Supersociedades establece tarifa de contribución para el 2022
Las sociedades tendrán hasta el 21 de septiembre para realizar el pago oportuno de su obligación sin intereses.
Las sociedades tendrán hasta el 21 de septiembre para realizar el pago oportuno de su obligación sin intereses.
No respecto de la corrección o aclaración de la certificación de origen que acompaña dicha decisión.
Integrantes de la primera línea piden al Gobierno cumplir la promesa de campaña de desmonte del ESMAD.
El Consejo de Estado discutió la desvinculación de una empleada nombrada en provisionalidad que tienen la condición de madre cabeza de familia.
La prima de riesgo no es factor salarial para liquidar prestaciones sociales diferentes a la pensión, en favor de los servidores que se desempeñaron en el DAS, hasta su supresión.
Se debe evaluar y determinar la forma para el reconocimiento fiscal del suceso en el año gravable 2022.
El peticionario o recurrente podrá solicitar a la superintendencia que imponga las sanciones correspondientes.
Si se clasifican como tal, resultaría procedente la exclusión y/o exención del IVA, siempre y cuando se cumplan los requisitos.
No entregar los dineros a quien corresponda constituye falta a la honradez.
Se vulnera el contenido del artículo 48 de la Constitución porque los miembros de la fuerza pública no se encuentran excluidos de la aplicación del Acto Legislativo 01 del 2005.
El Ministerio de Justicia hizo parte de la audiencia y mostró la postura del Gobierno frente al proyecto de ley
Así se encuentre acreditada la agresión verbal y física del acusado no se configura por falta de una posición de discriminación, dominación o subyugación, producto de un patrón de sometimiento hacia la víctima.
La captación y divulgación no consentida de un video constituyó una violación de los derechos a la intimidad y a la imagen.
Pueden influir factores como la capacidad de los equipos, muros, distancia e interferencias de la vivienda.
Según informó el DANE, la variación mensual del IPC para agosto fue de 1,02 %.
Corte Suprema se pronunció sobre cómo realizar un razonamiento diferencial entre los casos de los sentenciados cuyas condenas no han hecho tránsito a cosa juzgada.
Como primera medida, plantea el diseño de diferentes acciones para normalizar la lactancia materna dentro de los diferentes escenarios y derribar los perjuicios sobre los lugares aptos o no para amamantar.
Identifique los aspectos principales antes, durante y después de una audiencia judicial virtual.
Una acción popular amparó los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, al aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del patrimonio público.
Registro personal por parte de guardas de seguridad extralimita sus funciones y vulnera derecho a la intimidad.
El proyecto, además de aliviar la carga laboral de los funcionarios, fortalecería el CTI para obtener en menor tiempo material probatorio.
Según el constitucionalista José Gregorio Hernández, quitar validez a todas las cédulas expedidas es abiertamente inconstitucional.
El alcance que se le debe dar a la prohibición del artículo 10 del Decreto 128 de 1976 es que se configura por la celebración de contratos de prestación de servicios.
No debe haber sido incluido en nómina de pensionados, pues sería más de una asignación del tesoro público.
Explican cómo se presenta defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al improbar un acta de conciliación.
Se ordenó a la DIAN a devolver los saldos a favor junto con sus intereses corrientes y moratorios.
En un plazo no mayor a tres meses, la Comisión de la Verdad deberá entregar un inventario de todos los procesos judiciales y demás reclamaciones.
Revisan varias acciones de tutela que invocan protección del derecho a la participación en todos los asuntos que pueden significar afectación de derechos de comunidad indígena.
El canal es informativo y transmite audiencias desarrolladas en los despachos judiciales y que son públicas.
Establecimiento público dotado de personería jurídica debe ser notificado de la demanda para garantizar efectivamente sus derechos fundamentales del debido proceso y de defensa.
La normativa permite que la autoridad nominadora modifique, aclare o corrija nombramientos.
Ante las circunstancias que rodean al accionante es plausible efectuar un análisis diferenciado del término de caducidad, a fin de garantizarle el acceso a la administración de justicia.
Le corresponde al juez verificar los motivos que se invocan para invalidar una providencia.
