El Consejo de Estado explicó el proceso sancionatorio por devolución o compensación improcedente cuando está demandado el acto administrativo de determinación del tributo.
La CNDJ se pronunció en un proceso disciplinario llevado contra un juez por la presunta mora en la que habría incurrido al resolver la impugnación y notificarla.
En todo caso, el pago será válido solo si el empleador concede simultáneamente en tiempo los días que no van a ser compensados.
Corte Suprema señaló que se vulneró el derecho al acceso a la administración de justicia por mora judicial al no emitirse sentencia.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
La falta atribuida al disciplinado es dolosa, pues requiere conocimiento de la situación típica y que aun así se actuó en contravía al deber: CNDJ.
La imposibilidad de acuerdo sobre tarifas no puede privar a los titulares de derechos conexos de obtener la debida remuneración.
Integrantes de los grupos armados organizados y bandas criminales que se sometan a esta ley tendrían una pena de cárcel de seis a ocho años y una libertad condicional de cuatro años.
Si bien se aportó certificado de terapias físicas, no se probó que haya sido por el uso del colchón que debió acudir a las mismas.
Estos hechos, según el tipo penal de que se trate, deben traducir los elementos que componen el delito.
La alta corte puso énfasis en sentencias de segunda instancia susceptibles de casación.
La persona que presenta la queja disciplinaria carece de las facultades dispuestas para los intervinientes, entre ellas, la de solicitar la nulidad de la actuación.
Corresponden a instituciones y asociaciones ciudadanas que surgen de la voluntad popular para la participación política.
El Acuerdo 049 de 1990 se puede aplicar de manera ultractiva para quienes no estaban afiliados al ISS a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y son beneficiarios del régimen de transición.
El título accionario debe contener, entre otros elementos, la cantidad de acciones representadas y el valor nominal de las mismas.
La mora del funcionario judicial para resolver la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento, no es una causal de libertad: Sala Penal.
¿Por qué la cárcel sí es un factor tan relevante en delitos contra la administración pública y no en delitos que atentan contra la integridad y la vida de las personas?
La obra debe haber sido creada en cumplimiento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo.
En todo caso, los administradores deben abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en actividades que generen conflicto.
El demandante puede optar por el juez del domicilio de su contraparte o el del foro contractual.
Debe contener la fecha límite de pago, la consecuencia de no pagar y los recursos que proceden contra la suspensión.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
Si está a nombre de alguien diferente de la entidad, se tendrían que hacer cambios frecuentes de titularidad.
En entrevista con ÁMBITO JURÍDICO, karina Reyes, presidenta de Fedelonjas, señaló que el valor de la cuota depende de lo que se haya establecido en el reglamento de la propiedad horizontal y de los ingresos requeridos.
Las sociedades y entidades extranjeras son gravadas únicamente sobre sus rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional.
Igualmente, se analizan al partícipe determinador y al autor mediato dada su posición de mando en una estructura organizada de poder al margen de la ley.
No existe en el tráfico mercantil y, por ende, no puede seguir actuando, ejerciendo derechos y adquiriendo obligaciones.
No procede la aplicación de multas o cláusulas penales a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios.
Es indudable la necesidad de buscar soluciones a esta problemática tan grande que enfrenta el mundo.
Tiene valor probatorio y dado que no se trata de un mensaje de datos aportado en su formato original, debe ser valorado conforme las reglas aplicables a los documentos, mas no como un indicio.
La Misión estuvo encabezada por Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense y profesor de la Universidad de Princeton. Como asesor jurídico se designó a Esteban Jaramillo.
Los jueces se ven abrumados por una superestructura de noticias falsas y acusaciones cruzadas que les afecta su habilidad para establecer los verdaderos responsables.
Si cada uno de nosotros recibiera 161.000 pesos mensuales, la RBU costaría 98,6 billones de pesos anuales.
Estamos asumiendo que el único camino hacia negociaciones serias consiste en elevar el costo de la guerra para el agresor.
Se deben realizar los pagos a los subsistemas de salud y pensión, para lo cual debe observarse el IBC anterior al inicio del descanso, y no se hacen aportes a la ARL.
No es posible limitar este derecho, salvo que la expresión artística contraríe los límites propuestos por la Corte Constitucional en sus decisiones.
Por qué en Colombia no ha nacido el gran relato del holocausto violento y la lucha por la justicia que vivimos.
El derecho a colegiarse de los profesionales legalmente reconocidos aparece asegurado en el artículo 26 de la Carta Política, con tal vigor que se garantiza sin restricción alguna ni permiso previo.
