Las cifras de tutela no cuadran

Carolina Villadiego Burbano

Asesora jurídica para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas

El pasado 5 de octubre, la magistrada de la Corte Constitucional Natalia Ángel mencionó que se había radicado la tutela número nueve millones en dicha corporación. Ese dato es significativo, no solo porque muestra la gran cantidad de reclamos ciudadanos por vulneraciones a los derechos fundamentales en el país, sino porque evidencia que los datos en materia de tutela no cuadran.

En efecto, dado que la Corte debe recibir todas las tutelas que se presentan por expreso mandato constitucional y, siendo que dice que solo hasta octubre del 2022 recibió la tutela número nueve millones, vale la pena preguntarse por qué el Consejo Superior de la Judicatura señaló, en su informe al Congreso del 2019, que entre 1997 y el 2019 se habían presentado más de diez millones de tutelas. Es decir, según el Consejo, que lleva el registro estadístico de toda la Rama Judicial, hace rato pasamos la tutela número nueve millones.

Esta disparidad estadística en materia de tutela es muy seria, porque si la información del Consejo es correcta, la Corte ha recibido menos tutelas de las que tramitó toda la Rama Judicial y, por lo tanto, miles de tutelas que pudieron haber sido seleccionadas para revisión no llegaron a la Corte. Además, esta diferencia muestra que no sabemos cuál es la demanda real en materia de tutela ni cuál es la carga real de trabajo de los jueces.  

Por eso, hay que preguntarse a qué se debe esta diferencia en los datos, cuáles son las posibles explicaciones de esta brecha y dónde están las tutelas que, según el Consejo, fueron procesadas, pero no están en la Corte. El Consejo y la Corte nos deben una explicación y sería bueno que hicieran un análisis conjunto al respecto. Para ese análisis, sugiero tener en cuenta varias ideas e hipótesis que no son excluyentes entre sí.

Primero, el sistema de información de la Corte Constitucional cuenta los expedientes que llegan a la Corte, mientras que el sistema de información de la Rama Judicial (Sierju) cuenta lo que los jueces y magistrados dicen que les llega a sus despachos. Es decir, mientras un sistema cuenta cada expediente, el otro se basa en lo que reportan, uno a uno, los más de 5.000 jueces y magistrados. Desde esta perspectiva, aunque es posible que existan tutelas que no se hayan contado en el sistema de la Corte, no es tan probable porque cada tutela tiene un expediente asociado y hay trazabilidad de la información. Pero lo que sí es bastante probable es que haya errores en el registro del Sierju y esto puede deberse a varias causas. Por ejemplo, a que algunos jueces se hayan equivocado al reportar su estadística y en vez de poner un número hayan colocado otro. También a que algunos jueces hayan incrementado de manera deliberada su reporte para decir que recibieron y evacuaron más casos. Ahora bien, mientras el sistema de información de la Rama se base en el autorreporte y el Consejo no tenga una forma sistemática de verificar la veracidad de la información, estas prácticas pueden pasar desapercibidas.

Segundo, hay que investigar si hubo tutelas que se engavetaron y nunca se enviaron a la Corte. Si esto ha pasado, puede deberse a varios motivos que, igual que en el caso anterior, no son excluyentes entre sí. Por ejemplo, es posible que a algunos jueces se les haya olvidado enviar las tutelas o se les hayan traspapelado. También es posible que algunos no las hayan enviado de manera deliberada para evitar la revisión de la Corte y favorecer los intereses de una de las partes, es decir, por corrupción.

Todas estas ideas son hipótesis y puede haber otras posibles explicaciones. Lo que es claro es que les corresponde al Consejo Superior y a la Corte Constitucional analizar qué ha pasado y cuáles son las posibles explicaciones de la diferencia estadística. Por esto, sería importante que el Consejo iniciara un proceso de revisión de sus datos, escogiendo, por ejemplo, dos años aleatorios, analizando en detalle ciertos municipios y contrastando sus hallazgos con la información que tenga la Corte; esto podría dar una visión de lo que pudo haber pasado. Por otro lado, el Consejo también debe tomar correctivos para verificar que actualmente los datos estadísticos reportados correspondan a la realidad y, por supuesto, avanzar en la consolidación del expediente electrónico que permita la trazabilidad de los datos. 

La información estadística es clave en materia de justicia. Permite analizar las cargas de trabajo, el aumento de la demanda, la necesidad de tener más jueces, los lugares donde hay más congestión, entre otras cuestiones. También permite poner la lupa sobre posibles casos de corrupción. Por eso, que estos datos sean confiables debe ser una prioridad.