La situación debe ser informada al prestador al inicio del contrato de arrendamiento, para que el arrendador sea desvinculado del cobro.
La Sala Penal precisa que solo requiere demostrarse la minoría de edad para agravar el delito de violencia intrafamiliar cuando recae sobre un menor de edad.
No se conoce hasta ahora el respaldo de otros poderes públicos ante las presiones al alto tribunal constitucional.
Contra el artículo que autoriza a las entidades territoriales a celebrar convenios interadministrativos previos al certamen electoral.
Se explica cómo procede la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, con base en el principio de favorabilidad para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Se protegieron los derechos de un interno que presentó tutela reclamando acceso a los elementos necesarios para terminar su tesis de grado.
En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Ana Cristina González Vélez, una de las pioneras del movimiento Causa Justa, explica los argumentos que presentaron ante la Corte Constitucional para solicitar la despenalización del aborto.
En septiembre del 2020, el movimiento Causa Justa interpuso la demanda. La penalización del aborto no ha servido para proteger ningún bien jurídico. Por el contrario, ha obstaculizado la garantía de derechos fundamentales, argumentaron.
Diana Marina Vélez Vásquez, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Frente a la omisión legislativa, las altas cortes han adelantado un acucioso trabajo sobre el diagnóstico y la corrección de situaciones de desventaja y discriminación contra la mujer.
Muchas dinámicas de desigualdad de género que existen en las firmas de servicios legales, así como en el sector público y privado, también se presentan, y posiblemente en parte tienen su génesis en el contexto educativo.
Debemos seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades y en la eliminación de los prejuicios de género como vía para la construcción de una sociedad más justa.
Este es un sector económico en pleno auge de crecimiento, con expectativas de llegar a constituirse como una industria de hasta 60 billones de dólares en el año 2027.
Las palabras de Jineth Bedoya reconstituyen los fundamentos éticos de nuestra comunidad política.
En un proceso de justicia transicional, hay que otorgar un lugar central a las memorias de las mujeres.
La academia pierde una gran humanista que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero, tal vez, la más necesaria en épocas de crisis es la responsabilidad de la humanidad como ente colectivo.
Denominación social de una sociedad anónima sin dicha especificación hará a los administradores responsables de manera solidaria.
No es necesario un ojo experto para ver porqué esta es una teoría sexista que comporta graves peligros a la imparcialidad en los procesos judiciales.
Hay un debate pendiente en el que no todos se atreven a participar, pero que es necesario abordar para cumplir con el mandato de eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer.
Cuando hay más juezas y magistradas, la sociedad percibe que el sistema judicial es justo y está abierto a la diversidad.
La lectura detenida de estos dos fallos permite observar el carácter contingente de la segregación del derecho de familia de la regulación de las demás relaciones entre particulares.
Las políticas públicas no solo deben incentivar la contratación, sino establecer mecanismos eficaces de control y sanción para quienes incurran en prácticas que favorezcan la discriminación de género.
La Corte Constitucional explicó las herramientas para resolver conflictos entre normas y cómo se aplica el principio de favorabilidad laboral.
Finalizado el escrutinio general, las distintas comisiones escrutadoras remitirán con carácter obligatorio e inmediato al Consejo Nacional Electoral un informe.
Lamentablemente, las mujeres y niñas migrantes se ven expuestas a agresiones y abusos sexuales, discriminación, acoso, malos tratos, xenofobia, trata de personas y desapariciones, entre otros.
La Corte Constitucional explica la importancia de la solicitud de información y la entrega de documentos por medio del derecho de petición.
Se adoptan normas para prohibir y restringir el expendio y consumo de bebidas embriagantes, desde las 6:00 p. m. del sábado 12 de marzo.
El alto tribunal señaló el incumplimiento del deber de considerar el impacto fiscal de la iniciativa.
La potestad discrecional que ejerce la administración es una herramienta jurídica indispensable para una correcta administración pública.
En caso de no encontrarse disponible el producto objeto de pedido, el consumidor deberá ser informado de esta situación de forma inmediata.
La Corte Constitucional escogió a 14 hombres y 4 mujeres.
La Corte Constitucional los considera incompatibles con los derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad.
La prohibición respeta el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración.
Corte Constitucional resuelve demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 3 del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018, por la permanencia de actividades agropecuarias de bajo impacto en Páramos.
