Los rendimientos financieros que se obtengan con la inversión de aportes provenientes de la Nación pertenecen a ella.

La norma no contempla el respaldo a precandidatos ni hace referencia a las campañas que se adelantan en las consultas internas o populares.

El trámite permite saber que el portador de la licencia tiene las condiciones físicas y de salud para conducir un vehículo.

Quienes concurran en alguna causal de recusación deberán declararse impedidos tan pronto como adviertan la existencia de ella.

De otra parte, el prestador no estaría habilitado para celebrar acuerdos de pago respecto del impuesto de alumbrado público.

La Comisión archivó una investigación disciplinaria contra una magistrada, ya que enmendó el error que había cometido al resolver un recurso.

La normas demandadas regulan el sujeto pasivo, el hecho generador, base gravable, tarifa y causación del impuesto al patrimonio.

Las deudas que no se cancelen al 30 de junio del 2023 se reliquidarán con el total de la tasa de interés de mora.

Las personas o entidades obligadas a facturar deberán solicitar autorización de la numeración consecutiva ante la división de recaudación o la dependencia que haga sus veces en la correspondiente entidad territorial.

La iniciativa fue impulsada por los representantes a la Cámara Julio César Triana (Cambio Radical) y Cathy Juvinao (Partido Alianza Verde).

Las actividades relacionadas con la ciencia contable en general deben, por mandato legal, ser prestadas por contadores públicos.

Durante este periodo no se podrán efectuar movimientos que impliquen el ejercicio de funciones distintas a las indicadas.

La ley tributaria avala el testimonio como medio de prueba válido en los procesos tributarios, sujeto a los principios generales de contradicción de la prueba.

Corte Suprema recordó la competencia establecida en el Código General del Proceso para la actividad del juez superior.

Faltan 14 artículos por aprobarse antes de que el proyecto de ley pase a plenaria del Senado.

De acuerdo con el demandante, los apartes acusados son contrarios a los principios y derechos constitucionales de igualdad, equidad, progresividad y justicia tributaria.

Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el anexo Entes Autónomos Universitarios Estatales – Universidades Públicas incorporado a la Ley 2276 del 2022.

El nuevo magistrado cuenta con más de 30 años de experiencia judicial.

Faltan 14 artículos por aprobarse, antes de que el proyecto de de ley pase a plenaria del Senado.

Corte Constitucional admitió una demanda contra el artículo 118 del Decreto Ley 1260 de 1970.

El contribuyente tiene un mes contado a partir de su notificación para aceptarla, rechazarla o solicitar su modificación por única vez.

La obligación de pago puede ser cobrada a quienes sean deudores solidarios, salvo que se haya configurado ruptura de la solidaridad.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la interrupción voluntaria del embarazo y la valoración de las razones que las gestantes aleguen para su práctica.

La nueva tesis es acorde con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Además de cubrir daños corporales sufridos por las personas involucradas en un accidente de tránsito, el SOAT tiene una función social.

El Consejo Superior de la Judicatura deberá convocar a concurso de méritos para el acceso a la Rama Judicial en una periodo no mayor a cuatro años.

Los demandantes alegan que con la norma acusada se vulnera el derecho a la igualdad de los menores de edad adoptados.

Es importante que la aproximación a los tratamientos hormonales de niños, niñas y adolescentes, desde los derechos humanos, sea el resultado de procesos deliberativos y con evidencia científica.

Analizamos los artículos que el alto tribunal declaró no ajustados a la Constitución.

Sobre 22 artículos se declaró la constitucionalidad condicionada.

Para el agente retenedor, las declaraciones presentadas sin pago total son, por regla general, ineficaces.

El legislador le otorgó al Ministerio de Transporte un plazo de seis meses para reglamentar lo relacionado con esta transición.

El término previsto en el artículo 703 del Decreto 1165 del 2019 para dictar el auto inadmisorio es perentorio y no preclusivo.

Alexander Vega informó a los presidentes de las corporaciones la terminación de su periodo el 5 de diciembre de este año.

