El propietario del predio donde se constituyan servidumbres sobre redes o infraestructuras tiene derecho a que se le indemnice.
Los derechos y garantías mínimos que disponen la Constitución y la normativa laboral son irrenunciables.
Los preceptos constitucionales deben ser aplicados retrospectivamente para no perpetuar cualquier trato discriminatorio de las normas: Corte Constitucional.
Al Mundial de derechos de los animales, como en el de fútbol, no clasificamos pese a tener todos los elementos para una transformación.
El alza representa en dinero cerca de 2,5 millones de pesos.
En recientes pronunciamientos del Consejo de Estado y de Colombia Compra Eficiente, se ha empezado a dar un viraje sobre esta materia.
Lo primero es que se calculan sobre el 70 % de la remuneración, independiente de que el IBC resulte inferior a 10 SMMLV.
En la práctica, erróneamente se considera que el único llamado a responder resulta siendo quien se beneficia de las utilidades del dinero entregado.
La Constitución Política de 1991 prevé expresamente este deber de colaboración, pero aún no existe claridad sobre su significado y alcance.
Carlos Enrique Moreno Rubio, presidente del Consejo de Estado, habló sobre esta herramienta informática al servicio de la justicia.
La norma desconoció el principio de unidad de materia, al prever en el plan nacional de desarrollo disposiciones relacionadas con la contribución especial.
La idea de un modelo social de discapacidad requiere aplicar mecanismos especiales que faciliten el ejercicio de los derechos en condición de igualdad para personas en esta condición.
Confirman suspensión de fiscal que incumplió las funciones asignadas a su cargo al dejar de aplicar en la imputación un agravante.
Estará impedido para celebrar contratos en el municipio donde prestó sus servicios dentro de los 12 meses siguientes a su retiro.
El ejercicio de estas actividades sin la debida autorización y sin tratarse de una excepción constituye un ejercicio ilegal.
De acuerdo con el accionante, la presunción de inocencia deja de tener validez jurídica cuando de ascensos y premios para el personal de oficiales y suboficiales se trata.
Debe garantizar a la población privada de la libertad un entorno acorde a las condiciones que su salud mental requiera.
Llegó a la conclusión de que era imperceptible la necesidad de intervención del juez de tutela.
Siempre y cuando contengan una decisión emanada de una entidad pública, capaz de producir efectos jurídicos vinculantes y obligatorios para las personas.
Niegan pretensión de nulidad promovida contra el acto de declaratoria de elección de la Cámara de Representantes en la circunscripción territorial de Huila.
La idea del Ejecutivo es barrer con los actuales jueces para nombrar o elegir otros que sean anejos a su revolución.
Las personas ven el impuesto como un costo para su actividad económica y no como una forma de contribuir en la financiación estatal para sufragar necesidades de la población.
El Congreso de la República aprobó en primera vuelta del proyecto de acto legislativo promovido por el Gobierno.
Con la publicación de las piezas procesales se violó gravemente el derecho a la intimidad personal y familiar: Corte Constitucional.
Somos un país donde una coma mal puesta en una escritura pública entraba un negocio de cuya licitud ninguno de los negociantes duda.
Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 (parcial) de la Ley 941 del 2005.
Es el modelo de universidad lo que está en juego, su rol en la sociedad y su supervivencia para abordar los grandes desafíos morales que como sociedad global debemos afrontar.
El propio sector sindical tradicional considera que ha habido una afectación de la cultura sindical, a raíz de algunas prácticas indebidas generadas por diferentes fallos.
Corte Suprema señaló también en qué casos se presenta inconsonancia en la sentencia.
Consejo de Estado precisa el término que las partes tienen para instaurar una acción judicial en contra de la decisión de la amigable composición.
Esto solo es aplicable a los afiliados en situación de vulnerabilidad, habida cuenta de que solo respecto de ellos se muestra una afectación intensa a derechos fundamentales.
Corte Constitucional admite demanda contra los artículos 7, 14, 16 y 22 (parciales) de la Ley 2199 de 2022.
Deben observar las normas previstas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos.
De acuerdo con los demandantes, se debe extender a las parejas del mismo sexo y a los compañeros o compañeras permanentes.
Consejo de Estado señaló que debe pactarse la exclusividad del prestador, áreas en las que esta tendría lugar y medida o condición que permita inferir dicha exclusividad.