Corresponde a departamentos y distritos gestionar la prestación de los servicios de manera oportuna, eficiente y con calidad.
La Corte Constitucional recordó la autonomía e independencia de los jueces en sus decisiones judiciales y el respeto hacía ellas.
El Ministerio de Salud impartió directrices para promover buenas prácticas de alimentación tanto para trabajadores como para usuarios.
No es nula la norma que establece que funciones de control y vigilancia sobre prácticas comerciales restrictivas de la competencia seguirán siendo ejercidas por la SIC.
La Corte Constitucional resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra disposiciones que fijan régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías, así como el procedimiento aplicable.
Corte Constitucional explica cómo opera la oportunidad y forma de sustentación del recurso de apelación contra sentencias en actuaciones tramitadas bajo el Código General del Proceso.
La Sala Civil explica en qué momento empieza a correr el término para ejercer la acción de impugnación de paternidad y sus medios de prueba.
Para algunos candidatos, el recurso al populismo es el “arma” discursiva para atacar y, a la vez, comprar el favor del electorado.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 14 de la Ley 2155 del 2021.
Árbitros pueden apartarse de criterios jurisprudenciales, ya que en sus decisiones solo están sujetos a la ley.
La Corte Suprema precisa quién debe asumir el pago de la incapacidad cuando el trabajador es calificado y supera el 50 % de pérdida de capacidad laboral.
La Corte precisa el debido proceso administrativo ante las empresas prestadoras de servicios públicos y la dimensión social del acceso a la electricidad.
Así mismo, deben atender su deber de continuar administrando los sistemas de administración de riesgos a los que están obligadas.
La Corte Constitucional precisó su jurisprudencia sobre este tema tan vital en temas convencionales.
La normativa dispone que la prestadora del servicio público de aseo podrá ofrecer el servicio de recolección de escombros, pero los distingue.
El programa de integración sociourbana de migrantes en ciudades colombianas incluye un componente relacionado con el mejoramiento de vivienda.
Corte Constitucional admite demanda por presunta vulneración al principio de legalidad.
La Sala Penal precisó cuándo se presenta extemporaneidad de los escritos allegados a través de correo electrónico.
El derecho innominado a ser intentado podrá emplearse más allá de la Sentencia T-057 del 2015 como elemento transcendental y transversal del derecho de la salud.
Las entidades públicas no son ajenas a la dinámica propia del incremento de incidentes en el ámbito cibernético.
Sale del ordenamiento la definición del castigo físico a menores como una acción de crianza, y el requisito de que este sea reiterativo para que proceda la suspensión o privación de la custodia o de la patria potestad.
Corte Constitucional estudio una acción de tutela en la que negaron el cambio de nombre por segunda vez por no cumplir con el término para esta modificación.
Para el alto tribunal, el derecho de petición no garantiza que las respuestas a las solicitudes presentadas deban ser positivas o acordes a las exigencias de los solicitantes.
Informarnos y poder saber qué es lo que comemos es un derecho fundamental y debe ser protegido.
¿Es la vigilancia de la ejecución de la pena un apéndice del proceso o constituye una etapa posprocesal?
El Gobierno Nacional podrá suprimir o disponer la disolución y la consiguiente liquidación de entidades y organismos administrativos del orden nacional.
El derecho laboral hoy no es el mismo que era hace 10 años ni tampoco es el que será dentro de una década.
El Consejo de Estado precisó si la actividad de explotación de hidrocarburos está exenta del ICA.
Corte Constitucional estudió caso en el que se restringió el ingreso a reuniones de congregación de un culto
Frecuentemente, la dimensión de la actividad intelectual universitaria se asocia con la labor solitaria del profesor.
Con ocasión de los 30 años de la Carta Política, Jaime Andrés López Gutiérrez, abogado experto en Derecho Constitucional y Disciplinario, presentó su más reciente obra Constitución Política de Colombia comentada.
Estas asociaciones permiten que se compartan responsabilidades, conocimientos técnicos, experiencia y, por supuesto, recursos.
El Decreto 806 del 2020 hizo realidad varios de los cambios que para los códigos vigentes eran un noble sueño cargado de intenciones.
La ‘judicialización’ de la vida social es un escenario para profundizar la vida democrática.