La Corte Constitucional estudió en la demanda la presunta violación del principio de protección de la diversidad étnica y cultural, principios de dignidad humana en materia punitiva entre otros.

Durante el cierre, los términos de los procesos de constitucionalidad se suspenderán.

Exhortan al Congreso para que regule en el término máximo de dos legislaturas el ejercicio del derecho a la huelga en el servicio público esencial de la administración de justicia.

El rechazo fue de plano por presentación extemporánea de la recusación contra la magistrada Rocío Araújo Oñate.

Entre otros requisitos, el organismo de tránsito debe validar a través del RUNT que el usuario esté a paz y salvo por concepto de multas.

No se puede, bajo el argumento de aplicar los principios de eficiencia y celeridad, desconocer los principios rectores del procedimiento disciplinario.

La reclamación deberá referirse a las facturas con las que no esté de acuerdo y, una vez resueltas, podrá interponer recursos.

Para el demandante, la norma desconoce el derecho fundamental a la intimidad consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política.

Solo es posible que el juez proceda a ordenar el levantamiento de esta figura en los eventos en que la ley así lo ha dispuesto.

Colaboración a una autoridad pública a través de la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos no implican ‘per se’ una transferencia de funciones públicas.

La protección penal también comprende a los parientes civiles en el mismo grado en el que se protege a los consanguíneos: Corte Constitucional.

Desconocer lo previsto sobre edad de retiro forzoso podría acarrear consecuencias disciplinarias y de responsabilidad fiscal.

Protegen el derecho al debido proceso de una madre a la que le negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo.

No obstante, no estará inhabilitado para aspirar a ser alcalde, pues se trata de una circunscripción distinta.

ÁMBITO JURÍDICO pidió a expertos que analizaran la ponencia que debatirá la Comisión Séptima y su posible impacto en el mercado laboral.

Corte Constitucional admitió demanda en contra de la Ley 2220 del 2022.

Entre los signos mixtos cuestionados y las marcas previamente registradas que comparten la expresión existen semejanzas y conexidad competitiva.

El documento crea un nuevo contingente automotor, destinado a las empresas que hacen parte del Programa de Fomento para la Industria Automotriz – PROFIA.

Normas demandadas serían violatorias del derecho a la igualdad y los principios de equidad y progresividad en materia tributaria.

Notificaciones electrónicas pueden hacerse directamente, para lo cual demandante debe acreditar que se surtió a través del correo electrónico de notificaciones del accionado.

Corte Suprema amparó derechos fundamentales de los excluidos en la fase II de la Convocatoria 27 por no presentación de la declaración jurada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

El impuesto sería contrario a los principios de legalidad, certeza tributaria y seguridad jurídica.

No se configura privación injusta de la libertad cuando se impone bajo los criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad: Consejo de Estado.

La Dian aclaró varios aspectos sobre el impuesto al patrimonio en virtud de las modificaciones previstas en la Ley 2277 del 2022.

Reducción de la tasa de interés cobija por igual los intereses de mora causados con anterioridad y posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 2277.

Es posible la coexistencia de la distribución y la agencia mercantil entre las mismas partes y al tiempo.

Para el accionante, la norma acusada vulnera el principio de igualdad respecto a los ciudadanos ordinarios procesados que no son capturados en situación de flagrancia.

Las comisiones de estudios se pueden conferir al interior o al exterior del país para que el empleado reciba formación.

El fiscal puede solicitar una medida de aseguramiento en contra del agresor de violencia intrafamiliar cuando el indiciado constituya un peligro para la víctima.

Además de presentar tres dimensiones, es decir, altura, anchura y profundidad, debe cumplir con otros tres requisitos.

Corresponderá al prestador en cada situación particular y frente a cada autoridad presentar las respectivas denuncias.

La norma inconstitucional generaba una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse: Corte Constitucional.

Corte Constitucional admitió demanda contra modificaciones de la Ley 2277 del 2022, que pretende proteger derechos de usuarios industriales de zonas francas.

La normativa llamada a regular la pensión de sobrevivientes es la vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado.