Que el Acuerdo de Escazú sea una oportunidad o una amenaza para el sector empresarial está hoy enteramente en sus manos.
Corte Suprema señala que el porcentaje legal de trabajadores despedidos se debe calcular sobre aquellos que tengan contrato de trabajo.
En el caso bajo estudio, el contribuyente logró demostrar los gastos fiscales que tuvieron la virtualidad de disminuir la base imponible del impuesto sobre la renta del año gravable 2010.
En principio, al empleador no le correspondería asumir la carga económica de la suspensión del contrato.
No siempre todos los ingresos salariales se tienen en cuenta para efectuar aportes al sistema de seguridad social.
Se desconocieron las competencias atribuidas a las contralorías, ya que existen otros mecanismos judiciales para lograr el resarcimiento del patrimonio a favor del Estado.
Consejo de Estado hace aclaración sobre la modificación de las inscripciones de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular.
Consejo de Estado se pronunció sobre el destinatario de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución Política.
A la accionante le impidieron el goce efectivo de su derecho a la visita íntima con una persona de su mismo sexo, bajo el argumento de que no se autorreconoció como miembro de la población LGBTQIA+
La Corte concluyó que la norma cumple un fin, pero la medida no es estrictamente necesaria ante la ausencia de articulación de la normativa sobre bienes baldíos.
Consejo de Estado explica si el fallo condenatorio es suficiente para predicar si se actuó con dolo.
Se configuró una omisión legislativa relativa al no incluir las reglas de adjudicación de las licencias de paternidad en relación con las parejas adoptantes del mismo sexo: Corte Constitucional.
Los ponentes de la iniciativa radicaron ante la Comisión Primera del Senado la ponencia favorable para primer debate.
UARIV debe aplicar enfoque diferencial en trámites de reparación de personas víctimas de la violencia.
La notificación personal de los autos por medios electrónicos se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje electrónico.
Un prestador puede usar recursos disponibles en el desarrollo de cualquiera de las actividades contempladas en su objeto social.
La Corte consideró injustificable el actuar de la EPS, al negar el acceso a insumos y servicios médicos solicitados que ya hacían parte del PBS.
Protegen derecho a la igualdad de la accionante, otorgándole el mismo trato jurídico dado a los demás demandantes dentro de un proceso ordinario laboral.
Resulta adecuado valorar tanto el estado de salud como la condición económica del paciente y su núcleo familiar para determinar si se amenazan sus garantías fundamentales.
EPS vulneró el derecho al mínimo vital y la vida digna de una ciudadana al negarse a pagar las incapacidades causadas con posterioridad al día 540: Corte Constitucional.
En función de su naturaleza parafiscal, estos recursos son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico, por lo que no constituyen un crédito a favor del interesado.
El tutelante será responsable de la permanencia de la canina en las instalaciones de su lugar de trabajo y de cualquier daño ocasionado a las personas, los bienes y la infraestructura.
Pese a existir registro de nacimiento que acreditaba a la demandada como hija del fallecido, no se probaron los elementos de la posesión notoria del estado civil de hija.
La Corte Constitucional precisó sobre el cumplimiento de los deberes de debida diligencia y de transparencia en los contratos de seguros.
Lo que no debe legitimarse es este segmento concreto donde las víctimas se pueden terminar transformando en las tiranas del proceso y negociando en las sombras.
Corte Suprema se pronunció sobre quien recae la competencia para autorizar la visita cuando la víctima ha sido un menor de edad.
En persona diagnosticada con enfermedades crónicas también se suma la capacidad laboral residual.
Hizo un llamado a la Registraduría para que releven de la obligación de comparecer como jurado de votación a quienes demuestren oportunamente practicar el Sabbat.
El juez de tutela no puede inmiscuirse en las competencias propias de la Administración, indica el salvamento de voto.
No solo de la imputación fáctica y jurídica, también de los requisitos o presupuestos de validez previstos en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.
Analizó la constitucionalidad de la Ley 2106 del 2021, aprobatoria de tratado internacional.
Incumplimiento de las normas que regulan su funcionamiento da lugar a multas, suspensión o cancelación de la habilitación.
La Corte Constitucional declaró exequible el inciso 2° del artículo 147 del Estatuto Tributario.
La presunción de buena fe se encuentra prevista en el artículo 83 de la Constitución Política.
