La competencia para la elección de su representante legal, en este caso bajo la denominación de gerente, corresponde a la junta directiva de la entidad.
El artículo 12 la Ley 2195 del 2022 no altera, modifica, sustituye ni deroga el artículo 61 del Código de Comercio.
Ninguna disposición vigente impide impulsar una impugnación de la maternidad o de la paternidad extramatrimonial o extramarital amparándose en la regla del artículo 219 del Código Civil.
La libertad de configuración organizacional que prevé la Ley 1258 del 2008 permite pactar un término superior.
También deben pagar los aportes que se causen durante la vigencia del contrato de asociación.
La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y la aplicación de la norma más favorable en materia pensional.
Prescripción de los derechos laborales es por regla general de tres años, desde que se hizo exigible la obligación.
Prescripción de los derechos laborales es por regla general de tres años, desde que se hizo exigible la obligación.
Según el artículo 247 del Código General de Proceso, la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.
Para la configuración de la sustitución de empleadores es necesaria la continuidad de la relación laboral.
Se espera que la disposición sea expedida en diciembre, por lo que la decisión final quedará en manos del nuevo Gobierno.
En primer lugar, debe realizar la licitación pública o, en segundo término, observar el deber de escogencia del contratista de manera objetiva.
Pese a los ajustes, transición seguirá siendo considerado como el primer grado obligatorio de la educación formal.
Cuando el POT sea expedido por decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.
No tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo municipal es una conducta constitutiva de desinvestidura.
Cuando el Fomag reconoce las cesantías a través de un acto administrativo por fuera del término legal previsto para esos efectos.
Una vez constituida, la sociedad forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.
La única distribución de utilidades en acciones que es no gravada es la de revalorización del patrimonio.
Los investigados deben reconocer el incumplimiento de las normas laborales o de seguridad social integral.
Superfinanciera certificó el interés bancario corriente para las modalidades de crédito de consumo y ordinario para agosto del 2022.
La naturaleza del cargo implica funciones de confianza, por lo que su nombramiento es discrecional.
El beneficio se da por dividendos percibidos directamente a través de filiales o indirectamente a través de subsidiarias.
En el caso bajo estudio se demostró que la etapa de juzgamiento en primera instancia se demoró cinco años, manifiestamente excesivos frente a los términos procesales previstos en la normativa rectora del proceso.
La autoridad competente para investigar la ocurrencia de este delito es la Fiscalía General de la Nación.
Se requiere que los bienes fiscales que se quieran transferir estén bajo el dominio de la entidad pública que va a realizar el traspaso.
Se presentan cuatro cargos, como el supuesto desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz.
Explican la legitimación para validar la terminación unilateral del contrato, así como para reclamar los perjuicios en el contrato de prestación de servicios.
La inspección, vigilancia y control de la prestación del servicio está a cargo de las autoridades de transporte y tránsito de la jurisdicción.
De acuerdo con la queja, el magistrado desconoció el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011, que impide al juez popular pronunciarse sobre un acto de contenido electoral.
Comercialización de animales vivos comprende solo su venta, sin que sea viable extenderla a la ejecución de otros contratos.
Este impuesto complementario debía ser declarado, liquidado y pagado en su totalidad hasta el 28 de febrero del 2022.
La decisión surge por la posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia, en el marco del comercio extranjero.
Tienen la naturaleza de ser definitivos y, en consecuencia, son susceptibles de control judicial a través del medio de nulidad y restablecimiento del derecho.
Estipulaciones contractuales no pueden limitar al consumidor para ejercer sus derechos y reclamar por la omisión en la entrega.
De acuerdo con el demandante, se estaría privando a la Rama Judicial de las competencias para el cobro de las multas que se declaran a su favor.
La Contraloría detectó un hallazgo fiscal por $ 38.849 millones.
Explican que la representación de la víctima en los delitos contra la administración pública corresponde a la Fiscalía General De La Nación.
El demandante afirma que los beneficios en pensión a veteranos de la fuerza pública vulneran el artículo 13 de la Constitución, esto es, la igualdad.
En todo caso, el pago de la prima sí es un requisito esencial para la suscripción de los mencionados contratos.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que había faltado a la honradez y lealtad de la profesión.
Estos son los elementos de la garantía de cumplimiento a favor de entidades públicas.
No existe término legal para modificar la importación sobre partes y piezas no incorporadas en el proceso productivo.
Si al 20 de junio del 2023 el Congreso no expide la legislación, se exhorta al Gobierno para que regule la materia.