Se podrá decretar el desistimiento y archivo cuando el requerimiento no sea atendido en el término concedido.
Se anunciaron los resultados de las pruebas de aptitudes y conocimientos del concurso de la Rama Judicial.
Con la creación del banco se desarrollará una plataforma tecnológica a través de la cual se asignarán voluntarios.
La Corte Constitucional explicó que fijar la etapa de determinación de la vulnerabilidad en la fase de adjudicación del crédito crea una desprotección del estudiante.
La figura del encargo procede mediante acto administrativo emitido por el nominador.
Debe garantizar un control directo entre lo aprobado por la asamblea y los valores debidamente ejecutados.
No resulta viable considerar que las pérdidas fiscales que se generaron antes de la entrada en vigencia del CREE tengan que someterse a una limitación o a un régimen de transición.
La jurisdicción disciplinaria no es competente para conocer de los procesos disciplinarios contra los auxiliares de la justicia cuando no se ha notificado el pliego de cargos antes del 29 de marzo del 2022.
El proyecto de ley tiene como objetivo facilitar la asignación de plazas para las prácticas laborales, de judicatura y pasantías requeridas por las instituciones educativas.
En caso de no tener conocimiento, deberán dejar constancia del cumplimiento del deber de debida diligencia.
La certificación de precios se realiza para efectos de liquidación de las rentas originadas en la explotación.
Al igual, se publicaron los porcentajes de rentabilidad y comisiones de administración de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías.
Las normas que limitan el derecho de acceso a la información deben ser interpretadas de manera restrictiva y toda limitación debe estar adecuadamente motivada.
La protección de las madres gestantes que ocupen cargos en provisionalidad se concreta en el pago de la licencia de maternidad y los aportes al sistema de salud.
Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo demandado se difieren hasta el 20 de junio del 2023.
Se declaró parcialmente nula la sentencia que reconoce un monto superior al pretendido en la demanda por concepto de perjuicios morales.
Con el objetivo de acabar con la inseguridad, el presidente plantea la materialización de un desarme en la capital y en todo el territorio nacional.
Procuraduría solicita que no se continúe con el cobro de la tasa de sistematización asociada al impuesto departamental de registro y el registro de industria y comercio.
Superfinanciera certificó el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario para septiembre del 2022.
Las comisiones terceras del Congreso citaron a los gremios de la producción para que presentaran sus comentarios sobre el proyecto de ley 118/22C-131/22S.
Empleado comisionado en sede diferente a la habitual tiene derecho al pago de viáticos y gastos de transporte.
Desde el 1º de septiembre, las 573 sedes de la Registraduría tramitarán solamente cédulas digitales.
La iniciativa contempla tanto el proceso de registro como los derechos, obligaciones y límites de los cabilderos.
Se violó el debido proceso del accionante al ejercer la potestad disciplinaria en su contra, pues el reglamento disciplinario no contiene norma alguna que prevea esta competencia.
El legislador definió tres supuestos diferentes para establecer la prescripción, según el derecho reclamado.
El locatario en un contrato de ‘leasing’ financiero puede pedir la deducción especial en el periodo gravable en el que hace la inversión o en el año gravable en el que suscribe el contrato.
Los funcionarios serán investigados por la adjudicación de un contrato de más de $ 51 mil millones a una firma que habría presentado un certificado de existencia falso.
La compensación del daño moral en caso de lesiones tiene su fundamento en el dolor o padecimiento que se causa a la víctima directa, familiares y demás personas allegadas.
Es obligación de los alcaldes formular la revisión de los POT, según nuevas necesidades y realidades del territorio.
Precisan la legitimación de las autoridades indígenas para reclamar la competencia de un asunto penal seguido contra miembros de su comunidad.
Violación de la obligación del trabajador de guardar la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros constituye una justa causa de terminación del contrato de trabajo.
El requisito de la convivencia no puede descartarse por la sola separación de cuerpos cuando obedeció al maltrato físico y sicológico a que se vio sometida la persona.
De no ser posible, se debe motivar el acto de retiro del servicio por haberse realizado el concurso de méritos.
Dicho porcentaje disminuyó 0,3 p. p. en comparación con el mes pasado.
