustitución no se requiere demostrar por parte de los beneficiarios una dependencia económica frente al afiliado fallecido.
Se configura un defecto sustantivo por indebida aplicación normativa al ordenar el comiso del vehículo utilizado en el delito cuando el propietario no es el declarado penalmente responsable.
Hoy, la mayoría de los procesos administrativos se tercerizan y digitalizan, como resultado del surgimiento de modelos de negocio innovadores.
No solo de la imputación fáctica y jurídica, también de los requisitos o presupuestos de validez previstos en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la remoción del cargo de un juez de paz.
Consejo de Estado explicó que no desconoce el principio de precaución el acto que impone una medida preventiva cuando se definió el mínimo requerido para ordenar tal medida.
Ello para evitar que los trabajadores resulten afectados en su derecho pensional por insuficiencia de semanas.
En este evento, el acreedor no podrá quedarse con el dominio pleno de la propiedad, pues el bien posee una limitación.
Instan a todos los países a ratificar el Convenio 190, que reconoce el derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso.
No hay certeza de que el acceso a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privados por prevención contribuya a disminuir conductas delictivas: Corte Constitucional.
Esta situación administrativa no rompe el vínculo laboral y por lo tanto no se pierde la calidad de servidor público.
Se declaró la nulidad del acto administrativo que negó la compensación económica en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.
Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que, previamente, el asunto haya sido objeto de estudio y se haya adoptado una decisión de fondo.
En caso de repetirse la falla se procederá, a elección del consumidor, a una nueva reparación, devolución del precio o cambio.
El movimiento de personal no puede implicar condiciones menos favorables para los empleados, entre ellas la remuneración inferior.
Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.
Cuando quien destina el bien a actividades ilícitas no es su propietario no procede la extinción de dominio solo con constatar la realización de la actividad: Sala Penal.
En el caso bajo estudio, transcurrió un término que superó el máximo legal, lo que genera mora y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
La magistratura no agotó la etapa de calificación provisional de la conducta, por cuanto no formuló cargos a los disciplinados.
Algunas lesiones no pueden considerarse como ajenas a los riesgos que asumen voluntariamente quienes se vinculan a la Policía Nacional.
Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de una docente sobre el reconocimiento de la indemnización de pérdida de la capacidad laboral.
Para establecer responsabilidad en condiciones de calidad e idoneidad se debe demostrar el defecto del producto.
Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.
Es permitido a los jueces adoptar cualquier medida que consideren necesaria y ajustada a derecho para garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer.
Se vulnera el derecho al debido proceso por motivación insuficiente al excluir del haber social un contrato de ‘leasing’ habitacional familiar sin analizar si se podía incorporar las rentas.
La Sala Plena del Consejo de Estado lo eligió como nuevo magistrado de la Sección Cuarta, en remplazo de Julio Roberto Piza.
La Ley 344 de 1996 consagró una excepción en la edad de retiro forzoso respecto a la generalidad de los servidores públicos.
