La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.
Se determina la competencia con base en el numeral 10 del artículo 28 Código General del Proceso y el auto de unificación AC140-2020.
La carga de sustentación del recurso de apelación no se satisface con la simple manifestación de inconformidad contra la providencia recurrida: Consejo de Estado.
Según el fallo, no se desconoce el principio de legalidad, puesto que los tribunales de ética odontológica cuentan con criterios orientadores al momento de imponer sanciones disciplinarias.
El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.
El Consumidor puede exigir que se preste el servicio incumplido en las condiciones pactadas o la devolución del pago
El examen del acto del cambio de régimen pensional por transgresión del deber de información debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto: Sala Laboral.
La competencia no se circunscribe a adelantar procesos de liquidación judicial de personas naturales comerciantes fallecidas
Los magistrados Magda Victoria Acosta y Walteros Alfonso Cajiao se apartaron de la decisión de la mayoría e indicaron que debió declararse la nulidad de lo actuado, en cuanto la suspensión debió ser de por lo menos seis meses.
Es obligación del destinatario dejar la respectiva constancia al momento del recibo, incluso en caso de reticencia del proveedor.
Por ende, los pagos deben ser contabilizados para efectos pensionales, siempre que se demuestre la existencia del vínculo contractual laboral con el trabajador y la efectiva prestación del servicio por parte de este.
En los procesos contenciosos en que sea parte una entidad territorial, o una entidad descentralizada por servicios o cualquiera otra entidad pública, conocerá en forma privativa el juez del domicilio de la respectiva entidad.
De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.
También deberá procurar que dichos funcionarios tengan acceso a una red de información que incluya antecedentes, denuncias, quejas y medidas de protección solicitadas a nivel nacional respecto de los querellados.
Debe realizarse un estudio de las condiciones particulares del condenado orientado hacia las funciones de la pena: Corte Suprema.
Cuando no se tienen los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general.
Suspenden a abogado que intervino como apoderado en un proceso ejecutivo estando suspendido de la profesión por no notificarse sobre decisión disciplinaria en su contra.
Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.
La revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública podrán ser hechas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia.
Ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización
Se rechazó incidente de desacato respecto de la medida de suspensión provisional de los efectos del acto de elección de Berner León Zambrano Eraso como senador de la República para el periodo 2022-2026.
Si esto no sucede, se declarara prematuro el conflicto de competencia.
Se consideran actos administrativos definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación: Consejo de Estado.
La etapa de alegaciones fue contemplada en el CPACA para la apelación de sentencias y no para el trámite de la apelación de autos.
El comportamiento del abogado vulneró el principio de celeridad en la administración de justicia.
La Dian adicionó el Concepto General Unificado en materia cambiaria del 2022, en cuanto a ejecutoria de los actos administrativos.
Sala de Descongestión Laboral determinó que el empleador no tenía responsabilidad alguna en el siniestro, aun cuando los elementos de convicción contradicen dicha solución: Sala Penal.
Titularidad de derechos o calidad de proveedor exclusivo deben probarse por parte del solicitante a través de medios de prueba idóneos.
El demandante argumenta que la norma acusada viola las garantías internacionales de las víctimas.
Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...
El bien o servicio deberá ajustarse a las características de uso y funcionamiento anunciadas, so pena de incumplimiento.
La Ley 2101 del 2021 señala, además, que quedarán exonerados de las actividades de recreación ordenadas por la Ley 50 de 1990.
La inscripción en el Registro de Información Tributaria o la falta de cancelación del mismo no es un hecho generador del impuesto de industria y comercio.
Deben regirse por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, mas no por el Decreto 1085 del 2015, sobre entidades de naturaleza no societaria.
El desistimiento de la demanda procede aun cuando no se ha admitido la misma y aun cuando el efecto es el de cosa juzgada.
Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.
Se debe llevar a cabo una diligencia de descargos en la que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse frente a la falta.
El jurista debió guardar respeto y compostura y centrar sus argumentos en atacar jurídicamente el fallo apelado sin utilizar afirmaciones ofensivas e injuriosas: CNDJ.
En consecuencia, en estos asuntos solo se permiten las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos ocurridos con posterioridad a la expedición de la providencia.
La interposición de recursos es la herramienta con la que cuenta la persona para debatir la decisión o actuación de la administración antes de acudir la Jurisdicción Contenciosa.
