Derecho de preferencia en la negociación de acciones no es un derecho político, pues no hay participación en temas de dirección.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
No basta con que la persona natural sea mujer, debe ejercer actividades comerciales a través de un establecimiento de comercio.
Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara, Francisco Barbosa, cabeza del ente investigador, expuso sus reparos a la ley de humanización de la política criminal.
Para decretar dividendos a una fecha distinta debe estar así previsto en los estatutos con corte de estados financieros.
Entre los tomadores de las pólizas, sus abogados y jueces de instancia se habría presentado un acuerdo fraudulento para usar la tutela con fines ilegales, en perjuicio de la aseguradora.
En la descripción genérica en la factura no se debe individualizar cada uno de los bienes vendidos, sino únicamente se requiere que de dicha descripción se pueda inferir la destinación de los mismos.
Explican que las modificaciones efectuadas al valor de la carga contaminante solo podían surtir efectos a partir del siguiente periodo, sino se vulnera el principio de irretroactividad tributaria.
La trasgresión constitucional se le adjudica a la falta de expedición del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP), que le permita al juzgado designar un reemplazo y concederle su periodo de descanso.
El hecho de que el hijo devengue un salario no implica que por ello pierda su calidad de dependiente económico.
Mientras el nombre del revisor fiscal no haya sido retirado de los registros públicos, deberá seguir cumpliendo sus obligaciones
Las nuevas jefes de cartera serán Aurora Vergara como ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte
La competencia no se circunscribe a adelantar procesos de liquidación judicial de personas naturales comerciantes fallecidas
Es obligación del destinatario dejar la respectiva constancia al momento del recibo, incluso en caso de reticencia del proveedor.
El título debe ser expedido por instituciones extranjeras con las cuales exista convenio sobre reciprocidad y refrendación.
De acuerdo con el actor, se deben evaluar con experticia todos los bienes que tengan el alcance de constituir patrimonio cultural sumergido.
Cuando no se tienen los documentos necesarios para reconstruir la contabilidad, el ente económico debe hacer un inventario general.
Si el interés general se ve afectado por circunstancias personales que no permiten actuar imparcial y objetivamente, el concejal se debe declarar impedido.
La revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública podrán ser hechas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia.
La etapa de alegaciones fue contemplada en el CPACA para la apelación de sentencias y no para el trámite de la apelación de autos.
El bien o servicio deberá ajustarse a las características de uso y funcionamiento anunciadas, so pena de incumplimiento.
La Comisión Nacional del Servicio Civil estableció dos modalidades para acceder a estos cargos: ingreso y ascenso para funcionarios antiguos.
La Ley 2101 del 2021 señala, además, que quedarán exonerados de las actividades de recreación ordenadas por la Ley 50 de 1990.
Se encontró la configuración del defecto sustantivo por indebida interpretación del régimen de transición en el requisito de las semanas.
Se debe llevar a cabo una diligencia de descargos en la que el trabajador tenga la oportunidad de defenderse frente a la falta.
Seguridad social e igualdad de condiciones con los conductores de plataformas fueron algunos de los temas acordados entre los taxistas y el Ministerio de Transporte.
Entre los nuevos perfiles del manual de funciones, se incluyen profesionales en antropología, artes liberales, diseño, bibliotecología, licenciados en artes, literatura, filosofía y teología.
No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.
La interposición de recursos es la herramienta con la que cuenta la persona para debatir la decisión o actuación de la administración antes de acudir la Jurisdicción Contenciosa.
El Plan Sectorial de Turismo contempla descentralizar la oferta del sector, que actualmente concentra un 85 % de la demanda en las principales ciudades del país.
De acuerdo con los demandantes, los apartes acusados no tuvieron en cuenta los requerimientos establecidos en la jurisprudencia constitucional, frente al principio de progresividad y no regresión en materia ambiental.
La liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio causado con el incumplimiento resulta válida.
La responsabilidad de toda gestión de bloqueo y desbloqueo de equipos terminales móviles recae sobre los operadores.
No es jurídicamente válido pretender la nulidad de un acto procesal que no esté consolidado: Corte Suprema.
La calidad de delegado de la organización se deriva de la voluntad del sindicato, y la norma no exige el estatus de trabajador vinculado a la empresa.
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la propuesta busca que el país transite de una economía extractivista a una basada en el conocimiento, la producción y la sostenibilidad.
Para la contabilización del término de prescripción contenido en el artículo 638 del Estatuto Tributario, se debe tener en cuenta el año en el cual se incurrió en el hecho irregular sancionable.
Los cambios no pueden obedecer a motivos personales o subjetivos del empleador, pues debe respetar la dignidad de los trabajadores.
