Hoy, la mayoría de los procesos administrativos se tercerizan y digitalizan, como resultado del surgimiento de modelos de negocio innovadores.

Consejo de Estado explicó que no desconoce el principio de precaución el acto que impone una medida preventiva cuando se definió el mínimo requerido para ordenar tal medida.

En este evento, el acreedor no podrá quedarse con el dominio pleno de la propiedad, pues el bien posee una limitación.

Esta situación administrativa no rompe el vínculo laboral y por lo tanto no se pierde la calidad de servidor público.

Se declaró la nulidad del acto administrativo que negó la compensación económica en el marco del programa de erradicación de cultivos ilícitos.

Consejo de Estado se pronunció sobre los elementos del contrato de fiducia mercantil.

Para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada es imprescindible que, previamente, el asunto haya sido objeto de estudio y se haya adoptado una decisión de fondo.

El movimiento de personal no puede implicar condiciones menos favorables para los empleados, entre ellas la remuneración inferior.

Se tutelaron derechos de un menor de edad vulnerados por la autoridad judicial ante irregularidades en el proceso de restablecimiento de derechos.

En el caso bajo estudio, transcurrió un término que superó el máximo legal, lo que genera mora y vulnera el derecho fundamental al debido proceso.

Algunas lesiones no pueden considerarse como ajenas a los riesgos que asumen voluntariamente quienes se vinculan a la Policía Nacional.

Consejo de Estado se pronunció sobre la solicitud de una docente sobre el reconocimiento de la indemnización de pérdida de la capacidad laboral.

Consejo de Estado recordó el deber del Estado de garantizar la libre y leal competencia dentro del mercado de servicios de salud.

La Ley 344 de 1996 consagró una excepción en la edad de retiro forzoso respecto a la generalidad de los servidores públicos.

El Consejo de Estado reiteró la responsabilidad Estado por privación injusta de la libertad cuando precluye la investigación por atipicidad de la conducta.

Si no se exige el pago de las sanciones durante el término de tres años, la acción prescribe y se extingue el derecho de cobro.

Consejo de Estado precisó el debido proceso en un recurso presentado ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que no ha sido resuelto.

Se planea vincular en plantas temporales a quienes trabajan por prestación de servicios con criterio meritocrático y vocación de permanencia.

La liquidación de las vacaciones se realiza teniendo en cuenta el salario devengado al momento de iniciar el disfrute.

Será en el proceso contravencional donde el presunto contraventor tendrá la oportunidad procesal de ejercer su derecho de defensa.

La Ley de Seguridad Ciudadana modificó el Código Nacional de Tránsito y estableció una alternativa para vincular agentes de tránsito.

Consejo de Estado precisa si se configuró responsabilidad del Estado por indebida identificación del sujeto activo de la conducta punible.

La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.

En el primer caso se vulneran las normas de tránsito, mientras en el segundo, el debido proceso del presunto contraventor.

La conducta prohibida es la designación o la nominación, acción que no pudo ejecutarse antes de asumir el cargo.

Corte Constitucional confirma improcedencia de la tutela, por cuanto no se configuró el defecto sustantivo en relación con el término de caducidad.

Cuando en un proceso de reparación directa se alega la propiedad de un bien inmueble respecto del cual se reclamen perjuicios la parte actora debe acreditar esa condición.

Funciones del empleo de almacenista no implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa.

Consejo de Estado se pronunció frente a la petición de un apoderado de una entidad territorial que no le canceló los honorarios originados en un contrato de mandato.

Verificación de la información aportada por el proponente es potestativa, pues se exige que los interesados actúen de buena fe.

La captura de Ardila atendió lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley 600 de 2000 y se le respetaron sus garantías y derechos fundamentales.

Si no se cumple con este requisito, la entidad deberá continuar con la segunda en orden de elegibilidad y así sucesivamente.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo que precisar el monto de la condena impuesta al Estado y a Corficolombiana.

