La maravilla de la relectura es encontrar que había partes de lo leído que no nos habían llamado la atención, que pasamos por alto o que simplemente no registramos en nuestra conciencia.
Sin una aplicación ecléctica o, por lo menos, razonada del artículo 868 del Código de Comercio a los negocios de régimen especial frente al EGCAP, se prevé una cascada de contratos paralizados o inacabados.
La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-054 del 2023, determinó la inexequibilidad de los artículos 6° y 151 de la Ley 2200 del 2022.
Sea el 27 de abril del 2023 la oportunidad para agradecer y exaltar a las mujeres del Derecho Tributario de Colombia.
La inteligencia artificial representa una oportunidad de progreso y mejora en la gestión documental y la facilitación de la administración de justicia.
Los invitamos a verificar que en materia digital sus productos sean creados y puestos a prueba siguiendo las tendencias de protección de privacidad.
¿Cómo subir costos laborales podría ayudar a nuestros campesinos a tener empleos formales? ¿A quién se le ocurre buscar cambios que solo beneficiarían a una minoría?
Las transferencias de bienes inmuebles no han sido ajenas a la acumulación de impuestos.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia introdujeron en el argot procesal, desde antes de la expedición del Código General del Proceso (CGP), la expresión “medidas cautelares innominadas”.
Confiamos en que la financiación de las campañas del 2023 y el cumplimiento de las obligaciones legales tributarias sean, al menos un poco más que en las pasadas elecciones, “como deben ser”.
Aproximadamente, el 1 % de los residuos sólidos que se disponen en el país van a botaderos y, al menos, 78 municipios colombianos los utilizan como sistema de disposición final.
El título del libro proviene del intento de revivir la antigua conexión entre el Estado de derecho y la razón, y de rechazar su asociación con las ideas que establecen una especie de certeza mecánica en su aplicación.
¿Puede la ley, sin considerar las circunstancias concretas, calificar automáticamente que ciertas relaciones laborales se consideren subordinadas (‘riders’ y ‘pickers’)?
La cabeza genera el drama y, con frecuencia, también su resolución para restablecer el propio sentido de estabilidad personal con el entorno.
Aunque los nombramientos pendientes son importantes, casi nunca son urgentes y ese podría ser el pretexto para decir que no hay prisa.
Para hacer justicia a los animales, deberíamos comenzar por repensar las categorías que nos ha legado el liberalismo decimonónico.
El catastro multipropósito permite ver la complejidad de las relaciones con el territorio como un bosque, sin acotarse a un único dato que sería el árbol meramente fiscalista.
¿Qué lectura, entonces, puede tener la primera y segunda parte del artículo 6º del E. C., junto a los referidos numerales 5º del artículo 5º, el artículo 10 y el artículo 20, también del E. C.?
A ella y a las mujeres que continúan su legado, toda mi admiración y reconocimiento.
Para entender los recientes hechos en materia aeronáutia, hay que revisar los diferentes problemas que se presentan en materia de derecho de la competencia en el mercado aeronáutico nacional.
La inteligencia artificial está lejos de simular la capacidad de crear jueces, de escribir sentencias y de construir doctrina.
Las leyes estatutarias vienen a ser unos cofres especiales donde se guardan las joyas más preciadas del ordenamiento jurídico: los derechos fundamentales y otras materias esenciales.
El aumento de precios en las matrículas de las instituciones de educación superior (IES) privadas en Colombia ha generado debates y polémicas que se acentuaron a finales del año pasado y a comienzos del 2023.
Esta distorsión, que, a mi modo de ver, tendría un origen involuntario y podría ser más atribuible a un descuido o a una falencia en la aplicación de la técnica legislativa.
Avanza en el Congreso de la República la reforma a la Constitución Política que establece la jurisdicción agraria y rural.
El Gobierno que se autodefine como el del cambio es el más reacio a reconocer los cambios en las relaciones laborales en el mundo.
El sistema de facturación electrónica es una nueva realidad de las compañías, que impacta directamente los procesos de preparación de las declaraciones tributarias.
