Las medidas sanitarias y fitosanitarias europeas y los desafíos para las exportaciones agrícolas colombianas

Juan Manuel Amaya Castro

Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes

Director del Semillero de Investigación en Derecho, Comercio & Globalización

“El acceso al mercado de exportaciones agrícolas colombianas a la Unión Europea (UE), el mayor importador del mundo, está amenazado por una transformación sísmica en la política europea frente a la cadena agro-alimentaria.” Con esta alerta abre un estudio recientemente presentado en el contexto del Semillero de Investigación en Derecho, Comercio & Globalización de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Vale la pena examinar a qué se refiere este estudio y si sí hay causa para su tono alarmista.

¿Qué es lo que está pasando? El contexto mayor es el Pacto Verde Europeo, adoptado en 2019, que consiste en una serie de iniciativas que buscan organizar la transición energética hacia el objetivo de la neutralidad de carbono en 2050, al cual se comprometió la UE en el Acuerdo de París. Sin embargo, el Pacto Verde no se enfoca únicamente en la transición energética, sino que tiene ambiciones ecológicas mucho más amplias. Un ejemplo de estas ambiciones es la estrategia “De la Granja a la Mesa”, que busca la reorganización de la cadena agroalimenticia para que se minimice lo más posible su impacto ambiental. El ideal que persigue la UE es que la agricultura sea orgánica y que se reduzca lo más posible el uso de pesticidas y plaguicidas. Pero la ambición europea va aún más allá: no solamente la producción de los alimentos producidos en la UE debe enfocarse en ser orgánica, también el consumo mismo, incluso cuando los alimentos han sido importados.

Aquí es donde se pone interesante: la UE no le puede exigir una producción orgánica a otros países. Lo que sí puede hacer es exigir que los alimentos no tengan efectos negativos a la salud humana y animal. Para eso puede invocar tanto el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como, en el caso de Colombia, Perú y Ecuador, el Tratado de Libre Comercio firmado en 2012. Recientemente, la UE ha estado fortaleciendo su sistema regulatorio de inocuidad alimentaria. Para esto cuenta con una Agencia Europea de Seguridad Alimenticia (EFSA) que fortalece el trabajo de las 27 agencias nacionales y que en el 2022 tuvo un presupuesto de 150 millones de euros. La EFSA ha venido publicando estudios científicos que indican que incluso los residuos de ciertos plaguicidas muy prevalentes en la agricultura tropical tienen efectos negativos en la salud humana. Un primer problema es que incluso cuando se lavan los vegetales con mucho esfuerzo y rigor, por ejemplo el banano, siempre van a quedar residuos. Un segundo problema es que según la EFSA puede haber un efecto negativo en la salud, incluso cuando los residuos quedan solo en la cáscara y no en la fruta misma.

El ejemplo de los bananos demuestra dos cosas. Primero, parece haber, en ciertos casos, un uso indebido del derecho que tiene la UE a imponer medidas sanitarias y fitosanitarias. Para esto es importante tanto la diplomacia colombiana como explorar las posibilidades institucionales que ofrece la OMC, incluso el litigio ante su mecanismo de resolución de disputas. Además, es un problema que afecta a muchos países exportadores del Sur Global, lo cual indica que se puede presionar de manera colectiva. Sin embargo, estas opciones requieren mucho tiempo y esfuerzo y no hay garantía de que se resuelvan de manera satisfactoria. Segundo, y relacionado, la UE está bastante decidida a tomar este camino y a pelearlo. Y bien, en términos generales tiene sentido: la agricultura de escala industrial requiere de pesticidas y otros agroquímicos, lo cual tiene un impacto ecológico negativo. Además, más allá del ejemplo de los bananos, muchos agroquímicos sí tienen un efecto negativo en la salud humana. No parece muy productivo entonces insistir en prácticas de agricultura que no son sostenibles, no solamente en el sentido ecológico, sino también en el sentido político.

¿Qué se debe hacer al respecto? Primero que todo hay que tomar esta nueva situación en serio, ya que definitivamente corren peligro las exportaciones agrícolas a la UE. Y hay que hacerlo urgentemente. Además, es de esperarse una tendencia similar en los EE UU y en otros países. El estudio mencionado ofrece unas recomendaciones: 1) fortalecer el sistema de inocuidad alimentaria colombiano, 2) buscar la cooperación técnica y científica con la UE y 3) crear un sistema de información (incluyendo etiquetado de plaguicidas) que informe a productores y gremios sobre plaguicidas autorizados, prohibidos y sujetos a las normas europeas.

Las políticas europeas aquí discutidas vienen en un momento en el que se avecinan otras políticas adicionales que impactarán a las exportaciones colombianas. Está por adoptarse un reglamento que le cierra el ingreso a seis productos o sus derivados: café, cacao, palma, soya, carne y madera, a no sea que se pueda demostrar que no hubo deforestación en su cadena de producción. El proyecto de ley que busca implementar la trazabilidad de la carne en Colombia es un gran ejemplo de cómo se puede preparar el tipo de infraestructura institucional y reglamentaria que se necesita para garantizar el acceso a los mercados europeos, pero habrá que ampliarlo a los otros cinco productos.

Próximamente se adoptará una directiva que obligará a las grandes empresas europeas a vigilar el cumplimiento de los DD HH, los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Se trata aquí no solamente de empresas que importan nuestros productos sino también de empresas que invierten en Colombia. Sin poder demostrar de manera fiable una debida diligencia en estas áreas será más difícil tanto atraer inversiones europeas como vender nuestros productos en mercados europeos. Si bien esto solo aplica a las empresas en la UE, hay varios indicios que indican que EE UU se está moviendo en la misma dirección.

Por eso hay que ir más allá de lo recomendado en el estudio aquí mencionado. Si Colombia busca verdaderamente ser una potencia de exportación (agrícola) se debe repensar varios de los supuestos que se han tenido en las últimas décadas. Según un estudio publicado hace pocos días por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es imperativo pensar a largo plazo, invertir en ciencia y tecnología para incrementar la adaptabilidad y resiliencia de nuestra producción agrícola. Además, hay que tener en cuenta los contextos socioeconómicos, para así tener una agricultura más inclusiva y (políticamente) sostenible. En otras palabras, para integrarnos mejor en la economía global hay que fortalecer, sofisticar y democratizar la institucionalidad agrícola y productiva del Estado colombiano.