La Contraloría General de la República, mediante Resolución Reglamentaria Ejecutiva 116, adoptó la versión 1.0 del Procedimiento de atención de solicitudes de asistencia jurídica recíproca provenientes de otros Estados parte de la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción, de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de Redes de Recuperación de Activos.

Tanto la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Corrupción como la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establecen que, para efectos de asistencia y cooperación internacional, cada Estado parte designará autoridades centrales, que se encargarán de formular y recibir solicitudes de asistencia y cooperación.

Así las cosas, el nuevo documento, señaló la entidad, contribuye al cumplimiento de su labor como autoridad central en virtud del principio de cooperación y de lo previsto en el Plan Estratégico 2018 - 2022 “Una Contraloría para Todos”, cuyo objetivo número dos es vigilar la gestión fiscal con un control efectivo y articulado entre los macroprocesos misionales.

De acuerdo con el Sistema de Información y Producción Normativa de Control Fiscal (SINOR), las resoluciones reglamentarias ejecutivas se refieren, entre otros asuntos, a la adopción, modificación, adición o derogatoria de manuales, guías o instructivos para el ejercicio de las funciones de control fiscal y establecimiento de sistemas, métodos, requisitos o procedimientos de trabajo o administración en el tema.