El Consejo de Estado negó una tutela que interpusieron el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) en contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que ordenó que se diera a conocer la información sobre los contratos celebrados para la adquisición de vacunas contra el covid-19.

Esta acción jurídica se originó en un derecho de petición que presentaron varios particulares, con el fin de que se les diera a conocer información de los contratos para el suministro de los biológicos. Sin embargo, la UNGRD consideró que no se podía acceder al requerimiento, ante la probable violación de las cláusulas de confidencialidad obrantes en el acuerdo contractual celebrado con las farmacéuticas.

Al analizar el caso, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que el tribunal no usurpó la competencia de los árbitros, al referirse a la confidencialidad, sino que ejerció la competencia que le asistía como juez de insistencia. Además, la supuesta violación de la normativa internacional sobre el secreto empresarial que los tutelantes le atribuyen al tribunal preserva los derechos de los actores de la industria en torno a la competencia desleal, un asunto que, según el alto tribunal, es ajeno a los contratos para la adquisición de vacunas (C. P.: Rocío Araújo Oñate)