¿Conoce las últimas decisiones de la Corte Constitucional?

En el comunicado número 13, la Corte Constitucional dio a conocer diferentes decisiones frente a la constitucionalidad de varias normas demandadas. Llama la atención la demora del alto tribunal en la comunicación de sus decisiones, como es el caso del fallo sobre la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y la polémica que se ha generado por la presencialidad como excepción en algunas audiencias en materia penal. A continuación las decisiones del comunicado.

Sentencia C-120/23

Corte se inhibe para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 2000 (obligación de pagar el precio o renta) y 2497 (créditos de segunda clase) del Código Civil y 1033 (derecho de retención y restitución) y 1199 (enajenación en pública subasta por falta de pago) del Código de Comercio, por ineptitud sustantiva de la demanda (M. P. Diana Fajardo Rivera)

Sentencia C-121/23

Corte Constitucional se inhibió de pronunciarse de fondo al decidir demanda contra disposiciones de la Ley 2213 del 2022, que establece para la especialidad penal un uso diferente de la virtualidad al de otras especialidades.

En relación con la presunta vulneración del principio de igualdad, la Corporación aclaró que le corresponde al demandante ofrecer los elementos necesarios para que la Sala pueda llevar a cabo un análisis relacional inherente al principio de igualdad, como (i) identificar los sujetos a comparar, (ii) indicar en qué consiste el tratamiento desigual, y (iii) exponer las razones por las cuales dicho tratamiento diferenciado no está justificado constitucionalmente. En el caso bajo estudio, no se identificaron adecuadamente los sujetos a comparar y se omitió justificar por qué el tratamiento diferenciado resulta inconstitucional (M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo).

Sentencia C-128/23

El alto tribunal constitucional se inhibió de pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad formulada contra los artículos 93 del CGP y 173 del CPACA, relativos a la reforma de la demanda, al estimar que el cargo propuesto por el accionante no satisface las cargas argumentativas mínimas.

En efecto, tras la lectura sistemática de los artículos 173 del CPACA y 93 del Código General del Proceso, la Corte concluyó que el cargo propuesto por el actor carece de certeza, pues se funda en una interpretación que en realidad no corresponde al contenido normativo objetivo de las disposiciones demandadas (M. P. Jorge Enrique Ibáñez)

Sentencia C-126/23

En esta decisión, la Corte declaró constitucional el Acuerdo entre Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde con respecto a la personería jurídica y los privilegios e inmunidades, suscrito en Seúl el 31 de enero del 2017. La Sala Plena de la Corte Constitucional comprobó que el Acuerdo y la Ley 2218 del 2022 cumplen los requisitos formales y materiales de validez que exigen la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y la jurisprudencia constitucional.

Sin embargo, respecto del artículo 14.3 del Acuerdo, este tribunal encontró que la ambigüedad y el alcance indeterminado de su redacción podrían permitir que los acuerdos complementarios señalados en esa norma generaran nuevas obligaciones para el Estado colombiano. Con el fin de excluir esa interpretación, la Corte declaró la constitucionalidad condicionada del numeral 3 del artículo 14 del Acuerdo, bajo el entendido de que si los acuerdos complementarios que celebre el Estado colombiano implican la asunción de obligaciones nuevas, diferentes o adicionales a las indicadas en el Acuerdo estos deberán someterse a la aprobación del Congreso de la República y al control previo de la Corte Constitucional (M. P. Cristina Pardo Schlesinger).