Dejamos ir de las manos nuestro Estado de derecho

Javier Tamayo Jaramillo 

tamajillo@hotmail.com 

Desde 1995, he venido llamado la atención sobre el advenimiento, en Colombia, del derecho de los jueces o nuevo derecho, basado en el neo marxismo de Antonio Gramsci. He advertido de que si los jueces no respetaban el principio de legalidad, el creacionismo limitado de los jueces y el respeto de la Corte por las competencias del Ejecutivo y del Legislativo, la democracia, consagrada como Estado social de derecho en la Carta Política, se ponía en peligro, pues los jueces de las altas cortes se convertirían en los verdaderos soberanos de hecho, ya que las otras dos ramas del Estado serían aniquiladas, imperceptiblemente, por la voluntad incontrolada de tales corporaciones, las cuales tendrían la tendencia a fallar de acuerdo con una ideología política neo marxista. O, lo que es más grave, al servicio de la corrupción.

Y aunque mis ideas ya estaban en la mente de los más preclaros pensadores de la social democracia, como Bobbio, Habermas, Rawls, Dworkin y Duncan Kennedy, entre muchos otros, los tristemente autodenominados progres, que ya habían logrado penetrar la enseñanza en la mayoría de las facultades de derecho del país, resolvieron omitir las críticas contrarias a ese derecho de los jueces. Y autores liberales y demócratas como Kelsen, Hart y Bobbio son ignorados, salvo honrosas excepciones, por docentes comprometidos con el nuevo derecho, pues si los analizan objetivamente se derrumbarían sus enseñanzas. Lo que interesa es repetir el catecismo contra la división de poderes y el principio de legalidad. Han avanzado, imperceptiblemente, al servicio de los populismos de partido único tan de moda en América Latina. Progresistas, muchos de los cuales aún no se han dado cuenta de que son, en el fondo, reaccionarios al servicio de las nuevas autocracias.

Cumplidas mis predicciones, el enemigo del Estado de derecho ya está en el poder que otorga la Constitución colombiana a quién gane las elecciones. Formalmente, el presidente es el señor Petro, quien sin olvidar sus orígenes en la acción política siente, al igual que muchos de sus seguidores, que el Estado social de derecho consiste en su voluntad sin control. Como si fuera un monarca, por su cabeza ronda la idea de que el Estado es él. Como lo proponían Gentile en el fascismo italiano, Schmitt en el nacionalsocialismo alemán y Stalin en la Unión Soviética, el soberano es quién tiene el poder de decidir y hacer cumplir las decisiones. La justicia y el legislador están en su poder.

Ejemplos, por doquier. Recientemente, escuché al señor Petro decir que en todos los barrios, ciudades y veredas se debían conformar grupos de defensa de su revolución, con la denominación que cada uno quisiera (paramilitares); como en las grandes manifestaciones de las autocracias de mediados del siglo pasado, ha convocado, aunque sin éxito, al pueblo para que este, en marchas multitudinarias, apruebe sus grandes reformas, como si pudiera ignorar las competencias del parlamento. Hasta su alter ego Daniel Quintero permitió que una minga se tomara la alcaldía de Medellín, sin que sepamos de investigación alguna.

Pero lo imperdonable es que la Policía Nacional haya sido vejada por el señor Petro, cuando una multitud de protestantes secuestró a 78 agentes, con un saldo de dos muertos y varios heridos. Silencio total del señor Petro durante varios días y respuestas vagas e incoherentes del ministro Prada. Ante la evidencia de lo ocurrido, el presidente reconoce haber ordenado al ejército no rescatar a los policías, para evitar una masacre.

Es decir, de guerrillero pretendía matar a los agentes del orden y destruir caseríos por doquier; pero hoy, desde adentro, y ya con las fuerzas armadas bajo su control, las paraliza para evitar que rescaten a sus compañeros de los ataques y secuestros de un grupo de insurgentes que nunca fueron perseguidos ni mucho menos detenidos por el delito cometido.  

Creo que en cualquier Estado soberano el presidente está obligado a proteger a la sociedad y a sus propios agentes del orden; y si, tácticamente, decide no atacar al enemigo, ya liberados los policías secuestrados está obligado a detener y a castigar a los subversivos. Pregunto, señor Petro: ¿dónde están los secuestradores de los policías? ¿Esperando secuestrar a otro grupo de policías, los cuales no podrán ser rescatados por sus compañeros pues se debe evitar otra masacre? De secuestro en secuestro, nuestras fuerzas armadas desaparecerán para ser remplazadas por un ejército adoctrinado que nos convertirá en una mueca de lo que hoy son Cuba Venezuela y Nicaragua. ¿Es esto un Estado de Derecho?