Así lo determinó el Consejo de Estado al negar las pretensiones de la demanda que buscaba la declaración de responsabilidad estatal por el atentando en el Club El Nogal en 2003.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la financiera POR anular CDT de manera unilateral y al Estado por impedir su ejecución a través del proceso ejecutivo.

La prescripción de la acción responsabilidad fiscal debe contabilizarse a partir de la fecha del auto de apertura del proceso hasta la ejecutoria del acto administrativo que la declara.

Si bien el traslado constituye un acto discrecional de la Administración, debe responder a las necesidades del servicio que demanda el cumplimiento de la misión encomendada.

El objetivo es que pueda efectuar el pago, así como controvertir aspectos como el monto, cuota o fecha de exigibilidad.

Con este mecanismo no se podrán modificar asuntos como el objeto del contrato, el mecanismo de selección o el presupuesto.

No se debe sobrepasar el límite salarial establecido por el Gobierno Nacional o superar el salario del gobernador o alcalde.

Consejo de Estado resolvió sobre si se debe declarar nula una ordenanza por considerar que la asamblea no tenía competencia para fijar emolumentos de índole salarial.

La finalidad del requisito de afiliación es que haya cobertura y se eviten riesgos en la ejecución del contrato.

Consejo de Estado revocó decisión que negó las pretensiones, porque se demostró que el daño fue determinado por omisiones en la atención médica.

Simple manifestación o señalamiento del correo electrónico no permite suponer el cumplimiento de este requisito.

En cuanto a los prestadores no es posible hablar de solidaridad, ya que la relación que existe es de vigilante y vigilados.

El demandante solicita que se declare la exequibilidad condicional de la norma.

En la liquidación oficial de revisión la DIAN tiene vedado determinar el impuesto sobre la renta utilizando simultáneamente el sistema ordinario y de comparación patrimonial.

Dicho plazo se amplió debido a algunas fallas que estaba presentando la plataforma

Siempre y cuando reúna seis requisitos específicos del CGP.

Se refiere a la suficiencia del proponente para asumir nuevas obligaciones en relación con otras adquiridas de manera simultánea.

Se expedirá con cargo al rubro dispuesto en el presupuesto de gastos para sentencias y conciliaciones, laudos, etc.

El derecho a gozar plenamente de una pensión surge desde el momento en que la persona se retira y deja de devengar su salario.

La normativa no define expresamente la forma ni el término legal en que debe desarrollarse la investigación.

Siempre se deben dejar reservas o salvedades en relación con sus intereses o derechos para poderlos reclamar en un escenario judicial.

El objeto es identificar obras financiadas con recursos públicos que requieran acciones para su destinación definitiva.

Sin dejar de lado la Ley 2043 del 2020, que reconoce las prácticas laborales como experiencia profesional y/o relacionada.

Si a la fecha prevista para un pago el municipio no cuenta con recursos, puede acudir a los créditos y honrar sus obligaciones.

Empleados de carrera tienen derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.

Siempre y cuando a pesar de no contar con elementos que dieran absoluta certeza de la producción de un daño ambiental sí existan criterios mínimos requeridos para ordenar tal medida.

Aún no se ha regulado la aplicación de dicha prueba de conocimientos, ni se han programado fechas.

Si bien la regla general es la inembargabilidad, tiene excepciones cuando se trata de sentencias judiciales con miras a garantizar la seguridad jurídica.

En la enajenación voluntaria por causas de utilidad pública o de interés social no cabe la rescisión del contrato por lesión enorme.

Según explicó el Ministro de Hacienda, los integrantes de la nueva junta cuentan con todas las capacidades para ocupar el cargo

Las facultades del juez encuentran un límite fundado en el respeto del debido proceso y el derecho de defensa.

Funcionarios de la Contraloría están sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos en general.

Constituye un acto discriminatorio sobre el origen familiar y la orientación sexual.

Dichas medidas tendrán vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, en virtud de la Ley 610 del 2000.

Titular puede presentar reclamos ante el operador de la información con el fin de que esta sea actualizada o corregida.

La producción en tres millones de hectáreas implica trabajo conjunto y una banca privada dispuesta a financiar.

