Educación jurídica y género: ¿una asignatura pendiente?

Astrid Liliana Sánchez Mejía
Directora del Doctorado en Ciencias Jurídicas
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana

 

Aunque en las últimas décadas ha aumentado significativamente el número de abogadas en Colombia, esta proporción no se ve reflejada en el porcentaje de mujeres en altos cargos y las posiciones de liderazgo en la profesión jurídica. Por ejemplo, el 30,5 % de personas que aparecen en el ranking de Chambers and Partners del 2022 para Colombia son mujeres. En cuanto a las altas cortes, el porcentaje de magistradas es inferior al 30 % en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Tan solo la Corte Constitucional, por primera vez, ha alcanzado una conformación mayoritaria de mujeres.

 

Este fenómeno puede generarse por múltiples factores, algunos de ellos relacionados con la cultura del país, las dinámicas propias de la profesión jurídica y la distribución del trabajo de cuidado en los hogares, entre otros.

 

En este punto, debe cuestionarse cuál debe ser el rol de la educación jurídica para impulsar el cambio de estas realidades, y si la forma como se desarrolla la enseñanza hoy en día favorece el mantenimiento del status quo. Siendo así, es clave analizar el potencial que tiene la educación para promover soluciones frente al problema de las brechas de género e incidir positivamente en la transformación de la profesión jurídica y de la sociedad.

 

La educación jurídica y la transformación de la profesión

 

Cynthia Fuchs Epstein señala que la desigualdad en el lugar de trabajo es creada y reforzada por la desigualdad en la educación. En efecto, las facultades de Derecho son el espacio en el que los futuros abogados y abogadas desarrollan sus primeras imágenes sobre la profesión jurídica. Muchas dinámicas de desigualdad de género que existen en las firmas de servicios legales, así como en el sector público y privado, también se presentan, y posiblemente en parte tienen su génesis en el contexto educativo.

 

Al observar el estudio del Derecho en nuestro país encontramos que usualmente consiste en aprender a identificar, relacionar y aplicar lo establecido en el ordenamiento jurídico, sin necesariamente evaluar las desigualdades estructurales y el impacto diferenciado en las mujeres que pueden tener las reglas e instituciones legales. Generalmente, las reglas se asumen neutrales en cuanto al género, pero en la realidad muchas veces este no es el caso. Por ello, los sesgos y efectos desproporcionados suelen ser ignorados y terminan siendo normalizados. Ejemplos de impactos diferenciados de reglas jurídicas supuestamente neutras pueden encontrarse en la jornada laboral, la judicialización de mujeres infractoras por delitos relacionados con estupefacientes o la tributación de productos de primera necesidad de uso exclusivo para las mujeres.

 

Cabe resaltar que en los salones de clase y las evaluaciones se suelen proponer casos técnicos e hipotéticos, con individuos abstractos, que no permiten explorar efectos diferenciados de la aplicación de las normas debido a los roles de género, ni evaluar las relaciones de poder entre las partes, ni tampoco analizar las implicaciones políticas o morales de los hechos o del ordenamiento jurídico.

 

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo una reflexión profunda sobre dicho modelo de enseñanza, ya que la educación tiene un rol crítico en la formación del futuro de la profesión jurídica. Las decisiones sobre planes de estudio y estrategias de enseñanza forman el Derecho que la siguiente generación de profesionales aplicará, y que puede llevar a perpetuar la discriminación en contra de las mujeres o, por el contrario, a promover la justicia de género.

 

Así las cosas, las facultades de Derecho tienen la responsabilidad ética de educar a los futuros abogados y abogadas para que enfrenten el problema de las desigualdades de género. Una educación jurídica que incorpore perspectiva de género puede contribuir a retar las desigualdades entre hombres y mujeres, erradicar las injusticias, transformar la manera como se ejerce la profesión jurídica y estimular los liderazgos de las abogadas.

 

Algunas estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en la educación jurídica

 

Teniendo en cuenta esta responsabilidad ética de las facultades, es fundamental una profunda transformación del currículo de los programas académicos para que incorporen un enfoque de género de manera transversal. Asimismo, las universidades deben reflexionar sobre estrategias para que las experiencias en clase y la vida en la comunidad universitaria contribuyan a fortalecer la ética del cuidado, un compromiso con la no discriminación y posiciones éticas frente al ejercicio de la profesión.

 

Es importante que las facultades creen o amplíen las iniciativas que exploran la igualdad de género en el Derecho y el impacto diferenciado del ordenamiento jurídico. Algunas han implementado exitosamente iniciativas o innovaciones en la educación como las siguientes:

 

i.              Evolucionar las asignaturas especializadas o electivas sobre género y derecho a la transversalización del enfoque de género en la formación jurídica general y en las asignaturas obligatorias.

 

ii.             Considerar cuestiones de género en el diseño de los programas de las asignaturas y en la selección de las lecturas y otros materiales.

 

iii.            Plantear dentro de las asignaturas casos de análisis que propongan dilemas éticos relacionados con las desigualdades de género.

 

iv.           Promover espacios que acerquen a los y las estudiantes a la práctica, fortalezcan su formación sobre derechos de las mujeres y analicen el contexto del país, tales como clínicas jurídicas, semilleros de investigación u observatorios sobre temas de género.

 

v.             Organizar actividades o programas que ofrezcan a las estudiantes habilidades para navegar en la profesión jurídica y aumentar sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, cursos o talleres sobre estrategias para enfrentar los retos de género que van a encontrar en la profesión.

 

Adicionalmente, es clave que las facultades de Derecho ofrezcan ambientes de aprendizaje seguros e incluyentes. Algunas necesitan reflexionar sobre estrategias para la prevención de la discriminación y las violencias, con el fin de lograr transformaciones de la comunidad educativa con base en un compromiso con la equidad, la no discriminación y los derechos de las mujeres.

 

Las innovaciones en la educación jurídica pueden contribuir al diseño de soluciones transformadoras frente al problema ético de las injusticias de género, a la protección de los derechos en la sociedad y a alcanzar una profesión jurídica más equitativa.