A la Secretaría del Senado llegó el proyecto de ley 210/22S, que busca establecer mecanismos de protección y compensación para quienes denuncien actos de corrupción en entidades de la administración pública.

La iniciativa establece las normas, procedimientos, mecanismos y beneficios que podrían recibir los funcionarios públicos, personas naturales o jurídicas que reporten de manera oportuna, formal y justificada la realización de actos de corrupción en cualquiera de las entidades en donde se manejen recursos o bienes públicos. (Lea: Radican proyecto de presupuesto de regalías 2023-2024, que alcanza $ 31,3 billones y equivale a 2,1 % del PIB)

De acuerdo con el documento, las denuncias presentadas deberán cumplir con ciertos requisitos para que pueda aplicar a los beneficios que establece el proyecto:

• Debe ser escrita y debidamente sustentada.
• Debe incluir la identificación e individualización de las personas involucradas en las conductas de corrupción.
• Se deberá hacer referencia a hechos reales y ciertos, sobre situaciones que especifique la indebida e ilegal administración de los recursos públicos y bienes del Estado.
• Los hechos denunciados no podrán ser objeto de proceso fiscal, disciplinario o penal que actualmente se encuentren en trámite, o hechos que ya fueron objeto de fallo o sentencia judicial ejecutoriada.
• El denunciante deberá suscribir un compromiso de confidencialidad respecto a los trámites, términos y pruebas que se deberán cumplir en aras de no afectar la investigación y probar oportunamente los hechos denunciados.

¿Cuáles serían los beneficios?

La disposición establece que, una vez cumplido dichos requisitos, el denunciante podrá aplicar a cinco beneficios en materia laboral, económica y jurídica.

Laborales

En el caso en que el denunciante sea un servidor público se garantizará su estabilidad laboral y de ser necesario se realizara la reubicación en entidades similares a donde trabaja, sin que esto ocasione una afectación en sus condiciones.

En cuanto al personal por contrato, supernumerario, practicante, judicante, entre otros, se garantizará su continuidad o promoción para que a futuro puedan contar con la estabilidad laboral propia de los servidores públicos. (Lea: Entidades no podrán vincular a quienes ya tienen otros contratos de prestación de servicios en el Secop)

Económicos

Frente a este tema, la iniciativa plantea implementar los mismos estímulos económicos que maneja el Ministerio de Defensa por la información que coadyuve a garantizar avances positivos en la investigación. Beneficio que aplicará para las personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. Así mismo, se dará el ingreso a cualquiera de los programas educativos que promueva el Gobierno, ya sea dentro del país o en el extranjero.

Jurídicos

Cuando el denunciante esté inmerso o hubiese participado en los hechos materia de investigación se le otorgarán beneficios fiscales, penales y disciplinarios. (Lea: Aprobada la reforma política anticorrupción, en primer debate)

Es importante mencionar que, de ser aprobado este proyecto, el Gobierno tendrá 12 meses, contados a partir de su promulgación, para definir todo lo relacionado con las sanciones penales, fiscales y disciplinarias por la filtración indebida de información recopilada. Conozca más detalles del proyecto en el documento adjunto a esta nota y aquí podrá conocer los demás proyectos radicados.