Las docentes de la institución educativa debían garantizar las condiciones necesarias de seguridad en la actividad pedagógica y eran las encargadas de cuidar a los alumnos.

Al ser el impuesto sobre la renta de orden nacional, la competencia es de la Contraloría General de la República

Dicha responsabilidad puede configurar la responsabilidad civil de la Administración y la del mismo funcionario.

El Senado de la República acaba de elegir al remplazo de Gloria Stella Ortiz Delgado.

Demostrar la desviación de poder implica probar que en la expedición del acto se tuvieron finalidades ocultas.

La ausencia de firma manuscrita no permite rechazar la oferta, pues es una formalidad no necesaria para comparar propuestas.

En consideración a que dicho principio no puede sobreponerse sobre la buena fe objetiva y el deber de respetar los mandatos imperativos que establece la ley.

Exigencias normativas y jurisprudenciales no pueden instrumentalizarse como un pretexto para la trasgresión del derecho de acceso a la administración de justicia.

Se anularon apartes de la Resolución 13004 del 2017, expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

No puede existir desconocimiento de una confianza fundada en una cláusula que tenía una clara interpretación y que se contrarió por error durante toda la actividad contractual.

Cuando existe acta de liquidación bilateral suscrita sin salvedades el cumplimiento de las obligaciones del contrato no puede verificarse en la fase poscontractual.

Este documento certifica que existe un aplazamiento dentro del proceso de definición de la situación militar.

El recurso garantiza el derecho al debido proceso al asegurarse que una decisión proferida por un juez de lo contencioso administrativo sea ajustada a la ley

Dichas modificaciones le ahorrarían a Colombia, solo en este 2022, más de $ 20 mil millones.

Previo otorgamiento de facultades extraordinarias, el Presidente de la República también lo puede hacer.

A la parte actora le asiste la obligación de delimitar el alcance del estudio de validez que pretende plantear ante el juez.

El DAFP unificó su posición doctrinal en relación con el disfrute del día de la familia y su compensación.

Aunque el precio global es una modalidad de precio que usualmente se emplea en los contratos de obra, ello no implica que sea excluyente respecto de otras figuras contractuales.

El infractor tiene 60 días para solicitar el reconocimiento de la construcción ante la autoridad competente.

El gasto puede ser clasificado dentro de la sección correspondiente del presupuesto como de inversión o de funcionamiento.

Deberá ser distribuido mediante correo electrónico a cada integrante de la fuerza pública del territorio nacional.

La Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios citó para hoy martes a la primera reunión.

Consejo de Estado estudió si se presentó una mora judicial para decretar el embargo de un bien inmueble dentro de un proceso ejecutivo laboral.

La vigilancia fiscal es de carácter oficioso, mientras que el control concomitante y preventivo es excepcional.

Las entidades y organizaciones territoriales tendrán plazo hasta el 12 de octubre para presentar sus ternas.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz cuenta con la Especialización en Psicología Forense desde el 2012 y, en el 2019, cambió su denominación a Psicología Forense y Criminal.

Para probar el desequilibrio económico se impone acreditar, primero, cuáles eran las condiciones de equilibrio propias del acuerdo de voluntades.

El incremento patrimonial previsto en el artículo 236 del Estatuto Tributario parte de la presunción legal de que la diferencia entre el patrimonio líquido con la del periodo inmediatamente anterior constituye renta.

Con esta iniciativa, si el denunciante está inmerso en la investigación podría obtener beneficios fiscales, penales y disciplinarios.

Las peticiones, los hechos y las partes que se incluyan en una posterior actuación deben sujetarse a los mismos requisitos de oportunidad que se imponen para las pretensiones que inicialmente se formulen.

Corte Constitucional explica el defecto fáctico del juez al dejar de valorar elementos probatorios en un proceso de reparación directa.

Las entidades públicas y privadas ahora tendrán plazo de reportar dicha información hasta el 31 de octubre.

Es necesaria la falla probada del servicio para configurar la responsabilidad estatal por la actividad médica y hospitalaria: Consejo de Estado

En materia parafiscal el sujeto pasivo debe demostrar los pagos al Sistema General de Seguridad Social.

