La ley impone que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de sustento a la sentencia de primera instancia, en aquello que se considere desfavorable: Consejo de Estado.
Se consideran actos administrativos definitivos los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación: Consejo de Estado.
La etapa de alegaciones fue contemplada en el CPACA para la apelación de sentencias y no para el trámite de la apelación de autos.
La Dian adicionó el Concepto General Unificado en materia cambiaria del 2022, en cuanto a ejecutoria de los actos administrativos.
Como sustentación de la solicitud de medida cautelar, se invocaron tres argumentos: (i) la falta de competencia del Presidente de la República para regular el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para celebrar contratos con el Estado, (ii) la violación del derecho a la igualdad y (iii) la...
Deben regirse por el Código de Comercio y la Ley 222 de 1995, mas no por el Decreto 1085 del 2015, sobre entidades de naturaleza no societaria.
El desistimiento de la demanda procede aun cuando no se ha admitido la misma y aun cuando el efecto es el de cosa juzgada.
No toda dilación dentro de una actuación administrativa es vulneradora de derechos fundamentales, solo lo serán las que desborden los plazos razonables y no se adviertan justificadas.
La interposición de recursos es la herramienta con la que cuenta la persona para debatir la decisión o actuación de la administración antes de acudir la Jurisdicción Contenciosa.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra de la sección j (parcial) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993.
Una modificación del juez a la ‘causa petendi’ transgrediría el derecho de defensa de la entidad accionada y conllevaría una sentencia violatoria del principio de congruencia.
Resulta improcedente alegar que los intereses moratorios tenían que primar sobre la indexación cuando se estructura una causa justificante de la tardanza en el pago: Consejo de Estado.
Consejo de Estado señaló los requisitos para que el peticionario fusione dos o más solicitudes de invención.
Estos son los cargos a los que podrán ser reintegradas las personas que hayan cumplido la edad de retiro forzoso o gocen de pensión de vejez.
En ejercicio de su derecho de defensa, pueden interponer no solo las excepciones relacionadas con la relación jurídica sustancial, sino las que se derivan de su condición particular de deudor solidario.
La liquidación de la pena pecuniaria de acuerdo con un cómputo aproximado del perjuicio causado con el incumplimiento resulta válida.
No es posible exigirle al trabajador evacuar las tareas acumuladas durante su ausencia vacacional y además las que a diario se van generando: Corte Suprema.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Consejo de Estado señaló las pautas normativas que permitían laborar en varias entidades de derecho público para evitar doble asignación para los profesionales de la salud.
Si bien se busca formalizar los contratos que no corresponden a prestación de servicios, ello no significa que desaparezca esta modalidad.
Se niegan las pretensiones de la demanda porque se configuró la culpa exclusiva de la víctima en la imposición de la medida de aseguramiento dictada en su contra.
De acuerdo con la accionante, de conformidad con los artículos 67 del Código Civil y 59 y 60 de la Ley 4ª de 1913, los plazos vencen a la media noche del último día del plazo.
El Consejo de Estado explicó el proceso sancionatorio por devolución o compensación improcedente cuando está demandado el acto administrativo de determinación del tributo.
Los actos administrativos que deciden sobre responsabilidad fiscal deben fundarse en pruebas legalmente producidas y allegadas al proceso sobre daño patrimonial y responsabilidad del investigado.
No agotar debidamente los recursos de la actuación administrativa hace imposible que el asunto sea estudiado de fondo: Consejo de Estado.
El arrendamiento vulneró los derechos colectivos relacionados con la defensa del patrimonio cultural de la Nación y de los bienes de uso público.
Resulta inocuo el estudio de la imputación cuando se carece de legitimación en la causa para reclamar el daño sobre un derecho que no se acreditó.
Colpensiones tendrá derecho a cobrar las cuotas partes o el bono pensional correspondiente a la UGPP respecto de la mesada pensional a pagar.
Condicionan la exequibilidad del parágrafo 1º del artículo 19 de la Ley 2044 del 2020, que establece normas para el saneamiento de predios ocupados.
De acuerdo con el actor, la competencia la ostenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Determinación de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a funcionarios de elección popular corresponderá finalmente al juez contencioso administrativo.