La legitimación en la causa ha sido concebida como la idoneidad jurídica que tiene una persona para formular la demanda o para contradecir las pretensiones de ella.
Los tratamientos aplicables serán aquellos que, de acuerdo con la normativa, apliquen en cada caso particular.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en una decisión sobre un incidente de desacato también condenó a directivos del ente acusador con multas.
Cuando la controversia planteada por las partes se circunscribe a cuestionar únicamente el proceso de elección de la asamblea la jurisdicción competente es la ordinaria.
El Decreto 491 del 2020 amplió los términos de las peticiones para contrarrestar efectos del covid-19.
Este encuentro, en el que se podrá participar de manera presencial, virtual o mixta, rendirá un homenaje a Jairo Parra Quijano, ejemplo de la esforzada travesía del jurista hacia la superación.
Los magistrados que integrarían el alto tribunal deberán cumplir con los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema y del Consejo de Estado
La determinación implica que los decretos seguirán en vigencia mientras esa sea la voluntad de la Administración y hasta que se emita un fallo de fondo sobre su legalidad.
Se puede constatar por cualquier medio el acceso del destinatario al mensaje de datos.
Dentro del proyecto de ley se especifican las competencias para manejar las impugnaciones.
La medida se aplicará mientras se implementa el examen del Estado.
Por medio de un acuerdo, el Consejo Superior de la Judicatura estableció, entre otras cosas, la implementación del examen para ejercer la profesión de abogado.
El contrato de trabajo es una modalidad contractual que puede ser utilizada libremente por el empleador de acuerdo a sus necesidades, dentro de los límites establecidos legalmente.
En dichos casos podría ser aplicable lo dispuesto en artículo 1630 del Código Civil, sobre pago por terceros.
La Corte Constitucional indicó que existe carencia actual de objeto porque se comprobó que en los casos se generaron los recursos necesarios para garantizar las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas.
Corte Suprema precisa el exceso ritual manifiesto al exigir conciliación.
De acuerdo con la propuesta, la política de paz será prioritaria en asuntos de Estado, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia.
Para determinar si una entidad pública ocasionó un daño patrimonial al Estado se debe analizar cada caso en particular.
Al representar la forma tridimensional de las tollas higiénicas con alas, protectores diarios con alas y tampones no logran dotarla de distintividad.
La póliza presentada con la solicitud de devolución no garantiza el pago de las sanciones que se impongan como consecuencia de su improcedencia.
La policía requiere autorización para acceder a circuitos de vigilancia privada que capten información reservada: Procuraduría.
Consumidor tiene derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla.
Son 12 proyectos de ley radicados hasta el momento, se concentran en la protección animal y plantean prohibir diferentes prácticas, como cabalgatas, pelea de gallos, corridas de toros, entre otras.
Quienes hayan suscrito uno o más contratos con la misma entidad por un periodo de al menos 18 meses serían beneficiarios.
Las investigaciones se originaron por varias denuncias sobre información engañosa en los líquidos empleados.
La orden del Consejo de Estado a un consejo seccional de la judicatura y a un juez promiscuo municipal se dio mediante una acción de tutela.
Ya son 10 los proyectos presentados para su revisión y aprobación.
Precisan el proceso especial de revisión de decisiones administrativas que versen sobre el reconocimiento de propiedad privada de hidrocarburos.
¿La participación política por parte del jefe de Estado afecta la imparcialidad en la contienda electoral?
La sociedad debe contemplar la limitación cuando pretenda enajenarlas, distribuirlas o destinarlas.
Consejo de Estado precisa cuáles los presupuestos para la aplicación de la presunción de ingresos por control de ventas o ingresos gravados prevista en el artículo 758 del Estatuto Tributario.
Precisan restricción del derecho al sufragio para personas condenadas en un proceso penal.
El conductor del camión fue multado por sobrepeso, pero la carga no fue inmovilizada por la Policía, dos horas después se volcó encima de motociclista, ocasionando su muerte.
“Es un deber del Estado garantizar espacios deportivos libres de violencias para las niñas y mujeres”: Procuraduría
Mejoría en los indicadores de la situación epidemiológica ha provocado la modificación de algunas medidas.