En el presente caso, se desconoció la diligencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP para cumplir con dicha carga procesal y que el proceso de expropiación se adelanta por “motivos de utilidad pública o de interés social”.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.
Una modificación del juez a la ‘causa petendi’ transgrediría el derecho de defensa de la entidad accionada y conllevaría una sentencia violatoria del principio de congruencia.
No basta con la negativa si frente a la misma no se plantea un análisis técnico juicioso y detallado.
La omisión afecta el derecho al debido proceso y, más concretamente, los derechos de defensa y contradicción.
La finalidad de las vacaciones es que el trabajador recupere su fuerza de trabajo y el desgaste físico por la prestación de sus servicios.
Consejo de Estado señaló los requisitos para que el peticionario fusione dos o más solicitudes de invención.
Buscan facilitar la transferencia de datos entre responsables partes de un mismo grupo empresarial ubicados en diferentes países.
De acuerdo con los demandantes, los apartes acusados no tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, frente al principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
Este mandatario es la autoridad competente para designar al alcalde distrital encargado en los casos de falta temporal o absoluta.
En ejercicio de su derecho de defensa, pueden interponer no solo las excepciones relacionadas con la relación jurídica sustancial, sino las que se derivan de su condición particular de deudor solidario.
En su aclaración de voto, la magistrada Hilda González indicó que existe cosa juzgada constitucional, porque la Corte Constitucional excluyó la acción de tutela de revisión.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 11 (parcial), 19 (parcial), 69, 70, 89, 93 (parcial) y 96 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.
La calidad de delegado de la organización se deriva de la voluntad del sindicato, y la norma no exige el estatus de trabajador vinculado a la empresa.
El abogado presentó, por lo menos, en 10 oportunidades, incidentes, memoriales, solicitudes, recursos, etc., ante el despacho judicial en donde se tramitaba un proceso ejecutivo.
Consejo de Estado señaló las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades de derecho público para evitar doble asignación para los profesionales de la salud.
Subsanación de ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente aplica para las presentadas hasta el 13 de diciembre del 2022.
Aun sabiendo que no tenía derecho de postulación, se presentó y aseguró que la diligencia era ilegal y que no permitiría que se realizara.
Para la contabilización del término de prescripción contenido en el artículo 638 del Estatuto Tributario, se debe tener en cuenta el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable.
Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.
La aceptación de las facturas no suple la ausencia de soportes definidos en las normas especiales que regulan el trámite para su pago.
De acuerdo con la accionante, de conformidad con los artículos 67 del Código Civil y 59 y 60 de la Ley 4ª de 1913, los plazos vencen a la media noche del último día del plazo.
Los actos administrativos que deciden sobre responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.
No agotar debidamente los recursos de la actuación administrativa hace imposible que el asunto sea estudiado de fondo: Consejo de Estado.
La titularidad para accionar radica en cabeza de cualquiera de los asociados destinatarios de la oferta o de la sociedad.
La CNDJ se pronunció en un proceso disciplinario llevado contra un juez por la presunta mora en la que habría incurrido al resolver la impugnación y notificarla.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la Ley 2103 del 15 de julio de 2021, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social (CMISS).
Corte Constitucional admite demanda de inconstitucionalidad contra del artículo 95 de la Ley 2277 del 2022.
La decisión del juez de conocimiento de resolver en audiencia la solicitud de nulidad presentada por el accionante no vulnera el derecho al debido proceso: Corte Suprema.
El magistrado Octavio Tejeiro Duque salvó el voto e indicó que se debió reconocer el derecho a una asignación a cargo del Estado para que el accionante tuviera una vejez digna.
Se genera si la capitalización de la sociedad emisora de las acciones fue un medio para incurrir en el supuesto de hecho de una norma de desgravación a efectos de capturar un beneficio en el impuesto sobre la renta que está atado a la realización de una finalidad extrafiscal.
En todo caso, el pago será válido solo si el empleador concede simultáneamente en tiempo los días que no van a ser compensados.
Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.
La Corte Constitucional encontró que los tipos penales no irrespetan el principio de legalidad ni el mandato de estricta tipicidad contenidos en el artículo 29 constitucional.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.
Una vez elegido por voto popular y tomar posesión del cargo, el juez de paz debe obrar con rectitud, eficiencia y equidad
Al no encontrarse una resolución debidamente motivada proferida por la Administración en donde se otorga una facilidad de pago no se interrumpe el término de prescripción.