Instan a todos los países a ratificar el Convenio 190, que reconoce el derecho a un mundo laboral libre de violencia y acoso.
No hay certeza de que el acceso a circuitos cerrados de vigilancia y seguridad privados por prevención contribuya a disminuir conductas delictivas: Corte Constitucional.
El 30 % se cumple nombrando dos mujeres, por lo que la renuncia de Carolina Soto se debió proveer con el nombramiento de otra mujer.
Reconocidos juristas analizan las declaraciones de la Alcaldesa de Bogotá en las que responsabiliza a los jueces del país por la impunidad e inseguridad en las ciudades.
Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.
En los casos de responsabilidad objetiva el demandado solo puede exonerarse acreditando una circunstancia que rompa el nexo de causalidad.
La discusión sobre la materia deberá involucrar distintos actores claves que se enfoquen en garantizar los derechos a una salud sexual y reproductiva sin desconocer los principios bioéticos.
Diputado no incurrió en indebida destinación de dineros públicos por haber participado de la deliberación, votación y aprobación que creó una tasa pro deporte y recreación departamental.
Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.
Toca pulverizar –de una vez por todas– la maléfica estructura de poder incubada en la Administración de Justicia desde el antiguo régimen constitucional de 1886.
Dicho porcentaje se determina por la cantidad de socios en la sociedad y no por el valor de su aporte social.
En el caso bajo estudio, transcurrió un término que superó el máximo legal, lo que genera mora y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.
La magistratura no agotó la etapa de calificación provisional de la conducta, por cuanto no formuló cargos a los disciplinados.
Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.
Es permitido a los jueces adoptar cualquier medida que consideren necesaria y ajustada a derecho para garantizar la erradicación de la violencia contra la mujer.
No tiene expresamente asignada tal competencia en la Constitución, pues existe un fuero para su investigación y juzgamiento.
Si revisamos los planes de ordenamiento territorial, encontramos que todos los municipios tienen previsto este instrumento como parte del desarrollo de sus proyectos.
Este análisis jurídico resulta esencial cuando va a adquirirse un inmueble o recibirse en garantía, pues permite determinar el predio e identificar al propietario, entre otros temas.
José Fernando Reyes Cuartas, magistrado de la Corte Constitucional, explicó la forma como esa corporación divulgó un fallo reciente a favor de un menor de edad.
Si bien el Gobierno avanza con una política de implementación del catastro multipropósito, la estrategia nacional de financiación se encuentra enfocada en el catastro rural.
Consejo de Estado precisó el debido proceso en un recurso presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no ha sido resuelto.
Es urgente crear un aparato productivo sólido que nos permita producir para satisfacer nuestra demanda y, además, la demanda externa.
La entidad optó por no reconsiderar el traslado del servidor, a pesar de que el accionante manifestó que afectaría sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar.
En materia arbitral, el control de legalidad permite adoptar las medidas necesarias en orden a encauzar el trámite frente a posibles defectos.
Cobro de servicios de saneamiento básico, alcantarillado y aseo se realiza de manera conjunta con aquellos que pueden ser suspendidos.
Al valor del salario mínimo que resulte, hay que sumarle un porcentaje del orden del 53 % por prestaciones sociales, vacaciones, aportes a la seguridad social y parafiscales.
Todo indica que los países no están invirtiendo los recursos necesarios para proteger la vida y los medios de subsistencia de las poblaciones en riesgo.
Los críticos son coincidentes en que la primordial causa de la congestión es el número reducido de jueces y la precaria infraestructura económica de la Rama Judicial.
Este instrumento es una gran oportunidad para crear estrategias normativas y de política pública para atender adecuadamente sus cuatro temáticas principales.
¿El cumplimiento del deber constitucional de mantener y conservar la paz es razón para eximir del servicio militar? En mi opinión, no, por tratarse de deberes constitucionales diferentes y autónomos.
Se trata del régimen de apoyos que garantiza los derechos al derecho al debido proceso y a la igualdad de las personas con discapacidad en el marco de procesos judiciales.
El daño derivado de un acto terrorista es causado por el hecho de un tercero, por lo que en principio no es imputable al Estado. Sin embargo, el Estado debe responder si se demuestra su omisión frente a hechos que eran previsibles y resistibles.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra el numeral 4° (parcial) del artículo 85 del Decreto Ley 262 del 2000.