Corte Suprema realizó precisiones sobre esta clase de dolo, en un caso en el que un esteticista aplicó una sustancia que podía causar lesiones corporales.
Se evidenció que la pieza musical fue borrada de la plataforma de reproducción en que se encontraba y, asimismo, el intérprete ofreció disculpas.
De acuerdo con los demandantes, se viola el principio de seguridad jurídica de los proponentes.
La liquidación laboral busca cubrir necesidades básicas mientras el trabajador se vincula nuevamente en un trabajo.
Modificaciones en las operaciones de derivados hacen parte de las normas del Emisor.
Los partidos Conservador y Comunes buscan, con diferentes proyectos, ajustar los costos que deben cancelar los estudiantes para poder graduarse.
Docentes que acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 pueden acceder a la pensión gracia, siempre que cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
Declaran inexequibilidad de una expresión que facultaba a la Procuraduría para atribuir tareas o labores al Vicepresidente.
Cobro de servicios no facturados no es una sanción al usuario, sino la recuperación de consumos irregulares.
ARL asumió la cobertura del riesgo del trabajador asociado que murió prestando servicios a una empresa diferente a la cooperativa en la que trabajaba.
La Corte Constitucional indicó que el trámite se deberá realizar con la presentación de la tarjeta de identidad, en lugar de la cédula de ciudadanía.
Es indispensable que la figura se permita tanto en el país de origen como en el del nuevo domicilio.
Corte Constitucional estudió las actividades que le corresponde a los Estados frente a este instrumento y establece cómo se deberá manifestar el consentimiento para obligarse.
Precisan que la acción de tutela fue concebida para repeler la amenaza de derechos fundamentales violentados.
Debido a las características y necesidades de corregir el censo electoral local, no es posible dar espera a los términos y plazos comunes del trámite administrativo ordinario.
Ajustes en el funcionamiento del Congreso, una superintendencia de educación y la votación por parte de militares e integrantes de la policía son proyectos que cursan en la entidad.
Unas funciones se cumplen de forma mensual y otras pueden cubrir periodos anteriores a la vinculación.
No se desconoce que el asunto comporta derechos pensionales de personas de la tercera edad, pero no es dable obviar las normas procesales, puesto que son de orden público y de obligatorio cumplimiento.
Algunos de los factores que se tuvieron en cuenta son cifras de ventas, publicidad e intensidad de uso.
Señalan los parámetros para que las EPS autoricen el servicio de transporte al paciente y su acompañante dentro del municipio de residencia.
La doble tributación vulnera el principio de reserva de legalidad tributaria y configura incumplimiento contractual, dada la indebida interpretación del clausulado del negocio jurídico celebrado.
Normas en materia sucesoral son de orden público y, en ese sentido, los accionistas de las SAS deben respetar límites.
Corte señaló que el derecho a la vivienda digna requiere de políticas públicas sólidas que permitan la ampliación de su cobertura.
Los permisos de vertimiento otorgados dentro del santuario deben ser evaluados por la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia.
La estabilidad laboral reforzada por motivos de salud no implica permanecer indefinidamente en un cargo al que tiene derecho quien superó un concurso de méritos.
Durante un seminario de ANIF, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, indicó que se mantendrá el subsidio a los combustibles en zonas de frontera.
Cambio Radical y el Centro Democrático manifestaron su negativa total a votar la propuesta del Gobierno Petro (P. L. 118/22C-131/22S).
Los usuarios fueron sometidos a largos tiempos de espera en líneas telefónicas y no lograban respuestas.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al resolver la apelación de la medida cautelar, precisó sobre la suspensión del plazo por el trámite de impedimentos y recusaciones.
Cualquier modificación a los convenios colectivos que implique una disminución en los derechos debe ser fruto de la negociación libre y voluntaria entre las partes.
Aunque la información sobre procesos judiciales es pública, no puede negarse el suministro de la misma bajo el argumento de que es de libre consulta por parte de los usuarios.
Explican el alcance de las declaraciones consignadas en la historia clínica para acreditar si un accidente laboral causó la muerte.