Se conoció el comunicado oficial de la Corte Constitucional en el que se describe el fondo de la decisión más importante de los últimos años en materia de derechos reproductivos.
En contra de la decisión mayoritaria estuvieron los juristas Cristina Pardo, Jorge Enrique Ibáñez, Paola Meneses y Gloria Ortiz.
Si bien el derecho colaborativo no es la solución para todos los problemas jurídicos, es un camino para imaginar prácticas alternativas de la profesión.
La dignidad no es algo abstracto: es una característica concreta de nuestros actos, especialmente de esos que queremos que sean ‘buenos’.
Estos preceptos constitucionales han posibilitado un extenso marco legal para el proceso de descentralización territorial.
La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que la restricción de la libertad no debe ir “más allá de los límites estrictamente necesarios”.
Es necesario distinguir cuando los bienes del deudor son o no necesarios para desarrollar el objeto social de la compañía.
Hoy Colombia, carente de verdaderos partidos, espera que, inmediatamente escogido un candidato presidencial, se constituya en una opción de poder, con un programa de gobierno fácilmente identificable.
Todos los caminos para garantizar el acceso a la justicia en el caso venezolano apuntan a La Haya.
Se mantienen las tres causales de despenalización de la Sentencia C-355/06 luego de los seis meses.
Las distinciones se materializarán con la entrega de una medalla en metal a quienes promuevan servicios distinguidos a la Nación.
Por regla general, este derecho es para entidades estatales, pero la Constitución lo extendió a organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.
Las iniciativas promueven que la digitalización de la justicia se convierta en legislación permanente.
El contador fijará sus honorarios según su capacidad científica y/o técnica y en relación con la importancia y circunstancias de cada caso.
Corte declaró la exequibilidad condicionada de la palabra “indígenas” en norma sobre servicio militar obligatorio.
El Ministerio del Interior estableció el número de curules de la Cámara de Representantes para las elecciones que se realizarán el próximo 13 de marzo del 2022.
La Corte Suprema protege a víctima de violencia económica y ordena a su expareja dejar de subordinarla.
Es deber conservar copia de los videos y entregarlos a las personas involucradas en una información cuando así lo requieran, para garantizar el derecho fundamental a la rectificación.
Aunque la vacunación en Colombia no es y no podrá ser obligatoria bajo el marco normativo vigente, si concurre una determinada calidad con la exigencia de la vacunación para permanecer en cierto lugar, el carné de vacunación resulta una exigencia.
El rechazo de la solicitud no impide que el interesado pueda presentar una nueva solicitud, siempre que haya desaparecido la causal.
Es necesario analizar la normativa aplicable y verificar en cada caso particular si se permite realizar la operación.
Demandan interpretación de que las sentencias de segunda instancia se entienden proferidas cuando los magistrados suscriben la decisión y no cuando es notificada a través de su lectura.
Oportunidad para presentar demanda de reparación por daño causado a un grupo, mediante acto administrativo.
La Corte Constitucional amparó el derecho al debido proceso vulnerado por una providencia que negó reparación en un caso de posible negligencia médica.
El Ministerio del Interior tiene un plazo de 12 meses para presentar proyecto de ley sobre requisitos para la creación de nuevos departamentos.
La jurisdicción de la nueva entidad administrativa corresponde únicamente al Distrito Capital y los municipios de Cundinamarca que se asocien.
Importante pronunciamiento sobre la creación de municipios por razones de defensa nacional, colonización, en zonas de frontera o de conveniencia nacional.
La Corte declaró inconstitucional la autorización a las ARL para utilizar los recursos de cotizaciones o primas para pagar comisiones a intermediarios como gastos de administración.
La CNDJ confirmó la sanción de remoción del cargo al juez por atentar contra el derecho fundamental al debido proceso.
El Consejo de Estado negó una tutela a un ciudadano que buscaba obtener una reparación por supuestos daños que sufrió por la medida de suspensión en todo el territorio nacional.
La contabilización de costos dos o más veces no implicaría recuperación, sino beneficios obtenidos en condiciones ineficientes.
Esbozo a modo de reconocimiento de una gran magistratura, que puso en la agenda el debate sobre la función del Derecho, la necesidad de desmontar la visión androcéntrica y los sesgos en la valoración probatoria.