Solo queda seguir atento a las nuevas noticias y oportunidades que se van generando en este tema, principalmente por los últimos anuncios de grandes tecnológicos que han entrado a competir.
Es fundamental reconocer la importancia que tienen las comunidades indígenas y negras en la conservación de los bosques y los recursos naturales renovables.
El ordenamiento jurídico colombiano no puede simplemente considerar a los animales de compañía como un bien mueble más.
El debate está abierto, la discusión democrática debe propiciarse, pues los asuntos diversos que llegan a los jueces por falta de regulación normativa allanan el camino a la inseguridad jurídica.
La práctica jurídica en materia de asesoramiento de los casos de concurrencia de parejas se ha vuelto cada vez más compleja.
Prohibir la minería significa prohibir la minería legal, dejar las minas a merced de ilegales, una decisión por la cual el presidente no debería dejar de asumir responsabilidad política.
Los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalan que la Rama Judicial está salvaguardando los principios de la Carta de 1991.
En cualquier Estado soberano el presidente está obligado a proteger a la sociedad y a sus propios agentes del orden; y si, tácticamente, decide no atacar al enemigo, ya liberados los policías secuestrados está obligado a detener y a castigar a los subversivos.
Dos temáticas absolutamente relacionadas y complementarias se están tramitando por vías diferentes y excluyentes entre sí.
La regla general en inglés es que each other se refriere únicamente a dos personas y one another para grupos de tres o más.
¿Qué se necesita para que esa práctica se extienda a todas las compañías? Lo más probable es que se imponga de hecho y luego la siga la legislación.
Colombia modifica sus reglas de fuente nacional para incluir como nuevo nexo la presencia económica significativa de personas o entidades no residentes en transacciones de venta de bienes o prestación de servicios.
No existen parámetros válidos de exclusión del Sistema General de Pensiones por edad, ya sea frente a menores de edad o personas mayores.
Seguimos a merced, al menos desde el Derecho, de una construcción artificial de la naturaleza vía el lenguaje jurídico.
Esto no se hace ni por los ‘papitos’ ni por garantizar la libertad de la mujer. Detrás de esta práctica existe un multimillonario negocio de personas y sociedades.
Acción de responsabilidad civil contractual: una figura clave, aunque poco explorada para la defensa de los recursos públicos.
Toda mi admiración, respeto, agradecimiento y cariño para esas jóvenes mujeres que se cuidan y se apoyan entre ellas y que por fin han entendido que la de al lado es aliada y no competencia.
El próximo 29 de octubre, Colombia tendrá elecciones regionales, que se convertirán en una importante oportunidad para aumentar la participación de las mujeres en estos espacios.
La experiencia de la licencia parental compartida es inigualable, permite a los padres conocer, atender, fortalecer los lazos e involucrarse plenamente en el cuidado del niño.
El proyecto de ley establece que los recursos del sistema de salud son de destinación específica y, por ello, son de carácter parafiscal, inembargables y tienen naturaleza pública.
La persecución por razones de género se refiere precisamente a conductas que se cometen al amparo de prejuicios y estereotipos sexistas.
A diferencia de lo que sucede con otros temas, el estado actual de la muerte digna en el derecho internacional de los derechos humanos aún es incipiente e, incluso, cauteloso.
No podemos seguir denominando figuras tributarias impropiamente, ni definiendo erradamente los elementos de su obligación tributaria.
Proimágenes debe estar abierto a escuchar y a debatir los cambios que sean necesarios en beneficio del sector.
La trata de personas se produce y desarrolla en diversos entornos de vulnerabilidad económica, social, política, jurídica, geográfica, etc.
A pesar de los derechos fundamentales que ha reconocido y salvaguardado la Corte Constitucional, no cesa la violencia de género de la que continuamente es objeto esta población.
Los riesgos ambientales contienen un componente de futuro que es preciso evitar y, por ello, cobra vital importancia la prevención.
Las potestades que se le otorgarían al presidente por virtud del proyecto de artículo 298 del Plan de Desarrollo son demasiado amplias e imprecisas.
Adicional a los retos propios de la traducción, la recepción lingüística de la dogmática penal se confronta a muchos otros problemas.
