El creciente rol de las mujeres en la política colombiana

Daniela Cuéllar

Directora Asociada FTI Consulting

En los últimos 30 años, ha ido en aumento el papel de la mujer en la política colombiana. En un país en el que históricamente la inequidad de género se ha visto reflejada en el desempleo, en la pobreza y en la violencia doméstica, entre otros indicadores, es fundamental incrementar esta participación.

Según el Índice Global de la Brecha de Género publicado por el Foro Económico Mundial, Colombia está situado en el puesto 75 globalmente y ocupa el lugar 16 entre 22 países de América Latina. Este resultado demuestra que existe una fuerte inequidad en el empoderamiento político y en las oportunidades económicas en el país para las mujeres[1].

Así mismo, según el Dane, para el 2022, el desempleo cerró en el 9,0 % para los hombres y en el 14,30 % para las mujeres[2]. Nuevamente, se resaltan las diferencias que existen en las oportunidades económicas para el género femenino. Con respecto a los índices de pobreza, en el 2021, la pobreza monetaria, según el perfil de jefe de hogar, fue del 37,0 % para hombres y del 42,9 % para mujeres, representando una brecha de más de cinco puntos porcentuales[3]. Pero, aún más preocupantes son las estadísticas de Medicina Legal, según las cuales, a noviembre del 2022, 77,7 % de las víctimas de violencia intrafamiliar fueron mujeres[4].

¿Cómo cambiar?

Teniendo en cuenta estas brechas socioeconómicas y el hecho de que las mujeres sean las mayores víctimas de actos violentos en el país, es importante preguntarse: ¿cuál es la mejor forma para cambiar estos indicadores y cerrar las brechas de género?

La respuesta es que uno de los principales factores para promover la equidad de género e impulsar más oportunidades económicas es ampliar la participación de más mujeres en la política, asumiendo posiciones de liderazgo e impacto en las políticas públicas. Es fundamental contar con mayor participación femenina en los gobiernos de los municipios, de las ciudades, de los departamentos y en los altos cargos del Gobierno Nacional, para promover e implementar oportunidades socioeconómicas para las mujeres y, a la vez, protegerlas de la violencia.

Según ONU Mujeres, “la participación de las mujeres en la toma de decisiones gubernamentales está dando una visibilidad política significativa a los derechos de la mujer en todo el mundo. Aunque las mujeres no constituyen un grupo homogéneo, tienden a apoyar a otras mujeres y han contribuido decisivamente a incluir en la agenda parlamentaria los problemas y preocupaciones de la mujer”[5]. Las mujeres en espacios políticos priorizan temas claves, como la igualdad en el acceso a la educación, a oportunidades de empleo, a la reducción de la pobreza y a poner fin a violencias en su contra, entre otros aspectos. Por lo tanto, su rol como tomadoras de decisión en la política pública es fundamental.

En este contexto, Colombia ha dado grandes pasos para incrementar la participación de las mujeres en la política. Un ejemplo para ilustrar el avance es que, en 28 años, se triplicó la participación de las mujeres en el Congreso de la República: mientras que, en 1994, las mujeres representaban el 9,8 % de las curules en el Congreso, para el año 2022, el 28,2% de los congresistas electos fueron mujeres[6]. De igual manera, cada vez en Colombia es más frecuente contar con mujeres en altos cargos gubernamentales. Actualmente, el gabinete ministerial cuenta con 10 ministras, lo que representa el 52,6 % del total. Con esta cifra, Colombia es el segundo país en Sudamérica, después de Chile, con mayor porcentaje de mujeres en el alto gobierno.

Las pioneras

Y es que mucho terreno se ha recorrido desde que Josefina Valencia de Hubach asumió como ministra de Educación en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), y su compañera de lucha por el sufragio femenino, Esmeralda Arboleda, se desempeñó como ministra de Comunicaciones en la segunda administración de Alberto Lleras Camargo (1958-1962)[7]. Valencia y Arboleda serían las primeras semillas que comenzarían a germinar la representación de las mujeres en espacios políticos dos décadas después.