El defecto sustantivo, responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado respecto de la acción de repetición en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
Esta normativa debe contener dos partes: la primera sobre los impuestos que se pretenden adoptar y la segunda sobre el procedimiento.
Si bien ambos alegatos están fundamentados en la misma causal, en realidad se trata de dos escenarios diferentes.
Derecho a la estabilidad ocupacional de las personas que padecen estas dolencias.
Los empleadores tienen la obligación de prevenir el acaecimiento de los riesgos laborales y cubrir los efectos que estos causan a los trabajadores.
Precisión sobre la liquidación de la pensión de invalidez de personas con pérdida de capacidad laboral entre el 50 % y el 66 %.
En las sentencias en que se controvierte la forma de liquidación de las prestaciones periódicas debe siempre tenerse en cuenta el interés del demandante para acudir a la jurisdicción y en caso de duda aplicar el principio de favorabilidad.
El Estado debe atender el límite de la autonomía que se le otorga a las personas jurídicas, la cual se podría ver afectada en este evento.
La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad sobre la norma que establece la conversión de multa impuesta como penal principal en arresto cuando el condenado no la paga.
Contratantes pueden negociar la venta del bien embargado, sin implicar ello la nulidad contrato, siempre y cuando la obligación de transferirlo se acuerde como modalidad, plazo o condición.
El asunto del aislamiento obligatorio, que ha resurgido como tema de actualidad con ocasión de un incremento importante en los contagios a lo largo del país, no es inédito.
La pregunta necesaria es ¿se están estudiando y asumiendo con rigor las acciones de tutela promovidas por los ciudadanos? Se confunden las reglas de reparto del Decreto 333.
La Corte Constitucional estudió una acción de tutela de ocupantes irregulares de un predio que alegan la violación de su derecho a vivienda digna por no tener en cuenta que son sujetos de especial protección constitucional.
Les explicamos qué significa la figura de urgencia nacional dentro de los trámites del alto tribunal.
La norma rige desde su publicación en Diario Oficial y deroga las resoluciones 640 del 2018 y 265 del 2020.
Recientemente, la Corte Constitucional dejó sin efectos dos resoluciones relacionadas con este tema.
El fideicomisario no será propietario sino hasta que se cumpla con la condición impuesta por el fiduciante.
Un comunicado conjunto pide que el Decreto 806 del 2020 sea adoptado como legislación permanente.
La Corte Constitucional, en la Sentencia T-574 del 2017, dio una serie de pautas frente a la ponderación de derechos en esta materia.
Sigue dilatada la decisión de fondo frente al tema, primero deben resolverse las recusaciones.
La facultad asignada al revisor fiscal para convocar al máximo órgano no puede entenderse como coadministración en el ejercicio de sus funciones.
El alto tribunal constitucional elige, por primera vez en su historia, a dos mujeres como presidenta y vicepresidenta.
La realidad del sector minero es que se encuentra en un claro rezago en el acceso efectivo a estos servicios.
Si los jueces y magistrados hicieran el esfuerzo de escribir claro, se ahorrarían el tiempo de conceder entrevistas.
Una reciente apertura de investigación le imputa cargos similares a aquellos por los cuales terminó sancionado en el 2016, por abuso de posición de dominio.
La convivencia mínima de cinco años prevista por el literal a) del artículo 13 de la Ley 797 del 2003 es exigible únicamente cuando la pensión de sobrevivientes se causa por la muerte del pensionado.
La obligación solamente aplica para los municipios que son capital de departamento, sin importar la categoría a la cual correspondan.
¿Cuándo comprenderán ciertos jueces que su función no consiste en premiar o castigar, al vaivén de sus sentimientos?
Se presentaron seis acciones de tutela para controvertir decisiones judiciales que han reconocido y reliquidado pensiones con abuso del derecho.
Colombia tendrá que seguir evolucionando hacia la obligatoriedad de la vacunación, en cuanto a la inclusión de actividades adicionales y las consecuencias del incumplimiento por parte de los trabajadores.
En este evento, no sería posible adelantar un plan de mejora de la convivencia laboral entre las partes por falta de una de ellas.
La obra presenta una muestra de la producción teórica desarrollada en estos campos, desde la filosofía moral liberal, la teoría política, el Derecho.
Esta obra analiza las nuevas medidas extraordinarias que tomó el Estado en materia concursal, para responder a los retos derivados de la pandemia.