En una sociedad digitalizada, la rapidez del cambio no puede ser simplemente subestimada, salvo que se acepte una sinonimia imposible entre el saber y contar con información.
El proyecto gubernamental pretende hacer borrón y cuenta nueva para que el sistema de salud sea netamente público, sin prever una transición que evite la improvisación y vele por la salud de los pacientes.
En Colombia, es un buen negocio violar la ley laboral. Quienes lo hacen tienen una alta probabilidad de salirse con la suya.
El 24 de febrero, se cumple un año de este episodio bélico. A la fecha, el Consejo de Seguridad no ha impuesto ninguna sanción económica contra Rusia.
Los poderes judiciales y las fiscalías de América Latina deben asumir que la información de su gestión es pública y no privada.
En nuestro caso, no olvidemos que quienes se embarcan en la aventura de traducir las complejidades del mundo jurídico construyen la doctrina universal.
Necesitamos pistas para pensar el Derecho en una situación constante de crisis, propia de una condición humana incierta en la que habitamos con los fantasmas del cine negro.
Con las mayorías en el Capitolio Nacional por parte del Gobierno Nacional, pareciera que este año será histórico para los animales en Colombia. ¡Por fin!
Las circunstancias a las que nos enfrentamos hoy de altas tasas de mora tendrán amplias repercusiones en el mundo de los negocios.
El camino de la larga movilización de las víctimas dentro de las instituciones de justicia crea evidentes dificultades para culminar el duelo y desapegarse del dolor.
Poco importa si para alguien fue un caso de cogobierno de los jueces: nadie hizo caso. Dos vidas se habrían podido salvar.
Preocupa sustancialmente que la cosmovisión étnica comprometa el uso del suelo de todas las áreas del país.
No confunda el guion sencillo (‘hyphen’) con el doble guion (‘dash’); en inglés, son distintos.
Si bien los panameños deseaban la separación porque se sentían olvidados por el Gobierno central, quienes fueron definitivos en los hechos no habían nacido en el istmo.
El reto para el Derecho en todas sus dimensiones y facetas ante la emergencia climática es enorme.
Durante años, se han promulgados diferentes normas que han regulado la materia. La más reciente de ellas es la reforma tributaria contenida en la Ley 2277 del 2022.
La Sentencia SP3974 del 12 de diciembre del 2022 emitida por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un trámite correspondiente a la acción de revisión, ha generado varias confusiones.
A punta de gritos, estos nuevos líderes cabalgan con su blindaje mediático devorando la institucionalidad y lanzando sus trizas a las masas de indignados. Ellos sí, en la más absoluta impunidad.
¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?
Es indudable la necesidad de buscar soluciones a esta problemática tan grande que enfrenta el mundo.
La Misión estuvo encabezada por Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense y profesor de la Universidad de Princeton. Como asesor jurídico se designó a Esteban Jaramillo.
Los jueces se ven abrumados por una superestructura de noticias falsas y acusaciones cruzadas que les afecta su habilidad para establecer los verdaderos responsables.
Si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales, la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales.
Al amparo de estos desaciertos se dictaron cientos de sentencias condenatorias.
Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor.
Falta más debate sobre cómo sería una prueba idónea para seleccionar buenos(as) jueces(zas) y cómo esa prueba podría contribuir a la necesaria diversificación de la rama.
La obra de Gargarella ha dinamizado la discusión constitucional y teórico-política en Iberoamérica quizá como ninguna otra en décadas recientes.
No es posible limitar este derecho, salvo que la expresión artística contraríe los límites propuestos por la Corte Constitucional en sus decisiones.
No es un diario, ni un libro de poesía, ni de autoayuda, ni una diatriba, ni una tragicomedia y, al mismo tiempo, lo es.
La discusión actual sobre la libertad académica en EE UU puede ser útil para delimitar y precisar el contenido de este derecho en nuestro país y, sobre todo, para estar atentos a las formas y las estrategias en las que se interfiere en su ejercicio adecuado.