Consejo de Estado explicó la prevalencia en el nombramiento cuando esta ocurre en virtud de una orden judicial de reintegro.
La responsabilidad estatal se materializa por la omisión en el deber de debida diligencia en la protección de la violencia de género frente a riesgos previsibles y cognoscibles.
La acción de tutela procede por excepción contra actos administrativos, siempre que concurran ciertos requisitos.
Cuando no se notifica en debida forma al contribuyente la decisión del recurso de reconsideración en el término de un año, contado a partir de la fecha de presentación del recurso en debida forma, opera el silencio administrativo positivo.
El nominador debe tomar las medidas afirmativas pertinentes, necesarias y suficientes para que, en caso de existir vacantes y tener margen de maniobra, logre reubicar a la empleada que goza de dicha estabilidad laboral.
Se le imputó responsabilidad a la Armada Nacional, a la Policía Nacional y al Ejército Nacional a título de falla en el servicio por sus omisiones determinantes en la ocurrencia de la masacre en San Pablo (Antioquia).
Las autoridades administrativas deben acompañar e impulsar los procesos agrarios cuando se pretende la adjudicación de bienes fiscales rurales: Corte Constitucional.
En este caso en concreto no era posible prever o conocer de antemano la ocurrencia del hecho, ni tampoco se demostró la falla en el servicio.
La prerrogativa probatoria de los terceros se limita a las oportunidades ofrecidas a las partes, como garantía del debido proceso y, en especial, del derecho de defensa que asisten a cada uno de los extremos procesales.
La acción de tutela no puede ser instrumentalizada con fines diferentes a la protección de derechos fundamentales: Corte Constitucional.
Corte Suprema concedió el amparo al derecho al debido proceso administrativo de la tutelante y ordenó que se pronunciaran respecto a su solicitud de traslado.
El trámite de la medida cautelar se realizara por medio del procedimiento ordinario previsto por el artículo 233 del CPACA, por lo que se le corrió traslado al ministerio demandado del escrito que contiene la solicitud.
Se espera que el texto sea radicado ante el Congreso durante la tarde de hoy.
El Tribunal Administrativo del Magdalena analizó una solicitud de la parte demandante para realizar la audiencia inicial de manera virtual en el metaverso.
La contabilización de la experiencia de profesiones relacionadas con la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares está determinada por el artículo 12 de la Ley 842 de 2003, norma que no ha sido derogada y se encuentra vigente.
El principio de la buena fe no implica desconocer las reglas del proceso de selección: Consejo de Estado.
La misma autoridad administrativa que haya dictado el fallo y adoptado la medida de restablecimiento de derechos es quien tiene la competencia para continuar con el seguimiento y definir de fondo la situación jurídica del menor.
El hospital omitió advertir a la paciente sobre los riesgos de la cirugía, por lo tanto, se presentó una ausencia de consentimiento informado para la práctica de la mamoplastia.
Para la fecha de ocurrencia de los hechos, la funcionaria se encontraba suspendida del cargo e imposibilitada para ejercer la función pública en virtud de una sanción de inhabilidad especial que le habían impuesto por otro caso.
El Ministerio de Educación incurrió en una omisión reglamentaria, al excluir de manera injustificada a los abogados: Consejo de Estado.
El desequilibrio económico del contrato se genera por actos de la administración, por fenómenos externos a su decisión o extraños a las partes contractuales.
No le está permitido al juez, en la etapa de admisibilidad, definir cuál es el verdadero sujeto obligado a responder por las pretensiones: Consejo de Estado.
Explicó el Consejo de Estado que estas causales deben tener respaldo en el ordenamiento jurídico y concretar el principio de selección objetiva.
Consejo de Estado estudio la calidad para sujeto pasivo del impuesto de registro por la inscripción en el registro mercantil.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 2094 de 2021, que modificó el artículo 49 de la Ley 1952 de 2019.
Bedoya Escobar será el reemplazo del doctor William Hernández Gómez.
El nuevo presidente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, y como vicepresidenta fue elegida Gloria Stella López Jaramillo.