Vínculo profesional se puede demostrar con poder firmado por el abogado.

La Sala Plena consideró que esta determinación no constituye una limitación arbitraria del legislador, debido a que existe una evidente necesidad de proteger el medio ambiente.

La denuncia por pérdida definitiva, hurto o desaparición documentada no se refiere a la eventual desaparición del conductor.

El principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional no puede alegarse como un argumento para negar el reconocimiento de los intereses moratorios.

Corte exhorta a la Unidad Nacional de Protección a adoptar un mecanismo que evalúe periódicamente el estado de funcionamiento de los elementos de protección que proporciona.

Coadyuva a la eficacia de los cruces y confrontaciones oficiales con los que pueden detectarse las diferentes irregularidades o inexactitudes en que incurren los contribuyentes y/o declarantes.

La Dian resolvió interrogantes sobre la sede efectiva de administración y presencia económica significativa, entre otros temas.

El despido no comporta la imposición de una sanción, de manera tal que el empleador no está obligado a surtir un trámite disciplinario previo.

Por encontrarse el trabajador en tratamiento médico vigente se presume como discriminatorio el proceder de la empresa a terminarle el vínculo contractual: CSJ.

El cumplimiento del acuerdo y pago de las cuotas pactadas mantiene suspendido el proceso de cobro coactivo.

Controles de legalidad, los recursos y las solicitudes de adición o complementación no son herramientas legales que se prohíban por la normativa: CNDJ.

Omitir claridad con sus clientes al momento de suscribir el contrato de mandato es faltar al deber de honradez profesional.

Las solicitudes presentadas por quienes no ostentan dicha calidad deberán ser tratadas como derechos generales de petición.

De acuerdo con el demandante, la norma acusada destruye el principio de jerarquía plasmado en la Constitución Política.

Los contribuyentes podrán pagar el saldo de la respectiva declaración a más tardar el 31 de agosto del 2023.

No existe norma en materia de tránsito que regule o reglamente la persecución de presuntos infractores.

El E. T. no hace distinción en la base gravable del ICUI cuando los insumos o ingredientes son nacionales o nacionalizados.

La presentación de la demanda principal no interrumpe el término de caducidad frente a la de reconvención porque son instrumentos procesales autónomos.

Entre los signos “love pink” y “pink love” existen semejanzas, así como conexidad competitiva.

Se concedió a las sociedades investigadas un plazo de 45 días hábiles para acreditar el cumplimiento de las órdenes.

Se les debe tratar como gastos administrativos o, excepcionalmente, se les debe dar el tratamiento que establezca el juez del proceso.

Es carga del juez cumplir con el principio de motivación a partir de la definición completa y explícita de las razones en la determinación cualitativa y cuantitativa de la sanción.

Es necesario aprobar un nuevo examen teórico práctico para la categoría solicitada y presentar certificado de aptitud en conducción.

El despido constituyó un desconocimiento del derecho a la estabilidad laboral reforzada, porque empleador conocía del embarazo.

En caso de duda sobre la vigencia de las relaciones de trabajo que dan sustento a las cotizaciones es necesario acudir al ejercicio de los deberes oficiosos: Corte Constitucional.

La entidad busca evitar al máximo cualquier perjuicio que se pueda causar a la sociedad, la legalidad y la economía del país.

Todo acto que implique modificación, aclaración, traslado o extinción del dominio sobre un vehículo automotor está sujeto a registro.

Esto en virtud del principio de favorabilidad en materia sancionatoria administrativa que puede ser aplicado de oficio.

Devolución de cobros no autorizados se puede hacer por vía general o particular, atendiendo el procedimiento de la Ley 142 de 1994.

Productores de jabones y detergentes deben acatar límite de 3% en sus artículos.

Los partidos Conservador, Liberal, Mira, Colombia Justa y Centro Democrático, decidieron no firmar la propuesta.

Una vez proferido el auto que ordena impartir el trámite de la sentencia anticipada sería el momento procesal en que el interesado en la tercería tendría conocimiento de la oportunidad para solicitar su intervención.