Mi invitación es a que dejemos de ver este concepto únicamente como una carga legal y empecemos a verlo como una oportunidad de negocio.
En este artículo comentaré solo tres de las causales generales de disolución de sociedades.
Con luces y sombras, es claro que el proyecto está encaminado a subsanar una finalidad urgente de descongestión y celeridad de la Rama Judicial.
Es imperativo aferrarse a la división de poderes, a los cauces institucionales propios del Estado constitucional y que las iniciativas legislativas se adelanten sin apartarse un ápice de lo que ordena la Constitución.
En mi tesis doctoral dediqué unas líneas para brindar algunas razones por las cuales concluía que la Fiscalía General de la Nación es el mayor ejemplo de antimeritocracia en Colombia.
Los gobiernos anteriores le abrieron la puerta a Nicaragua para que hoy tenga la oportunidad de arrebatarnos parte de nuestra plataforma continental.
Esa traducción es en agradecimiento a Peter, quien, sin saberlo, me dio la mano y me acompañó en un momento definitivo.
Es relevante verificar el cumplimiento, por parte de las instituciones educativas, de lo previsto en la referida Ley 1620 del 2013.
El nuevo año sugiere una coyuntura en materia ambiental, por la preponderancia que en su agenda le ha dado el Gobierno de Gustavo Petro.
Es censurable e inconveniente exigir concepto de la Contraloría General de la República sobre si con la conciliación se afecta o no el patrimonio público.
Esta forma de violencia ha estado invisibilizada, pese a sus devastadoras consecuencias y a que contribuye a reforzar y a perpetuar prejuicios y estereotipos en relación con la gestación y la maternidad.
La norma genera muchas inquietudes que surgen de una redacción que pretendió ser minuciosa y resultó muy desafortunada, por decir lo menos.
Se observa a un Gobierno ansioso y precipitado por obtener resultados prontos en su política de ‘paz total’, que, a la postre, pueden resultar contraproducentes.
Para alcaldes y gobernadores elegidos popularmente, cada candidato debe entregar, al inscribirse, su programa de filosofía de la ciudad, gestión y desarrollo social.
Quizás lo que nos salvará no es convertirnos en otras personas distintas a las que somos, sino recordar todo lo que hemos hecho y preservado para poder darle la vuelta al mundo, otra vez más, en 365 días.
El aspecto motivacional muestra que la violencia del extremismo de derecha tiene un hondo calado sicosocial y hasta puede tener una motivación política.
La nueva política pública del Gobierno en esta materia, como en todas, exige planeación, una ruta de acción progresiva y comunicación acertada.
¿Qué Estado es el ideal para resolver los tres renglones fundamentales de la sociedad: orden, derechos y economía?
El Mintrabajo está perdiendo su rumbo y, en su afán de sancionar, puede que esté enviando a sus inspectores a cometer delitos.
El problema no solo radica en si se admite o no a la inexistencia del acto jurídico civil, sino en la forma para su reconocimiento.
Ni el daño especial ni el riesgo excepcional pueden ser fuentes de responsabilidad estatal por actos de terrorismo de la guerrilla.
Si bien celebramos que nuevamente se discuta esta jurisdicción, preocupa que otra vez vamos a procrastinar dicha demanda ciudadana.
Es evidente que algunas normas incluidas en la Ley 2277 del 2022 sí podrían desestimular las inversiones y/o donaciones hacia esta industria.
Una parte del pueblo, a través de un referéndum unilateral, no puede alterar el sistema vertical de distribución de competencias establecido constitucionalmente.
Este es un procedimiento que reviste un nivel de complejidad no menor y que, por lo mismo, puede no ser el idóneo para un sector que requiere de agilidad.
Si no creemos en el conocimiento acumulado por la humanidad, nos mantendremos en el reducido espacio de nuestra tribu, nuestra experiencia personal y los raciocinios que desarrollemos por nuestra cuenta.
Las innovaciones tecnológicas juegan un papel cada vez más preponderante en la praxis jurídica.
Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes.
La jurisprudencia puede centrarse en alcanzar un nirvana dogmático u optar por una pretensión más humilde, pero más importante: servir a la gente.