La falta atribuida al disciplinado es dolosa, pues requiere conocimiento de la situación típica y que aun así se actuó en contravía al deber: CNDJ.
La elección está estrechamente vinculada al objeto misional de la corporación pública.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Si bien se aportó certificado de terapias físicas, no se probó que haya sido por el uso del colchón que debió acudir a las mismas.
Corresponde a la CNDJ resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales o de las comisiones seccionales.
La alta corte puso énfasis en sentencias de segunda instancia susceptibles de casación.
La demanda fue radicada el viernes 1º de julio de 2022 a las 7:41 p.m., no obstante, el horario de atención de los despachos judiciales del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
La persona que presenta la queja disciplinaria carece de las facultades dispuestas para los intervinientes, entre ellas, la de solicitar la nulidad de la actuación.
Corresponden a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política.
El título accionario debe contener, entre otros elementos, la cantidad de acciones representadas y el valor nominal de las mismas.
La acción de tutela procede por excepción contra actos administrativos, siempre que concurran ciertos requisitos.
Cuando no se notifica en debida forma al contribuyente la decisión del recurso de reconsideración en el término de un año, contado a partir de la fecha de presentación del recurso en debida forma, opera el silencio administrativo positivo.
La mora del funcionario judicial para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, no es una causal de libertad: Sala Penal.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
Existe un debate sobre cómo deberá tramitarse el proyecto de ley radicado en el Congreso.
La entidad reconsidera oficio según el cual no eran medios de pago para aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables.
Las autoridades administrativas deben acompañar e impulsar los procesos agrarios cuando se pretende la adjudicación de bienes fiscales rurales: Corte Constitucional.
En este caso en concreto no era posible prever o conocer de antemano la ocurrencia del hecho, ni tampoco se demostró la falla en el servicio.
Si la actuación ha sido violatoria de las normas de ética o se han puesto en riesgo los intereses de la sociedad, se puede presentar queja ante la JCC.
Mientras estuvo vigente el reconocimiento, podían gozar de la exclusión del IVA en la importación ordinaria de maquinaria industrial.
La CNDJ resaltó la importancia de la acción de tutela y el deber de los abogados de usarla adecuadamente.
Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.
Se pretende se declare la exequibilidad condicionada de las expresiones “trabajadora”, “madre” y “mujer” del artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, para que lo previsto en dicho artículo se haga extensivo también a los hombres trans y personas de género no binario en estado de embarazo.
Para garantizar la doble conformidad, procederá la impugnación de todas las sentencias que declaren la responsabilidad en la acción de repetición: Corte Constitucional.
El trámite de la medida cautelar se realizara por medio del procedimiento ordinario previsto por el artículo 233 del CPACA, por lo que se le corrió traslado al ministerio demandado del escrito que contiene la solicitud.
La obra debe haber sido creada en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo.
En todo caso, los administradores deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en actividades que generen conflicto.
El demandante puede optar por el juez del domicilio de su contraparte o el del foro contractual.
Debe contener la fecha límite de pago, la consecuencia de no pagar y los recursos que proceden contra la suspensión.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
La contabilización de la experiencia de profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares está determinada por el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, norma que no ha sido derogada y se encuentra vigente.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra la norma que regula la desconexión laboral por presunto trato desigual.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, señaló que el valor de la cuota depende de lo que se haya establecido en el reglamento de la propiedad horizontal y de los ingresos requeridos.
Solo los rubros que describe el artículo 8º del Acuerdo de Valor de OMC, en concordancia con el numeral 1º del artículo 18 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, son los que deben formar o integrar el valor de la mercancía en aduana.
Como el quejoso no ostenta la calidad de sujeto procesal o interviniente, le están vedadas las atribuciones de las que gozan estos.
La misma autoridad administrativa que haya dictado el fallo y adoptado la medida de restablecimiento de derechos es quien tiene la competencia para continuar con el seguimiento y definir de fondo la situación jurídica del menor.
Archivan investigación contra un magistrado por presunta mora en remisión de expedientes de amparo para revisión de la Corte Constitucional.
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.
De acuerdo con el actor, la norma es inexequible por acoger un hecho generador incompatible con las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana.
El empleador debe inscribir en alguna EPS a quienes tengan con él alguna vinculación laboral, verbal o escrita, temporal o permanente.
Así lo indica el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
La responsabilidad solidaria de la aseguradora se limita al valor asegurado más los intereses de mora que correspondan: Consejo de Estado.
No procede la aplicación de multas o cláusulas penales a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios.