Consejo de Estado analizó la formulación del pliego de cargos contra el accionante en una sanción disciplinaria que lo suspendió de su cargo.
La legitimación en la causa les asiste a los sujetos sobre los cuales recayeron los derechos y las obligaciones pactados en el contrato que suscitó la controversia: Consejo de Estado.
La falla del servicio se debió a un error de diagnóstico, en cuanto la demandada no practicó un examen que se encontraba en la capacidad de realizar y que resultaba necesario de acuerdo con los síntomas que tenía la paciente.
Si la SAE ejerce toda la titularidad de la persona jurídica intervenida, su único accionista corresponde a una sociedad de economía mixta.
Consejo de Estado recordó elementos que debe contener la resolución que resuelve de fondo el procedimiento de clarificación.
La contribución es un mecanismo otorgado a la entidad para que financie su funcionamiento y como retribución por los servicios regulatorios que presta en beneficio de los agentes del sector.
Se solicitó a Minhacienda estudiar la posibilidad de realizar un aumento significativo de recursos para mejorar los honorarios de los defensores públicos, para la dignificación de esta labor.
Con el propósito de evitar la paralización del servicio, realizar los fines estatales, asegurar la primacía del interés general, lograr el funcionamiento eficiente y democrático de la Administración y garantizar la observancia de los deberes del Estado.
Son entidades administrativas de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que las conforman.
Consejo de Estado analizó el artículo 12 de la Ley 1904 del 2018 y su aplicación por analogía en la designación del secretario general de los concejos municipales.
Empresas de servicios públicos domiciliarios pueden desarrollar actividades diferentes a la prestación de dichos servicios.
Hay control sobre la función administrativa a cargo de las instituciones de educación superior en materia de prestación del servicio público de educación: Consejo de Estado.
Por medio de la Resolución 035, imparten instrucciones administrativas para la implementación de la Ley 2220 del 2022.
No existe disposición que obligue a crear cuentas para el manejo de dichos recursos, pero tampoco que lo prohíba.
Consejo de Estado aclaró si suspensión de términos en las actuaciones administrativas desconoce los principios de legalidad, proporcionalidad e igualdad.
La Corte Constitucional determinó la vulneración del derecho al debido proceso administrativo por desconocimiento de las normas que regulan la validez del PEP.
Los contratos que celebran no están sujetos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que se rigen por las disposiciones civiles y comerciales.
De lo contrario, la teoría a aplicar al caso será otra como lo es la teoría de la imprevisión.
La Agencia Nacional de Minería deberá exigir certificados ambientales a proponentes que al 26 de enero del 2023 aún no cuentan con título minero.
No se puede condenar al Estado al pago de unos perjuicios por la privación injusta de la libertad de unas ciudadanas sin haber realizado el examen de razonabilidad de la medida de aseguramiento impuesta.
El mandatario puede asumir directamente vía decreto y de manera constitucional y legal la competencia para reglamentar las tarifas.
Consejo de Estado se pronunció sobre las potestades unilaterales en contratos regidos por el derecho privado.
No se advierte una norma de derecho positivo explícita que, en forma concreta y puntual, prohíba ese tipo de convenios en la forma en que se celebró.
El mandatario decidió no delegar sus funciones en las autoridades de regulación de servicios públicos, al menos por un tiempo.
Debe velarse por una interpretación que garantice los derechos de las partes y el principio pro actione.
Como vicepresidente de la corporación eligieron al magistrado Gerson Chaverra Castro.
Se debe reintegrar sin solución de continuidad, así como pagar los conceptos laborales dejados de abonar, pero con el descuento de las remuneraciones que hubiese devengado por nexos laborales con el sector público.
La Ley 489 de 1998 regula los convenios de asociación y la constitución de asociaciones o fundaciones con entidades públicas.
La sentencia no contabilizó el término de caducidad desde el momento en que la familia del occiso contó con la posibilidad material de acceder a la administración de justicia.
La magistrada Martha Lucía Olano Guzmán fue designada vicepresidenta.
Le esta censurado a todo servidor público incumplir de manera reiterada el incumplimiento de las obligaciones civiles laborales, comerciales o de familia.