Más de 30 años hablando sobre lo que pudo ser y aún no ha sido convierten al Estatuto del Trabajo en un ser mitológico.
Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.
El abogado no puede revelar actividad sospechosa de crímenes financieros pasados de sus clientes, ni de las armas financieras utilizadas para la comisión de tales delitos.
El plebiscito del 4 de septiembre no solo significó un rechazo explicativo y significativo hacia la propuesta surgida en la Convención Constitucional, sino que intensificó la idea que no de cualquier manera se puede hacer una Constitución.
El constituyente de 1991 no tenía ninguna necesidad de emplear el término “estatuto del trabajo” para referirse a la legislación del trabajo y cuando lo hizo pecó de esnobista, al trasplantar inorgánicamente una expresión contenida en la Constitución española de 1978.
Los cursos judiciales, bajo las claves de los procesos penales, no pueden suplantar los procesos de toma e implementación de decisiones dirigidas a la superación del conflicto armado y a la satisfacción de la verdad, la justicia y la reparación.
No podemos dejar en un segundo plano a los desempleados e informales, debiendo ser estos últimos la prioridad en estos momentos, máxime cuando hoy son la mayoría en nuestra tasa nacional de ocupación.
Los maltratos, vejámenes, tratos ofensivos, ultrajes a la dignidad, violaciones a la integridad personal, agresiones y discriminación siguen presentes en ambientes laborales.
Hay gestores de paz que pertenecen a las comunidades, personas comprometidas con la superación del conflicto armado, la búsqueda de la reconciliación, ejecutores y constructores de la política de paz.
La Resolución 5477 del 2022, expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, aporta cambios significativos para el país en esta materia.
Las actividades que se realizan en centros penitenciarios son importantes, humanizan y aportan al fin resocializador.
En la práctica, erróneamente se considera que el único llamado a responder resulta siendo quien se beneficia de las utilidades del dinero entregado.
El mercado de valores es el que más se ha afectado ante las políticas económicas contractivas.
La idea del Ejecutivo es barrer con los actuales jueces para nombrar o elegir otros que sean anejos a su revolución.
Las autoridades de competencia normalmente son reacias a emitir opiniones de antemano sobre proyectos de cooperación empresarial.
Las personas ven el impuesto como un costo para su actividad económica y no como una forma de contribuir en la financiación estatal para sufragar necesidades de la población.
En recientes pronunciamientos del Consejo de Estado y de Colombia Compra Eficiente, se ha empezado a dar un viraje sobre esta materia.
Somos un país donde una coma mal puesta en una escritura pública entraba un negocio de cuya licitud ninguno de los negociantes duda.
El libro es una bella forma de enfrentarnos a la lucha histórica de unas mujeres que han producido un lenguaje que nos ha ayudado a ver el mundo con otros ojos.
Es el modelo de universidad lo que está en juego, su rol en la sociedad y su supervivencia para abordar los grandes desafíos morales que como sociedad global debemos afrontar.
El propio sector sindical tradicional considera que ha habido una afectación de la cultura sindical, a raíz de algunas prácticas indebidas generadas por diferentes fallos.
Que el Acuerdo de Escazú sea una oportunidad o una amenaza para el sector empresarial está hoy enteramente en sus manos.
La discusión sobre la materia deberá involucrar distintos actores claves que se enfoquen en garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva sin desconocer los principios bioéticos.
Este evento fue un ejemplo perfecto sobre cómo pasar de discusiones teóricas al campo eminentemente práctico en materia de legaltech en el país y cómo se está mejorando el Derecho a partir de esta moderna disciplina.
La lucha contra la desigualdad impone cargas adicionales sobre la espalda y el corazón de las mujeres.
En materia arbitral, el control de legalidad permite adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar el trámite frente a posibles defectos.
Al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales.
Todo indica que los países no están invirtiendo los recursos necesarios para proteger la vida y los medios de subsistencia de las poblaciones en riesgo.
Los críticos son coincidentes en que la primordial causa de la congestión es el número reducido de jueces y la precaria infraestructura económica de la Rama Judicial.