En caso de cuestiones técnicas complejas, la anulación de la decisión adoptada solo será viable en la medida que el acto demandado sea abiertamente irrazonable, desproporcionado o arbitrario.

Corresponde al jefe de la unidad de personal verificar los requisitos para el desempeño del respectivo cargo.

El pago de la remuneración del servidor público corresponderá a servicios efectivamente prestados.

En una jornada de dos días, la Corte Constitucional, en Villa de Leyva, llevó a cabo el encuentro de la jurisdicción constitucional.

Los recursos del SGR, junto con los que se asignen del PGN, tienen el reto de apalancar proyectos estratégicos de inversión.

Sin que el cumplimiento del contratista, generado como consecuencia de la conminación, implique que ella no pueda ser cobrada.

Sesiones ordinarias y extraordinarias pueden ser más de 140, lo cual dependerá de que el edil haya asistido a todas.

Consejo de Estado explica la verificación de existencia de un contrato estatal.

Consejo de Estado hace precisiones sobre los bienes que integran y se excluyen de la masa de liquidación.

Ambos contratantes quedaron liberados del cumplimiento de sus obligaciones y la entidad no está llamada a indemnizar los perjuicios que se hubieren generado.

Se advirtió la configuración de defecto sustantivo, por la indebida aplicación del Acuerdo 049 de 1990, dada la exigencia de requisitos no previstos.

No es procedente el reajuste de salarios que devengaba el demandante en servicio activo, ya que la modificación con fundamento en el IPC solamente procede respecto de asignaciones de retiro.

Precisan que como el crédito reconocido a la demandante se encuentra en proceso de pago no existe prueba del menoscabo patrimonial.

La condena se dio en razón a la pérdida de más de 8.000 unidades de palma de aceite durante una jornada de fumigación con glifosato que se adelantó en Tumaco (Nariño).

Esta figura se puede invocar para suspender la actuación cuando una decisión brinda mayor certeza sobre el fallo.

Si el empleado está en casa desarrollando actividades familiares y personales no procedería pago de disponibilidad.

Es nulo el acto cuando el siniestro declarado no corresponde a un riesgo amparado por el seguro de seriedad de la oferta.

El objetivo es conocer la participación efectiva de la mujer en los cargos de nivel directivo durante la vigencia 2022.

Los conceptos pueden convertirse en un verdadero acto administrativo cuando contienen una decisión capaz de producir efectos jurídicos.

Consejo de Estado aclaró que el recurso se estudia con sujeción a los argumentos de las partes, sin invadir la independencia y autonomía del tribunal arbitral.

Divisiones de fiscalización no deberán proferir un acto para declarar como no válida una declaración que es ineficaz.

Para el Consejo de Estado, no conviene concentrar todas las competencias asignadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional Electoral y a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

Solo el legislador es quien puede definir las causales para declarar la nulidad de un negocio jurídico.

Desde la creación del Régimen Tributario Especial los procesos de fiscalización de la DIAN en contra de las entidades sin ánimo de lucro se han incrementado, algunas entidades se estaban utilizando como vehículo para la evasión y elusión fiscal.

Con fundamento en los principios generales del derecho, los de la función administrativa, a la finalidad del pliego y sobre todo a la protección del interés general.

Opera el retiro inmediato y es responsabilidad de la autoridad correspondiente producir una nueva designación.

Contratistas deberán entregar el RUT vigente y actualizado, con una fecha de expedición no superior a cinco días de la radicación de la cuenta.

Se tiene derecho a la preferencia arancelaria teniendo en cuenta el origen de la mercancía: Consejo de Estado.

Se le ordena a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que en un término máximo de 15 días dicte sentencia de fondo.

Si bien existen diferencias técnicas en los ritos entre las distintas jurisdicciones, lo cierto es que en su estructura algunos trámites guardan similitudes en fases fundamentales.

Más de $ 909 millones aprobados serán distribuidos en consignaciones de hasta un millón de pesos cada una.