Puede decirse que el espacio de la mujer en la política colombiana lo abrió la líder antioqueña y conservadora Noemí Sanín Posada, quien, durante el gobierno del conservador Belisario Betancur (1982-1986), asumió como ministra de Comunicaciones; posteriormente, en la administración del liberal César Gaviria (1990-1994), se desempeñó como la primera mujer al mando de la Cancillería del país. Fue embajadora en Venezuela, Reino Unido y España, y candidata a la presidencia en 1998, 2002 y 2010[8].  Desde entonces, varias mujeres siguieron sus pasos y han logrado incrementar la representación femenina en espacios políticos y continúan abriendo este camino para las futuras generaciones en el país.

Con respecto a la participación de las mujeres en la política regional, en el 2012, un número importante de mujeres fueron elegidas alcaldesas, incluyendo a Elsa Noguera, en Barranquilla; a Zulia María Mena, en Quibdó, y a María Susana Portela, en Florencia[9]. En el 2019, Bogotá escogió a Claudia López como su alcaldesa, siendo la primera mujer que dirigió los destinos de la capital colombiana y, en Santa Marta, eligieron a Virna Johnson Salcedo, la primera mujer alcaldesa de la capital del Magdalena. Según la Registraduría Nacional, para el periodo 2019-2023, 132 mujeres fueron elegidas alcaldesas en el país, representando el 11 % total de alcaldes[10].

Camino por recorrer

A pesar de los logros de las mujeres en las diferentes regiones de Colombia por tomar un rol de liderazgo en la política local, el país todavía tiene un importante camino por recorrer. En el 2019, solo dos mujeres fueron gobernadoras, representando el 6,25 % del total[11]. Además, comparado con otros países en la región, Colombia se encuentra atrás en la participación de mujeres en concejos municipales. Según la Cepal, en la región, el promedio de la representación de mujeres en cargos de concejales fue del 32,72 % a diciembre del 2021. Sin embargo, el promedio para el país fue del 17,9 %, ocupando el puesto 22 de 26 en el ranking[12].

El próximo 29 de octubre, Colombia tendrá elecciones regionales, en donde la población elegirá a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles, entre otros, que estarán a cargo de los gobiernos locales durante el periodo 2024-2027[13]. Hay varias mujeres en el país que ya han anunciado su interés por participar en las elecciones, por lo que será una importante oportunidad para ver cómo cambia su participación en estos espacios políticos a través del territorio colombiano.

En cuanto a la Rama Ejecutiva, en los últimos 13 años se ha evidenciado una creciente y consistente participación de las mujeres de diferentes regiones del país. Entre el 2010 y el 2018, la politóloga María Ángela Holguín asumió por ocho años continuos el Ministerio de Relaciones Exteriores, convirtiéndose en la canciller de mayor permanencia en el cargo en la historia de Colombia. En el 2018, Marta Lucía Ramírez fue elegida como la primera vicepresidenta de la República, también se desempeñó como ministra de Comercio Exterior, Industria y Turismo (1998-2002) y fue la primera mujer a cargo del Ministerio de Defensa (2002-2003).

En el 2022, el país eligió, por primera vez, a una mujer afrodescendiente en la vicepresidencia de la República: Francia Márquez. Estos, entre muchos otros logros, han sido avances significativos conquistados por mujeres para incrementar la representación femenina en la política nacional.

Aunque todavía hay camino por andar y desafíos por alcanzar para aumentar la participación femenina en espacios políticos, es importante reconocer, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que grandes mujeres en Colombia han dado y siguen dando la batalla por abrir campos a la equidad de oportunidades en los ámbitos político y socioeconómico, y en defensa de la vida y la dignidad de la mujer.

Sin lugar a duda, es vital no bajar el ritmo y continuar este impulso para fomentar el liderazgo femenino, e implementar políticas públicas y acciones gubernamentales que tengan como fin cerrar brechas de género y promover un país más equitativo.