Sin embargo, existen circunstancias excepcionalísimas que ameritan acudir a un mayor lapso, pero en todo caso dentro de un plazo razonable.
El consumidor financiero debe informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir indagando sobre sus condiciones generales.
Las mejoras efectuadas en bienes de terceros solo son adquiridas si el contribuyente obtiene el derecho a incorporarlas a su patrimonio, circunstancia que se prueba con el título jurídico correspondiente.
La nueva presidenta es la magistrada Diana Fajardo Rivera, y como vicepresidente fue elegido el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.
El hospital omitió advertir a la paciente sobre los riesgos de la cirugía, por lo tanto, se presentó una ausencia de consentimiento informado para la práctica de la mamoplastia.
Pluralidad de personas no es aplicable a las sociedades unipersonales ni a las sociedades por acciones simplificadas.
No obstante, el contrato de condiciones uniformes puede disponer algo diferente, evento en el cual se deberá atender lo dispuesto.
Tiene valor probatorio y dado que no se trata de un mensaje de datos aportado en su formato original, debe ser valorado conforme las reglas aplicables a los documentos, mas no como un indicio.
Corte Constitucional recuerda los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en la ley 100 de 1993 y la aplicación de su régimen de transición.
No se encontró configurada la causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).
La Dian recordó la necesidad de reglamentar la presentación electrónica de peticiones, recursos y demás escritos.
Existe independencia y autonomía entre las normas tributarias y las de contabilidad y de información financiera.
Se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a la ARL.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
El desequilibrio económico del contrato se genera por actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales.
Se evidencia que no se motivó la decisión, ni se hizo alusión a pruebas antecedentes, o elementos de juicios que permitiera entender que la funcionaria interferiría en el trámite de la investigación o reiterara la conducta objeto de investigación.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
No le está permitido al juez, en la etapa de admisibilidad, definir cuál es el verdadero sujeto obligado a responder por las pretensiones: Consejo de Estado.
De acuerdo con el actor, la norma acusada niega la posibilidad de que se haga uso de la lista de elegibles para proveer vacantes definitivas preexistentes en la Fiscalía que no fueron ofertadas por arbitrio institucional.
Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.
Consejo de Estado estudio la calidad para sujeto pasivo del impuesto de registro por la inscripción en el registro mercantil.
Los funcionarios judiciales responden disciplinariamente por aquellas actuaciones groseras y abiertamente contrarias al marco normativo que están llamados a cumplir.
La relación de consumo es una relación de carácter contractual, por lo que las partes deben cumplir las obligaciones adquiridas.
Se debe enunciar concretamente los hechos objeto del testimonio solicitado en el proceso para que la otra parte pueda preparar adecuadamente su contrainterrogatorio, a fin de desacreditar al testigo o su relato.
La superintendencia recordó la figura del “consumidor Bystander”, que resulta expuesto a relaciones de consumo.
Corte Suprema explicó que, por favorabilidad, puede declararse la extinción de la acción penal por indemnización integral.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.
Correcciones, anotaciones y observaciones que se realizan a proyectos que registran en sala de magistrados no son acoso laboral: CNDJ
La norma aplica para docente nacional, nacionalizado o territorial, es decir, producto del vínculo con el servicio público educativo oficial.
El establecimiento de comercio lo conforman las cosas, objetos o bienes utilizados para realizar la actividad comercial.
Se decreta la terminación y el archivo del proceso, porque, para esta área del Derecho, la responsabilidad es personal e individual, entendiéndose esta situación como un hecho generador de total imposibilidad de proseguir con la acción disciplinaria.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 157 (parcial) de la Ley 1098 del 2006.
Consejo de Estado analizó la formulación del pliego de cargos contra el accionante en una sanción disciplinaria que lo suspendió de su cargo.
En caso de no disponibilidad del producto, el consumidor puede resolver o terminar, según el caso, el contrato unilateralmente.
El cálculo del beneficio de renta o excedente se realiza según la normativa cooperativa vigente, considerando los marcos contables aplicables.
Causales de recusación en el proceso arbitral laboral tienen una regulación especial en el Decreto 017 del 2016.
Resulta irrelevante para dicho propósito que el mandatario sea un contribuyente del Régimen Simple de Tributación (RST).
Los comentarios estarán disponibles hasta el 7 de febrero a las 12 de la noche.
Corresponde al interesado evaluar y verificar en cada caso particular si el servicio de arrendamiento está excluido.
