Así mismo, el alto tribunal precisó la competencia para resolver una doble conformidad y la apreciación del testimonio.

También se analiza la solidaridad para responder por el fuero de estabilidad laboral reforzada por embarazo.

En este evento, el usuario puede reclamar la factura solicitando la exclusión de dicho cobro, haciendo uso del derecho de petición.

El formato E-6CT registrado por la coalición del Pacto Histórico, aun cuando constituye un documento de naturaleza electoral, no corresponde a aquellos que son emitidos durante las etapas electoral y poselectoral de una elección por voto popular.

La Ley 80 de 1993 dispone que para que proceda el restablecimiento de la ecuación contractual se requiere que el valor intrínseco de la remuneración se vea afectado por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables al contratista.

Con ello también se extingue la responsabilidad sobre deudas tributarias ajenas, por ser deudas tributarias garantizadas

De igual forma, se definen los códigos único de cigarrillos y tabaco elaborado así como el único de licores, vinos, aperitivos y similares.

Entre otras, regula la administración de los recursos del régimen contributivo.

Gobernadores y alcaldes deben implementar una estrategia de comunicación para informar y educar a la población en general.

Deberán implementar las medidas necesarias para ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan.

Durante el periodo comprendido del 19 de diciembre del 2022 al 11 de enero del 2023 no correrán términos.

Minminas expidió la Resolución 40492, que modifica parcialmente unas resoluciones asociadas a los planes de expansión de referencia generación transmisión.

El Decreto 1069 del 2015 dispone que la designación debe hacerse a un servidor que acredite el título de abogado.

En el momento de la enajenación del inmueble se restará del costo fiscal las depreciaciones que hayan sido deducidas para fines fiscales.

Se publicó el aviso con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación administrativa.

La CNDJ resaltó que la ausencia de antecedentes se encuentra prevista pero como condicional.

Puede encontrar justificación tanto en la necesidad de recaudo, análisis y valoración de material probatorio como en la complejidad del asunto o la existencia de otras circunstancias imprevisibles o ineludibles.

La función de certificar debe realizarse de acuerdo con los procedimientos previstos para el encargo de revisoría fiscal.

La SIC tiene la obligación de hacer un análisis de patentabilidad independiente, acorde con la normativa vigente y relacionado con los aspectos y pruebas que obran en cada trámite particular.

El proceso monitorio es un juicio que se adelanta en única instancia, dada su cuantía, los autos allí proferidos son inapelables: Corte Suprema.

Si la empleada doméstica está afiliada al régimen contributivo por todos los ingresos que percibe se deberán realizar todos los aportes.

La ausencia de una ordenanza en la que se autorizara al gobernador a celebrar la transacción no comportaba la nulidad del contrato.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó sanción a una abogada que faltó al deber de obrar con lealtad y honradez en sus relaciones profesionales.

La norma acusada no excede las disposiciones legales reglamentadas, dado que prevé las excepciones a la notificación electrónica como mecanismo preferente.

Corte Suprema explica si cancelar las anotaciones sobre un inmueble afecta el proceso de inscripción de títulos en el registro inmobiliario.

Los efectos serán los previstos en la ley, en el acuerdo de reestructuración, contrato o reglamento de la copropiedad.

Los reparos de las demandantes no desvirtúan el buen crédito de la accionada para ser elegida en tal dignidad.

La finalidad de dicha inscripción es la publicidad, seguridad jurídica y oponibilidad de efectos de operaciones antes terceros.

Se debe analizar cada caso concreto y, de acuerdo a las pruebas existentes, determinar quién incumplió la normativa.

Al haberse omitido la licitación había lugar a declarar la nulidad del contrato: Consejo de Estado.

Remiten a la Corte Constitucional conflicto negativo de competencias para resolver quién conoce de las faltas de los auxiliares de justicia.

Solo podrá otorgarse el rembolso mediante bonos de servicios si el usuario acepta esta alternativa de manera voluntaria.

Las empresas que sufren crisis financiera pueden ser preservadas acudiendo al trámite concursal, pero siempre que se trate de viabilizar su estabilidad: Corte Suprema.

Corresponde a las entidades territoriales certificadas en educación velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales.

La Corte Suprema se pronunció sobre la exigencia del examen de Estado para poder ejercer la profesión.

Los valores empezarán a regir a partir del primero de enero del próximo año.

Al estar el bien gravado con el impuesto predial, procede el cumplimiento de la obligación sustancial: Consejo de Estado.

Se debe obtener la autorización por parte del titular de los datos personales a más tardar al momento de su recolección.

El artículo 1° de la Resolución Externa 3 del 2012, del Banco de la República, cumplió con los criterios de la Sentencia C-955 del 2000.

El legislador dispuso en el artículo 141 de la Ley 488 de 1998 cuáles automotores no están gravados.

Si el pago no es salario porque no retribuye el servicio no integrará el IBC, por ende, tampoco está sujeto al límite del 40 % previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 deL 2010.

Precisan legitimación en la agencia oficiosa de las personas privadas de la libertad para proteger sus derechos con ocasión de solicitudes de traslado de centro de reclusión.

En el caso concreto, como el causante murió el 18 de julio de 1996, era aplicable el artículo 74 de la Ley 100 de 1993, en su versión original.

Consejo de Estado explicó sobre obligaciones, las variaciones sociales y ambientales que rodean una actividad económica sometida a licenciamiento ambiental.

Esa competencia le corresponde a la comisión seccional a la cual pertenecen los magistrados.

La Comisión de Disciplina Judicial archivó una actuación disciplinaria al no encontrar una tardanza injustificada en el trámite de unos procesos.

Corte Suprema señaló que se puede dar aplicación al principio de la condición más beneficiosa a quien reúne las exigencias de la norma inmediatamente anterior.

Las exenciones en el impuesto sobre la renta no son trasladables al impuesto complementario de ganancias ocasionales.

Consejo de Estado estudió el término de prescripción de cinco años fijado en el artículo 2536 del Código Civil.

El liquidador, como administrador de los haberes del deudor, dará a conocer la existencia del proceso mediante aviso.

La Corte explica la importancia de la identificación del presunto autor o partícipe del delito.

Se desestiman las pretensiones de la demanda porque la norma procesal previó su aplicación a los trámites en curso.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del literal a) del artículo 117 de la Ley 100 de 1993.

En cuanto al valor probatorio, se debe acudir a lo dispuesto en el Estatuto Tributario sobre idoneidad de los medios de prueba.

La Comisión enfatizó que el abogado una vez asume la gestión debe analizar el caso y previo a radicar la demanda debe tanto elaborar el escrito como verificar los documentos exigidos.

En el caso bajo estudio se ordenó a la Contraloría que cese los procesos de cobro coactivo que hayan sido iniciados contra el actor en virtud de los actos administrativos anulados y excluya su nombre del Boletín de Responsables Fiscales.

Facturas de servicios públicos prestan mérito ejecutivo y pueden ser cobradas dentro de los cinco años siguientes a su expedición.

Se prohíbe el acuerdo, exigencia u obtención de emolumentos que superen el beneficio que recibirá el poderdante, para evitar un aprovechamiento antiético en el ejercicio de la abogacía.

De lo contrario, se tomará el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo si fuere menor.

De acuerdo con el actor, las normas cuestionadas contemplan vicios de procedimiento en su formación y desconocen el estándar constitucional y jurisprudencial de protección de los derechos de las víctimas.

Esto sucede cuando con las conductas del tercero cedido en la ejecución del contrato se demuestra la aceptación de la cesión.

Esto sucede cuando con las conductas del tercero cedido en la ejecución del contrato se demuestra la aceptación de la cesión.

Para la Procuradora General, la definición de compañero permanente que contiene la norma desconoce el principio de igualdad.

De ser procedente, se deberá realizar en las condiciones establecidas sobre el particular por la autoridad competente.

Estas acciones buscan evitar que el salario mínimo pierda su poder adquisitivo por el incremento de los costos.

Renunciar al cargo de diputado para concretar la aspiración a la Cámara de Representantes no implicó el desconocimiento automático del artículo 40 de la Constitución.

Consejo de Estado se pronunció sobre la suspensión unilateral del pago de la sustitución de asignación mensual de retiro por el dictamen que sirve de base para el reconocimiento.

Para la época de celebración del contrato materia del presente proceso no se encontraba vigente la Ley 80 de 1993, pero el incumplimiento contractual se produjo a partir del 11 de noviembre de 1995.

La preclusión guarda lógica cuando la parte llamada a actuar dentro del término está en condiciones para hacerlo.

De acuerdo con los accionantes, la libertad testamentaria que requieren las personas con discapacidad, como sordos, debe a su vez impregnarse de la presunción de buena fe.

La entidad busca recaudar $ 1,31 billones que adeudan un poco más de 13.000 contribuyentes.

Corte Constitucional precisa el alcance de los derechos a la libertad de expresión y libertad de escoger profesión u oficio y sus limitaciones en miembros de las fuerzas militares.

La CNDJ comprobó que en el proceso disciplinario no se acreditó que el reconocimiento de las costas del proceso estaba pactado en favor del profesional del derecho.

Al tener como hermana a una funcionaria que ejerció autoridad administrativa en el municipio en el periodo inhabilitante obtuvo una ventaja sobre los demás candidatos al concejo municipal.

El Gobierno expidió el decreto que define las fechas y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos nacionales en el 2023. Se determinan también los topes de quienes deberán o no presentar declaración del impuesto sobre la renta por el año gravable 2022.

Asalariados no responsables del IVA, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80 % de una relación laboral.

La EPS del régimen contributivo o subsidiado a la cual esté afiliado el interesado deberá emitir la respectiva certificación.

Lo que emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, pero de ninguna manera una vinculación legal y reglamentaria.

Consejo de Estado explicó sobre el pago al partícipe de su parte en un contrato de colaboración empresarial.

Estos mecanismos especiales han tenido gran impacto en los procesos de insolvencia que buscan salvar empresas.

La licencia no remunerada es una de las situaciones en las que el contrato de trabajo se suspende, y en ese periodo se interrumpe para el empleador la obligación de pagar salarios.

Se permite el acceso temporal al trabajo a los declarados no aptos, exentos o que hayan superado la edad máxima de incorporación.

Prestación del servicio procede en cualquier tipología vehicular debidamente homologada, registrada y vinculada.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial manifestó que la solicitud de nulidad irregular no solo buscaba favorecer un descuento punitivo anticipado.

La vigencia será de dos años, desde su expedición, por lo que su beneficiario podrá utilizarlo durante dicho lapso.

De acuerdo con el accionante, el derecho al debido proceso y la propiedad privada se ven afectados con la norma acusada.

El valor ajeno se debe totalizar por separado y si no se efectúa el pago el prestador no puede suspender o cortar el servicio.

El valor ajeno se debe totalizar por separado y, si no se efectúa el pago, el prestador no puede suspender o cortar el servicio.

De acuerdo con el actor, la norma parte de la premisa de mala fe en el actuar del arrendador, es contraria al principio de igualdad y al derecho a la propiedad privada.

La persona de este caso estaba calificada con un porcentaje de pérdida de la capacidad laboral del 64,85 %

Cuando ya se ha liquidado la sociedad no será posible promover acción alguna en nombre de la entidad extinta para obtener su anulación: Consejo de Estado.

Conductores, aseguradoras y demás interesados en el accidente recaudarán todas las pruebas relativas a la colisión.

Corte Suprema explicó la convocatoria a sesiones de audiencia pública y oral para las medidas de reparación a las víctimas.

El objeto es evitar que la desactualización de la moneda sea una carga irrazonable contra el trabajador demandante.

No procede cuando presenta inconsistencias que impiden verificar el cumplimiento del principio de plena competencia.

Derechos a la seguridad social y al debido proceso son vulnerados cuando una entidad se abstiene de estudiar un documento distinto al dictamen de pérdida de capacidad laboral.

Ello no atenta contra la independencia de los jueces, quienes pueden apartarse de una interpretación jurisprudencial cuando expongan las razones por las cuales consideran que es equivocada.

Descargue los informes de conciliación aprobados por las plenaria del Congreso de la República.

El título de imputación en este caso es el daño especial. Por esta razón, la demostración de ausencia de falla en el servicio no exonera al Estado.

Exigibilidad de la solicitud de rectificación previa, como presupuesto de la acción de tutela, cuando a quien se acusa del presunto agravio es una autoridad estatal.

So pena de incurrir en la infracción contemplada en el numeral 3 del artículo 658-3 del Estatuto Tributario.

A pesar de advertir que la sentencia de instancia era desfavorable a su cliente, no interpuso el recurso de apelación dentro del periodo legal y con ello vulneró el deber de diligencia con sus encargos profesionales.

Estándares contables internacionalmente aceptados establecen tres categorías para reconocer y medir instrumentos financieros.

El acto de elección se encuentra viciado porque los disputados que lo eligieron no podían tomar la decisión.

La condecoración busca exaltar las virtudes y servicios de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y del Ministerio Público.

Se evidenciaron múltiples reprogramaciones y esperas de hasta más de un año para obtener bienes o devoluciones de dinero.

El Ministro de Justicia se refirió sobre esta atribución presidencial, defendiendo la medida y señalando el control por parte de la comisión intersectorial.

En todo caso, no se puede deducir, retener o compensar suma alguna sin orden suscrita del trabajador para cada caso.

La falta de agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial constituye un aspecto sustancial necesario para dictar sentencia de mérito.

Corte Constitucional explicó la relación de los derechos adquiridos y el término inicialmente pactado por las partes en las convenciones colectivas de trabajo.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial sancionó a un profesional que cobró una suma derivada de una indemnización y no lo informó a sus poderdantes.

Cada interesado deberá determinar si la factura corresponde a una operación a crédito, con plazo para el pago o de contado.

El cobro se hace con base en el promedio de residuos recogidos y dispuestos a nivel general (multiusuario).

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible trasladó a una de sus entidades adscritas una competencia que la propia norma legal le había encomendado.

No existe similitud de actividad económica, ni mucho menos personal en común, ni en comisión.

La Ley 2101 del 2021, que redujo la jornada laboral semanal, brindó dos opciones al empleador para su implementación.

La conducta es contraria a derecho y afecta el deber de colaboración leal y legal en la recta y cumplida administración de justicia.

Es una previsión genérica del legislador ordinario dirigida al Gobierno, con el fin de diseñar los programas para acceder a créditos de viviendas de interés social.

Se busca garantizar el derecho fundamental a la salud, a una alimentación sana y a un consumo sano, responsable y bien informado: Minsalud.

Consejo de Estado explicó cómo la autoridad tributaria tendrá que desvirtuar la veracidad de la declaración de importación simplificada mediante el procedimiento de liquidación.

No se pueden incrementar las sanciones impuestas en una providencia sin el previo agotamiento del debido proceso sancionatorio: Corte Suprema.

Así mismo, cuando el usuario de sus servicios reciba la atención de otros profesionales que excluya la suya.

La impresión de una conversación de Whatsapp debe valorarse como prueba documental y no indiciaria.

El incumplimiento de este deber es conducta sancionable que da lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio fiscal.

La designación que se hizo por el juzgado generó de entrada una forzosa aceptación que al haber sido notificada al disciplinable reafirmó el compromiso y la debida diligencia profesional para apoyar a la administración de justicia.

Cuando se puso de presente por los convocados lo irregular de ser citados, por no tener voluntad de acudir a su jurisdicción, y pese a ese conocimiento, continuó con los procesos.

A diferencia de lo previsto en el artículo 70 de la Ley 222 de 1995, que restringe la participación de los accionistas que sean administradores.

El empleador está facultado para implementar las herramientas que estime convenientes para ejercer controles de cumplimiento.

Si se pretende la exclusión de responsabilidad en la actuación disciplinaria debe comprobarse la configuración de la insuperable coacción ajena: CNDJ.

Corte Suprema explicó que la condición de reserva de la audiencia de solicitud de orden de captura tiene pleno respaldo jurisprudencial y legal, cuando se busca garantizar el éxito de la investigación penal.

La Sentencia SU-075 del 2018 modificó las reglas de la Sentencia SU-070 del 2013 y garantiza el derecho a la defensa del empleador.

Explican si es posible aplicar el artículo 121 del Código General del Proceso al trámite de segunda instancia de las acciones populares.

La figura opera cuando el prestador no resuelva las peticiones, quejas y recursos presentados dentro del término de 15 días hábiles.

Se debe invalidar la actuación y remitir al juez competente.

En este caso, deberán colocarse señales visibles y estacionarse a la derecha de la vía, en perímetros rurales fuera de la zona transitable.

Corte Suprema precisa la contradicción los dictámenes periciales del trámite de imposición de servidumbre de energía eléctrica.

La adquisición de derechos económicos habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o el inicio de su ejecución.

Si el pago no es salario porque no retribuye el servicio no integrará el IBC de aportes a la seguridad social integral, por lo tanto, no está sometido a límite legal alguno.

En cada caso particular se deben evaluar las características propias de la relación laboral e ingresos mensuales.

Corte Suprema precisó los elementos de la persona que contribuye a la realización de la conducta punible de otro.

El fuero de estabilidad laboral cobija también al teletrabajador para no ser despedido de la entidad o empresa empleadora.

Garantía de imparcialidad no resulta afectada por el simple hecho de que en un mismo funcionario concurran funciones de instrucción y juzgamiento: Corte Constitucional.

Corte Constitucional explicó cómo algunas medidas que producen trato diferenciado no son violatorias de la Constitución.

El decreto fue expedido luego de que el Presidente no llegara a la posesión dos magistrados, uno de la Corte Constitucional y otro de la Corte Suprema de Justicia.

Al igual que la historia clínica general, existe obligación de custodia y reserva de la historia clínica ocupacional.

Según la entidad, los contribuyentes reducen sus compras antes y después del impulso asociado al festivo.

El propietario del predio donde se constituyan servidumbres sobre redes o infraestructuras tiene derecho a que se le indemnice.

Los derechos y garantías mínimos que disponen la Constitución y la normativa laboral son irrenunciables.

Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.

Consejo de Estado precisa el momento a partir del cual se entiende suspendido el periodo para notificaciones en materia tributaria.

Igualmente señala que no puede establecerse una regla única para determinar la existencia de un título ejecutivo bien sea simple o complejo.

La medida aplica para las vigencias 2022 y 2023 a quienes superen el porcentaje de cubrimiento de su pasivo pensional.

El alza representa en dinero cerca de 2,5 millones de pesos.

Por orden del Consejo de Estado, el Ministerio de Trabajo expidió la reglamentación al inciso 4º del artículo 18 de la Ley 100 de 1993.

La medida obedece a que la anterior designación hecha por el Ministerio de Hacienda rigió hasta el pasado 6 de agosto.

Busca enaltecer a las instituciones de educación superior que han demostrado que sus actividades académicas y administrativas son orientadas por un ideal de excelencia.

Corresponde al empleador adelantar todos los trámites ante las EPS, sustrayendo al trabajador de tal obligación.

El mecanismo procesal idóneo cuando el sujeto procesal advierte que el funcionario está incurso en una causal que lo inhabilita para conocer del asunto es la recusación: Corte Suprema.

En el derecho privado lo concerniente a la conmutatividad o equivalencia entre las prestaciones contractuales se encuentra regulado expresamente en el artículo 868 del Estatuto Mercantil.

Estos intereses son diferentes de los que se pueden causar por el no pago de otros bienes y/o servicios.

Así mismo, recordó Mintrabajo, el contrato fijo es renovable indefinidamente, sin convertirse en un contrato a término indefinido.

Exigir paz y salvo antes de aceptar la gestión profesional es un deber profesional impuesto por el legislador: CNDJ.

Lo primero es que se calculan sobre el 70 % de la remuneración, independiente de que el IBC resulte inferior a 10 SMMLV.

La norma desconoció el principio de unidad de materia, al prever en el plan nacional de desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial.

La idea de un modelo social de discapacidad requiere aplicar mecanismos especiales que faciliten el ejercicio de los derechos en condición de igualdad para personas en esta condición.

Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.

Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.

De acuerdo con el accionante, la presunción de inocencia deja de tener validez jurídica cuando de ascensos y premios para el personal de oficiales y suboficiales se trata.

Niegan pretensión de nulidad promovida contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Huila.

La Ley 1429 del 2010 derogó expresamente la norma que establecía el deber de solicitar autorización del Ministerio de Trabajo.

Exención del impuesto sobre las ventas se debe determinar en casa caso particular, según logística y acto de calificación.

El Congreso de la República aprobó en primera vuelta del proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno.

Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.

Basta con que cualquiera de las partes que intervinieron en la enajenación informe a la empresa prestadora sobre el negocio.

Se demostró que el abogado desconoció su deber a la debida diligencia establecido en la Ley 1123 del 2007.

Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 (parcial) de la Ley 941 del 2005.

Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.

El contratista pretende la nulidad de los actos administrativos para que se efectúe el cruce de cuentas que corresponda.

De acuerdo con el artículo 195 del Código General del Proceso, no vale la confesión de los representantes de las entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.

Corte Suprema se pronuncia sobre la validez y presupuestos de los documentos en idioma foráneo y otorgados en el extranjero.

El objeto de la norma es crear programas de capacitación, deporte y ocio, con el fin de brindar alternativas de calidad de vida a los trabajadores.

Corte Constitucional admite demanda contra los artículos 7, 14, 16 y 22 (parciales) de la Ley 2199 de 2022.

De acuerdo con los demandantes, se debe extender a las parejas del mismo sexo y a los compañeros o compañeras permanentes.

Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.

Confirman suspensión y multa a abogado que dejó de asistir a unas audiencias.

No participación de los empleados regionales en la elección no implica una vulneración del principio democrático.

Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.

El 1º de julio del 2022 venció el plazo para la vigencia del reconocimiento e inscripción del UAP.

Corte Suprema se pronuncia sobre un exceso ritual manifiesto al momento de verificar la recepción de un memorial.

De acuerdo con la definición legal prevista en el artículo 3° de la Ley 610 del 2000.

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, lidera esta iniciativa.

Se desconocieron las competencias atribuidas a las contralorías, ya que existen otros mecanismos judiciales para lograr el resarcimiento del patrimonio a favor del Estado.

La solicitud de registro Invima tiene su respaldo en la Ley 223 de 1995, cuando hace referencia a las obligaciones establecidas a los sujetos responsables.

Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.

El profesional no entregó el dinero obtenido por el pago de una sentencia a favor del quejoso.

La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.

Representa un aumento de 279 puntos básicos en relación con la anterior certificación (38,67 %).

Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.

Los servidores judiciales deberán volver de vacaciones el miércoles 11 de enero del 2023, hay despachos que siguen sus labores.

La extinción de la obligación se verifica con el resarcimiento del daño, es decir, cuando ingresan recursos a las arcas públicas.