Basta con manifestar el deseo de no querer recibir la cátedra para que pueda acceder al programa alternativo que debe estar previsto en el PEI.
No existe inhabilidad para que quien suscribió y finalizó un contrato estatal se vincule como empleado público.
Una de las pretensiones de la demanda es que se exhorte al Congreso y al Gobierno Nacional a adelantar la consulta previa respectiva para expedir la regulación orgánica.
La norma estaría creando una discriminación injustificada para los usuarios de la justicia.
Los pagos que efectúen los contribuyentes o responsables son depósitos en cuentas bancarias, giros o transferencias bancarias.
La conducta de la investigada configura la falta disciplinaria a la debida diligencia profesional.
Se comprobó que la materia patentada estaba comprendida en el estado de la técnica y, en consecuencia, era accesible al público antes de la solicitud a la SIC.
Consejo de Estado recuerda las generalidades de la acción de cumplimiento.
Tras la providencia del Consejo de Estado en donde se decretaba la suspensión provisional del Acuerdo 1 del 2021, el Consejo Superior de la Carrera Notarial decidió revocarlo.
Actualizan fórmulas para la estimación de la pensión de referencia, auxilio funerario de referencia, estimación de la tasa de remplazo y la estimación del salario de referencia.
Explican la fuerza mayor y caso fortuito en el pago extemporáneo de la declaración del impuesto de renta.
Con esta regulación, Colombia se convierte en el tercer país de América Latina en implementar este producto.
La medida surge de 24 investigaciones administrativas por presunto incumplimiento del Estatuto del Consumidor.
Quien alega un daño debe demostrar su ocurrencia para que se produzca el efecto pretendido.
Se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del acusado.
Cumplido y aprobado el proceso de instrucción, el CEA procederá a realizar el examen teórico al conductor.
Se aplican factores salariales diferentes a los establecidos en la sentencia de unificación del 11 de junio del 2020 a un servidor de la Rama Judicial beneficiario del régimen de transición.
Para que proceda el eximente de responsabilidad se requiere que el revisor fiscal hubiere expresado la salvedad correspondiente.
De acuerdo con los demandantes, el Acto Legislativo 03 del 2002 no admite excepciones en razón de la persona para la aplicación del sistema penal acusatorio.
Los autores principales provienen de los partidos de gobierno, mientras que la oposición solo ha presentado uno.
De acuerdo con el actor, la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia.
El objeto es regular el régimen económico del matrimonio o evitar que, por vía de sucesión o divorcio, el cónyuge adquiera la condición de socio.
De acuerdo con el demandante, la norma quebranta el principio de presunción de inocencia.
El Ministerio Público solicitó declarar exequible el artículo 2 de la Ley 2161/21.
De acuerdo con el demandante, el Congreso no puede delegar funciones extraordinarias de regulación al jefe de Estado.
Las modificaciones se realizaron tanto de su código, descripción y gravamen arancelario.
Obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción no se extiende a otros documentos.
Las afectaciones generadas, para efectos de las acciones de protección al consumidor, deben comprobarse.
Se refieren a los pasajes o, en su defecto, el valor para desplazarse al lugar en que se deba cumplir la labor.
Un bien de uso público, al tenor del artículo 5 de la ley 9 de 1989, es inalienable, inembargable e imprescriptible.
Las beneficiarias recibirán mensualmente un paquete de toallas de 10 unidades o una cantidad equivalente en cualquier otro producto de higiene.
DIAN no estaba habilitada para restringir el derecho de disposición de los bienes inmuebles que se encuentran en una zona franca.
Las inhabilidades e incompatibilidades para los contadores públicos están definidas en la Ley 43 de 1990 y en los códigos de ética.
Un proceso de impugnación o de investigación de la paternidad no puede tener como corolario la ruptura abrupta de una unidad familiar existente y consolidada.
El acreedor garantizado podrá solicitar al juez del concurso la exclusión de los bienes en garantía de propiedad del deudor.
De acuerdo con los demandantes, no hay unidad de materia y la norma trasgrede las competencias del concejo y la administración distrital.
Prestadores de servicios públicos podrán solicitar la servidumbre mediante acto administrativo o promover actuación judicial.
La jornada laboral de los empleados públicos es de 44 horas semanales, la cual en ningún caso puede excederse.
La empresa comercializadora de energía delegada para la facturación y recaudo no puede negarse a cumplir la obligación.
El proyecto de decreto estará disponible para comentarios de la ciudadanía hasta el 2 de agosto del 2022.