Así lo indicó el ministro Iván Velásquez en medio de la explicación de la nueva política de Seguridad Humana.
A cierre del 2021, la deuda pública se incrementó en $ 137,23 billones.
El legislador debe establecer las condiciones en que se permitirá la participación política de los servidores públicos.
No se ejercieron funciones propias del CNSSS o que le hubiesen sido delegadas.
Es preciso que se acredite la falta de diligencia del servidor y que con la mora se produzca un perjuicio irremediable que haga necesaria la intervención del juez de tutela: Corte Suprema.
No se encontró que las normas demandadas violaran el derecho a la igualdad, a la educación, al trabajo y al debido proceso de cara al sistema de medición adoptado.
En el contexto del riesgo de LA/FT/FPADM, es necesario establecer medidas razonables y debida diligencia.
Con esta normativa las actividades turísticas relacionadas con estas especies no podrán involucrar acciones de ceba, alimentación y/o contacto directo por parte de los turistas.
Esta circunstancia pueda restarle independencia u objetividad a los conceptos o actuaciones del contador.
En virtud del principio de la non reformatio in pejus, el Consejo de Estado no podía agravar la situación de la parte actora en su condición de apelante único en el caso.
El proveedor no puede negarse, guardar silencio, condicionar la devolución o presionar para aceptar un bien diferente.
Se podrá disponer la constitución de pólizas que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del administrador.
Fondos de pensiones no pueden pedir requisitos adicionales para una sustitución pensional.
Se conminó a una funcionaria judicial para que en futuras oportunidades se abstenga de incurrir en actuaciones que vulneren los derechos de acceso a la carrera administrativa.
Esta propuesta abre una puerta a las negociaciones con el Estado en Colombia y beneficios jurídicos para los narcotraficantes que no reincidan.
Las personas a quienes se les causó la pensión a partir del 25 de julio del 2005 ya no tendrían derecho al reconocimiento de la mesada catorce, salvo dos excepciones.
Explican el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por cuanto el secuestre permitió la sustracción, destrucción o menoscabo de los bienes objeto de medida cautelar.
Pensionados con mesadas de hasta 10 salarios mínimos reducirían su aporte del 12 % a 4 %.
Que a las víctimas no se les tenga en cuenta dentro del proceso disciplinario genera una vulneración al derecho de acceso a la administración de justicia.
El Ministerio Público apoyó una demanda contra el requisito para las mujeres para acceder a la pensión de vejez con la misma cantidad de semanas que se exigen para los hombres.
Esta tendrá como objetivo atender y ejecutar todas las actividades necesarias, efectivas y suficientes que permitan el proceso de culminación del Programa de Apoyo al Empleo Formal.
La remuneración de los servidores públicos corresponde a los servicios efectivamente prestados.
La prueba fue catalogada como exitosa, teniendo en cuenta que todas las operaciones fueron ágiles y seguras.
Cerca de 6.900 contribuyentes de este sector tienen una cartera morosa por alrededor de $ 369.000 millones.
En el caso objeto de estudio se aceptó como deducible del impuesto de renta el gasto por concepto de seguros de vida para empleados derivados de convención y/o pacto colectivo.
Para otorgar el fuero por discapacidad en el ámbito laboral se debe estar ante una situación objetiva, concretada en un grado de limitación relevante.
En el cohecho propio solo se requiere que el servidor público acceda a la propuesta ilegal que se le formula aceptando contravenir sus funciones oficiales.
El Ejército Nacional y el Ministerio de Defensa deberán ofrecer excusas y pagarle más de $ 1.000 millones a sus familias.
Dependiendo del rango de ingresos brutos fiscales se deberá contratar el número de empleados correspondiente.
Entre los ajustes que plantea la entidad se encuentra la metodología de cálculo de los montos mínimos y máximos de la reserva.
Si las restricciones al derecho de locomoción son proporcionales y razonables el acto administrativo goza de legalidad.
La voluntad de separarse del servicio debe ser libre, espontánea, inequívoca y constar por escrito.
La apuesta del Gobierno para reducir el hacinamiento carcelario indicaría la descriminalización de algunas conductas.
