El ‘hanbalismo’ “a la colombiana”

Orlando Muñoz Neira

Abogado aceptado en la barra del Estado de Nueva York

En Derecho y sociedad, Max Weber nos cuenta que, en el Derecho islámico, una escuela jurídica llamada hanbalí rechaza “todo nuevo derecho (…) todos los medios racionales de interpretación jurídica” (2016, pág. 867). Los expertos en Derecho islámico nos recuerdan que la escuela hanbalí sostiene que el Derecho solo debe estar basado en el significado literal y evidente de la ley (Coulson, 2011, pág. 71). En Occidente, la escuela jurídica que tal vez mejor recuerde al hanbalismo sea aquella que no se aparta ni un centímetro del texto de la letra de la ley, así eso signifique llevarse de calle el más caro principio constitucional.

Aunque se crea que semejante forma de “interpretar” es cosa del pasado, ya finalizando el primer cuarto del siglo XXI, el Derecho colombiano tiene, en algunas prácticas notariales y registrales, no pocos ejemplos de una especie de hanbalismo “a la colombiana”. Para la muestra, unos cuantos botones:

En una sucesión con tres herederos y un solo inmueble dejado por el causante, la partición le asigna, a cada uno, el 33,33 % del bien raíz. Sin embargo, cuando la partición llega a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, un calificador niega el registro aduciendo que faltó repartir el 0,01 %, a pesar de que nadie reclama por ese ínfimo porcentaje, porque todos entienden que lo que hizo el partidor fue dividir 100 entre 3, y como esa división no da un número exacto, simplemente dejó la expresión decimal más cercana: 33,33 %.

En otro asunto, Juan, para vender un apartamento, otorga un poder especial a su hijo Pedro y escribe allí la matrícula del bien, su dirección completa y hasta sus linderos, pero olvida escribir el número de la cédula catastral o lo confunde con el chip catastral, que es otro guarismo. ¿Resultado? La doctrina oficial dice que ese poder no es válido (SNR, 2022), aunque a ningún mortal le quede duda de la voluntad del poderdante. 

También cabría preguntarnos, ¿qué motivo razonable puede tener el que hoy sigamos gastando tinta y papel con la transcripción, en una escritura pública, de linderos cuya redacción casi nadie entiende (nadir, zenit, centímetros y milímetros aquí y allá), cuando en el título matriz esa descripción podría leerse con teclear un simple clic? ¿Será que toda esa palabrería es la que protege la licitud en la transferencia de derechos reales?

Los ejemplos pueden seguir y, tal vez, algunos crean que ellos corresponden a trámites que con un par de ajustes se arreglen, pero, contrario a esas buenas creencias, por más buenas intenciones que tenga, el formalismo registral y notarial no es inane: tiene efectos nocivos para el ciudadano. Por ejemplo, ¿habráse visto que, cuando fallece un notario, su reemplazo dura en llegar, cuando las cosas van bien, semanas, y cuando no, incluso meses, como si toda la documentación que una oficina tal resguarda pudiera quedar más inaccesible que el Santo Grial? El ciudadano que necesita un papel de la notaría del fallecido no tiene escapatoria distinta a esperar y esperar, tal vez, porque la lectura de las normas jurídicas que rigen esa función puede estar mirando más su “tenor literal” que el espíritu de un servicio público efectivo que desde hace más de tres décadas pregona nuestra Constitución.

En Colombia, una mujer puede abortar hasta la semana 24, dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y un enfermo terminal puede pedir la eutanasia para poner fin a sus días, sin temor a que el médico que lo ayude vaya a la cárcel, así estas sean potestades que por ninguna parte aparecen escritas en el texto constitucional. Sin embargo, somos un país donde una coma mal puesta en una escritura pública entraba un negocio de cuya licitud ninguno de los negociantes duda, simplemente porque la interpretación fetichista del texto legal sigue viva y coleando. Nos ahoga el formalismo y no estamos haciendo nada para acabar con él.