La Corte Constitucional explicó que el legislador invadió las competencias del Gobierno para hacer una adaptación dinámica y flexible de estos porcentajes.
Es bueno recordar la polémica que se armó con la estatua de El Libertador, ubicada en la Plaza de Bolívar.
Puede que el divorcio no genere toda esa picaresca que en el pasado causó, pero eso no significa que su regulación sea inconsecuente para la protección de los derechos de las mujeres.
Corte Suprema precisó el proceso expropiación, sus elementos y a quiénes se dirige.
En el contexto nacional, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá ha sido pionero en la implementación de la mediación como un medio idóneo para resolver conflictos relacionados con diferentes ámbitos.
Con la primera se deben remitir las diligencias al que estime competente, situación que no afecta la validez de la actuación cumplida hasta ese momento, mientras que con la segunda da lugar a la terminación del proceso.
El éxito de la inteligencia artificial (IA) dependerá de la inteligencia humana. Los creadores de productos de IA tienen una enorme responsabilidad social, ética y humana.
El ponente explicó la importancia de la discusión sobre la protección de los derechos a la información, libertad de expresión e intimidad, por las particularidades de las TIC.
La eliminación de la información no tiene como presupuesto el pago de la obligación en mora o que esta se haya extinguido.
El principio de favorabilidad legal está contemplado a nivel constitucional y legal: Corte Suprema.
Los principios de solidaridad e interés superior del menor obligan a brindar atención médica prenatal sin imponer barreras.
La Corte Constitucional se pronunció sobre el desconocimiento del pueblo raizal en la consulta previa para la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina.
La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.
Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.
Se encontró que la manera en la que se está prestando el servicio de transporte escolar vulnera el derecho a la educación en el componente de accesibilidad y es una amenaza a los derechos a la vida, integridad física de los menores de edad.
Además de tratarse de una persona jurídica sin ánimo de lucro, no está expresamente excluida por la Resolución 164 del 2021.
La prescripción se interrumpirá con la adopción y notificación del fallo de primera o única instancia.
La medida se mantendrá hasta que quede en firme el acto que decida sobre la responsabilidad contravencional.
Entes territoriales se encuentran habilitados a establecer la tarifa de las tasas y contribuciones para recuperar los costos de los servicios que presten o la participación en los beneficios que proporcionen.
La Corte Constitucional se pronunció sobre la aplicación de la Ley 600 en procesos penales contra el Presidente de la República y altos funcionarios del Estado sujetos a fuero.
Se trata de una consignación o depósito que no corresponde estrictamente a un pago, sino la disposición de recursos.
Verificación de la información aportada por el proponente es potestativa, pues se exige que los interesados actúen de buena fe.
Despliegue de publicidad negativa o el uso de la imagen de una persona natural sin autorización son conductas que deben ser investigadas por el organismo electoral.
Se pueden definir áreas optativas que se consideren pertinentes para lograr los objetivos del proyecto educativo institucional.
Supeditar la prescripción de las acciones orientadas a disolver y liquidar la sociedad patrimonial a la declaración judicial previa de esa unión podría afectar la seguridad jurídica y derechos de terceros.
Cuando está acreditado que la actuación de la Fiscalía General de la Nación no fue ni ilegal, ni arbitraria y ni desproporcionada.
En razón a que son personas destinatarias de especial protección por razón de su identidad de género y de la privación de su libertad.
Esta clase de información pasa a ser de interés público con base en el principio de publicidad de la función administrativa y el deber de información del que son titulares las entidades públicas.
Derecho a la salud no puede ser entendido únicamente en el sentido de contar con unas condiciones básicas para garantizar la mera existencia de la persona.
Las instrucciones deben ser acogidas por los emisores de valores, entre los que están las entidades financieras.
Sin la autorización expresa, previa e informada de los titulares usuarios del aplicativo no se debería recolectar y tratar esa información.
De acuerdo con la Procuraduría, tres entidades del Gobierno aún no han liquidado, como se ordenó, todos los contratos suscritos con la Ley de Garantías, los cuales superan los $ 45 mil millones.
La Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 2088 del 2021, a través de la cual se habilita el trabajo en casa en situaciones ocasionales, especiales o excepcionales.
Así lo determinó el Consejo de Estado al negar las pretensiones de la demanda que buscaba la declaración de responsabilidad estatal por el atentando en el Club El Nogal en 2003.