De acuerdo con la accionante, de conformidad con los artículos 67 del Código Civil y 59 y 60 de la Ley 4ª de 1913, los plazos vencen a la media noche del último día del plazo.
Los actos administrativos que deciden sobre responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.
El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.
Se genera si la capitalización de la sociedad emisora de las acciones fue un medio para incurrir en el supuesto de hecho de una norma de desgravación a efectos de capturar un beneficio en el impuesto sobre la renta que está atado a la realización de una finalidad extrafiscal.
En todo caso, el pago será válido solo si el empleador concede simultáneamente en tiempo los días que no van a ser compensados.
Si se considera ilegal el acuerdo, se debe formular la pretensión ante la jurisdicción ordinaria laboral para que se dicte sentencia sobre la anulación del acta conciliatoria.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
Dicha solicitud debe ser realizada con una anticipación de tres días hábiles a la fecha de vencimiento del período de facturación.
La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales de un trabajador que cumplía con los requisitos para la pensión de jubilación convencional.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
El documento, llamado ‘Acuerdo de Alcance Parcial 28’, es una nueva versión del texto que regía las relaciones desde el 2011.
Una vez elegido por voto popular y tomar posesión del cargo, el juez de paz debe obrar con rectitud, eficiencia y equidad
Al no encontrarse una resolución debidamente motivada proferida por la Administración en donde se otorga una facilidad de pago no se interrumpe el término de prescripción.
La imposibilidad de acuerdo sobre tarifas no puede privar a los titulares de derechos conexos de obtener la debida remuneración.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Corresponde a la CNDJ resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales o de las comisiones seccionales.
La alta corte puso énfasis en sentencias de segunda instancia susceptibles de casación.
La demandada decidió cambiar las condiciones del concurso y bajo su propia cuenta entregar bonos a todos los participantes.
El Acuerdo 049 de 1990 se puede aplicar de manera ultractiva para quienes no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y son beneficiarios del régimen de transición.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
En los casos analizados, la Corte Constitucional protegió el derecho a la salud y a la vida digna de los pacientes.
El articulado fue radicado ante el Congreso por la jefe de la cartera de Salud, Carolina Corcho.
Cualquiera que intervenga en la cadena de comercialización del servicio responde ante el consumidor.
Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.
Para garantizar la doble conformidad, procederá la impugnación de todas las sentencias que declaren la responsabilidad en la acción de repetición: Corte Constitucional.
La obra debe haber sido creada en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo.
Debe contener la fecha límite de pago, la consecuencia de no pagar y los recursos que proceden contra la suspensión.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, señaló que el valor de la cuota depende de lo que se haya establecido en el reglamento de la propiedad horizontal y de los ingresos requeridos.
Solo los rubros que describe el artículo 8º del Acuerdo de Valor de OMC, en concordancia con el numeral 1º del artículo 18 de la Resolución 846 de 2004 de la CAN, son los que deben formar o integrar el valor de la mercancía en aduana.
La misma autoridad administrativa que haya dictado el fallo y adoptado la medida de restablecimiento de derechos es quien tiene la competencia para continuar con el seguimiento y definir de fondo la situación jurídica del menor.
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.
De acuerdo con el actor, la norma es inexequible por acoger un hecho generador incompatible con las tasas o sobretasas especiales destinadas a financiar los fondos-cuenta territoriales de seguridad ciudadana.
Igualmente, se analizan al partícipe determinador y al autor mediato dada su posición de mando en una estructura organizada de poder al margen de la ley.
Calificar dicha cláusula contractual como “leonina o abusiva” es incorrecto, pues esta forma de remuneración es legal y está autorizada en el marco del contrato de mandato.
Así lo indica el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.
La responsabilidad solidaria de la aseguradora se limita al valor asegurado más los intereses de mora que correspondan: Consejo de Estado.
Las mejoras efectuadas en bienes de terceros solo son adquiridas si el contribuyente obtiene el derecho a incorporarlas a su patrimonio, circunstancia que se prueba con el título jurídico correspondiente.
El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá pone a disposición de todos los empresarios y las empresarias de Bogotá y la región, sin importar su tamaño, su portafolio de servicios gratuitos o de bajo costo.
No obstante, el contrato de condiciones uniformes puede disponer algo diferente, evento en el cual se deberá atender lo dispuesto.
Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la funcionaria se encontraba suspendida del cargo e imposibilitada para ejercer la función pública en virtud de una sanción de inhabilidad especial que le habían impuesto por otro caso.
Corte Constitucional recuerda los requisitos para acceder a la pensión de vejez con base en la ley 100 de 1993 y la aplicación de su régimen de transición.