Corte Constitucional declara la improcedencia de acción de tutela por no configurarse defecto fáctico, ni violación directa de la Constitución.

El contrato debe regirse por las normas vigentes al momento de su celebración

El hecho de que el accionante esté en desacuerdo sobre las pruebas no implica que haya incurrido en violación de los derechos de contradicción, defensa y debido proceso.

El objeto debe ser posible y es un elemento esencial del contrato, en tanto constituye la razón de ser del negocio.

Consejo de Estado explicó cómo las condiciones en las que se realiza el vuelo son determinantes para atribuir responsabilidad.

Subrogación de obligaciones y derechos hace inoperante el principio de universalidad del régimen de liquidación de entidades públicas.

Entidades públicas que recauden rentas tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas obligaciones a su favor.

De lo contrario se le impide al contribuyente ejercer su derecho de defensa y contradicción frente a las consideraciones de la Administración.

Un alcance contrario a la norma no solo significaría trasgredir el ordenamiento jurídico, sino vulnerar el derecho de asociación sindical.

Proceden aportes a salud, pensión y riesgos laborales, aunque haya completado requisitos para pensión de jubilación.

La simple activación del aparato judicial no genera ‘per se’ responsabilidad, salvo que se demuestre una afectación mayor e injustificada.

Una autoridad administrativa desconoció el derecho de audiencia y de defensa por omitir etapas del procedimiento adelantado.

Quien no paga una multa está sujeto a que se le embargue el inmueble y de esa forma lo puede perder.

El proyecto sustituye la firma mecánica por la firma autógrafa mecánica en el trámite.

La norma dispone que es necesario que se apruebe en dos debates, celebrados en distintos días.

La Corte Suprema de Justicia envío al Senado de la República la terna de candidatos para remplazar a la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado.

Consejo de Estado explicó que la acción disciplinaria se interrumpe con la expedición y notificación del acto inicial que resuelve la actuación administrativa disciplinaria.

Está prohibido a los servidores públicos percibir remuneración oficial por servicios que no fueron prestados.

No podrán realizar asesorías sobre asuntos relacionados con su cargo hasta por dos años, desde la finalización.

En materia de mantenimiento del orden público debe valorarse la capacidad operativa, según la magnitud de las alteraciones y los medios disponibles para su restablecimiento.

Consejo de Estado precisa la carga de la prueba cuando se pretenda sea declarada la responsabilidad extracontractual del Estado.

En el caso bajo análisis, la sentencia unificadora no moduló sus efectos, por lo que se entiende que opera a futuro o ‘ex nunc’.

Corte Suprema resuelve la decisión de un juzgado sobre un conflicto de competencia negativo entre una comisaría de familia y un juzgado promiscuo municipal.

Si la petición, queja o recurso es manifiestamente contraria, no se materializará el acto ficto o presunto positivo.

La empresa debía priorizar el suministro de energía eléctrica, teniendo en cuenta que los adultos mayores que residen en el inmueble deben conectar el generador de oxígeno y refrigerar medicamentos debido a sus afecciones de salud.

Consejo de Estado explica si es obligatorio dejar constancia de motivos de la decisión en la hoja de vida cuando se declara la insubsistencia.

La ley especial aplicable (Ley 1437 del 2011) lo permite en caso de encontrarla probada.

Su cuantía es de dos días de asignación básica mensual y su pago es obligatorio, siempre y cuando se reúnan los requisitos.

En el presente caso no es procedente la figura de la lesión enorme, pues la misma solo tiene cabida respecto de los actos jurídicos expresamente consagrados en el ordenamiento jurídico.

Corte Constitucional precisó que el propietario del vehículo tiene el deber de adquirir el SOAT para disminuir la siniestralidad y amparar, de esa forma, a las víctimas de los accidentes de tránsito.

Es necesaria la reestructuración del empleo, para que tenga la naturaleza jurídica de nivel directivo de periodo.

No hay razón legal para afirmar que ante una falta temporal esté prohibido el ejercicio del derecho de preferencia, distinto cuando la notaría se encuentre ocupada en interinidad.