Si alguien quiere comparar el sistema de salud colombiano con el resto del mundo, debe apoyarse en estos estudios o similares. No son creíbles las afirmaciones que no revelen las fuentes exactas.
Puede que el divorcio no genere toda esa picaresca que en el pasado causó, pero eso no significa que su regulación sea inconsecuente para la protección de los derechos de las mujeres.
El éxito de la inteligencia artificial (IA) dependerá de la inteligencia humana. Los creadores de productos de IA tienen una enorme responsabilidad social, ética y humana.
La sanción del TAS a la Federación Ecuatoriana de Fútbol no fue proporcional a la falta cometida ni se aplicó en la misma competición deportiva en la cual se presentó.
Según cifras de la Policía, en el 2021, se presentaron 687 casos diarios de hurto. Esta cifra, claro está, no incluye el número de casos que nunca llegaron a las instituciones, porque las víctimas no denunciaron.
Mientras no se revalúe ese sincretismo del diseño constitucional del sistema de control fiscal, será muy difícil lograr la efectividad de los mecanismos de responsabilidad.
La nueva edición de ‘Democracy’s Discontent’ probablemente estará en las listas de diciembre como uno de los recomendados.
La voluntad, la facultad del ser humano para decidir y ordenar en libertad su conducta, ejercida de manera participativa o representativa, es la filosofía que guía nuestros Códigos Civiles.
El Estado dispone de cierta discrecionalidad y de un margen de apreciación nueva de hechos e intereses.
El sistema de protección social debe diseñarse para proveer verdaderamente a los individuos de seguridad económica y bienestar.
Este gesto de la Corte Constitucional colombiana no ha sido solitario. Se trata de un esfuerzo más general por lograr una ‘justicia inclusiva’.
La Corte Constitucional emitió órdenes y exhortó a distintas entidades públicas, para dar cumplimiento a los términos del fallo y efectuar las políticas y los planes de acción allí dispuestos.
El Gobierno puede aliviar la devaluación de la misma forma como la ha aumentado: con declaraciones. La pregunta es: ¿por qué no lo hace?
Vamos a ver qué tanto éxito tiene darle a ‘presupuestada’ también el sentido de ‘prevista’, ‘programada’, ‘agendada’.
El Gobierno Nacional se ha comprometido con la comunidad internacional a promover iniciativas de sostenibilidad ambiental.
La afirmación de que las personas con ingresos de entre 15 y 20 millones de pesos son ricos se basa en una perspectiva relativa que desconoce las limitaciones que tiene una familia con este nivel de ingresos.
No se reconoce la realidad indígena de las áreas no municipalizadas, evidenciándose con esto el trato colonial existente en la sociedad y la institucionalidad colombiana.
Las palabras confieren poder, pueden estructurarlo y perpetuarlo. Empero, también pueden subvertir el poder que invisibiliza vivencias, experiencias y saberes.
El trabajo es el motor de una sociedad próspera y uno de los mecanismos más fuertes para disminuir las brechas sociales que tanto daño nos hacen.
La producción de libros especializados ha sido uno de los principales legados de la compañía en estos 70 años de crecimiento.
Este tipo de violencia de género se encuentra naturalizada y normalizada, razón por la cual se torna invisible y termina siendo frecuente.
La regulación no exige cualquier tipo de cumplimiento de la ley, sino uno calificado, es decir, correcto, riguroso o ajustado con exactitud a lo establecido en la norma.
Debemos terminar con esa visión de que lo único importante es imponer sanción tras sanción.
¿Por qué no extirpar el mal de raíz y sancionar de manera drástica a estos jueces violadores de los derechos humanos de los más vulnerables?
El tiempo para contabilizar la duración de la sociedad patrimonial de hecho se cuenta a partir de la disolución de la sociedad conyugal anterior.
Es importante la construcción de líneas jurisprudenciales arbitrales para encontrar puntos comunes de acción y reacción arbitral frente a la corrupción.
No soy pesimista, pero no veo nada fácil dejar de lado el Estado de opinión y retomar las sendas, pausadas y tranquilas, del Estado de derecho.