Cuando el empleador se equivoca en la calificación jurídica o menciona normas distintas corresponde al juez realizarla en debida forma.

Aunque no son aplicables las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, se pueden tomar a manera de orientación.

El propósito de la norma es salvaguardar los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad de las personas en las vías.

La magistrada Natalia Ángel Cabo solicitó la ampliación de términos para la expedición y firma de la Sentencia C-134/23, para ajustar argumentos.

Acarreará la suspensión del registro de la segunda marca hasta tanto el registro de la primera sea concedido.

Los contratos regulados por la Ley 1150 del 2007 pueden liquidarse durante el término de caducidad del medio de control de controversias contractuales.

La Corte Suprema de Justicia decidió la solicitud de amparo de pobreza formulada por una ciudadana dentro de un proceso ordinario laboral.

Los prestadores de servicios públicos domiciliarios pueden celebrar acuerdos de pago o planes de financiación con los usuarios morosos.

La CNDJ logró demostrar que la disciplinada pretendió ocultar su comportamiento omisivo a través de información alterada a su cliente.

Se espera que la corporación resuelva la demanda presentada contra algunos artículos de la Ley 599 del 2000.

Existiría riesgo de confusión al coexistir otro signo igual, pues se podría creer que los productos tienen el mismo origen empresarial.

La fuerza mayor debe atender un presupuesto de irresistibilidad que puede ser valorado frente a las circunstancias particulares de cada caso.

Los prestadores podrán revisar tales instalaciones y exigir las adecuaciones que estimen necesarias para la correcta utilización.

La Corte Constitucional resolvió una demanda contra el artículo 21 (parcial) de la Ley 2155 del 2021, en relación con el programa de apoyo al empleo formal.

La Corte Constitucional declaró por unanimidad la exequibilidad del parágrafo primero del artículo 58 de la ley 2195 del 2022.

Se espera que la discusión en plenaria inicie el próximo jueves 1º de junio.

La confidencialidad es uno de los principios éticos que debe cumplir todo contador en el ejercicio de sus funciones.

Las opciones del prestador para extender sus redes sobre predios ajenos es un asunto que debe ventilarse a la luz de las normas civiles.

La Corte resolvió declarar exequible el artículo 54 de la Ley 2199 del 2022, por medio del cual se expide el Régimen Especial de la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca.

No existe una regla de ponderación que permita sopesar unos ingresos sobre otros para optar por el impuesto unificado bajo el Simple.

Dicha inhabilidad se extiende al deudor alimentario que actúe como representante legal de una persona jurídica.

La expresión del artículo 62 del Decreto Ley 274 del 2000 contenía un trato diferenciado a compañeros permanentes de funcionarios de la carrera diplomática y consular.

Cuando el ente fiscalizador objeta los pagos no constitutivos de salario para incluirlos en el IBC de aportes al Sistema General de Seguridad Social.

Corte se inhibió de pronunciarse sobre una demanda contra el artículo 10 de la Ley 2161 del 2021, sobre los deberes de los propietarios de los vehículos automotores.

No se comprobó una falla del servicio pues no resultó posible establecer un nexo causal que vincule el accidente con alguna actuación de la entidad demandada.

La Corte Suprema también recordó la legitimación para interponer este recurso.

Sanción por incumplir es multa del 5 % del valor de los pagos o abonos correspondientes a los certificados no expedidos.

Tributariamente debe expedir a su mandante una certificación de costos, deducciones, impuestos descontables o devoluciones.

Corte Constitucional declara exequible condicionalmente los artículos 23-1 y 372 del Estatuto Tributario.

El proyecto, que iniciará la próxima semana su primer debate, tiene radicada la ponencia mayoritaria, una ponencia alternativa y otra de archivo.

No cumplía con los 15 años de experiencia de que trata el artículo 232, numeral 4º, de la Constitución Política.

La responsabilidad del contador debe estar directamente alineada a lo que hayan definido las partes en el contrato escrito.

