Salario mínimo: Ponderar intereses y priorizar a los más vulnerables, desempleados e informales

Charles Chapman López

Twitter: @charleschapmanl

El contexto económico, político y social de nuestro país actualmente se encuentra influenciado por ciertas variables sin precedentes, dentro de las cuales destacamos la afectación global de la economía generada por el covid-19, la guerra Ucrania – Rusia y los altos índices de inflación que, sumadas al cambio político que afrontamos, han generado un sentimiento de incertidumbre y expectativa en el sector económico y empresarial sobre el impacto que pudiera tener el incremento del salario mínimo en el mercado laboral.

De acuerdo con la publicación más reciente del DANE, a corte de noviembre del presente año, el IPC tuvo un aumento del 12,53 %, el mayor en los últimos 23 años, aumentando incluso en un porcentaje superior al esperado.

Dicha alza se vio reflejada particularmente en el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas (1,50 %) y transporte (1,35 %), lo que da cuenta que el aumento de la inflación recayó principalmente en la canasta familiar, así es que los precios de los alimentos y bebidas se han incrementado en un 27,08 % y a esto le sigue el aumento en los productos del hogar, que a corte de noviembre fue del 17,33%. Este panorama impacta mayoritariamente a la población colombiana de más bajos ingresos, sobre todo a los trabajadores que devengan el salario mínimo y más aún a los trabajadores informales e independientes, que en muchas ocasiones ni si quiera se ganan eso.

Por su parte, el nuevo Gobierno se ha caracterizado por el impulso de reformas legales coyunturales, dentro de las cuales resaltamos la reforma tributaria, así como la laboral y la pensional, cuyos efectos pronostican el aumento de los costos laborales, generando una barrera para la creación de empleos formales en nuestro país, siendo esto último lo que más necesitamos en estos momentos en el mercado laboral, pues hoy tenemos los primeros lugares de desempleo entre nuestros pares de Latinoamérica y ni qué decir de los países OCDE, con un desempleo a septiembre del 2022 del 11,3 % y una informalidad del 58,3%.

El panorama explicado, sumado al hecho de que el salario mínimo en Colombia tiene un rol protagónico en la dinámica social, hace que el reto de la mesa de concertación del salario mínimo sea mirar con cautela el próximo y futuros aumentos del salario mínimo.

Desempleados e informales deben ser prioridad

Según el Informe de la Misión de Empleo de Colombia 2020-2021, el mercado laboral colombiano se caracteriza por: (i) la constante transición de los trabajadores empleados en empresas a una ocupación mayormente como independientes o por cuenta propia, (ii) a estar desempleados y (iii) a cambiar constantemente de empleos formales a empleos informales, todo lo cual, sin duda, se ve reflejado en tasas de desempleo de más de dos dígitos y una informalidad que alcanza el 60 %.

Al entender la dinámica de nuestro mercado laboral, la fijación del salario mínimo no solo incumbe a las partes de la relación laboral, sino que su efecto se irriga frente a todo el mercado laboral y es un factor determinante para que haya mayor empleo formal en el país. Téngase en cuenta que, por ejemplo, para que los trabajadores independientes puedan acceder a la seguridad social en el régimen contributivo, las bases de cotización se fijan sobre ese salario mínimo y, esos independientes, no alcanzan muchas veces ese valor, lo que afecta la protección social de estos y sus familias.

No podemos dejar en un segundo plano a los desempleados e informales, debiendo ser estos últimos la prioridad en estos momentos, máxime cuando hoy son la mayoría en nuestra tasa nacional de ocupación.

Nuestra propuesta: Incremento equilibrado con el que todos ganamos

Lo más equilibrado, incluyente y responsable con los trabajadores formales que devengan el mínimo, como también con los informales y desempleados, es que el reajuste del salario mínimo legal sea la suma de lo que arroje la importante inflación para noviembre, que asciende al 12,53 %, más el sustancial índice de productividad, que está definido en 1,24 %, dando un total aproximado de 13,77%, que arrojaría la suma de $ 133.800, quedando el valor total en $ 1’133.800. Esta sumatoria o porcentaje debe ser la base y el techo en la determinación del mínimo.