Mi manera de ser formalista está relacionada con reglas y principios jurídicos mínimos que inspiran el proceso de regulación y decisión.
El informe presenta cada una de las acciones que se negociaron en bolsa durante el periodo del 1º de octubre del 2022 al 31 de enero del 2023.
El documento se construyó tras el desarrollo de 51 diálogos Regionales Vinculantes, donde cerca de 250.000 personas entregaron más de 89.000 propuesta.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con Edwin Palma Egea, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, sobre algunos de los temas que integran la propuesta de reforma laboral del actual Gobierno.
Cuando se asume una dignidad en la administración de justicia, la misma debe cumplirse siguiendo a cabalidad sus principios, entre ellos, el de celeridad: CNDJ.
La Sala Penal explicó el deber del juez de analizar la procedencia de la libertad condicional frente a la conciencia que tuvo el autor del delito sobre la minoría de edad de la víctima.
Contribuyente debe practicar esta retefuente cuando vende las boletas de los eventos gravados.
La regulación no dispone el alcance de lo que debe entenderse por periódico o diario de circulación municipal (local) y/o nacional.
Para algunos abogados, la Ley 2212/23 permite el uso de la IA, pues señala que se pueden utilizar las TIC para "la gestión y trámite de los procesos judiciales".
Consejo de Estado analizó el artículo 12 de la Ley 1904 del 2018 y su aplicación por analogía en la designación del secretario general de los concejos municipales.
El reconocimiento como un tercero perjudicado no implica el levantamiento de la afectación a vivienda familiar: Corte Constitucional.
Corte Suprema precisó aplicación del criterio jurisprudencial vigente para la época de los hechos en el delito de violencia intrafamiliar.
La medida de llevar el pelo corto y afeitarse a diario se fundamenta en la relación de sujeción especial en que se encuentran los privados de la libertad: Corte Constitucional.
Los contratos que celebran no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que se rigen por las disposiciones civiles y comerciales.
En este artículo comentaré solo tres de las causales generales de disolución de sociedades.
Es imprescindible que circunstancias de agravación estén debidamente demostradas
Inclusión como renta líquida gravable de los activos omitidos y los pasivos inexistentes opera exclusivamente cuando son originados en periodos no revisables: Consejo de Estado.
La Ley 2227 del 2022 reguló el impuesto a las bebidas y productos comestibles ultraprocesados azucarados.
La corporación acompaña las inquietudes y preocupaciones que se han presentado sobre el acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura.
Se debe identificar al solicitante, señalar los servidores públicos implicados y las razones por las cuales estimó que se encuentran incursos en la causal de recusación.
Productores y/o proveedores deben responder por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de los productos y servicios.
En ventas no tradicionales o a distancia se debe informar de forma suficiente sobre los derechos de retracto y reversión del pago.
El abogado fue sancionado por aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos.
Se busca que puedan tomar decisiones informadas, planear inversiones o elegir entre las múltiples opciones que ofrece el mercado.
En mi tesis doctoral dediqué unas líneas para brindar algunas razones por las cuales concluía que la Fiscalía General de la Nación es el mayor ejemplo de antimeritocracia en Colombia.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
Corte Suprema se pronunció sobre la prescripción extintiva de la acción de disolución y liquidación de la sociedad patrimonial por finalización del vínculo tras la separación física y definitiva.
Productores y/o proveedores deben suministrar información clara, veraz, suficiente e idónea sobre los productos que ofrecen.
En el fallo se ordenó a la comisaría de familia que, bajo el acompañamiento técnico del ICBF, realice una supervisión sobre el estado físico, emocional, cognitivo, educativo y de salud del niño.
La solicitud puede presentarla quien ejecute la construcción, instalación y montaje de los sistemas de control o monitoreo ambiental.
Consejo de Estado también se pronunció sobre competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.
Esta forma de violencia ha estado invisibilizada, pese a sus devastadoras consecuencias y a que contribuye a reforzar y a perpetuar prejuicios y estereotipos en relación con la gestación y la maternidad.
La CNDJ se pronunció sobre acciones de un jurista que no fueron autorizadas por su poderdante, como el hecho de aportar su cuenta de ahorros personal para abonos de un pago.
Dentro de los requisitos está el incremento del impuesto neto de renta del periodo gravable objeto del beneficio.
El aspecto motivacional muestra que la violencia del extremismo de derecha tiene un hondo calado sicosocial y hasta puede tener una motivación política.