Su participación es excepcional, pues podrán ejercer como tal siempre que el personal de carrera no sea suficiente.

El Presidente de la República ha anunciado los funcionarios que lo acompañarán en distintos sectores de su administración.

Corte Suprema precisa perjuicio irremediable para el amparo de un sujeto de especial protección constitucional.

No toda irregularidad se le puede imputar al contratista, ante el grado de confianza y diligencia exigibles por la naturaleza del negocio fiduciario.

Es el concesionario quien debe asumir aquellos riesgos que corresponden a la prestación del servicio.

Existe inhabilidad si uno de ellos produce el nombramiento del otro. De lo contrario, no hay prohibición.

Las entidades públicas deberán actualizar la información sobre los contratos por prestación de servicios suscritos antes del 23 de septiembre.

Se probó la comisión de la falta disciplinaria endilgada con la presencia del demandante en el lugar.

La Corte Constitucional explicó que estos conflictos no deben ser resueltos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues debe darse aplicación del principio de especialidad normativa.

Deberá renunciar a su cargo y su renuncia ser aceptada antes de los 12 meses previos a la elección.

Se negaron las pretensiones del antiguo propietario de un predio objeto de enajenación voluntaria que solicitaba el derecho preferencial porque el predio no fue vendido sino permutado por la entidad demandada.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley 136 de 1994, esta actividad es incompatible con el cargo que ejerce el concejal.

Mientras se emite un juicio de fondo sobre la legalidad de ese acto administrativo, el incremento de la tasa por año volverá a ser del 25 %, no de acuerdo con la variación del IPC.

Consejo de Estado explica que la falta de ejecución efectiva de las obligaciones de las instituciones educativas tiene la capacidad de estructurar una auténtica falla en el servicio.

Consejo de Estado estudia si se configuró causal de revisión al existir una nulidad en la sentencia de acuerdo con el artículo 250, numeral 5 del CPACA.

Se demandan los títulos XII y XIII del Decreto Ley 403 deL 2020, por exceso de facultades extraordinarias conferidas por el Acto Legislativo 04 del 2019.

Los efectos de la inhabilidad para celebrar contratos estatales no pueden extensivos a otro tipo de vinculación.

La terminación se da por acto administrativo motivado en la recomendación de la EPS o ARL.

La creación de las causales de inhabilidad e incompatibilidad está reservada al legislador.

La Sección Cuarta estudió una demanda en la que se solicitaba la suspensión provisional de algunos apartes de la norma.

El IDU trató de notificar por correo una resolución en la dirección del inmueble sobre el cual recaía la contribución de valorización, pero no se intentó identificar la dirección de notificación del contribuyente.

Existe diferencia entre la responsabilidad en cabeza del asegurado cuando el origen de la obligación se deriva de una condena judicial respecto de aquella que proviene de la suscripción de un acuerdo de conciliación.

La relación laboral no sufre interrupciones y, por lo tanto, el tiempo de servicios es acumulado para todos los efectos.

Cuando un participante de un proceso de licitación pública se presenta encontrándose incurso en una causal de inhabilidad o incompatibilidad genera una nueva inhabilidad.

Consejo de Estado protegió a trabajadora que fue desvinculada por abandono del cargo desconociendo su condición de sujeto especial de protección.

La reversión debe entenderse pactada en la forma como fue estipulada en el contrato.

La potestad de policía administrativa otorga a la Superservicios la facultad de ordenar los correctivos necesarios, de manera que los vigilados subsanen las situaciones que trasgredan la normativa vigente.

Los requisitos previstos no señalan de manera expresa que se lleven a cabo en una territorialidad específica.

El condicionamiento efectuado en la Sentencia C-037 de 1996 se inaplicó para resolver el presente asunto y proferir una sentencia en aplicación del control de convencionalidad.

Incumplimiento de funciones puede generar acciones disciplinarias y, por ende, aplicación de sanciones.

Comisarios de familia que acrediten derechos de carrera los conservarán mientras permanezca en el cargo.

No respecto de la corrección o aclaración de la certificación de origen que acompaña dicha decisión.