La Sala Penal explicó el deber del juez de analizar la procedencia de la libertad condicional frente a la conciencia que tuvo el autor del delito sobre la minoría de edad de la víctima.
Contribuyente debe practicar esta retefuente cuando vende las boletas de los eventos gravados.
De acuerdo con el actor, se le están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio a los menores de edad.
El Decreto Legislativo 772 del 2020 amplió su capacidad con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria.
El acto de radicación será a las 5 p.m. y podrá verse vía streaming o a través del Canal Institucional.
Si la SAE ejerce toda la titularidad de la persona jurídica intervenida, su único accionista corresponde a una sociedad de economía mixta.
Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.
Una abogada formuló queja disciplinaria contra un juez penal municipal por los presuntos malos tratos que recibió en la audiencia.
La readquisición de acciones en una sociedad debe realizarse con las utilidades liquidas de la misma.
De acuerdo con los accionantes, la normativa acusada viola los principios de consecutividad e identidad flexible que encuentran fundamento en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.
La regulación no dispone el alcance de lo que debe entenderse por periódico o diario de circulación municipal (local) y/o nacional.
Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 19 (parcial) de la Ley 2277 del 2022.
La norma fija los criterios de gradualidad de las sanciones, sin realizar exclusiones, por lo que aplica a cualquier tipo de sanción.
La Ministra del Trabajo manifestó que la reforma pensional, al igual que la laboral, debe favorecer a la mayor cantidad de colombianos.
Tampoco es posible repatriar recursos omitidos del exterior, en el marco del impuesto de normalización tributaria.
Se puede avalar la imposición de penas menos aflictivas a las que en rigor fueron previstas en la Ley 1098 del 2006, atendiendo a circunstancias individuales y necesidades especiales: Corte Suprema.
No puede descalificarse ese acto de entrega por el simple hecho de que se hubiese realizado por medios digitales.
Se solicitó a Minhacienda estudiar la posibilidad de realizar un aumento significativo de recursos para mejorar los honorarios de los defensores públicos, para la dignificación de esta labor.
La publicidad engañosa supone la existencia de un mensaje con capacidad para influir en las decisiones de consumo del usuario.
Con el propósito de evitar la paralización del servicio, realizar los fines estatales, asegurar la primacía del interés general, lograr el funcionamiento eficiente y democrático de la Administración y garantizar la observancia de los deberes del Estado.
No existe razón para que en materia de devoluciones de IVA se extienda el valor de las VIS/VIP a conceptos diferentes del propio de la escritura pública.
En estos casos se asume que el empleador conocía el estado de embarazo de la empleada y que ese fue el motivo por el cual dio por terminado el contrato.
De acuerdo con el artículo 28 del Código Civil, cuando el legislador define expresamente las palabras se les dará su significado legal.
Dos o más accionistas podrán celebrar acuerdos para comprometerse a votar en algún sentido en asambleas de accionistas.
El artículo 651 del E. T. contempla sanciones por no suministrar información, enviarla con errores o que no corresponda a lo solicitado.
Se propone indemnización para la persona gestante, acompañamiento del ICBF, el rol de las EPS durante la gestación, entre otros aspectos.
En cuanto a uno de los cargos, solo existió el dicho de la queja, pero no pruebas.
Se deberá analizar en cada caso particular si la cobertura de estos gastos incrementa o no el patrimonio neto del teletrabajador.
Consejo de Estado analizó el artículo 12 de la Ley 1904 del 2018 y su aplicación por analogía en la designación del secretario general de los concejos municipales.
Empresas de servicios públicos domiciliarios pueden desarrollar actividades diferentes a la prestación de dichos servicios.
No procede la excepción de indebida acumulación de pretensiones, la inadmisión de la demanda o su rechazo, negar las pretensiones, declarar la improcedencia de la acción, ni la sentencia inhibitoria ante esas pretensiones.
No todos los homicidios de mujeres son susceptibles de ser calificados como feminicidios.
Los intereses remuneratorio y moratorio no podrán exceder 1,5 veces el interés bancario corriente, es decir, 45,27 % efectivo anual.
Adquirentes de bienes y servicios a crédito deben remitir mensajes confirmatorios de recibido tanto de la factura como de lo adquirido.
A partir de la Ley 1430 del 2010 se introdujo a las uniones temporales como declarantes de los impuestos municipales y departamentales.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra interpretación de la Sección Cuarta.