En pensión de jubilación, pensión de vejez y compartibilidad pensional no aplica la figura de “cuotas partes pensionales”: Consejo de Estado.
Los gremios Aso-CDA, Acedan y Fenalco han expresado su preocupación, indican que esta obligación es inviable de cumplir.
Su creación es legal, generalmente sin personería jurídica, adscritos a un ministerio y conformados por servidores públicos y particulares.
Se entiende de interés general cuando beneficia a un grupo poblacional, bien sea sector, barrio o comunidad determinada.
La accionante, al enviar unas fotografías íntimas a otra persona por medio de una aplicación se expuso al riesgo de que un tercero se apropiara indebidamente de ellas.
Se debe tener en cuenta si guardan relación de causalidad y necesidad con la actividad productiva.
El punto de partida del plazo decenal de prescripción de la acción de simulación coincide con la fecha de su celebración: Corte Suprema.
Corte Suprema se pronunció sobre la declaración de las circunstancias que determinan el estado del riesgo asumido con una póliza de responsabilidad civil de infidelidad y riesgos financieros.
Todos los trámites o consultas pueden realizarse en los canales oficiales de la entidad, sin costo alguno.
No obstante, para efectos de actualización de sanciones cambiarias, sí se remite a la norma sobre sanciones tributarias pendientes de pago.
Consejo de Estado se expresó sobre la reconstitución de la terna para poder elegir.
La DIAN adicionó una renta gravable a la renta presuntiva del contribuyente por igual valor a uno de sus pasivos.
Corte Suprema precisó que las obligaciones pactadas en la provisión de equipos, piezas e ingeniería de la PTAR son de ejecución sucesiva o escalonada
El banco, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., y la magistrada Jimena Godoy Fajardo concuerdan en indicar que el despido fue con justa causa ante la negligencia del ex empleado en su función de seguridad informática.
El profesional tiene el deber de ejecutar de manera diligente la labor encomendada, sin que de ninguna manera pueda trasladar su indiligencia a los usuarios o a cualquier operador de la justicia.
El prestador puede acudir al amparo policivo para que cesen los actos que perturben el ejercicio de sus derechos.
En aquellos casos en los cuales se produce un cambio legislativo sin que el Congreso haya previsto un régimen de transición para aquellas personas que se encontraban cobijadas por una normativa que les era más conveniente.
Las normas de carácter especial permiten a las autoridades acceder a la historia clínica de todas las personas sin excepción.
El problema no solo radica en si se admite o no a la inexistencia del acto jurídico civil, sino en la forma para su reconocimiento.
Deben acatar la metodología tarifaria desarrollada por las comisiones de regulación, donde el consumo es uno de los elementos.
La calificación de pérdida de capacidad laboral es un derecho que le asiste a las personas afiliadas al sistema de seguridad social, sin distinción alguna: Corte Constitucional.
Se confirmó la decisión de Procuraduría General de la Nación que revocó la sanción disciplinaria de destitución, por cuanto el servidor público no desarrolló la conducta en calidad de miembro de la Policía Nacional.
Los símbolos en la factura del servicio no tienen restricción, pero para efectos de la suspensión no son suficientes por sí solos.
Lo sucedido con la estratificación socioeconómica ilustra cómo una política pública bien intencionada puede tener efectos contraproducentes.
El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.
Se trata de un registro interno que contiene, entre otros temas, el seguimiento de la conducta o aspectos disciplinarios del alumno.
El informe presenta cada una de las acciones que se negociaron en bolsa durante el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre del 2022.
Las entidades deberán respetar la autonomía propia de este tipo de contratación, evitando acciones que puedan encubrir una relación laboral.
Medidas adoptadas durante la crisis de la covid-19 aportaron pruebas contundentes que pueden dar resultados positivos.
Los contratos de tracto sucesivo, por tener esa naturaleza, desde la perspectiva jurídica no son susceptibles de resolverse sino de terminarse: Corte Suprema.
Quien es designado como funcionario ‘ad hoc’ para una función específica no debería estar incurso en inhabilidades; de lo contrario, su nombramiento podría estar afectado de nulidad.
El informe presenta cada una de las acciones que se negociaron en bolsa durante el periodo del 1º de septiembre al 31 de diciembre del 2022.
Corte Suprema resalta la importancia de la aplicación del precedente jurisprudencial como garantía del debido proceso.
Ante la omisión de la abogada se terminó el proceso por desistimiento tácito.
Acto administrativo que niega la renovación de la licencia de funcionamiento de una empresa de vigilancia y seguridad privada debe estar motivado: Consejo de Estado.