El demandante pide que el pago del subsidio económico por incapacidad recaiga sobre todas las administradoras de fondos de pensiones, indistintamente si el concepto de recuperación es favorable o no al trabajador.
Entre los temas de análisis se destacan la equidad salarial entre hombres y mujeres y la estabilidad laboral.
Los funcionarios tendrían que elaborar, junto con el formato tradicional de sentencia, uno con lenguaje no técnico, directo, cercano, sencillo y claro que tendrá igual valor y efectos.
Siendo la legitimación en la causa un elemento material de la pretensión cuya presencia es indispensable para proferir sentencia favorable, es deber del fallador constatar su acreditación en el proceso.
Las entidades deberán realizar los ajustes correspondientes conforme a lo establecido en la guía, a sus planes vigentes, en un plazo máximo de dos años.
Explican la inexigibilidad del cumplimiento de formalidades que no sean estrictamente necesarias en procesos judiciales a partir del estado de emergencia social, económica y ecológica.
Los horarios de atención de las defensorías y comisarías de familia son permanentes y continuos.
Son considerados como servidores públicos, por hacer parte de las juntas administradoras locales.
Desde este 23 de agosto, se traslada este trámite a los medios digitales.
Facultades de Supersociedades en la intervención administrativa y toma de posesión de bienes, haberes, negocios y establecimientos de comercio.
Términos y condiciones de una oferta que permitía compartir datos generaron falsas expectativas en los usuarios.
Por cuanto el servicio del Estado fue trasgredido de manera consciente y voluntaria, y con la intención de producir las consecuencias nocivas que ello implica.
Expedición de factura de venta es una obligación fiscal, independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad.
El régimen sancionatorio administrativo castiga de los servidores estatales la conducta violatoria del deber funcional a su cargo sin justificación
Las comisiones económicas del Congreso determinaron los coordinadores y ponentes del proyecto de ley 118/22C-131/22S.
Durante el primer semestre del 2022 se redujo en un 4 % el delito de pornografía con menor de 18 años.
Falencias en la ejecución del censo dieron lugar a una disminución en la identificación de la población negra en el país y constituyen un incumplimiento al rol que le corresponde al Estado.
Solo lo son las decisiones definitivas de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o los actos de trámite que hacen imposible su continuación.
Aclaran descuento en la declaración de renta del mandatario de retenciones en la fuente efectuadas por terceros y soportadas por el mandatario en desarrollo de la gestión del mandato.
El cargo fijo garantiza la disponibilidad permanente del servicio, por lo que incluye todos los gastos administrativos.
Aún no se posesiona la ministra de las TIC y falta por nombrar varios directores de departamentos administrativos y superintendentes, entre otros.
En el salón Boyacá del Capitolio Nacional se está desarrollando la sesión de las comisiones económicas de la Cámara de Representantes y del Senado de la República para escuchar la presentación de José Antonio Ocampo.
El juez, las partes o los intervinientes deben disponer de las tecnologías idóneas cuando el juicio se realice de forma virtual.
Según explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta decisión se toma ya que en Colombia existe un marco jurídico que permite la práctica del aborto de manera legal y segura.
Precisan sobre el fuero de maternidad en casos de supresión del cargo o provisión del mismo en carrera.
Con la disposición se modifican los artículos 13 y 14 de la Resolución 1545/19.
Si el empleado se vincula cuando se realiza el incremento, el pago se realiza con este y no hay lugar a retroactivo.
Atendiendo la solicitud del entonces Viceministerio de Transporte, se presenta para comentarios de la ciudadanía el proyecto de acto administrativo con dicha reglamentación.
Se levantó la reserva de un concepto sobre la excepción a la prohibición temporal para la contratación pública.
Llega a la Corte una demanda contra la interpretación de requisitos que limiten el objeto, contenido y finalidad de la acción pública de nulidad por inconstitucionalidad.
La posibilidad de ordenarle al Presidente de la República que contemple declarar el estado de conmoción interior es un asunto que escapa a la acción de tutela.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no puede intervenir en la forma de ejecutar dichas acciones.
La Comisión de Seguimiento y Monitoreo alertó insuficiencia en los recursos destinados para la atención a víctimas del conflicto armado.