Dada su debilidad histórica, conviene fortalecer la tributación progresiva sobre los propietarios de capital, cuidando que la carga impositiva conjunta socio-sociedad no resulte excesiva.
Aunque esta figura se considera un arma más para luchar contra prácticas corruptas, pretender aplicarla sin entender sus características e implicaciones puede resultar contraproducente.
Las ideas que defiendo como socialdemócrata no se inspiran en el acontecer político de nuestro país, pues acá estamos acéfalos intelectualmente y en poder de la corrupción.
Es el primer pronunciamiento internacional en sugerir que los Estados deben contar con un recurso idóneo en caso de amenaza o afectación de derechos humanos por razones relacionadas con el cambio climático.
Tal cómo está concebido, la empresa que pierda el régimen franco va a ser sancionada por haber creído en el Estado.
Más allá de considerarlas como ‘estrategias de precarización’ que responden a casos atípicos, en verdad, estas disrupciones problematizan los fundamentos filosóficos del trabajo.
Habrá delitos que sobren, otros que falten. Es nuestro deber elaborar racionalmente un derecho penal humano.
Es hora de cumplirle a las personas con discapacidad mediante el uso de un lenguaje sencillo o claro.
La sana crítica no desaparecerá, simplemente tendrá que amoldarse, logrando ajustar una realidad científica al contexto familiar, laboral, económico, social y político.
Hay que consolidar un modelo de aseguramiento que ha hecho honor a la salvaguarda del goce efectivo del derecho fundamental a la salud.
Advertir a la ciudadanía que haga tales averiguaciones cuando contrate a un abogado ofende severamente la profesión y constituye un abuso inaceptable.
Los nuevos contextos sociales han hecho que el legislador y las altas cortes se empiecen a pronunciar sobre esta materia.
Necesitamos urgentemente una reforma del Estado en Colombia.
En la inmensa mayoría de los casos, esta práctica facilita la cosificación de los cuerpos de las gestantes.
En alerta máxima está toda la justicia frente a las ansias de la clase política y en lo que originaría un franco retroceso institucional y lesionaría el Estado de derecho.
Más allá de las consideraciones de gasto público, no se debe nombrar a las primeras damas embajadoras en misiones especiales, por las posibles inhabilidades en que incurrirían.
Los “presupuestos nivelados” era la tesis de Emilio Castelar, estadista español. Aquí no es posible ese equilibrio, porque la deuda externa devora más de la tercera parte de los ingresos nacionales.
Actualmente, no hay manera de sancionar penalmente esta práctica, tristemente reiterada.
Si la intención es estatizar el gasto y el crecimiento, como parece, las disposiciones deberán acompañarse con emprendimientos públicos, para evitar el empobrecimiento del sector productivo.
El proceso de masificación de la tokenización puede facilitar o aumentar la liquidez de ciertos activos ilíquidos, mejorando con ello su comercialización.
Los diferentes actores de los sectores privado y público deben incorporar tales avances para que esta población supere las barreras que generalmente le dificultan la toma de decisiones.
Gracias a su marco regulatorio, el Banco Interamericano de Desarrollo considera que Colombia es uno de los cinco mejores lugares de Latinoamérica para el desarrollo de proyectos de APP.
Es notorio que se ha disparado el fraude bancario asociado con la extracción de dineros de las cuentas de los depositarios.
Hay que direccionar las estrategias para reconfigurar el Estado social de derecho.
Al parecer, las normas del Código Civil y la Ley 29 de 1982, vigentes desde hace 40 años en el tema de la representación sucesoral, han cambiado.
En la forma como está regulada esta institución, solo admiten recurso extraordinario de revisión las decisiones de la PGN.
A sus hijos les enseñó a rezar, a leer en público, a entonar, a declamar, a discursear, a hacer cálculos, a trotar, a patear un balón, a montar en bicicleta. Fue un padre atento y presente.
Al nombrar la violencia por prejuicio como violencia de género, la Corte IDH avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, que se encuentran marginalizadas socialmente y han sido sujetas de esta violencia.