No se encontró configurada la causal de nulidad referida a la infracción de norma superior (art. 137 de la Ley 1437 del 2011).
La Dian recordó la necesidad de reglamentar la presentación electrónica de peticiones, recursos y demás escritos.
Existe independencia y autonomía entre las normas tributarias y las de contabilidad y de información financiera.
El desequilibrio económico del contrato se genera por actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales.
Se evidencia que no se motivó la decisión, ni se hizo alusión a pruebas antecedentes, o elementos de juicios que permitiera entender que la funcionaria interferiría en el trámite de la investigación o reiterara la conducta objeto de investigación.
Los beneficios tributarios deben estar expresamente consagrados en la ley, siendo de aplicación e interpretación restrictiva.
De acuerdo con el actor, la norma acusada niega la posibilidad de que se haga uso de la lista de elegibles para proveer vacantes definitivas preexistentes en la Fiscalía que no fueron ofertadas por arbitrio institucional.
Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.
El Estado colombiano fue responsable de las violencias a más de 6.000 integrantes, militantes y simpatizantes de la UP.
Consejo de Estado estudio la calidad para sujeto pasivo del impuesto de registro por la inscripción en el registro mercantil.
La relación de consumo es una relación de carácter contractual, por lo que las partes deben cumplir las obligaciones adquiridas.
Corte Suprema explicó que, por favorabilidad, puede declararse la extinción de la acción penal por indemnización integral.
Según el documento, se dará inicio al debate de 13 proyectos.
El documento se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuesta.
El nuevo presidente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, y como vicepresidenta fue elegida Gloria Stella López Jaramillo.
Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 157 (parcial) de la Ley 1098 del 2006.
En caso de no disponibilidad del producto, el consumidor puede resolver o terminar, según el caso, el contrato unilateralmente.
El cálculo del beneficio de renta o excedente se realiza según la normativa cooperativa vigente, considerando los marcos contables aplicables.
Causales de recusación en el proceso arbitral laboral tienen una regulación especial en el Decreto 017 del 2016.
Resulta irrelevante para dicho propósito que el mandatario sea un contribuyente del Régimen Simple de Tributación (RST).
La Sala Penal explicó el deber del juez de analizar la procedencia de la libertad condicional frente a la conciencia que tuvo el autor del delito sobre la minoría de edad de la víctima.
Contribuyente debe practicar esta retefuente cuando vende las boletas de los eventos gravados.
De acuerdo con el actor, se le están vulnerando los derechos a la igualdad y a la libertad de escoger profesión u oficio a los menores de edad.
El Decreto Legislativo 772 del 2020 amplió su capacidad con el fin de mitigar el impacto de la emergencia sanitaria.
La falla del servicio se debió a un error de diagnóstico, en cuanto la demandada no practicó un examen que se encontraba en la capacidad de realizar y que resultaba necesario de acuerdo con los síntomas que tenía la paciente.
Todas las autoridades tienen la obligación de reglamentar el trámite interno frente a las peticiones que les corresponda resolver.
Quienes hayan presentado la solicitud de teletrabajo podrán ejercer sus funciones desde su lugar de residencia mientras esta se resuelve; el nominador garantizará en todo caso la atención presencial a los usuarios.
Si la SAE ejerce toda la titularidad de la persona jurídica intervenida, su único accionista corresponde a una sociedad de economía mixta.
De acuerdo con los accionantes, la normativa acusada viola los principios de consecutividad e identidad flexible que encuentran fundamento en los artículos 157 y 160 de la Constitución Política.
La contribución es un mecanismo otorgado a la entidad para que financie su funcionamiento y como retribución por los servicios regulatorios que presta en beneficio de los agentes del sector.
La norma fija los criterios de gradualidad de las sanciones, sin realizar exclusiones, por lo que aplica a cualquier tipo de sanción.
Tampoco es posible repatriar recursos omitidos del exterior, en el marco del impuesto de normalización tributaria.
Se solicitó a Minhacienda estudiar la posibilidad de realizar un aumento significativo de recursos para mejorar los honorarios de los defensores públicos, para la dignificación de esta labor.
De acuerdo con el artículo 28 del Código Civil, cuando el legislador define expresamente las palabras se les dará su significado legal.
Dos o más accionistas podrán celebrar acuerdos para comprometerse a votar en algún sentido en asambleas de accionistas.
El artículo 651 del E. T. contempla sanciones por no suministrar información, enviarla con errores o que no corresponda a lo solicitado.
Corte Suprema ordenó remitir al médico competente para que dé curso a la petición del procedimiento.