La Sala Plena del Consejo de Estado votó a Jaime Enrique Rodríguez Navas como nuevo presidente, en remplazo de Carlos Enrique Moreno Rubio.
La garantía consiste en la posibilidad real de disfrutar de un bien o servicio y satisfacer las necesidades por las que se adquirió.
Consejo de Estado también se pronunció sobre competencia para fijar el régimen prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales.
El alto tribunal recordó por qué frente a laudos arbitrales el recurso de apelación no está disponible.
El Distrito Capital incumplió los términos exigidos para el cambio de esquema del proyecto de descontaminación del río Bogotá.
La entidad contratante deberá estudiar los medios de prueba y analizar si cumplen o no con los presupuestos de la Ley 1861 del 2017.
Veracidad de las declaraciones tributarias es una presunción legal que le corresponde a la DIAN desvirtuar.
El retardo de la Administración en adoptar una decisión a su cargo no constituye por sí mismo un acto ficto o presunto.
Procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
En pensión de jubilación, pensión de vejez y compartibilidad pensional no aplica la figura de “cuotas partes pensionales”: Consejo de Estado.
No es dable acceder al reintegro de la mujer embarazada al cargo que desempeñó en provisionalidad, lo procedente es garantizar su afiliación al sistema de salud.
El Consejo de Estado explicó la carga probatoria para demostrar la ejecución de sus obligaciones o las restituciones que se le adeudaban.
La primera dicta las disposiciones para Medellín como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y la segunda crea el Sistema Nacional de Biobancos.
Se trasladarán 150 expedientes de los despachos de los consejeros Martín Bermúdez Muñoz y Alberto Montaña Plata al despacho de Marta Nubia Velásquez Rico.
Su creación es legal, generalmente sin personería jurídica, adscritos a un ministerio y conformados por servidores públicos y particulares.
Debe haber elementos concretos en conocimiento de la fuerza pública para que le sea exigible determinada conducta.
Consejo de Estado explicó la congruencia entre los cargos y la sanción ya que las empresas investigadas incurrieron en la conducta de acuerdo para la fijación de precios.
Se puede acordar con el contratista incluir estipulaciones que propendan por el cumplimiento efectivo del objeto contractual.
Las comunicaciones pueden enviarse durante fines de semana y días feriados si están dentro del plazo del contrato.
Mesadas pensionales dejadas de pagar o no cobradas antes del fallecimiento de quien las causó únicamente pasarán a hacer parte de la masa sucesoral cuando no exista beneficiario a quien puedan ser entregadas.
El Ministerio de Salud resolvió una consulta sobre si se deben interponer nuevamente acciones en contra de las EPS que reciben.
Consejo de Estado se pronunció sobre competencia de la asamblea departamental para valorar hojas de vida de los aspirantes.
El Consejo de Estado absolvió de responsabilidad a la Policía, que en primera instancia había sido hallada responsable de una falla en el servicio.
Consejo de Estado confirmó la excepción de cosa juzgada internacional frente a los accionantes que obtuvieron sentencia de fondo en el sistema interamericano.
Se debe tener en cuenta si guardan relación de causalidad y necesidad con la actividad productiva.
A través de la comunicación del inicio de las actuaciones administrativas se logra la efectividad del principio de publicidad y del derecho de defensa: Consejo de Estado.
Notificación del auto que tuvo por no presentada la declaración privada debe enviarse a la dirección registrada en el RUT del contribuyente, pues con ello se asegura la materialización del principio de publicidad y el debido proceso.
Por tratarse de una atención esencial y de carácter urgente, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se debe garantizar en todo el territorio nacional.
Consejo de Estado se expresó sobre la reconstitución de la terna para poder elegir.
Se mantienen los valores para el 2023 para la tarjeta profesional de abogado.
El artículo 91 de la Ley 2277 del 2022 establece una tasa de interés transitoria para obligaciones tributarias pendientes de pago.
El prestador puede acudir al amparo policivo para que cesen los actos que perturben el ejercicio de sus derechos.
El Consejo de Estado también precisó los deberes de los propietarios de predios rurales.
No debía exigírsele al contribuyente realizar la corrección por el procedimiento y término previsto en el artículo 589 del Estatuto Tributario.