Ahora bien, en aras de mejorar los ingresos de los trabajadores de menor remuneración e igualmente buscar un equilibrio entre trabajadores formales, informales, generación de empleo y sostenibilidad de este, proponemos que el subsidio de transporte, hoy en $ 117.172, reciba un mayor porcentaje de incremento al del mínimo.

El reajuste al subsidio de transporte no tendrá incidencia en la base para liquidar seguridad social, por lo que contribuirá a mejorar los ingresos de los empleados, mas no incrementará la base para poder cotizar a dicho sistema, que tanto afecta a los trabajadores por cuenta propia e informales de bajos ingresos.

Esta propuesta tiene como ventaja adicional que beneficia a los asalariados que perciben hasta dos salarios mínimos. Es decir, beneficia a todos los que perciben subsidio de transporte, siendo más incluyente el beneficio, lo que tiene gran importancia, en tanto los datos del DANE nos muestran que la inflación resulta mayor para los hogares de bajos ingresos por el peso que tienen los alimentos en su canasta básica familiar.

Finalmente, la propuesta tiene la ventaja de que el aumento mayor en el subsidio de transporte no tiene tanta relevancia en otros factores de la economía y el derecho laboral que están sujetos al mínimo y que incrementarlos genera más efectos adversos que positivos, verbi gracia, multas, puerta de entrada y/o base de cotización del sistema de seguridad social, pensión mínima, reajuste del salario mínimo integral, entre otros.

Esta propuesta atiende y resulta congruente con los planteamientos del Gobierno, concretamente lo manifestado por el Ministro de Hacienda cuando expresó acertadamente que el ministerio va a proceder a desindexar del salario mínimo todos los productos y servicios, precisamente porque para el cálculo del salario mínimo se toma en cuenta la inflación del año anterior y esto genera incrementos elevados en tarifas y precios de bienes y servicios.

Sustentan el planteamiento las siguientes razones:

1. La inflación anual a noviembre de este año ha sido la mayor en los últimos 23 años, la cual resulta incluso superior a la que proyecta el Gobierno para el cierre de diciembre, que se estima en 12,2 %, lo que genera un marco de referencia más favorable para el incremento de los trabajadores. Recordemos que, entre mayor sea la inflación, menos espacio hay para agregar puntos adicionales a esta.

Muestra de ello es que antes del año 2000 cuando la inflación era de dos dígitos el reajuste era muy cercano a la inflación e incluso en algunos años fue inferior a esta. No obstante, cuando a partir del año 2000 la inflación quedó en un dígito se adicionaron puntos al reajuste del mínimo, precisamente por ese margen mayor, y es por ello que teniendo nuevamente una inflación de dos dígitos debe ser medido con agregar muchos puntos adicionales.

2. La productividad de 1,24 % es una de las de mayor valor de los últimos 15 años, lo que resultará positivo para la mejora de ingresos, en tanto se agrega al reajuste más de un punto adicional sobre el IPC. En esto destacamos que ese 1,24 % deviene de adoptar la productividad total de los factores y esta es superior a la productividad laboral que es de cerca del 0,7 %. Es decir, también en esto se adopta una referencia que es favorable a los empleados.

3. En relación con la sostenibilidad empresarial y preservación de las fuentes de empleo de los colombianos, debemos advertir que la inflación al productor resultó más acentuada que la del consumidor, siendo más del doble la primera al ubicarse en un 25,52 %. Es decir, los empleadores también se están viendo afectados significativamente por este fenómeno, lo que pone en riesgo muchas fuentes de empleo, especialmente las Mipymes, que constituyen la mayoría del tejido empresarial colombiano, esto es, aproximadamente el  99 % de las empresas del país.

4. Un reajuste por encima del 13,77 % generará mayor desempleo e informalidad, afectando a estos empleadores que son los más vulnerables del mercado laboral y que infortunadamente hoy son la mayoría, entonces debemos pensar en este grupo de la población prioritariamente.

5. El tejido empresarial del país se encuentra en una etapa de recuperación, considerando los graves efectos de la pandemia que ocasionó el cierre de muchas compañías. Según publicó Portafolio, para el 2021 hubo un incremento en el cierre de empresas del 12,2 %, por lo cual, imponer a las compañías un incremento en el salario mínimo desmedido afectará las fuentes de empleo de muchos trabajadores y la estabilización de nuestra economía.

Con estos incrementos, ganamos todos.