Hay control sobre la función administrativa a cargo de las instituciones de educación superior en materia de prestación del servicio público de educación: Consejo de Estado.
El descuento podrá estar sujeto a la voluntad de las partes, el cual podrá variar, por ejemplo, por la calidad de riesgo.
Contrario a lo que había sido anunciado, el proyecto no será radicado el 6 de febrero.
Potestades que deben ejercer las entidades públicas sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública son de carácter irrenunciable.
Pese a ello también fue su deseo libre y voluntario y además amparado legalmente solicitar la terminación del contrato.
Por medio de la Resolución 035, imparten instrucciones administrativas para la implementación de la Ley 2220 del 2022.
De todos los plazos de días, meses o años a que se haga mención, se entenderá que terminan a la media noche del último día.
No existe disposición que obligue a crear cuentas para el manejo de dichos recursos, pero tampoco que lo prohíba.
Este miércoles, el Ministerio de Transporte se reunirá en la mesa de trabajo con el gremio de conductores y representantes de Apps.
Pueden ser cobrados a través de la jurisdicción ordinaria mediante un proceso ejecutivo o por jurisdicción coactiva.
Los contratos que celebran no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que se rigen por las disposiciones civiles y comerciales.
Pago de tributos aduaneros, sanciones e intereses podrá ser garantizado, asegurado o respaldado, en los términos del Decreto 1165 del 2019.
La suspensión y el corte del servicio son dos medidas diferentes. La primera corresponde a una acción temporal o transitoria.
Prohibiciones de inscripción por partidos tradicionales y alianzas, coaliciones o acuerdos con candidatos o listas inscritas para las circunscripciones ordinarias para la Cámara de Representantes.
Se demostró que el accionado no fue inscrito por partidos o movimientos políticos que contaban con representación en el Congreso de la República.
Consejo de Estado se pronunció sobre las potestades unilaterales en contratos regidos por el derecho privado.
La Ley 2227 del 2022 reguló el impuesto a las bebidas y productos comestibles ultraprocesados azucarados.
La corporación acompaña las inquietudes y preocupaciones que se han presentado sobre el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.
Las obligaciones tributarias que se causen con posterioridad al perfeccionamiento de la fusión tendrán como contribuyente a la sociedad absorbente.
El empleador deberá continuar pagando el salario y prestaciones sociales a que tenga derecho el trabajador desaparecido, sea este particular o servidor público: Consejo de Estado.
En ventas no tradicionales o a distancia se debe informar de forma suficiente sobre los derechos de retracto y reversión del pago.
De no llegar a un acuerdo entre los sindicatos y el Consejo Superior de la Judicatura se podría presentar un cese de actividades.
Son embargables las cuentas corrientes y de ahorros abiertas por las entidades públicas cuando reciban recursos del presupuesto general de la Nación, siempre y cuando se trate, entre otros, del cobro ejecutivo de sentencias judiciales o conciliaciones.
Las disposiciones en cuestión hacen coincidentes los límites del impuesto predial unificado y de la sobretasa ambiental.
Una vez es desvirtuado el valor declarado de transacción de la mercancía importada a la DIAN le corresponde descartar los demás métodos de valoración.
La Ley 489 de 1998 regula los convenios de asociación y la constitución de asociaciones o fundaciones con entidades públicas.
Tras la invitación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a oponerse a la propuesta legislativa que busca humanizar el sistema penitenciario, el ministro Osuna recalcó la importancia del debate sobre bases ciertas.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
La solicitud puede presentarla quien ejecute la construcción, instalación y montaje de los sistemas de control o monitoreo ambiental.
La ruta establece que se entiende por violencia sexual cualquier acto que se comete contra una persona en circunstancias coercitivas.
Consejo de Estado también se pronunció sobre competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.
El alto tribunal recordó por qué frente a laudos arbitrales el recurso de apelación no está disponible.
La CNDJ se pronunció sobre acciones de un jurista que no fueron autorizadas por su poderdante, como el hecho de aportar su cuenta de ahorros personal para abonos de un pago.
La entidad logró una adición presupuestal en el plan nacional de desarrollo (PND) por $ 220.000 millones.
La entidad contratante deberá estudiar los medios de prueba y analizar si cumplen o no con los presupuestos de la Ley 1861 del 2017.
Bienes inmuebles poseídos en el exterior se deberán valorar según su naturaleza, es decir, activos fijos o movibles.
Individualmente considerados, los cónyuges son sujetos gravables en cuanto a sus correspondientes bienes y rentas.
El retardo de la Administración en adoptar una decisión a su cargo no constituye por sí mismo un acto ficto o presunto.