La Corte Constitucional se pronunció sobre norma que limita el nombramiento y ascenso a cargos públicos y la inscripción en concursos por mora en el pago de multas.
Régimen de notificaciones personales previsto por el artículo 8 del Decreto 806 es aplicable a las notificaciones personales relacionadas con el fallo de tutela de primera instancia.
No se demostraron los presupuestos necesarios para configurar la modalidad de doble militancia.
El proyecto de norma estará disponible para comentarios hasta el próximo viernes 18 de noviembre.
El avance en la comunicación y la estructuración del diálogo nos permiten mejores posibilidades de existencia y convivencia, uno de los principales objetivos de toda Carta.
Según cifras de la Policía, en el 2021, se presentaron 687 casos diarios de hurto. Esta cifra, claro está, no incluye el número de casos que nunca llegaron a las instituciones, porque las víctimas no denunciaron.
Mientras no se revalúe ese sincretismo del diseño constitucional del sistema de control fiscal, será muy difícil lograr la efectividad de los mecanismos de responsabilidad.
Si bien el traslado constituye un acto discrecional de la Administración, debe responder a las necesidades del servicio que demanda el cumplimiento de la misión encomendada.
Un ciudadano presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la norma de pago en plazos justos en el ámbito mercantil.
Se recuerda que el Ejecutivo solo puede dictar normas que guarden relación con el marco normativo que pretendía desarrollar.
Corte Constitucional rechaza la vulneración de un fondo de pensiones al negar el reconocimiento de la pensión por un hijo en situación de discapacidad.
Se cuestionaron las actuaciones de los jueces de instancia al haber establecido requisitos biosanitarios más estrictos para las visitas presenciales a las personas privadas de la libertad.
El convocante del llamamiento en garantía tiene a su cargo la responsabilidad de adelantar las actuaciones que estén a su disposición para lograr la notificación por parte del juez.
La voluntad, la facultad del ser humano para decidir y ordenar en libertad su conducta, ejercida de manera participativa o representativa, es la filosofía que guía nuestros Códigos Civiles.
En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Martha Lucía Zamora revela el estado de litigiosidad con el que recibe la ANDJE.
El Estado dispone de cierta discrecionalidad y de un margen de apreciación nueva de hechos e intereses.
El país está a merced de interpretaciones jurisprudenciales para establecer qué es un bien baldío.
No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.
Pronunciamientos sobre la restricción injustificada del derecho a la intimidad y a la libre circulación al exigir carné de vacunación.
La Corte Constitucional ordenó expedir protocolo para tramitar visitas íntimas de privados de la libertad sin distinción de orientación sexual o identidad de género diversas.
Este gesto de la Corte Constitucional colombiana no ha sido solitario. Se trata de un esfuerzo más general por lograr una ‘justicia inclusiva’.
La doctrina Noerr–Pennington es el claro reconocimiento y, si se quiere, el refuerzo, de que el ejercicio del derecho de petición nunca podrá ser sancionado.
No se evidencia la existencia de una carencia actual de objeto por daño consumado, pues se mantiene la vulneración de los derechos fundamentales a la participación democrática, al voto y a la igualdad de las personas y comunidades indígenas.
Explican cuándo los pagos que no tienen por finalidad retribuir el servicio no podían ser considerados como compensaciones extraordinarias a efectos de integrar el IBC.
El Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional nos deben una explicación y sería bueno que hicieran un análisis conjunto al respecto.
El proceso educativo del alumno con discapacidad debe garantizar el principio de progresividad, es decir, se debe velar por el avance del estudiante dentro de sus posibilidades particulares y el contexto social de su familia.
Precisan el principio de autonomía de los entes territoriales en relación con la regulación de los usos del suelo y la ordenación del territorio.
La práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las que se le presentan dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables.
La Corte Constitucional emitió órdenes y exhortó a distintas entidades públicas, para dar cumplimiento a los términos del fallo y efectuar las políticas y los planes de acción allí dispuestos.
Conozca la agenda del Ejecutivo en el Congreso para lo que queda del año.
Si bien existe solidaridad respecto al cumplimiento de la garantía, cuando la víctima decide que los arreglos sean realizados por alguien que no ha sido autorizado asume los riesgos de su actuar y elimina esta carga del productor y comercializador.