Generó en su cliente una suerte de expectativas sin informarle con veracidad sobre las posibilidades de la gestión.
El Consejo de Estado explicó sobre la renuncia a cargo directivo del partido o movimiento político con doce meses de antelación a las inscripciones a un cargo de elección popular.
Si el estudiante desea continuar su formación en el nivel tecnológico o profesional deberá acreditar dichos requisitos.
Corte Suprema explicó las causales de improcedencia cuando la persona posee un especial deber de vigilancia o cualquier otra función de control.
Corte Constitucional rechaza tutela a persona que alega el pago del saldo insoluto del crédito hipotecario a una compañía de seguros.
Es deber de los fiscales delegados durante la negociación y celebración de los preacuerdos velar por el prestigio de la justicia, así como por evitar su cuestionamiento.
Así mismo, el alto tribunal precisó la competencia para resolver una doble conformidad y la apreciación del testimonio.
El Departamento Administrativo de la Función Pública dio a conocer las recomendaciones que deberán tener en cuenta las entidades a partir del 1º de enero de 2023.
Es un buen momento para acrecentar la solidaridad, revisar la función de la pena, integrando las aspiraciones y fines de esa sociedad urbana y rural constituida por personas diversas.
La Contraloría General de la República es la autoridad central para formular y recibir solicitudes de asistencia y cooperación.
El proceso monitorio es un juicio que se adelanta en única instancia, dada su cuantía, los autos allí proferidos son inapelables: Corte Suprema.
La norma acusada no excede las disposiciones legales reglamentadas, dado que prevé las excepciones a la notificación electrónica como mecanismo preferente.
El abogado no puede revelar actividad sospechosa de crímenes financieros pasados de sus clientes, ni de las armas financieras utilizadas para la comisión de tales delitos.
El constituyente de 1991 no tenía ninguna necesidad de emplear el término “estatuto del trabajo” para referirse a la legislación del trabajo y cuando lo hizo pecó de esnobista, al trasplantar inorgánicamente una expresión contenida en la Constitución española de 1978.
Los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen crédito de la accionada para ser elegida en tal dignidad.
Consejo de Estado explicó los criterios bajo los cuales se adquiere la condición de sujetos de especial protección constitucional.
Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales.
La Corte Suprema se pronunció sobre la exigencia del examen de Estado para poder ejercer la profesión.
Cuando se denuncia a una autoridad judicial por el incumplimiento de los términos para realizar determinada actuación también es relevante evaluar la trascendencia de la mora frente a los derechos del convocante.
El artículo 1° de la Resolución Externa 3 del 2012, del Banco de la República, cumplió con los criterios de la Sentencia C-955 del 2000.
Precisan legitimación en la agencia oficiosa de las personas privadas de la libertad para proteger sus derechos con ocasión de solicitudes de traslado de centro de reclusión.
En principio, el inspector debe tener en cuenta que un trabajador no sindicalizado no está en la misma situación de uno que sí lo está.
La Comisión de Disciplina Judicial archivó una actuación disciplinaria al no encontrar una tardanza injustificada en el trámite de unos procesos.
Corte Constitucional precisó que se debe acreditar una imposibilidad real de pagar por parte del deudor, pero una voluntad para hacerlo.
La Comisión enfatizó que el abogado una vez asume la gestión debe analizar el caso y previo a radicar la demanda debe tanto elaborar el escrito como verificar los documentos exigidos.
Quien alega debe acreditar supuestos de un yerro que era conocido o debió ser conocido por un consumidor medio.
Por mayoría se decidió incrementar en 100 puntos básicos (p. b.) la tasa de interés de política monetaria, llevándola a 12 %.
La validación que realiza el SICOV es mediante el holograma contenido en la cédula de ciudadanía.
Los nombramientos en las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria se efectuarán de las correspondientes listas de elegibles vigentes.
Consejo de Estado explicó sobre el pago al partícipe de su parte en un contrato de colaboración empresarial.
Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.
Prestación del servicio procede en cualquier tipología vehicular debidamente homologada, registrada y vinculada.
Conductores, aseguradoras y demás interesados en el accidente recaudarán todas las pruebas relativas a la colisión.
Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.
Estándares contables internacionalmente aceptados establecen tres categorías para reconocer y medir instrumentos financieros.
La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.
El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.
En todo caso, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna sin orden suscrita del trabajador para cada caso.
Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.
Igualmente, la Corte Suprema recordó elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.
Revocaron la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones por error en el término de traslado para contestar la demanda.
Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.