Cargos directivos de los partidos o movimientos políticos no son empleos públicos o privados, sino cargos políticos.
La Ley 1757 del 2015 prevé cinco etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de revocatoria del mandato.
La interdicción fue erradicada del ordenamiento jurídico a partir de la promulgación de la Ley 1996 del 2019
Con la normativa no solo se clarifica el proceso de contratación y vinculación, también se establecen algunas estrategias y auxilios para impulsar esta modalidad de trabajo.
El vocablo corresponde a un término acuñado en el Siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles, época en que la mujer era vista y valorada de forma exclusiva por su rol en la procreación.
Para la Comisión de Disciplina Judicial es la afectación real de la honra la que determina el carácter injurioso de una expresión.
Se debe determinar el acto documental gravado relacionado con licores, vinos, aperitivos y similares, en cuya expedición interviniera un funcionario de la entidad territorial.
Se dispone del término de 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente para transcribir la información.
Los apartes del artículo 142 de la Ley 2010 no fueron revisados por ineptitud sustantiva de la demanda y carencia actual de objeto.
La DIAN adicionó el Concepto General Unificado 1465 del 2019, incluyendo una pregunta sobre decomiso.
También se publicaron los porcentajes de rentabilidad y comisiones de administración de los fondos de pensiones obligatorias y cesantías.
No se podrán establecer zonas de prohibición permanentes, salvo por razones de seguridad debidamente justificadas y carecerán de validez los comparendos por estacionar en zona prohibida, cuando no exista señalización.
El contribuyente no está exento de demostrar los hechos consignados en sus declaraciones tributarias, correcciones a las mismas o en las respuestas a requerimientos administrativos.
El tiquete, equivalente a la factura, no constituye soporte de costos, deducciones o impuestos descontables.
Cuando el proceso está en curso, tutela no puede usarse como mecanismo paralelo o adicional de defensa.
Mediante poder, el cliente le otorgó la facultad de recibir al abogado y este no le entregó el dinero que recibió del cobro del título judicial.
De acuerdo con los demandantes, se trasgrede el derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad de la sanción.
Existen varias iniciativas privadas que han buscado acortar estos tiempos mediante la compra de los derechos económicos de las sentencias de reparación directa a las víctimas.
El tribunal accedió a una medida cautelar para rehacer la lista de elegibles que respete el criterio de género.
Por medio de decreto deberá aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial para los años 2022 al 2031.
Si el uso de elementos como gafas o lentes permiten superar la limitación, deberán ser descritos en el certificado.
Se eliminan 11 artículos del Estatuto Tributario a la hora de diligenciar la casilla “valor patrimonial”
El cargo de inconstitucionalidad planteado no cumple con las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad y suficiencia.
De acuerdo con la demandante, las expresiones acusadas vulneran el principio de autonomía territorial y son contrarias a la Constitución por asignar competencias hechas por una ley orgánica.
Si al proponer la prescripción extintiva el interesado se limita a nominarla ha de entenderse que no se planteó.
Los programas de educación en sicología y trabajo social también deberán incluir esta formación.
Privar a un oferente del derecho de ser adjudicatario del contrato a pesar de haber presentado la mejor propuesta configura daño antijurídico.
Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2161 del 2021 se difieren hasta el 20 de junio del 2023.
La Corte Constitucional analizará el expediente en el que se pretende la inexequibilidad de un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.
La diferenciación para aplicar el aporte a la cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados partiendo de la base de su nivel de ingresos sería inconstitucional.
Conlleva una forzosa credibilidad, a menos que se demuestre lo contrario sobre lo que certifica, dictamina o atesta.
De acuerdo con los demandantes, la expresión demandada amplía la competencia de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales.
El documento es un texto simple que en 14 artículos resume los cambios considerados necesarios en el ejercicio de la revisoría fiscal.
Se calcula según las ventanas de acumulación señaladas por el Gobierno Nacional para cada tipo de fondo.
Según las normas tributarias vigentes, las operaciones objeto de facturación obedecen a la venta de bienes y/o prestación de servicios.
Se admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, relacionada con la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de identidad flexible.
Está prohibido de forma categórica cualquier beneficio a quien es investigado por delitos sexuales en contra de menores de edad.
Confirman la sanción disciplinaria a un profesional que desconoció el deber de actuar con lealtad y honradez.
La solicitud se deberá presentar dentro de los dos bimestres siguientes a la fecha de la escritura pública de compraventa.
Se refiere a la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o la consideración de parte del suelo rural como suburbano.
Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.
Las fuerzas militares, en virtud de la invocación excepcional de la medida de asistencia militar, pueden apoyar las actividades de policía en pro de la restitución de la convivencia y, por ende, del orden constitucional.
Si se van a prestar servicios de salud, corresponde a las secretarías de salud departamentales el registro y habilitación.
Declaración de parte del investigado no es una prueba procedente para comprobar ofrecimiento de dinero o dádiva.
Las nulidades deben obedecer a un carácter de interpretación restrictivo y solo se puede declarar por las causales expresamente señaladas en la ley.
La suspensión temporal o corte definitivo puede afectar a todos los miembros de la comunidad en materias sanitarias y ambientales.
Legalización de captura después de proferido el fallo condenatorio no constituye una mera formalidad.
Teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional los aportes para pensión son imprescriptibles en contratos realidad de entidad estatal.
La votación se puede dar mediante la utilización de medios tecnológicos que permitan la comunicación sucesiva e inmediata.
La parte que formula la reclamación dentro de un contrato bilateral tiene el deber de expresar reservas o salvedades pues la ley, el contrato y el principio de buena fe se lo imponen.
Recorte de vacaciones, sesiones paralelas de las comisiones y plenarias simultáneas, entre las medidas que se usarían.
El profesional que retiene dinero de manera injustificada de su cliente puede ser investigado disciplinaria y penalmente.
En casos de violencia intrafamiliar resultan aplicables las mismas pautas generales que se emplearían para cualquier otro conflicto donde opere la responsabilidad civil extracontractual.
Corresponde a la garantía legal la entrega material del producto o la prestación del servicio.
Es a través del recurso extraordinario de revisión que se revisan las providencias judiciales a través de las cuales se han reconocido pensiones con abuso del derecho.
Según el criterio del juez sobre la ejecución de la obligación de hacer, puede ordenar que se otorgue la escritura pública correspondiente.
La carga de la prueba de la grave alteración de la economía del contrato le corresponde a la parte demandante.
Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.
La tasa representativa del mercado es un hecho notorio.
Diferente es la negativa de continuar con los procedimientos de conocimiento, que se reporta como tentativa de vinculación comercial.
El contador público está facultado para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión.
Las direcciones territoriales de salud deberán informar a la dirección territorial de trabajo de la jurisdicción respectiva.
Se configura una violación al régimen de conflicto de intereses cuando un concejal vota por la persona que dirigiría al ente de control disciplinario que lo investiga.
Qué dice la sentencia sobre el aborto, a raíz del comentario del presidente Duque en la conmemoración de la libertad religiosa y de culto en Colombia.
La factura de talonario o de papel solo tendrá validez en los casos en que el sujeto presente inconvenientes tecnológicos.
La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 12, 50 y 52 de la Ley 2197 de 2022 los cuales modifican la Ley 599 del 2000 y la Ley 1708 del 2014.
La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla deberá incluir dentro del plan de formación de la Rama Judicial contenidos en torno a las temáticas relacionadas con el modelo anticorrupción.
A través de cuatro acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura creó cargos permanentes en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial del país.
La competencia del juez de paz se activa con el petitorio que de forma conjunta radiquen ante él las partes en conflicto.
Inaplicación de las reglas cuando no se busca vindicar su derecho de cuota, sino un porcentaje específico y discriminado de su derecho en la comunidad.
La base gravable será determinada por el valor total de la operación, que a su vez constituye el valor total de la remuneración.
Para el actor, el numeral 12 del artículo 1068 del Código Civil es inconstitucional porque viola el principio de igualdad y realiza una omisión legislativa relativa.
La primera corresponde a aquellos contribuyentes designados así mediante resolución.
Vigencia de la mesada catorce a quienes se les causó el derecho antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 del 2005 es un derecho adquirido.
Quienes fueron calificados como grandes contribuyentes deberán presentar y pagar las declaraciones del Impuesto sobre la renta y complementarios dentro de los plazos establecidos por el Gobierno.
La Corte Suprema estudia las consecuencias de la concurrencia de riesgos en un homicidio y hasta qué punto tiene incidencia la falla en el servicio de salud.
En todo caso, precisó la entidad, por el transcurso de tres años contados a partir del momento de la realización del acto.
La Corte Constitucional estudió una demanda que se presentó contra el Decreto 403 del 2020, que regulaba los sistemas de control fiscal.
Se fijan tres reglas para controversias relacionadas con el retiro de personal uniformado por voluntad del Ejecutivo.