La decisión la tomó el Consejo de Estado al encontrar acreditadas irregularidades en el proceso de su elección.

Se debe emplear la UVT del 2022, equivalente a $ 38.004, es decir, 12 mil UVT, que corresponden a $ 456.048.000.

No es una exigencia legal que los contratos de importación de tecnología deban registrarse ante la autoridad competente en un plazo perentorio.

La coalición estuvo conformada por los partidos políticos Dignidad, Alianza Verde, Colombia Renaciente, Alianza Social Independiente y Verde Oxígeno y la agrupación política En Marcha.

Cuando la suspensión recaiga en personas o bienes de especial protección constitucional los prestadores no podrán suspenderlos.

A diferencia del experto, el consumidor medio no siempre cuenta con una comprensión total del contenido de la información.

No hacerlo puede generar una irregularidad insaneable.

Inaplicó, con efectos inter partes, los artículos 54 a 60 de la Ley 2094 del 2021, por considerar que son contrarios al ordenamiento jurídico superior.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Consejo de Estado explicó los elementos para comparación de signos cuando alguno de ellos es presuntamente notorio.

¿Aplica la inhabilidad del artículo 95, ordinal 2, de la Ley 136 de 1994 a los personeros municipales?

Las inhabilidades e incompatibilidades deben interpretarse de manera restrictiva, no admiten una interpretación amplia, extensiva o analógica.

Solo hacen base para el ICA los ingresos que se obtiene de alguna de las actividades gravadas.

La CNDJ absolvió a una abogada que se le reprochaba falta a la honradez al no entregar a la mayor brevedad posible dineros recibidos en virtud de la gestión profesional.

La negativa del servicio únicamente se puede dar conforme a las condiciones expresamente establecidas en la Ley 142 de 1994.

Debe apreciarse además la potencialidad de influir en el recto juicio del juzgador, desviándolo hacia una solución que no es correcta.

El administrador del FRISCO establecerá los criterios de evaluación de las solicitudes, prelación y aceptación de los proyectos, priorizando en aquellos que beneficien a una población vulnerable.

Se debe informar al solicitante sobre el incumplimiento de requisitos dentro de los diez días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud.

De acuerdo con la demanda, todos los funcionarios públicos gozan de las garantías del debido proceso, con excepción de los integrantes de las fuerzas militares.

El término se cuenta a partir de la fecha de exigibilidad de la factura, en los términos del artículo 2536 del Código Civil.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó este martes los últimos 22 artículos del proyecto de Gobierno.

No existe norma que prohíba a una sociedad de contadores públicos prestar diferentes tipos de servicios profesionales.

Se entiende como la facultad del revisor fiscal para comunicar recomendaciones a la entidad a la que presta sus servicios.

La jueza señaló que el fiscal Javier Cárdenas no hizo un esfuerzo serio de investigación.

Así mismo en las SAS pueden pactarse estatutariamente cuórum y mayorías en la asamblea general de accionistas.

Para que obre el fenómeno de la cosa juzgada deben concurrir los tres elementos: identidad de personas, identidad de la cosa pedida e identidad de la causa: Corte Suprema.

Con la sanción del Plan Nacional de Desarrollo entrarán en vigencia las nueve acciones contenidas en el artículo 342 de la ley.

El término se cuenta a partir de la fecha de exigibilidad de la factura, en los términos del artículo 2536 del Código Civil.

No, salvo que dichos insumos o ingredientes, individualmente considerados, correspondan a los bienes sometidos.

La Corte Constitucional estudió si el artículo 1122 del Código Civil presentaba una omisión legislativa relativa inconstitucional por violación del derecho a la igualdad.

La demanda de inconstitucionalidad presentada por unos ciudadanos va contra de varios artículos de la Ley 2277 del 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria.

Los 369 artículos que componen la hoja de ruta de este cuatrienio están centrados en alcanzar cinco grandes metas.

Pueden operar en locales cuya actividad comercial principal sea diferente de los juegos de suerte y azar.

La Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del parágrafo 2 (parcial) del artículo 30 de la Ley 23 de 1982.

Llama la atención la demora del alto tribunal en la comunicación de sus decisiones, como es el caso del fallo sobre la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Los carros que circulen por zonas fronterizas, como Ecuador y Venezuela, podrán acceder al seguro obligatorio por 15 días.

La medida ratifica la multa por $ 232 millones por no revelar en el registro mercantil su condición de controlante.

De la visita técnica de revisión que sugiere el cambio del medidor se debe levantar un acta legible y sin tachaduras.

Se anexaron cinco nuevos códigos de carácter meramente indicativo.

No era posible permitirle su participación en la sucesión referida, porque su acreencia no podía ser imputada a la masa sucesoral al ser una deuda personal contraída por una de las herederas: CSJ.

Informe del revisor fiscal no puede ser modificado, sino únicamente adicionado, aclarado o precisado en sus efectos o alcances.

Insistirá en un proyecto legislativo sobre ciberseguridad que permita enfrentar 20.000 millones de intentos de ataques informáticos que se registran cada año.

La Ley 675 del 2001 dispone que el retardo en el pago causará intereses equivalentes a una y media veces el interés bancario corriente.

Esta comisión tiene como objetivo prevenir el reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley.

El servicio de alimentación puede representar un riesgo para la salud, pues algunos alimentos son entregados en descomposición.

Las Mipymes que aspiren a asociarse deberán ser acordes con el objeto social que tenga la cooperativa.

La exigencia se basa en el artículo 572 del Estatuto Tributario, sobre requisitos formales que deben cumplir los representantes.

Hasta tanto haya notificado al suscriptor y/o usuario la decisión sobre los recursos presentados, en los términos de la Ley 142 de 1994.

Son temas que solo pueden ser materia de disposición por parte de la junta directiva y no a través de pactos privados.

La regulación varía si la operación tiene origen en una petición del deudor o en la decisión unilateral del establecimiento de crédito.

Con tres artículos ya aprobados, la bancada de Gobierno ha logrado aprobar 24 de los 139 que trae el proyecto.

La regulación tarifaria ha hecho aproximaciones y permite que los prestadores ajusten la facturación ante la presencia de dichas cifras.

El pensionado del régimen de ahorro individual con solidaridad tiene la libertad de elegir de entre los dos sistemas de liquidación establecidos en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993: Corte Suprema.

Se puede otorgar descanso compensado, siempre y cuando se reponga el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso.

Presuntamente habría incumplido los parámetros para las citas de obras, de acuerdo con la normativa que protege el derecho de autor.

El juez disciplinario debe respetar las formalidades y ritualidades propias de cada juicio: CNDJ.

El interesado en que se invalide a través de una acción de tutela un fallo debe elevar la solicitud de nulidad ante el juez que definió el amparo: Corte Suprema.

No existe disposición legal que imponga como condición que se apruebe en favor de todos y cada uno de los accionistas.

Cumplimiento de los requisitos para obtener el reconocimiento pensional no supone una desafiliación automática del sistema: Corte Suprema.

Precisan la manera en la que se realizaba antes y después de la entrada en vigencia de la Ley 1607 del 2012.

Si atribuye falsamente la comisión de un delito o un comportamiento contrario a derecho a un sujeto procesal incurriría en acusación temeraria.

Su naturaleza cautelar, temporal y accesoria tiende a evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar surtiendo efectos: Consejo de Estado.

Prestadores de servicios públicos deben clasificar los inmuebles teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la destinación.

Reintegro del precio pagado debe hacerse dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

La Corte Constitucional estudió los cargos presentados en una demanda contra el parágrafo del artículo 6 de la Ley 2197 del 2022.

En los casos en los que se cotice por un periodo inferior procederá el reconocimiento proporcional.

Cesión o compensación son medidas de salvaguardia de la producción nacional de bienes agropecuarios o pesqueros frente a la volatilidad de los precios internacionales: Consejo de Estado.

La prohibición se refiere a vínculos por matrimonio o unión permanente y al parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil.