En otras palabras, la DIAN aplicó indebidamente el numeral 2 del literal A del artículo 260-10 del Estatuto Tributario, lo que dio lugar a que imputara una consecuencia jurídica (el desconocimiento de plano de los gastos operacionales por ventas) que solo resulta aplicable cuando los contribuyentes se abstienen de preparar y enviar la documentación comprobatoria o de incluir en ella información sobre las operaciones celebradas con vinculados, y no cuando esta presenta inconsistencias que impiden verificar el cumplimiento del principio de plena competencia, tal y como ocurrió en este caso.

En atención a lo expuesto, prospera el cargo de apelación. La Sección Cuarta declaró que los gastos operacionales por ventas que fueron rechazados por los actos administrativos son procedentes, en tanto su desconocimiento obedeció a la aplicación de una consecuencia jurídica improcedente (C. P.: Myriam Stella Gutiérrez Argüello).