En este caso, deberán colocarse señales visibles y estacionarse a la derecha de la vía, en perímetros rurales fuera de la zona transitable.
La institución educativa no podrá impedir a sus estudiantes que adelanten manifestaciones pacíficas que pretendan cuestionar sus políticas.
La Corte Constitucional concluyó que un hospital puso en riesgo los derechos fundamentales a la vida y a la salud de una paciente al no prestar en forma oportuna el servicio de hemodiálisis.
Corte Suprema precisó los elementos de la persona que contribuye a la realización de la conducta punible de otro.
Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.
Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.
Las entidades deben asignar recursos para afrontar la eventual materialización de estos riesgos.
Según la entidad, los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo.
Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.
Consejo de Estado precisa el momento a partir del cual se entiende suspendido el periodo para notificaciones en materia tributaria.
El mecanismo procesal idóneo cuando el sujeto procesal advierte que el funcionario está incurso en una causal que lo inhabilita para conocer del asunto es la recusación: Corte Suprema.
Los documentos resultantes de procesos internacionales de armonización de los contratos son instrumentos muy valiosos para la interpretación y la modernización del derecho nacional.
Las actividades que se realizan en centros penitenciarios son importantes, humanizan y aportan al fin resocializador.
En la práctica, erróneamente se considera que el único llamado a responder resulta siendo quien se beneficia de las utilidades del dinero entregado.
Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.
El ejercicio de estas actividades sin la debida autorización y sin tratarse de una excepción constituye un ejercicio ilegal.
La Ley 1429 del 2010 derogó expresamente la norma que establecía el deber de solicitar autorización del Ministerio de Trabajo.
En recientes pronunciamientos del Consejo de Estado y de Colombia Compra Eficiente, se ha empezado a dar un viraje sobre esta materia.
Los desafíos no pasan por desacreditar las formas en las que se administra justicia, sino en plantear alternativas para solventar los problemas de hoy.
Basta con que cualquiera de las partes que intervinieron en la enajenación informe a la empresa prestadora sobre el negocio.
El propio sector sindical tradicional considera que ha habido una afectación de la cultura sindical, a raíz de algunas prácticas indebidas generadas por diferentes fallos.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.
En principio, al empleador no le correspondería asumir la carga económica de la suspensión del contrato.
La desconexión laboral es un derecho que tienen los trabajadores a no tener contacto por cualquier medio para cuestiones laborales en horarios por fuera de la jornada laboral.
No siempre todos los ingresos salariales se tienen en cuenta para efectuar aportes al sistema de seguridad social.
La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
Pueden designar a un apoderado o, en su defecto, un defensor de familia, en los términos del Código de Infancia y Adolescencia.
Pese a existir registro de nacimiento que acreditaba a la demandada como hija del fallecido, no se probaron los elementos de la posesión notoria del estado civil de hija.
Incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento da lugar a multas, suspensión o cancelación de la habilitación.
Se declaró la nulidad del acto administrativo que negó la compensación económica en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.
La discusión sobre la materia deberá involucrar distintos actores claves que se enfoquen en garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva sin desconocer los principios bioéticos.
Si revisamos los planes de ordenamiento territorial, encontramos que todos los municipios tienen previsto este instrumento como parte del desarrollo de sus proyectos.
Existen tres momentos que demarcan el nacimiento y el pago de la obligación económica: la causación, la liquidación y la exigibilidad.
Si no se exige el pago de las sanciones durante el término de tres años, la acción prescribe y se extingue el derecho de cobro.
Es urgente crear un aparato productivo sólido que nos permita producir para satisfacer nuestra demanda y, además, la demanda externa.
En materia arbitral, el control de legalidad permite adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar el trámite frente a posibles defectos.
El éxito de la inteligencia artificial (IA) dependerá de la inteligencia humana. Los creadores de productos de IA tienen una enorme responsabilidad social, ética y humana.
La eliminación de la información no tiene como presupuesto el pago de la obligación en mora o que esta se haya extinguido.
Será en el proceso contravencional donde el presunto contraventor tendrá la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa.
Además de tratarse de una persona jurídica sin ánimo de lucro, no está expresamente excluida por la Resolución 164 del 2021.
La carta de porte y el conocimiento de embarque tienen como negocio fundamental el contrato de transporte.
Precisan la pertinencia de condicionar la práctica de una prueba como, por ejemplo, el testimonio de un profesional.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
Consejo de Estado se pronunció frente a la petición de un apoderado de una entidad territorial que no le canceló los honorarios originados en un contrato de mandato.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