Recientemente, algunos Estados y organizaciones se han preocupado por incorporar temas de derechos humanos y de desarrollo sostenible en su agenda internacional y en las relaciones con terceros países.
En septiembre del 2012, el presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Venezuela oficializó, un año después, su retiro.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con el magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, nuevo presidente del Consejo de Estado para el 2022.
Recuerda la Sala Penal que la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley.
Dentro de sus funciones estarán velar porque la cartera de Agricultura cumpla las disposi¬ciones normativas referentes a la atención a la ciudadanía.
Deterioro de la planta física de los centros educativos o de la infraestructura necesaria para acceder o llegar a ellos pone en riesgo la vida y la salud de los estudiantes y vulnera su derecho a la educación.
El debido proceso y los derechos de los extranjeros en Colombia incluyen la prohibición de expulsión colectiva de migrantes, en los términos del artículo 22.9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Sección Cuarta precisa la unificación del término de firmeza de las declaraciones de IVA y retefuente con el de la declaración de renta de periodos que coincidan con el respectivo año gravable.
Según el decreto, Mininterior está habilitado para ejercer las funciones constitucionales como ministro delegatario durante la ausencia del mandatario.
Si el agente de tránsito comprueba irregularidades puede imponer la correspondiente sanción e, igualmente, ordenar la inmovilización del automotor.
Para hacer efectiva la cláusula penal, la Administración debe cumplir con el procedimiento legal establecido, citando al contratista para que asista a una audiencia y pueda ejercer su derecho a la defensa.
Demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la norma que reconoce, rinde homenaje y otorga beneficios a los veteranos de la fuerza pública.
Precisiones sobre el derecho a la educación inclusiva de los niños y adolescentes en situación de discapacidad y su relación con el derecho a la salud y la dignidad humana.
Así mismo, deberán someterse a auditorías anuales, con el fin de verificar que se mantienen las condiciones de acreditación.
La interceptación de comunicaciones es un acto de investigación especialmente útil para el esclarecimiento de los delitos.
Mineducación dice que con los departamentos y municipios se ejecutaron una serie de acciones e inversiones para adelantar educación en casa y no suspender la prestación del servicio y luego para lograr el retorno a las aulas de manera gradual.
El actor sostiene que las disposiciones demandadas desconocen las competencias rectoras que el artículo 130 de la Constitución atribuye a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rama Judicial , según lo previsto en el artículo 257A de la Constitución.
La Superfinanciera solicita información para identificar el diseño de productos innovadores, accesibles y asequibles, que respondan a las necesidades específicas de sus clientes.
Aunque la Corte resolvió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado respecto de las solicitudes de entrega de equipos de cómputo y acceso a internet, decidió pronunciarse de fondo y dictar algunas ordenes al Gobierno Nacional.
El servicio educativo debe prestarse en condiciones de calidad, lo cual implica que las instalaciones sean adecuadas.
La Corte Constitucional estudió tres acciones de tutela que consideran vulnerados los derechos fundamentales de varios ciudadanos al suspenderles sus contratos de trabajo.
Entre otros deberes de los pacientes, deben respetar al personal responsable de la prestación y administración de los servicios de salud.
La Corte Constitucional declaró inexequible una expresión sobre la verificación de la jornada laboral en el teletrabajo.
La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de la modificación del 2010 al régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario.
Minjusticia creó una comisión para revisar la vigencia y oportunidades de mejora de las disposiciones del Decreto 806, se elaboraría un proyecto de ley.
Sala Penal explicó que no se deben trasladar cargas propias de la administración de justicia al privado de la libertad.
El objeto de las prestaciones económicas es cubrir a los afiliados al SGSSS frente a las contingencias que afecten su salud y capacidad económica.
La Corte Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 del 2020, por medio del cual se modificó el artículo 34 de la Constitución Política.
El papel de las sociedades de gestión colectiva como Sayco es primordial para la administración y el correcto recaudo de la explotación de los derechos patrimoniales.
Se demandó la inconstitucionalidad de la Sección 2201 del artículo 2 de la Ley 2063 del 2020, en la que el legislador apropió los recursos de las universidades públicas.
Se vulneran derechos a la vida digna, mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución a un hijo en estado de invalidez.
