Los retos que enfrenta el decreto que pretende liberar a integrantes de la Primera Línea
13 de Diciembre de 2022
Ayer se conoció el Decreto 2422, que permitiría la liberación de varios jóvenes capturados durante las protestas sociales del 2021, conocidos generalmente como integrantes de la denominada Primera Línea. (Lea: Así aplicarán figura de gestores de paz a miembros de la 'Primera Línea')
Como lo informamos oportunamente, se creó una comisión intersectorial que recomendará la admisión o exclusión de personas como voceras o promotoras de paz, y así facilitar su liberación. (Lea: Este es el decreto que permitiría liberar a integrantes de la primera línea)
Oposición a la medida
La procuradora general de la Nación fue una de las primeras en pronunciarse al conocerse la norma. Margarita Cabello declaró que la decisión no debería estar en cabeza del Presidente de la República, sino que es un papel del Congreso de la República reglamentar las condiciones para autorizar órdenes de libertad.
Procuradora #MargaritaCabello cuestionó posibilidad de que sea comisión intersectorial quien decida sobre delegar miembros de la Primera Línea como gestores de #Paz y manifestó dudas sobre potestad del Presidente para definir por decreto quienes pueden participar como voceros. pic.twitter.com/sGJUn0YZxm
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) December 13, 2022
Por su parte, el Fiscal General de la Nación expresó que estará atento a este procedimiento y recordó que las investigaciones judiciales contra los posibles beneficiarios de libertad han sido debidamente sustentadas, por la configuración de varios delitos.
El funcionario hizo especial énfasis en que ninguna de las personas condenadas puede quedar en libertad, ya que se encuentran debidamente procesadas por la justicia, además dijo que espera de la justicia tome las decisiones ajustadas a Derecho frente a las recomendaciones de la comisión intersectorial.
#ATENCIÓN | Declaraciones del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, sobre la posibilidad de libertad de algunos integrantes de Primera Línea, Gestores de Paz, y resultados de la #Fiscalía en operativos de licor adulterado. https://t.co/HuqH4XJLra pic.twitter.com/oHoe70h8nZ
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) December 12, 2022
Voces en el Congreso
El senador Gustavo Bolívar, que ha apoyado a los miembros de la Primera Línea, ha dicho que falta representación en la comisión creada, por lo que pidió incluir a
la Consejera Presidencial para la Juventud.
A la comisión intersectorial que se crea para seleccionar como gestores de paz a jóvenes encarcelados por el estallido social, para q se defiendan en libertad, le hace falta representación de la Juventud. Solicito incluir a @GabrielaPossoR consejera presidencial para la juventud. pic.twitter.com/A87642f1l8
— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 12, 2022
Desde la oposición se atacará la norma por extralimitación de funciones, según la senadora Paloma Valencia.
#ComunicadoDePrensa.
— Senadora Paloma Valencia (@PalomaSenadora) December 12, 2022
Vamos a demandar el decreto que busca liberar a integrantes de la primera línea.
🗣️🗣️ pic.twitter.com/ewkiXxFIcs
Por su lado, la senadora Maria Fernanda Cabal resalta que los capturados, algunos ya condenados, cometieron secuestro, homicidio, daño en bien ajeno y tortura, mientras que la norma exige que pertenezcan a una organización social o humanitaria.
¿Cómo hará el gobierno para justificar que los criminales de ‘primera línea’ sean parte de una organización social o humanitaria?
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 13, 2022
Cometieron secuestro, homicidio, daño en bien ajeno y tortura, entre otros. pic.twitter.com/qrqPF9feba
Constitucionalistas dan su visión
Algunos constitucionalistas, como Rodrigo Uprimny, han escrito sobre la complejidad del caso, ‘’es problemático constitucionalmente y para el Estado de derecho’’, ha dicho, pues la figura de gestores de paz fue creada para otro propósito y este Gobierno sugiere que esos jóvenes son integrantes o cercanos a grupos armados ilegales.
Adicionalmente, indicó que la modificación a la Ley 418, por medio de la Ley 2272, es muy ambigua y otorga la facultad al Presidente de la República de excarcelar detenidos cuando considere que pueden aportar al manejo de la conflictividad social, violándose de esa manera la separación de poderes. Para el constitucionalista, ese defecto de la ley debe ser corregido en el Congreso.
Sobre la degradación normativa que implica el decreto 2422 del 9 de diciembre de 2022.
— Ana Cristina Restrepo Jiménez (@anacrisrestrepo) December 12, 2022
¿Qué significa la Comisión intersectorial para la promoción de la paz?
Explica el profesor @RodrigoUprimny #ColombiaEstaAlAire #MananasBLU10AM pic.twitter.com/i1Pu1WBs4a
Por otro lado, José Gregorio Hernández resaltó que la idea no es otorgar amnistía o indulto a quienes ya han sido condenados y resaltó que son los jueces los competentes para seguir con el proceso de las personas procesadas y que no es posible por medio de un decreto ordenar la libertad de quienes estén cobijados por una detención preventiva o medida de aseguramiento, pues esto invade la órbita de los jueces y sería inconstitucional.
La respuesta del Gobierno
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en su cuenta de Twitter los elementos legales de la disposición; por ejemplo, que es una atribución presidencial establecida en la Ley 2272 , que esta figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias.
Eso sí, enfatizó que "no es indulto ni amnistía”, pues los voceros quedarían en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales.
Va hilo de 9 trinos para hacer unos comentarios al anuncio del Presidente Petro de designar como voceras de paz a personas privadas de la libertad por hechos relacionados con las protestas sociales de los años recientes. Ante todo: es una medida que busca la reconciliación. 1/9
— Néstor Osuna (@osunanestor) December 13, 2022
Como se ve, el Ejecutivo tendrá que trabajar más en la explicación de su idea de liberar a los miembros de la Primera Línea, pero especialmente en concertar con los otros poderes, especialmente la Rama Judicial, la forma en que puede sacar adelante su promesa de campaña de proteger a los jóvenes detenidos durante la protesta social.
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