Contratos a título gratuito pueden dar lugar a una enajenación de activos pero la norma contiene un presupuesto adicional para su aplicación, que consiste en el precio, requisito que solo está en negocios a título oneroso.
A partir del 1 de febrero se habilita oficialmente la convocatoria.
Obtención y conservación de documentos de las operaciones de comercio exterior es parte de la obligación aduanera en la importación.
Se trasladarán 150 expedientes de los despachos de los consejeros Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata al despacho de Marta Nubia Velásquez Rico.
Se entiende de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, bien sea sector, barrio o comunidad determinada.
No es posible concebir el fenómeno simulatorio sin que exista un pacto para tal fin entre las partes: Corte Suprema.
Consejo de Estado explicó la congruencia entre los cargos y la sanción ya que las empresas investigadas incurrieron en la conducta de acuerdo para la fijación de precios.
Se tienen en cuenta los cambios introducidos al Decreto 2555 del 2010 sobre sistemas de pago de bajo valor.
Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de buenos hombres de negocios.
No todo contratista estatal tiene la calidad de sujeto disciplinable, pues lo que lo hace sujeto de dicha acción es que, en virtud del contrato celebrado, el particular ejerza de manera permanente o transitoria funciones públicas.
Se puede acordar con el contratista incluir estipulaciones que propendan por el cumplimiento efectivo del objeto contractual.
Las comunicaciones pueden enviarse durante fines de semana y días feriados si están dentro del plazo del contrato.
Las fallas que afectan la calidad del servicio dan derecho al usuario a las reparaciones previstas en el artículo 137 de la Ley 142 de 1994.
El Consejo de Estado absolvió de responsabilidad a la Policía, que en primera instancia había sido hallada responsable de una falla en el servicio.
En la revisión de contenido de los estatutos tributarios municipales se realiza principalmente un cotejo de normas sustanciales.
Se debe tener en cuenta si guardan relación de causalidad y necesidad con la actividad productiva.
El objetivo es crear un espacio inclusivo y transparente de cooperación tributaria entre los países de la región.
En aras de solventar la problemática generada por el cierre de la vía Panamericana.
En la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, el prestador asume la custodia y conservación adecuada del producto.
El punto de partida del plazo decenal de prescripción de la acción de simulación coincide con la fecha de su celebración: Corte Suprema.
La normativa que regula la asesoría solo se refiere a actividades y operaciones realizadas en el mercado de valores.
Las fallas o irregularidades deben informarse al usuario y/o suscriptor, junto con las razones para reponer o reparar el equipo.
El Consejo Superior de la Judicatura abrió el proceso para proveer un cargo de magistrado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
El ejercicio de las libertades de expresión, información y opinión de los periodistas garantiza la posibilidad de publicar información sobre actos de posible corrupción: Corte Constitucional.
Consejo de Estado se expresó sobre la reconstitución de la terna para poder elegir.
Se mantienen los valores para el 2023 para la tarjeta profesional de abogado.
El banco, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., y la magistrada Jimena Godoy Fajardo concuerdan en indicar que el despido fue con justa causa ante la negligencia del ex empleado en su función de seguridad informática.
Sobre este debate, el presidente del Congreso, Roy Barreras, manifestó sus preocupaciones.
El prestador puede acudir al amparo policivo para que cesen los actos que perturben el ejercicio de sus derechos.
En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.
Mientras esté en trámite, puede participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en cuenta la información antigua.
Los entes territoriales están facultados para formular planes de ordenamiento territorial y reglamentar usos del suelo.
Hospital infringió el deber de custodia que tenía sobre la historia clínica del paciente, generando falencias en la atención médica.
Tratándose de volúmenes altos de ventas y en el marco de un contrato de suministro, cada venta debe tener factura.
Contestación de la demanda puede ser atacable en casación si la pieza procesal contiene confesión.
Siempre que la sociedad arrendadora no se trate de un sujeto no obligado a expedir factura, deberá facturar electrónicamente.
Tienen la capacidad legal para complementar la labor, en desarrollo de las actividades previstas en el Documento Conpes 3886.
La Corte Suprema también precisó si se puede emitir la condena por un delito menor al incluido en la acusación.
Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.
El principio de democratización de la propiedad accionaria estatal no opera en la enajenación de acciones entre entidades estatales.
Conoce de las controversias que se susciten entre usuarios, empleadores y entidades administradoras o prestadoras.
De mantenerse los efectos jurídicos del acto se estaría convalidando la situación de los vehículos importados con base en documentos alterados y desconociendo acuerdos comerciales de tipo internacional.
La demandada aplicó lo correspondiente al consumidor teniendo en cuenta lo enunciado al momento de la compra.