Mediante una circular, Mintrabajo reitera las obligaciones y deberes tanto de empleadores como trabajadores del servicio doméstico.
Las normas existentes asignan la facultad nominadora pero no regulan procedimiento que deben seguir para la elección del cargo.
La libertad de enseñanza está garantizada, pero igualmente limitada por disposiciones constitucionales y legales.
Estos seguros se entienden como de obligatoria contratación, pues constituyen un requisito necesario para obtener el permiso de operación.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción a un juez por presentar incapacidades médicas para ausentarse de su cargo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sentencia en la que fue declarado responsable un juez por presentar mora judicial frente a la decisión de varios procesos.
El país lamenta el fallecimiento del magistrado de la Sala de Casación Laboral y expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a las entidades territoriales definir en sus territorios los criterios de inscripción o exclusión de quienes realizan dicha actividad.
La Corte Constitucional explicó la vulneración de derechos fundamentales por la exclusión del programa Colombia Mayor.
El protocolo adoptado por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 10 del 2022 tiene como objeto sistematizar estos procedimientos y actuaciones.
El alto tribunal indicó que se violaron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la paz de los desmovilizados por parte de la Unidad Nacional de Protección.
No podrían ser reintegrados al servicio público quienes nunca integraron o fueron parte del mismo.
También se conocieron los nombres de los dignatarios de cada sala del alto tribunal de la justicia ordinaria.
Corte protege derechos de joven en situación de discapacidad ante la decisión de un juez que exoneró a su padre de la cuota alimentaria.
En todo caso, deberá revisar cualquier inhabilidad o incompatibilidad que en esta labor pudiera presentarse.
La Sala Civil, a partir del análisis del artículo 1331 del Código de Comercio, precisa las diferencias entre agencia comercial de hecho y agencia comercial.
Se le debe indicar que comparezca ante la autoridad de tránsito dentro de los 11 días hábiles siguientes para dar inicio al proceso contravencional.
Este documento se suma a las declaraciones del titular de la cartera del Trabajo, que en días pasados precisó quiénes deben pagar las incapacidades por aislamiento ante contagio de covid-19.
Agentes del mercado no pueden pretender que los productos sean sometidos a innumerables reparaciones.
Este instrumento deberá cumplir los trámites ante los órganos legislativos de cada uno de los países y, en el caso de Colombia, deberá pasar posteriormente al aval de la Corte Constitucional.
Trata sobre la vulneración del derecho al debido proceso al dejar de analizar el caso con perspectiva de género en un proceso de restitución de tenencia.
Las UVAE son mecanismos implementados por las empresas para capacitar a sus trabajadores en funciones relacionadas con los procesos técnicos que en ellas se desarrollan.
Fallo de tutela ordena a la Registraduria incluir el género "no binario" dentro del documento de identidad.
Modifica parámetros de procedimientos y sanciones a los miembros de la institución en aspectos como la violación a los DD HH y el ocultamiento de la identificación policial durante la prestación del servicio.
Precisiones sobre bases de datos del portal web de la Rama Judicial y el sistema Nueva consulta de procesos nacional unificada.
El ordenamiento jurídico protege el derecho que tiene toda persona a la identidad, por lo que permite que se puedan variar ciertos aspectos.
En todo caso, deberá verificar que en desarrollo de su labor no ejerza jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar.
La Corte recordó que el ejercicio del derecho a la libertad de empresa no justifica la limitación del derecho a la libertad religiosa y de cultos.
No comparto, pues, el linchamiento a esta decisión del Consejo de Estado, que, por favorecer el arbitraje, merece reconocimiento.
Hasta tanto no renovemos la enseñanza del Derecho, la discriminación será la regla en su ejercicio.
Las entidades vigiladas deben poner en práctica procedimientos específicos y designar funcionarios responsables de verificar su cumplimiento.
La Corte admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, por la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política al desconocer el principio de identidad flexible.
La jurisprudencia administrativa también ha considerado la posibilidad de declaratoria oficiosa judicial de la “nulidad absoluta del pacto arbitral”.
De un tiempo para acá, se están dando una serie de cambios, ninguno positivo, sobre cómo se está escribiendo en materia legal.
La Sentencia SU-388 del 2021 de la Corte Constitucional ha generado diferentes reacciones según el ángulo desde el que se mira.
