Facturar es una obligación fiscal independientemente de la naturaleza jurídica de una entidad o persona, su calidad de contribuyente o no y de la clase de contrato o supervisión que se advierta, recordó la Dian.

Dicha obligación se cumple con la expedición de la factura de venta o los documentos equivalentes a la misma, los cuales deben presentarse como soporte de costos, gastos o impuestos descontables, de conformidad con el artículo 771-2 del Estatuto Tributario.

Ahora bien, señaló la entidad, las operaciones objeto de facturación obedecen a la venta de bienes y/o prestación de servicios, de manera que las normas tributarias vigentes exigen que las mismas sean facturadas.

Así las cosas, al no corresponder el cobro de una decisión judicial a la venta de un bien o a la prestación de un servicio, dicho pago no estaría sujeto a la obligación de facturar. No obstante, precisó, deberá analizarse cada caso particular.

Situación diferente ocurre con la prestación de servicios que podría derivarse o correlacionarse a un litigio, evento en cual el prestador de servicios, siempre que sea un sujeto obligado a facturar, deberá expedir la respectiva factura de venta al adquirente, observando las normas de facturación vigentes.