Se debe demostrar su realidad, justificar su descargo y probar que se originan en operaciones productoras de renta.
Al estudiar una solicitud de revisión, el Consejo de Estado explicó la sentencia de unificación del 2018 sobre IBL para pensiones reconocidas en el régimen de transición.
El IPP de la producción nacionaldurante el mismo mes presentó una variación de -0,59 % respecto al reportado en mayo.
Se debe demostrar la existencia de una información y/o publicidad engañosa, aportando la respectiva prueba.
Teniendo en cuenta que los recursos de los cargos transitorios se incorporan para financiar la creación de cargos permanentes en las altas cortes, se dan por terminadas su creación.
La modificación que se realice sin el lleno de los requisitos será inoponible, es decir, no exigible a los usuarios.
Con la ley se crea el fondo Prevenir es vivir, con el que se garantiza la financiación de planes y programas de prevención que busquen sensibilizar a toda la población sobre el peligro del uso, fabricación, manipulación, compra, venta y expendio de pólvora.
Explican que si la Administración al expedir la liquidación oficial rechaza o modifica el saldo a favor puede imponer como sanción la devolución de la suma devuelta o compensada.
Normas generales sobre depuración de cartera de imposible recaudo no se hacen extensivas a las entidades territoriales.
La normativa modifica algunos lineamientos del mecanismo de protección al cesante.
Promulgan la Ley 2221 del 2022, por medio de la cual se crea el servicio social PDET y se dictan otras disposiciones.
El padre victimario no será titular del derecho de visita a niños o adolescentes.
Precisan si existe irregularidad en las notificaciones para la audiencia de preclusión al no ser debidamente notificado el abogado de la víctima.
El control material admitido en los procesos adelantados por medio de la figura jurídica de allanamiento o preacuerdo acepta que el pacto entre las partes sea observado por el juez.
El valor del domicilio resulta ser un valor adicional relacionado con el expendio de las comidas para ser entregadas.
El juez del concurso tiene la carga de requerir al solicitante mediante oficio para que complete lo que haga falta o rinda las explicaciones a que haya lugar, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 116 del 2006.
Por el contrario, cuando no es la productora o fabricante los valores que debe pagar por servicios relacionados no están exentos.
Se trata de una alternativa que pueden adoptar o no las copropiedades, a fin de atender necesidades comunes.
Desde la fase precontractual se deberá aplicar por ambas partes el principio de planeación.
¿Habrá un límite de aforo cuando la atención al usuario sea presencial en los despachos?
El factor diferencial entre los conceptos de violencia y sabotaje radica en si las conductas tendientes a la afectación del proceso electoral son ejercidas o no mediando el elemento de la fuerza.
Demandas sobre efectividad de la garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la misma.
Es necesaria la autorización previa del usuario y/o suscriptor y garantizar la autenticidad del documento.
El Consejo de Estado fija cinco reglas jurisprudenciales sobre la interpretación y alcance de los artículos 2 y 6 de la Ley 1233 del 2008.
Superfinanciera certificó el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 21,28 %.
El Consejo de Estado explicó que esta figura opera cuando finaliza el plazo para solicitar la devolución de lo pagado en exceso o cuando el asunto no es susceptible de controversia judicial.
Los administradores deben velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
En su defecto, podrá firmar acuerdos de pago, según el reglamento que tenga previsto la caja de compensación.
La notificación que resuelve los recursos debe darse dentro de dicho plazo porque lo contrario conllevará a la configuración del silencio administrativo positivo.
Si se demuestra que con la perturbación se incumple el contrato, puede suspender o eventualmente cortar el servicio.
De acuerdo con el tribunal, cuando el Ministro del Interior fue nombrado se disminuyó la participación de las mujeres en los ministerios, incumpliendo la Ley de Cuotas.
No obstante, el profesional deberá considerar los requerimientos del código de ética e identificar posibles amenazas.
De una participación importante en la operación no puede colegirse que se trate de un simple portal de contacto.
La bonificación por compensación para magistrados de tribunal y equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.
Aunque el disciplinado actualizó la información al conocer de la compulsa de copias, esto no lo libra de responsabilidad disciplinaria.
Los aeropuertos públicos que son propiedad de la Aerocivil no pueden ser gravados con el impuesto predial ni con la contribución de valorización, salvo dos casos.
La muerte del mandante extingue por disposición legal el mandato que se hubiera otorgado al abogado.
La DIAN permitirá presentar la declaración consolidada de pagos dentro de los cinco primeros días del mes de julio del 2022.