Mientras esté en trámite, puede participar en los procedimientos de selección, debiéndose tener en cuenta la información antigua.
El principio de democratización de la propiedad accionaria estatal no opera en la enajenación de acciones entre entidades estatales.
Esta regla ha de observarse también cuando sea resultado del apartamiento obligacional de su contraparte, pues aun cuando tal proceder no deja de resultar censurable, no por ello los derechos mutan su condición de ser libremente disponibles por su titular.
Consejo de Estado recordó que la responsabilidad del Estado por falla médica no se configura cuando el daño se debe a una malformación congénita que sufría la víctima.
El Ministerio Público señaló que no se puede dejar a las entidades sin el personal necesario e idóneo para atender la demanda de servicios que prestan a la ciudadanía.
Es necesario un mínimo de argumentación que le permita al juez constitucional definir los motivos de inconformidad frente al fallo de primera instancia: Consejo de Estado.
El usuario debe eliminar la causa de la suspensión, pagar los gastos de reinstalación en los que incurre la empresa y las demás sanciones.
La legislación educativa colombiana prevé la gratuidad de la educación entre los grados transición y undécimo.
Una vez aclarado que el negocio jurídico suscrito entre las partes reunía todos los elementos de un contrato de obra, la Sección Tercera advierte que la selección del contratista debió haberse efectuado a través de licitación pública.
Acto administrativo que niega la renovación de la licencia de funcionamiento de una empresa de vigilancia y seguridad privada debe estar motivado: Consejo de Estado.
En el caso de los avalúos catastrales rurales la norma indica que será el que determine el Gobierno Nacional.
El Concepto 9295/15, que precisó que las cervezas sin alcohol de procedencia extranjera introducidas al territorio aduanero nacional se encuentran gravadas con el impuesto nacional al consumo, fue declarado nulo.
Se fundan en una caja común en donde se podrán destinar a los cometidos que se determinan en el presupuesto.
La Corte Constitucional concluyó que en este caso se configuró un defecto fáctico.
Con estas acciones se espera ahorrar más de $ 77 mil millones.
En la respuesta la entidad debe indicar desde el inicio de la indagación o investigación hasta la ejecutoria de la acusación.
Consejo de Estado precisa sobre requisitos del proceso de fiscalización adelantado por los aportes al Sistema de Seguridad Social.
El nuevo instrumento deberá ser cumplido por los funcionarios de la entidad para contribuir al logro de su misión y objetivos.
Procesos en curso y aquellos iniciados con anterioridad aplicarán las especificaciones aprobadas en su momento.
En este evento, el usuario puede reclamar la factura solicitando la exclusión de dicho cobro, haciendo uso del derecho de petición.
Un primer grupo estará conformado por municipios con mayores áreas de cultivos de cocaína registradas en sistema.
La Ley 80 de 1993 dispone que para que proceda el restablecimiento de la ecuación contractual se requiere que el valor intrínseco de la remuneración se vea afectado por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista.
La Contraloría General de la República es la autoridad central para formular y recibir solicitudes de asistencia y cooperación.
El Decreto 1069 del 2015 dispone que la designación debe hacerse a un servidor que acredite el título de abogado.
Esta decisión surge a partir de la finalización del periodo de la actual directora de la UBPD.
Sería una intromisión en la competencia de la administración que quebranta la presunción de buena fe de sus actuaciones
La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato.
La norma acusada no excede las disposiciones legales reglamentadas, dado que prevé las excepciones a la notificación electrónica como mecanismo preferente.
Le corresponde a la Registraduría motivar los actos administrativos que profiere en el marco del trámite de registro extemporáneo de nacimiento en el registro civil: Corte Constitucional.
Al haberse omitido la licitación había lugar a declarar la nulidad del contrato: Consejo de Estado.
No con la notificación del auto admisorio de la demanda, así se evita que la entidad contratante pueda abusar de su derecho y liquidar unilateralmente el contrato durante el lapso comprendido entre el momento de presentación de la demanda y la fecha de notificación del auto admisorio.
Consejo de Estado explicó sobre obligaciones, las variaciones sociales y ambientales que rodean una actividad económica sometida a licenciamiento ambiental.
No obstante, en desarrollo de su autonomía, pueden establecer días de receso en las fechas que consideren convenientes.
Se desestiman las pretensiones de la demanda porque la norma procesal previó su aplicación a los trámites en curso.
En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.
Consejo de Estado aclaró que la legítima defensa como causal exonerativa de responsabilidad no puede legitimar el abuso de la fuerza por parte de los agentes del Estado.
Consejo de Estado se pronunció sobre la suspensión unilateral del pago de la sustitución de asignación mensual de retiro por el dictamen que sirve de base para el reconocimiento.
Consejo de Estado explica la procedencia de la consulta previa en el evento en que la decisión administrativa afecte directamente a las comunidades étnicas.
Al tener como hermana a una funcionaria que ejerció autoridad administrativa en el municipio en el periodo inhabilitante obtuvo una ventaja sobre los demás candidatos al concejo municipal.
Explican el trámite de otorgamiento de cupos con el registro, la matrícula y la expedición de las tarjetas de operación de vehículos tipo taxi.
Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.
El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.
Se analiza el proceso de selección para efectos de verificar el cumplimiento de los procedimientos legales.
Cuando ya se ha liquidado la sociedad no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad extinta para obtener su anulación: Consejo de Estado.
El título de imputación en este caso es el daño especial. Por esta razón, la demostración de ausencia de falla en el servicio no exonera al Estado.
Se adoptó por decreto luego de que se agotaran los términos previstos para la aprobación por parte del Concejo Distrital.
El cobro se hace con base en el promedio de residuos recogidos y dispuestos a nivel general (multiusuario).
Igualmente, la Corte Suprema recordó los elementos de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
El incumplimiento de este deber es conducta sancionable que da lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.
La figura opera cuando el prestador no resuelva las peticiones, quejas y recursos presentados dentro del término de 15 días hábiles.
Se debe invalidar la actuación y remitir al juez competente.
El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.
Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.
Ahora será el Alto Comisionado para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el que asistirá como miembro del Comité Territorial de la Zona Estratégica de Intervención Integral Chiribiquete y Parques Naturales aledaños.
En el derecho privado lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del Estatuto Mercantil.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
Consejo de Estado define competencias y el alcance del FOMAG, sobre sus funciones al trámite y gestión del pago de las prestaciones sociales de los docentes afiliados.
El contratista pretende la nulidad de los actos administrativos para que se efectúe el cruce de cuentas que corresponda.
Consejo de Estado precisa el término que las partes tienen para instaurar una acción judicial en contra de la decisión de la amigable composición.
De acuerdo con el artículo 195 del Código General del Proceso, no vale la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
No aplica la posibilidad de aumento de sueldo por solicitud del servidor, aunque tenga mayor experiencia y estudios profesionales.
El Ministro de Justicia indicó que se expedirá un decreto reglamentario que le permita al Ejecutivo proceder con la selección de los gestores.
Deben observar las normas previstas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos.
Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.
No participación de los empleados regionales en la elección no implica una vulneración del principio democrático.
Dada la existencia de un contrato celebrado con un tercero que ocupa el área de interés, no es posible que el restablecimiento sea ordenado.
Se debe acreditar que tenía conocimiento de los temas de esas conversaciones y que participó en las presuntas actividades ilícitas.
Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.
Los servidores judiciales deberán volver de vacaciones el miércoles 11 de enero del 2023, hay despachos que siguen sus labores.
La extinción de la obligación se verifica con el resarcimiento del daño, es decir, cuando ingresan recursos a las arcas públicas.
La muerte del joven se produjo cuando estaba vinculado a esa entidad en calidad de conscripto, el fallecido no tenía el deber de soportar una carga superior a la que implicaba prestar el servicio militar.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
No usurpó la competencia de los árbitros al referirse a la confidencialidad, sino que ejerció la competencia que le asistía como juez de insistencia.
Todo se reduce a si el trabajador debe pagar por transportarse, independientemente de si lo hace en servicio público, privado o informal.
En este sentido, no les resulta viable el proceso de responsabilidad fiscal, pues es competencia exclusiva de la Dian recuperar dineros.
