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03 de Octubre de 2022 /
Actualizado hace 3 minutos | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Online

¿Un sistema des-cientifizante?

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John Zuluaga

Doctor en Derecho y LL.M. de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).

Profesor asociado de la Universidad Sergio Arboleda

 

Frecuentemente, la dimensión de la actividad intelectual universitaria se asocia con la labor solitaria del profesor. Aunque esto represente solo uno de los momentos del quehacer científico, lo cierto es que resulta posible y es expresivo de un entramado de presupuestos institucionales que le dan capacidad realizativa al libre pensamiento y a la autonomía del profesor como un hábito profesional en el desarrollo de los procesos de formación e investigación. Ello significa que en el acto de investigar y enseñar a nivel universitario confluyen muchos factores para su viabilidad y que, entre otras cosas, no solo es la realización aislada del trabajo docente e investigativo, sino también la resultante de diversos presupuestos institucionales.

 

En Colombia, por lo menos en lo que respecta a la investigación y enseñanza del Derecho, aquel entramado de condiciones institucionales para la labor académica-universitaria parece jugar en contra de aquella actividad intelectual. Obnubilados muchas veces por el logro de acreditaciones institucionales o centrados otras tantas en el mero formalismo metodológico, han pasado desapercibidos múltiples trastornos universitarios que desincentivan la labor científica, libre e independiente del profesor.

 

Entre muchas patologías que tienen este impacto des-cientifizante es ineludible la mención de aquellas de carácter eminentemente opresivo, como se expresa, por ejemplo, en aquel violento autoritarismo que se ha venido consolidando junto a los rezagos patronales en la conducción de muchas relaciones académicas. Esta “cultura patronal” resulta estimulada, adicionalmente, por la confusión entre universidad y empresa, a partir de la cual muchas veces se degrada al profesor a la posición de un peón en el engranaje institucional o se le reduce a meras funciones secretariales. Esa tradición patronal se refuerza, además, por los débiles vínculos contractuales que unen a la mayoría de los profesores con las universidades (contratos de hora cátedra, medio tiempo, prestación de servicios, etc.), lo que, en gran medida, anula la autonomía del profesor y estimula un trabajo acrítico del docente.

 

Así mismo, si se tiene en cuenta el carácter pausado y reflexivo de la actividad intelectual que debe ser llevada a cabo por el profesor universitario, entonces solo puede verse como un dramático trauma el hecho de que muchos profesores con un importante potencial científico no gocen o vean permanentemente amenazada su estabilidad laboral. Esto no solo desincentiva la continuidad en los procesos de investigación e innovación, sino que también podría ser explicativo de la progresiva degradación de muchos profesores a simples burócratas universitarios, posición desde la cual resultaría más oportuno defender un cierto statu quo reforzado con los rendimientos que deja el “relacionismo público” que desalienta la vocación universitaria, crítica y autónoma.

 

Además, no deben dejar de mencionarse los procesos de cooptación a los que se confrontan muchos centros universitarios y que pretenden alinear las dinámicas institucionales al servicio de intereses históricos, confesionales, partidistas, económicos o hasta ilegales. Estos procesos de alineación resultan acentuados por las “cuestiones identitarias” a las que se apegan muchas universidades para la vinculación o desvinculación de profesores. Acá se encuentran razones que impactan y reducen el valor político y democrático de la actividad docente-investigativa, en la cual se corporiza la imparcialidad y, junto a ella, la tolerancia, la ponderación y la prudencia.

 

Una sociedad que pretenda estar a la altura de la dignidad que le es inherente a la actividad docente e investigativa a nivel universitario debería orientarse a la defensa del libre pensamiento en las tareas de su cuerpo científico. Esto, entre otras cosas, podría apoyarse en un código ético-científico y unas claves (vinculantes legalmente) de desenvolvimiento laboral que refuercen la libertad investigativa. Así mismo, también, en detalles tan simples como el respeto del tiempo para investigar, la debida dosificación de cargas administrativas y docentes, el reforzamiento de la infraestructura científica y bibliográfica, el estímulo a la interacción interuniversitaria en todos los niveles, la apertura y apoyo para el intercambio internacional del cuerpo científico y, quizás lo más importante, el respeto y respaldo a la continuidad de los procesos de investigación y de la estabilidad laboral de los profesores.

 

Si es cierto que la tarea docente-investigativa nos resulta relevante porque a través de ella se construye “el futuro de la sociedad”, entonces deberíamos volver la mirada a aquellas patologías y tratar de superarlas con el mayor compromiso institucional.

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