Si bien la norma otorga la facultad de elegir cómo efectuar el rembolso, ello no suprime el derecho de elección del consumidor.
La tarea ahora es la “armonización” entre las normas internas, su ajuste para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y el cumplimiento de principios constitucionales como la seguridad jurídica.
Tiene cabida la mutabilidad de la medida cautelar a petición del demandado que garantice el mismo valor o naturaleza del bien objeto de la futura repartición.
Se analizará la libertad de expresión, de género y la curación de contenidos en redes sociales, así como el derecho al trabajo en las mismas.
El acuerdo o facilidad de pago por sí solo no constituye un título ejecutivo, pues solo facilita el pago de deudas insolutas al fisco.
De acuerdo con el demandante, se vulnera el debido proceso.
En cuanto a los prestadores no es posible hablar de solidaridad, ya que la relación que existe es de vigilante y vigilados.
Algunas actividades no son determinantes para establecer que el servicio de gestión de inmuebles se presta en esa jurisdicción.
El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicional de la norma.
En la liquidación oficial de revisión la DIAN tiene vedado determinar el impuesto sobre la renta utilizando simultáneamente el sistema ordinario y de comparación patrimonial.
La demandante pide la exequibilidad condicionada, bajo el entendido de que el plazo de entrada en vigencia sea de ocho años y no de dos.
Ejército debe atender oportunamente las solicitudes para resolver la situación militar.
La medida analizada tiene una finalidad legítima, relacionada con la eficiencia del sistema tributario, al incentivar el pago oportuno de obligaciones, así como la ampliación y mejora del recaudo.
Sería desproporcionado exigirle a un profesional del Derecho que cumpla sus deberes profesionales ante la pérdida de un hijo cuando en materia laboral se garantiza al trabajador un permiso remunerado.
El INPEC deberá garantizar los medios tecnológicos y técnicos necesarios para la asistencia y participación efectiva de las personas privadas de la libertad en toda la jornada de la sesión técnica que se realizará de manera virtual.
En una escala de 1 a 100, la Corte Constitucional obtuvo 70 puntos.
Durante el holocausto logró ser recuperado por el magistrado Hernando Baquero Borda (Q. E. P. D.)
Para los demandantes existe una omisión legislativa relativa por violación del principio de igualdad en el marco de las relaciones familiares y la prohibición de discriminación por razones de origen familiar.
La cerveza a la que hace referencia la Ley 223 de 1995 se refiere a una bebida alcohólica y no a una bebida de naturaleza diferente, como lo es la cerveza sin alcohol.
Se protege ‘habeas data’ de persona que luego de 16 años tiene una anotación en la página de la Rama Judicial, lo que da a entender que el proceso penal está vigente y no ha culminado.
El cambio del medidor se podrá efectuar cuando se determine que está por fuera del rango de error admisible.
Por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran y debido al goce precario de los derechos sociales de los que son titulares.
Debe hacerse una evaluación integral de la situación social y médica de los afectados, teniendo en cuenta la totalidad de la histórica clínica, conceptos, diagnósticos y dictámenes adicionales sobre su patología.
Los concursos de méritos deben ceñirse a los postulados del debido proceso constitucional.
No se reconoce la realidad indígena de las áreas no municipalizadas, evidenciándose con esto el trato colonial existente en la sociedad y la institucionalidad colombiana.
Las asambleas departamentales no pueden, mediante el ejercicio de control político, impedir o poner en riesgo la objetividad con que las contralorías departamentales ejercen sus funciones constitucionales.
Las notificaciones no se hacen de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CPLSS).
La medida cuestionada no desconoce la Constitución porque busca una finalidad importante, el interés general, y es idónea para alcanzar la finalidad perseguida.
La Sala Plena concluyó respecto del primero de los cargos que careció del requisito de certeza y que con el segundo no se cumplieron los requisitos de pertinencia, especificidad y suficiencia.
La asamblea deberá determinar cuáles decisiones representan un desembolso, para aplicar el coeficiente y voto porcentual.
Quedarían gravados con una tarifa del 10 % en el 2023, del 15 % en el 2024 y del 20 % en el 2025.
La disposición estará disponible para comentarios hasta el miércoles 23 de noviembre.
La Sala coincide con lo manifestado por la Procuradora y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en cuanto que el razonamiento no fue suficiente.
