Evitar la opacidad

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

La transparencia de las fiscalías y los poderes judiciales es una deuda pendiente en muchos países de América Latina. Las instituciones del sistema de justicia deben entender que como autoridades en un Estado democrático deben rendir cuentas. Así lo sostuvo en el 2014 la entonces Relatora Especial de Naciones Unidas para la independencia de los magistrados y abogados, quien mencionó que la rendición de cuentas es importante para prevenir comportamientos inadecuados y poco éticos de jueces y fiscales, y que estas autoridades no están por encima de la ley.

Por eso, son preocupantes los datos del informe de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que evidencian la opacidad de los sistemas de justicia en América Latina. El documento estudia el comportamiento de 15 sistemas de justicia en la región, y muestra que el 67 % de las autoridades judiciales y fiscales en los países analizados no publica las escalas salariales de los jueces(zas) y que el 54 % no publica las escalas salariales de los fiscales.  

Además, el informe muestra que el 33 % de los 15 países estudiados no comunica los criterios para seleccionar jueces(zas) y que el 47 % no publica las convocatorias para cubrir las vacantes de los tribunales superiores. A esto se suma que el 60 % de los países analizados no publica información acerca de los mecanismos de destitución de jueces y que el 80 % no informa la cantidad de personas destituidas en tribunales inferiores. Estas cifras son alarmantes, pues proteger y garantizar la independencia judicial requiere contar con mecanismos objetivos y meritocráticos para seleccionar jueces(zas) y tener procedimientos imparciales para su remoción. Por ello, la falta de transparencia en estos asuntos impide que la sociedad civil pueda analizar si realmente se utilizan mecanismos objetivos y transparentes para seleccionar y destituir jueces, o si más bien se están empleando mecanismos espurios para ello.

Como si esto fuera poco, el acceso a la justicia también se ha visto afectado por la falta de transparencia, pues el documento evidencia que el 40 % de los 15 países analizados no publica los datos de contacto de las principales áreas del poder judicial y que el 20 % ni siquiera publica las competencias judiciales. Esta información es central para que las personas sepan a dónde acudir para reclamar la protección de sus derechos, ya que las competencias judiciales son variadas e incluso cambian entre los municipios de un mismo país.

De esta manera, los poderes judiciales y las fiscalías de América Latina deben asumir que la información de su gestión es pública y no privada. La transparencia protege el acceso a la justicia y permite rendir cuentas, lo que es esencial en una democracia. Además, es un antídoto para prevenir la cooptación, el clientelismo y la corrupción de las autoridades del sistema justicia. Entre más visible sean los mecanismos de elección y destitución de jueces y fiscales, las convocatorias para integrar los órganos del sistema de justicia, la ejecución presupuestal y la motivación de las decisiones judiciales, más fácil es monitorear y frenar a quienes quieren cooptar la justicia y minar la independencia judicial. Por eso, hay que abolir la opacidad que rodea la gestión de varias fiscalías y poderes judiciales de América Latina.